Aumenta la criminalización de personas defensoras del territorio en Yucatán

En el lapso de nueve años se han registrado al menos 22 casos de criminalización de personas defensoras del territorio en la península de Yucatán. Especialistas coinciden en que el sistema judicial se mantiene alineado a los intereses empresariales. Y que es utilizado para fabricar delitos contra quienes se movilizan para evitar el despojo territorial y la imposición de proyectos nocivos en sus comunidades. Pese a la coerción “legal”, las comunidades exigen el respeto a sus derechos y sostienen en colectivo el ejercicio de la libre determinación.

Gladis Uc nunca pensó que ayudar a personas mayahablantes de su pueblo, Telchaquillo, a entender lo que estaba pasando en su territorio, le valdría una denuncia penal que no solo afectaría su bolsillo y su salud mental, sino que pondría en riesgo su libertad. 

En noviembre de 2023 supo que sus vecinas y vecinos estaban molestos porque consideraban que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) les excluía del manejo de Mayapán, una zona arqueológica con la que la comunidad mantiene un vínculo histórico y cultural. Gladis no intervino sino hasta que representantes de la dependencia gubernamental comenzaron a aparecer por Telchaquillo con un plan de expropiación y buscando que se firme un convenio de ocupación previa a cambio de 9 millones de pesos. 

“Telchaquillo es una comunidad maya, de abuelos mayahablantes en su mayoría. Y, aunque hay varios que sí entienden el español, no lo hacen en su totalidad como para entender a una dependencia que llega con muchos tecnicismos. Les pregunté si entendían lo que estaba diciendo el INAH de la expropiación y no sabían qué significaba esa palabra”, explicó Gladis, en conversación con Jaltun. 

Fue entonces que decidió hacer de intérprete en las reuniones. Poco a poco comenzó a involucrarse y a participar en la organización del pueblo. Se integró al Comité de Lucha Indígena de Telchaquillo y sugirió que se buscara asesoría legal, algo que se logró a partir de marzo de 2024.

En diciembre de ese mismo año, el Comité presentó en el Tribunal Agrario una demanda contra el INAH para solicitar la anulación de asambleas irregulares. También exigió la indemnización por la ocupación de terrenos ejidales y patrimoniales sin consulta previa ni participación de la comunidad. Y solicitó un acuerdo para la coadministración del sitio.

Pese a que el proceso de defensa estaba en curso, entre febrero y marzo de 2025 el INAH inició obras de remodelación en la zona arqueológica. En respuesta las y los pobladores decidieron situarse en el lugar y comenzaron a realizar tareas de limpieza en el área. 

Pocos meses después, corrían rumores de que el Comité había sido denunciado penalmente. Como el colectivo no recibió ninguna notificación, pero se desconfiaba de las autoridades, el paso siguiente fue presentar amparos exploratorios y otros tantos recursos jurídicos para saber si existía algún proceso en contra de las y los integrantes. 

Fue así como en enero de 2026 supieron que sobre Gladis y otra persona vinculada a la resistencia de Telchaquillo pesaba una denuncia por el delito de presunta obstrucción de obra pública ante la Fiscalía General de la República (FGR). La queja legal resultó promovida por Ana Goicolea, exdirectora del Centro INAH en Yucatán y desde julio de 2025 designada coordinadora nacional de los centros en cuestión. 

Aunque para ellos la denuncia nunca tuvo sentido, ya que no se encontraban en el sitio cuando la población cerró el acceso, y sostienen que las obras de remodelación no debieron iniciarse, lo cierto es que atravesar un proceso penal les ha afectado en todos los frentes. Afirman que sufren señalamientos en Telchaquillo y campañas de odio en redes sociales.

“Si me han visto participando es porque estoy defendiendo mis derechos como habitante maya, como hija de ejidatario, como integrante de la comunidad, como intérprete, ayudando a los compañeros, a los abuelos mayahablantes. Eso no quiere decir que sea una criminal, al contrario, estoy ayudando a quienes lo necesitan. Por lo visto una no puede levantar la voz, no puede ayudar, no puede decir que no se ha respetado su derecho porque enseguida se le señala como una criminal. El Gobierno nos ve como una amenaza y nos señala, por eso la criminalización en México se está multiplicando”, apuntó Gladis. 

Y está en lo cierto. El año pasado, Jaltun documentó 18 casos de criminalización en la península de Yucatán ocurridos de 2018 a 2024. Posterior a la publicación de esa investigación, se constató la existencia de al menos cuatro casos más. 

En total, Jaltun contabiliza un número de 22 casos de criminalización de personas defensoras del territorio en el lapso de 9 años solo en la península de Yucatán. 

