Dunas de Chuburná, un proyecto ecocida que rechaza el pueblo e involucra a asesores del gobierno

Maquinaria pesada y camiones arrasaron un área clave por su biodiversidad para el desarrollo de un proyecto inmobiliario de lujo. La comunidad maya de Chuburná Puerto, cercana al terreno destruido, nunca fue consultada y anticipa que las torres de apartamentos previstas contaminarán las playas y el monte cercano, y afectarán la disponibilidad de agua potable y luz. Profepa estableció una clausura parcial, pero en torno al organismo reconocen que el freno no durará. El proyecto es promovido por empresarios de peso en Yucatán y con llegada directa al gobierno federal.

La voracidad que ha distinguido al empresariado de Yucatán a lo largo de décadas, y que a partir de una estructura familiar o de clanes dispuso de su primera gran expresión durante la producción del henequén, entre la mitad del siglo XIX hasta entrados los años 60, tiene en el extractivismo y la especulación inmobiliaria su continuidad más marcada y reciente, al margen de lo que también ocurre con la producción intensiva de carnes a través del modelo de megagranjas. 

Como en la época de las haciendas, el poder sobre el territorio y aquello que lo habita tiende a concentrarse en apenas un puñado de nombres que, a partir de una correlación permanente con el aparato político —del que suelen ser parte incluso de forma directa— y la venia judicial, multiplican su presencia en el mapa del estado a partir de proyectos que van desde los fraccionamientos a los emporios hoteleros, pasando por los apartamentos de lujo y las ciudades privadas.

En la mayoría de los casos, la ola inmobiliaria reposa sobre pilares que, de alguna forma, actualizan las peores prácticas del patronazgo de otros tiempos: despojo, violación de derechos, destrucción de hábitats, coerción, criminalización de cualquier forma de resistencia, violencia institucional.

Sobre este listado de aspectos funestos vaya si Jaltun ha dado testimonio, sobre todo durante el último año: detenciones de habitantes en Sisal, maniobras fraudulentas sobre tierras de Ucú, minería ilegal en Oxcum, Xcucul y Yaxcopoil, despojo en Baca y Seyé, venta irregular de lotes en Chocholá, entre otros casos.

A esta batería de atropellos se sumó, recientemente, el intento de una inmobiliaria y su brazo constructor por imponer un proyecto que atenta contra un ecosistema clave. Y que, en simultáneo, busca incorporar al mapa del turismo masivo, la privatización de áreas públicas y la compraventa de inmuebles de lujo, a una de las áreas de playa más emblemáticas de la costa cercana a Mérida, la capital de Yucatán.

A tono con lo que ocurre en otras zonas del estado donde el “real estate” multiplica el concreto y aniquila la biodiversidad, son de la partida dos de los apellidos con más peso en la escena comercial yucateca. 

A través de la comercializadora Designia Desarrollos, ligada a la inmobiliaria Auralux, José Chapur Zahoul y Víctor Manuel Abraham Palomo buscan instalar en el área de dunas de Chuburná Puerto un megaproyecto conformado por 14 torres de edificios que albergarán a casi 140 apartamentos de alta gama. 

Al mismo tiempo, en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que detalla la iniciativa se anticipa que, en el marco de la misma construcción, se desarrollará “un área con 32 locales destinada como zona comercial, un área de cafetería, área de administración y servicios…”.

Dunas, otro proyecto que depreda la costa de Yucatán

El proyecto en cuestión lleva el nombre de “Dunas” y, según aseguraron distintos pobladores de Chuburná Puerto consultados por Jaltun, comenzó a ejecutarse hace apenas 4 meses sin ningún tipo de consulta a la comunidad y a puro machete, volquete y maquinaria pesada. 

Precisamente, en ese lapso Designia Desarrollos arrasó con gran parte de la vegetación de un predio de algo más de 9 hectáreas ubicado a sólo 500 metros del puerto de abrigo de la comunidad maya, y a una distancia similar del área de costa conocida de manera popular como “El Playón”.

El tenor del desastre consumado por la desarrolladora y Auralux, con título de propiedad del terreno, fue tal que rápidamente se generó un reclamo y la movilización de buena parte del pueblo de Chuburná Puerto y, en paralelo, se gestaron colectivos como Salvemos las Dunas, conformado por defensores del territorio, luchadores sociales de distintos sitios de Yucatán y, también, habitantes de la comunidad afectada.

