Más de 220 mega granjas operan en el territorio de Yucatán causando estragos en las reservas de agua, la agricultura tradicional, la soberanía alimentaria y el control territorial por parte de las comunidades. Esta industria apunta a la exportación y basa su funcionamiento en el saqueo de los bienes naturales, el avasallamiento de pueblos originarios y una operatividad a bajo costo a partir de la creación de empleo precario. La acelerada e intensa afectación socioambiental multiplica las resistencias de las comunidades mayas.

La agroindustria volvió a mostrar su peor rostro y acaba de originar el mayor exterminio de abejas del que se tenga registro en el estado de Campeche. Agrotóxicos aplicados en cultivos de maíz, soya y algunas hortalizas provocaron una mortandad generalizada de polinizadores que acabó con el sustento de más de un centenar de familias de apicultores. Situación que vuelve a poner sobre la mesa la vulneración de derechos de las comunidades mayas en su territorio.

La milpa, la apicultura y el turismo local fueron durante décadas el sustento económico de un territorio orgulloso de su biodiversidad y destacado por el saber de las comunidades mayas que lo habitan. Todo cambió a partir de decisiones políticas y empresariales que colocaron al pueblo en el mapa letal del extractivismo peninsular. Impactos negativos y luchas por el buen vivir.

Constructoras y desarrolladores acumulan más de dos décadas de avance incesante en el estado, que sigue publicitándose barato, rentable y seguro, sobre todo para los capitales especulativos. Respaldo político mediante, las corporaciones inmobiliarias apelan a estrategias que incluyen la fractura social de los pueblos, el despojo y la apropiación ilícita. Una historia de “coyotes”, burbujas de precios, represión policial y resistencias que brotan impetuosas en las comunidades mayas acechadas por los zares del concreto.