Ligado a esto, el Centro Mexicano de Defensa Ambiental (CEMDA), identificó que esta agresión, que se ejerce usando la doctrina del derecho y las leyes penales como mecanismo para mermar o afectar la labor de quienes resguardan sus territorios, creció en los últimos años sobre todo en la península de Yucatán. Y que dichas violencias mantienen una relación directa con la imposición de megaproyectos inmobiliarios, turísticos y agroindustriales.

Usar la ley para violar los derechos de los pueblos

Estos casos se dan en la sombra de leyes ambiguas que permiten el uso del aparato judicial para inhibir, intimidar y violentar a quienes alzan la voz para defender el territorio y los derechos humanos ante la imposición de proyectos: en eso coinciden los especialistas consultados. 

Cuando avanzan los mecanismos o estrategias legales implementados por las comunidades, tanto empresas como instituciones gubernamentales fabrican delitos, usualmente contra las personas que ejercen roles de liderazgo de los movimientos, describió Jorge Fernández, abogado de la asociación Utsil Kuxtal. 

“Mientras las empresas vean que no es un caso muy importante, utilizan otras estrategias para desincentivar la lucha, como el desprestigio. Pero en la medida en que la defensa del territorio va avanzando, conforme los litigios se consolidan en los tribunales o conforme se emiten resoluciones a favor de las comunidades, avanza la criminalización”, dijo a Jaltun. 

También ocurre que las demandas suelen quedar inactivas hasta que se da un momento coyuntural en la movilización social. Tal es el caso de Carlos Llamá, apicultor e integrante del Consejo Maya Chik’in-Já, y una de las tres personas denunciadas en 2012 y 2017 por Grupo Porcícola Mexicano —de la marca Kekén—. La compañía lo acusó de presunto despojo luego de instalar parte de una megagranja de cerdos en tierras que la familia de Llamá ha habitado por más de seis décadas.

Según explicó Llamá, los procesos en su contra se mantienen estancados y los intentos por concluirlos no han tenido éxito. El aparato judicial ha puesto excusas como el aparente envío de su carpeta a otra Agencia del Ministerio Público o directamente se le ha dicho que no encuentran los documentos. El apicultor y campesino considera que se trata de maniobras para mantener el expediente en suspenso y que pueda activarse cuando sea conveniente para la empresa. 

“La empresa te denuncia y juega con esa denuncia, con tu desesperación. Juega psicológicamente, políticamente, socialmente, con ello. Y cada vez que quiere le aprieta un poco y empiezan las investigaciones y luego las deja caer. No sé cómo no nos hemos vuelto locos (…) porque a veces solo queremos estar en paz, vivir como personas normales sin tener problemas de este tipo”, confesó Llamá.

Algo similar ocurrió con Cecilio Cisneros, poblador de la comunidad Ixil y defensor del territorio, quien con más de 65 años de edad, enfrenta una denuncia interpuesta en el 2022 por integrantes de las adineradas familias Millet y Abimerhi, quienes buscan apropiarse de tierras en disputa con la comunidad maya para poner en marcha nuevos proyectos inmobiliarios.

Cisneros no fue notificado de esa acción en su contra sino hasta este año, en la coyuntura de movilizaciones sociales en contra del despojo de tierras ejidales en Ixil.

El pronóstico de la organización Kanan Derechos Humanos es que, conforme se incrementen las presiones ejercidas sobre la península como resultado del modelo y la agenda de desarrollo promovida desde el Estado, habrá más tensiones en la región. Y que, ante la resistencia activa de las comunidades, sucederá un aumento de la criminalización contra aquellas personas que defiendan sus territorios. 

De acuerdo con datos de la misma organización de asistencia legal, los delitos que se suele imputar a las y los defensores del territorio son los de daño en propiedad privada, despojo y obstrucción de las vías de comunicación o de las obras públicas. Sin embargo, como señaló Miguel Anguas, el Estado y los empresarios “son bien innovadores y creativos”, por lo cual también vienen recurriendo a otras figuras para acusar a quienes encarnan la resistencia.

Tal es el caso de los “delitos contra el honor” como la difamación, las calumnias y las injurias, y la privación ilegal de la libertad. De ese ilícito acusaron a Luis Chuc, Sixto Díaz y Julián Ic, ejidatarios de Motul de 66, 81 y 84 años respectivamente. Los tres participaron en una protesta contra la reelección del comisariado, de quien sospechaban colusión con un empresario de la industria inmobiliaria para efectuar despojos de tierras. A estos días, tres de las cuatro personas que efectuaron las acusaciones se encuentran fallecidas. Aún así, el proceso contra Chuc, Díaz e Ic continúa abierto.

También acusaron de privación ilegal de la libertad a Wilberth Nahuat, el comisario de Santa María Chi que denunció a la megagranja porcícola instalada en el territorio de su comunidad. El proceso inició en 2023 y en octubre de 2025 el Juzgado de Control desechó la carpeta de investigación porque Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil, dueñas de la factoría, no lograron sustentar las acusaciones.