Ese núcleo de resistencia inició una campaña donde expuso pormenores del proyecto y también aportó evidencia sobre los empresarios detrás de “Dunas”. Al mismo tiempo, durante la última semana de julio el colectivo Salvemos las Dunas convocó a una movilización que concentró a cientos de personas junto al Monumento a la Patria en Mérida.

El grupo acercó un comunicado a Jaltun donde se detalla que el proyecto afectará gravemente la supervivencia de especies de aves que anidan en la vegetación cercana a “El Playón” como la matraca yucateca, endémica de la zona, y el colibrí tijereta mexicano, en peligro de extinción. Al mismo tiempo, los trabajos para iniciar la construcción de las torres de apartamentos arrasaron con sitios de arena vitales para la reproducción de tortugas marinas.

Pobladores de Chuburná Puerto aportaron más precisiones del impacto negativo que ya generó el desmonte y la actividad de las máquinas de Designia Desarrollos en el espacio costero. “Ahora es imposible que una tortuga vuelva a desovar a ese lugar. Hasta que iniciaron las máquinas ahí había un arenal profundo, que es lo que busca la tortuga para desovar”, comentó a esta plataforma una vecina de Chuburná Puerto.

“Si supieran como andan corriendo los mapaches por las calles del pueblo. Nosotros guardamos leche en el refrigerador y les ponemos en un trastecito, también galleta. Andan desesperados de sed, de hambre, y ahora se han ido para el pueblo. Son de esta zona, de ese y otros terrenos cercanos. También Ciudad Maderas, que está bien cerca, ha generado todo esto. Hoy es imposible que alguien te diga que no tiene un mapache visitando su casa”, agregó.

La vecina comentó, también, que en Chuburná Puerto se viene dando la aparición cada vez más sostenida de serpientes y pájaros que nunca se habían visto en la comunidad. 

“Todo ha generado una tristeza que es mayor a la que ya sentíamos por todo esto que afecta a las tierras de nuestro pueblo. De a poco vamos perdiendo lo que ha sido parte de nuestra historia desde siempre, nuestros lugares; se pierden los animalitos que habitaron aquí desde que una tiene memoria. Pero no vamos a dejar de defender esta tierra que amamos”, enfatizó.

Intervención de Profepa, pero la clausura es parcial y no durará

La presión social ejercida por la comunidad y los colectivos que exigen se desactive la construcción de “Dunas” dio lugar a la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que estableció la clausura de las obras con lonas que las y los habitantes de Chuburná Puerto observaron durante la jornada del jueves 30 de julio. 

En los plásticos instalados a un costado del ingreso al predio arrasado el organismo detalló que el procedimiento quedó registrado en el folio PFPA/YUC/092/IA/2026 y ligado al expediente ExpPFPA/3712/354/0080-26.

Los detalles de la clausura en cuestión fueron expuestos vía comunicado oficial de Profepa el domingo pasado —2 de agosto—. En dicha notificación se indicó que se “detectó afectaciones a especies de flora protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT, incumplimiento de condicionantes establecidas en las autorizaciones ambientales y forestales e irregularidades en el manejo de los residuos derivados del desmonte, por lo que se impone como medida de seguridad la clausura temporal total de las obras”.

El organismo dio cuenta de inspecciones en el predio realizadas los días 28, 29 y 30 de julio. Y afirmó que en esos procedimientos “se verificó que las obras se encontraban en etapa inicial, con actividades de desmonte, despalme y movimiento de arenas para la construcción de plataformas, así como una remoción total de vegetación en una superficie de avance de 1.3 hectáreas (13 mil metros cuadrados), equivalente al 30.8 por ciento de la superficie autorizada para el cambio de uso de suelo”.

“Durante los recorridos, los inspectores detectaron presencia de ejemplares de algodón (Gossypium hirsutum), especie sujeta a protección especial, y biznaga pol tsakam o cabeza de gato (Mammillaria gaumeri), considerada en peligro de extinción, así como presencia de ejemplares de iguana rayada (Ctenosaura similis), matraca yucateca (Camylorhynchus yucatanicus) y colibrí tijereta (Doricha eliza), todas ellas especies en estatus de protección dentro de la NOM-059-SEMARNAT. Las dos especies de flora silvestre no fueron reportadas en la MIA y tampoco fueron incorporadas al Programa de Rescate de Flora”, precisó.

Un último fragmento, por demás contundente, de lo hallado por Profepa: “Además, se observaron ejemplares de bromelias, orquídeas, agaves y cactáceas fuera de su sistema y en proceso de marchitamiento, sin haber sido rescatadas para su reubicación en las áreas de conservación previstas en el proyecto. Los inspectores de Profepa detectaron la presencia de las especies protegidas en aproximadamente la mitad de la superficie ya desmontada, esto es en 0.65 hectáreas (6,500 metros cuadrados). Esto implica un daño irreversible directo a la estabilidad del ecosistema y representa una pérdida de la biodiversidad”.

