Territorios
Aumenta la criminalización de personas defensoras del territorio en Yucatán
En el lapso de nueve años se han registrado al menos 22 casos de criminalización de personas defensoras del territorio en la península de Yucatán. Especialistas coinciden en que el sistema judicial se mantiene alineado a los intereses empresariales. Y que es utilizado para fabricar delitos contra quienes se movilizan para evitar el despojo territorial y la imposición de proyectos nocivos en sus comunidades. Pese a la coerción "legal", las comunidades exigen el respeto a sus derechos y sostienen en colectivo el ejercicio de la libre determinación.
Leer artículoAirbnbs, segundas viviendas y hoteles de lujo devoran la costa y el manglar de Sisal
En la costa de Sisal, en Yucatán, Airbnbs y otros alojamientos de lujo proliferan incluso en zonas protegidas. Distinto a esto, la población carece de acceso a la vivienda y servicios básicos de calidad. En la búsqueda de un lugar para levantar nuevas casas para la población, tres habitantes de la comunidad resultaron detenidos por presunto desmonte ilegal. Las y los vecinos denuncian corrupción por parte de las autoridades y alertan por el impacto derivado de los desarrollos inmobiliarios levantados en áreas ambientales sensibles.
Leer artículoSe multiplican las afectaciones a la salud por otra granja de Bachoco en Hunucmá
La avícola opera una granja con hasta 100 mil pollos que contamina el agua y el aire de al menos 5 colonias de Hunucmá. Ejecutivos de Bachoco se reunieron con los habitantes afectados y admitieron deficiencias en el manejo de los residuos de la instalación. Las naves de la empresa se ubican a menos de 50 metros de los hogares de San Eduardo y Santo Domingo. Las familias de la zona denuncian problemas respiratorios, alergias y dolencias gastrointestinales derivadas del impacto ambiental negativo que genera la avícola. El municipio de Hunucmá reconoció que falta de documentación y permisos que acrediten la legalidad de la granja.
Leer artículoDespojo de tierras, dádivas y comisarios coludidos: Nolo, otra víctima de la voracidad inmobiliaria
Los ejidatarios de Nolo, Yucatán, llevan más de una década enfrentando el despojo de sus tierras de uso común a manos del Grupo GEA. La historia se repite: comisarios coludidos, pagos disfrazados de "apoyos" y firmas arrancadas con engaños. Hasta hoy, la inmobiliaria ocupa 800 hectáreas sin haber acreditado la propiedad legal de todas ellas. A solo 22 kilómetros de Mérida, el avance de la mancha urbana convierte a Nolo en un botín inmobiliario. Mientras los ejidatarios resisten, la empresa anuncia nuevos proyectos por 100 millones de pesos.
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