Territorios
Tras clausura de Profepa en Baca, minera rompe sellos y la autoridad confirma delito ambiental
La minera carecía de permisos de impacto ambiental y cambio de uso de suelo. El 20 de julio se constató la violación de los sellos, delito federal. La empresa está vinculada a IDIMSA, constructora de obras públicas millonarias en Yucatán.
Leer artículoLa comunidad maya de Punta Laguna resiste la anexión a la Riviera
En el límite entre Yucatán y Quintana Roo, una comunidad maya resiste el embate de políticos y capitalistas que codician la selva que han protegido por generaciones. La disputa por este territorio, ligado a Valladolid (Yucatán) pero que el municipio de Playa del Carmen (Quintana Roo) reclama como propio, revela los intereses detrás del Tren Maya y el modelo turístico de la Riviera. Las y los pobladores de Punta Laguna defienden su pertenencia al estado de Yucatán, mientras que Quintana Roo utiliza hasta la presión militar en sus intentos por anexarse a la comunidad y su área natural.
Leer artículoOxcum, amenazada por la minería, un gasoducto y la ambición inmobiliaria
Los ejidatarios de Oxcum y Hunxectamán enfrentan un doble asedio extractivo en terrenos que les fueron dotados en 1937, pero que actualmente reclama la familia Millet Molina. Por un lado, la empresa Tricoblocks del Sureste opera un banco de materiales que afecta a ambas comunidades por efecto de sus continuas explosiones. Por otro, la compañía francesa Engie planea atravesar la zona con el gasoducto Mayakán a partir de un presunto acuerdo previo con los Millet Molina y sin consultar ni informar a los pobladores. Un grupo de ejidatarios impulsa procesos legales para defender sus tierras y frenar el despojo.
Leer artículoAumenta la criminalización de personas defensoras del territorio en Yucatán
En el lapso de nueve años se han registrado al menos 22 casos de criminalización de personas defensoras del territorio en la península de Yucatán. Especialistas coinciden en que el sistema judicial se mantiene alineado a los intereses empresariales. Y que es utilizado para fabricar delitos contra quienes se movilizan para evitar el despojo territorial y la imposición de proyectos nocivos en sus comunidades. Pese a la coerción "legal", las comunidades exigen el respeto a sus derechos y sostienen en colectivo el ejercicio de la libre determinación.
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