Ahora bien, el tenor de este “daño irreversible” parece no resultar argumento suficiente para promover la clausura definitiva del proyecto inmobiliario y otras medidas pertinentes. 

Así lo indicaron a Jaltun fuentes ligadas a Profepa, quienes subrayaron que la iniciativa “en general sí tiene permisos” y que el freno establecido “sólo es por un incumplimiento, pero en cuanto lo cubran se levanta la clausura”. Las mismas voces dieron por sentado que la construcción de las torres continuará porque “de fondo tienen permiso de Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)”.

Permisos otorgados y el saqueo de la arena

Sobre el rol de Semarnat al momento de otorgar su aval al proyecto llueven las críticas desde la comunidad maya y los colectivos que la acompañan. En principio, por la última decisión tomada respecto de la MIA presentada por Auralux: el organismo rechazó el primer documento, presentado en septiembre de 2023, tras considerar que la obra afectaría la flora y fauna de la zona, tal como está ocurriendo hoy. La propuesta que impulsó la empresa en ese momento proponía el desarrollo de 72 a 74 apartamentos de lujo frente al mar distribuidos en 6 torres. 

En diciembre de 2024, Auralux presentó una segunda opción de MIA, que finalmente resultó aprobada por Semarnat. El detalle está en que la propuesta que sí obtuvo el permiso anticipa que se construirán 14 torres para albergar 138 apartamentos. Esto es, más del doble de los edificios previstos en la manifestación antes rechazada tras señalarse que dañaría de manera grave el ecosistema cercano a Chuburná Puerto. 

El permiso final para el desarrollo de la construcción fue otorgado en abril de 2025 y también en el primer tramo de ese año recibió los avales del gobierno del estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), y el Ayuntamiento de Progreso, cabecera del municipio donde se ubica Chuburná Puerto. 

Precisamente, y a raíz de la controversia en torno a los permisos otorgados a Auralux, Erik Rihani, actual alcalde de Progreso, declaró hace unos pocos días que el proyecto “tiene permisos federales, estatales y municipales”. Ya en plan de deslindar responsabilidades, el funcionario remarcó que las aprobaciones “las dio la pasada administración”, en referencia a la gestión municipal que llevó a cabo Julián Zacarías Curi, alcalde de Progreso durante los períodos 2018-2021 y 2021-2024.

Zacarías Curi es extensamente recordado en Chuburná Puerto y no de la mejor forma. Entre 2020 y 2023, fue eje de una dura polémica por avalar la extracción de arena en la zona de “El Playón” sin consulta previa a la comunidad. En junio de 2020, comentaron a Jaltun distintos integrantes del ejido de Chuburná Puerto, los habitantes de la comunidad maya se movilizaron para evitar el traslado del material vía camiones de carga y la labor de maquinaria pesada.

Las fuentes recuerdan a ese como uno de los momentos en que se puso límite a una actividad que, sobre todo en los últimos 15 años, derivó en la pérdida de la mayoría de las dunas que poseía “El Playón”. La arena que Zacarías Curi pretendió retirar del área hace ya seis años tenía como uso previsto el relleno de la costa de Uayimtún, un área de playas ubicada a 15 minutos de Progreso. 

Se trata de una zona que se volvió prácticamente privada a partir de la multiplicación de casas de fin de semana, apartamentos y hoteles para el turismo premium. Y la decisión de esos complejos de cerrar todos los accesos a las playas desde la carretera costera que une a Progreso con Telchac puerto.

En junio de 2023, pescadores y pobladores de Chuburná Puerto volvieron a impedir que volquetes pertenecientes al Ayuntamiento de Progreso se lleven más arena de “El Playón”. En esa oportunidad, el Ayuntamiento de Progreso intentó disponer del material para entregarlo al Comité Naútico. Además, Zacarías Curi también pretendía destinar parte de esa carga al relleno de una cancha de voleibol y otra de fútbol playero de la cabecera municipal. 

La pesadilla de la extracción del material volvió a actualizarse con el desarrollo de “Dunas” y la labor de Designia Desarrollos dado que, indicaron habitantes de la comunidad a Jaltun, la empresa también habría incurrido en la remoción de arena del predio donde pretende levantar sus torres.

“En cuanto metieron las máquinas aparecieron los camiones para llevarse la arena. Tampoco hubo consultas y apenas si nos dimos cuenta. La arena no sabemos adónde se la llevan, pero sí vimos que la extraen y cargan en camiones. Vimos que pasaron hacia el lado de Sierra Papacal. A lo mejor es porque tienen otras inmobiliarias. Ha pasado, también, que el Ayuntamiento de Mérida vino a sacar arena aquí para sus jardínes. Pero no sabemos adónde la están acumulando ahora”, expresó un ejidatario.

Nombres muy pesados detrás de Auralux y Designia Desarrollos

La manera en que autoridades y los mismos organismos de control se muestran renuentes a quitar de forma completa y contundente los avales otorgados al proyecto deviene inseparable de la identidad de los empresarios que impulsan el complejo de torres de apartamentos.

Desde el colectivo Salvemos las Dunas se acercó un primer perfil de las compañías que intervienen en el negocio. Auralux se encuentra participada en un 50% por Tritón Holding, mientras que la mitad restante pertenece a CHDB Holding. 

Según pudo constatar Jaltun en la base de datos del Registro Público de Comercio, Tritón Holding es propiedad de Víctor Manuel Abraham Palomo y Eugenia Margarita Abraham Palomo. En tanto, CHDB Holding posee control accionario de José Antonio Chapur Zahoul y su hijo, Gibrán Chapur Dájer.

Víctor Manuel Abraham Palomo y Tritón Holding aparecen, también, como los propietarios de Designia, según el mismo registro. Abraham Palomo es yerno de Chapur Zahoul: está casado con María Eugenia Chapur Dájer, hija del empresario en cuestión.

Sobre José Chapur Zahoul abundan las referencias, que van desde una injerencia sostenida en el mapa comercial de la península hasta la polémica más aguda, pasando por un vínculo actual directo con el gobierno federal. 

De familia libanesa, Chapur Zahoul es hijo de uno de los creadores de la cadena de tiendas Gran Chapur y es el fundador de The Palace Company, un emporio hotelero considerado entre los precursores del modelo “todo incluído” en México. Moon Palace, Le Blanc Spa Resorts y Sun Palace Cancún son algunas de las marcas propiedad de la firma. 

Ingeniero civil formado en las universidades Iberoamericana de Ciudad de México y la estatal yucateca UADY, el empresario estuvo involucrado en el desarrollo de plazas comerciales de Mérida como Buenavista y Fiesta. Antes de volcarse al negocio hotelero, Chapur Zahoul fue propietario de la cadena de tiendas Galerías y socio en los supermercados Súper Maz.

En 2019, el empresario y su hijo Gibrán quedaron en el ojo de los cuestionamiento a partir de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicada a operaciones inmobiliarias ejecutadas durante la gestión de Rosario Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La investigación se originó por denuncias sobre irregularidades en registros públicos y notarios. El foco estuvo puesto en la triangulación de predios fiscales rematados a una fracción de su valor de mercado, y se estableció como presunción que de dichas maniobras participaron distintos exfuncionarios de la Sedatu, el Registro Público de la Propiedad y empresarios hoteleros. 

El antecedente de esa investigación se remonta a 2018, y a partir de un informe del periódico Reforma que detalló el modo en que la Sedatu vendió más de 262 hectáreas nacionales ubicadas a un lado de la carretera Cancún-Tulum y con acceso a playas, en la Riviera Maya. Dicha operación se habría realizado a un valor de 23 pesos el metro cuadrado, esto es, la vigésima parte de su cotización real, según la fuente periodística. 

Las hectáreas en cuestión pasaron a nombre de Vicente Francisco Cetina Novelo, un supuesto ejidatario que casi de forma automática revendió el terreno a IHC, una inmobiliaria controlada por Chapur Zahour, por el mismo precio mínimo. 

Peritajes posteriores realizados por la entonces operativa Procuraduría General de la República (PGR) —luego reemplazada por la actual Fiscalía General de la República (FGR)— arrojaron que el valor esa superficie se ubicaba por encima de los 470 pesos el metro cuadrado. Se calculó en 1.100 millones de pesos el daño patrimonial al erario público generado por la maniobra de compra. 

De la controversia a la mañanera presidencial 

Otros artículos de los mismos años mencionan que Chapur Zahour incluso fue seguido de cerca por la UIF en otra investigación del organismo ligada a la presunta operatoria de una red de lavado de dinero piramidal.

Con el paso del tiempo llegó la redención comercial pero sobre todo política. El cenit tuvo lugar el 27 de noviembre de 2024: ese día, la actual presidenta Claudia Sheinbaum oficializó la creación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) y entre los 15 empresarios designados por el gobierno federal para determinar políticas económicas públicas se incluyó a José Chapur Zahour.

La cercanía de uno de los impulsores de “Dunas” con la administración federal es tal que, el pasado jueves 30 de julio, Chapur Zahour tomó parte de la tradicional “mañanera” presidencial donde se trató la situación del sargazo y cómo se ven afectados por ese fenómeno los grandes actores turísticos de la Riviera Maya.

Cuesta creer que semejante llegada al máximo poder político del país no está siendo utilizada hoy para destrabar el proyecto inmobiliario ecocida junto a Chuburná Puerto.

Por el lado de Víctor Abraham Palomo, el empresario ganó visibilidad con el desarrollo del área comercial Paseo 60 a través de su inmobiliaria La Brea, con negocios en Mérida, Ciudad del Carmen y Tabasco —en este último caso, en una sociedad de la que forma parte su también controlado Tritón Holding—, entre otros puntos geográficos. Del desarrollo del mencionado Paseo 60 también tomó parte su suegro, José Chapur Zahour. 

Además de ejercer el manejo accionario de Designia Desarrollos, Abraham Palomo es el actual vicepresidente de Coparmex Mérida, una suerte de logia de empresarios yucatecos ligada a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que integra a gran parte de los principales capitalistas del país y tiene entre sus ejes la defensa acérrima de la propiedad privada y la interrelación con los poderes políticos de turno. 

A través de La Brea, entre 2010 y 2015 el empresario abrochó provechosos contratos con el gobierno federal para el desarrollo de obras de infraestructura relacionadas al funcionamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex). Víctor Manuel Abraham Palomo y su esposa, María Eugenia Chapur Dájer, son padres de Víctor Manuel Abraham Chapur, actual presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex Mérida.

Dunas: la comunidad pide el fin del proyecto y la restauración del área natural

El carácter de estos apellidos en absoluto hace mella en la decisión de la comunidad de Chuburná Puerto y sus aliados de exigir el cierre definitivo del proyecto “Dunas” y la restauración del área natural que ya arrasaron las máquinas de Designia Desarrollos.

“Este proyecto se tiene que parar. Y hay que recuperar las dunas, que son una protección grande que nos hace contra los huracanes. Esta construcción se está llevando a cabo sin ningún tipo de consulta a la comunidad y ha destruido un área donde siempre vivieron los conejos, los ch´omak, los cardenales, las tortugas. Aquí de un día para otro metieron veinte máquinas, camiones, y abrieron la vegetación hasta la playa. Nada les importó”, comentó a Jaltun otro integrante del ejido de Chuburná Puerto. 

“Nosotros como comunidad conseguimos esta carretera que ellos están usando para hacer el desastre. El camino hasta el puerto de abrigo es algo que logramos con las vecinas y vecinos del pueblo y ahora ellos lo usan para su beneficio. Nada nos han informado. ¿Las aguas negras del proyecto adónde se van a ir? Van a usar el agua potable que recibimos de Sierra Papacal y ya antes se la queda Ciudad Maderas, ¿cómo nos vamos a abastecer?”, agregó, entre otros interrogantes.

Una vecina de la comunidad se refirió al de por sí servicio deficiente de electricidad que padece Chuburná Puerto y cómo las torres de apartamentos que planea Designia Desarrollos afectarán aún más el suministro. “Sobre todo en las noches, la energía eléctrica acá va y viene. Perdemos televisores, refrigeradores, por las altas y bajas de la corriente. Y este proyecto que quieren hacer se colgaría de los mismos cables que ya dan un mal servicio”, dijo a Jaltun.

Un último testimonio, en línea con los anteriores: “Nosotros pagamos para que se haga esta carretera al puerto de abrigo y se pongan las líneas de corriente. No fue gratis y ahora estas empresas sacan su beneficio. Sabemos que luego pondrán sus negocios y ahí todos vamos a perder mucho más. ¿De qué sirve que hayamos luchado por cuidar la ciénaga, que no se instalen granjas en nuestra zona, si a estas inmobiliarias les dejan hacer sin control?” 

“Nosotros nacimos aquí y aquí hemos de morir. Y vamos a seguir cuidando nuestro lugar, como lo hicimos antes cuando de Progreso vinieron por la arena y personas de catastro quisieron sacarnos otros terrenos. Es nuestra casa. Nosotros bautizamos dunas a este lugar y así haremos que permanezca, como hicieron nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres”, concluyó la voz.