Sin embargo, ambas empresas reclamaron la resolución. El pasado 17 de junio las autoridades judiciales establecieron un principio de absolución para Nahuat, pero los propietarios de la megagranja volvieron a presentar una apelación y la situación de Nahuat sigue complicada.

Los daños de la criminalización de quienes defienden su territorio

La organización Kanan ha identificado tres etapas del impacto de la criminalización de personas defensoras del territorio. La primera cobra la siguiente forma: tras enterarse de la denuncia penal o demanda, la persona señalada, su familia y la comunidad, atraviesan episodios de angustia, estrés, ansiedad, cansancio o agotamiento. 

Esto se acentúa porque en muchos de los casos, las denuncias involucran a los medios de vida de las personas acusadas. Eso pasó en Chapab, donde tres personas que exhibieron públicamente la contaminación de una megagranja porcícola resultaron denunciadas por la empresa —ligada a Jorge Antonio Zumárraga Novelo—, que detectó que los campesinos realizaban la siembra de la milpa cerca de la instalación y usó eso como fundamento para acusarlas de cometer el presunto delito de daño a propiedad privada por la quema del predio.

“Parte de la preocupación es que las personas tengan que dejar su sustento por miedo a que la criminalización continúe”, precisó Roberto Sánchez, abogado de la asociación civil. 

Esto genera una segunda fase, en que la atención se desvía de la causa que se defiende para concentrarse en atender la denuncia penal: además del individuo directamente afectado, comunidades y colectivos entienden que hay que acoger y apoyar a la persona acusada. Quienes defienden los territorios suelen ser personas de comunidades indígenas en situación de pobreza, por lo que pasan a dedicar sus energías a conseguir recursos para solventar los gastos derivados del proceso penal. 

La tercera fase comprende las consecuencias derivadas de lo anterior: la organización de las personas comienza a dañarse, la energía y la intensidad del movimiento bajan debido abatimiento y cansancio que genera la denuncia.

Para el abogado Anguas, ese es uno de los objetivos de los empresarios y del Estado: hacer que las personas defensoras desistan de sus propósitos. “En algunos casos lo están logrando, porque las personas se enferman o tienen conflictos familiares o de salud o personales, y eso termina por pasarles factura y determinar que ya no quieren continuar con su labor de defensa”, indicó a Jaltun.

Esto acarrea otras consecuencias, pues las personas que resultan denunciadas, imputadas o incluso vinculadas a proceso suelen ser las más visibles en las resistencias.

“Al desactivar a esas personas existe un reflejo en la lucha: la gente se deja de organizar tanto o le da miedo ser la próxima criminalizada. Entonces, empiezan a bajar el perfil de la defensa, empieza a haber una pérdida de la intensidad en estos movimientos de defensa del territorio”, apuntó Anguas. 

El resultado es por demás nocivo: se generan tensiones en las comunidades e, incluso, puede ocurrir una fractura social. En el caso particular de Yucatán, las denuncias o demandas también van acompañadas de campañas mediáticas que estigmatizan a quienes defienden sus territorios y tachan a sus líderes y lideresas de criminales o violentos. 

Esto se vio en el caso de Sitilpech, en febrero de 2023: tras acentuarse la lucha popular contra la megagranja de Kekén que sigue contaminando a la comunidad maya, los diarios de mayor circulación en Yucatán publicaron notas a favor de los empresarios. Y calificaron a las y los pobladores como personas violentas e inaccesibles al diálogo.

Llamá también fue blanco de ataques y amenazas en medios digitales. En su caso, además tuvo que poner sobre la balanza qué privilegiar: su salud y economía o mantener el objetivo de defender el territorio familiar.  

“Lo poco que ganas lo inviertes en ir a los tribunales, en sacar copias. Empiezas a vivir en dos mundos: uno en el que solo te toca vivir y otro en que solo te toca defenderte. Y no vives de manera normal como las otras personas: te señalan en la comunidad, la empresa monta estrategias para señalarte como el que está contra el desarrollo y que ha recibido grandes cantidades de dinero, aunque no sea así”, comentó. 

Para él fue muy clara la afectación: las denuncias en su contra no solo impactaron negativamente en la economía de Llamá, además ralentizaron la lucha contra la contaminación de la megagranja. Kekén siguió adelante con su actividad ecocida y eso generó una merma en la producción de miel, el principal sustento de la familia. El ciclo de daños, entonces, se volvió una cadena interminable.  

La mayoría de las personas criminalizadas por defender sus territorios son mayas. Foto: Lilia Balam.

¿Y el papel del Estado?

En Yucatán, organizaciones y colectivos se han organizado para detener esta creciente ola de criminalización de personas defensoras del territorio. En el 2023, desde el liderazgo de Amnistía Internacional y Kanan Derechos Humanos se impulsó una propuesta de reforma legislativa que, en concreto, modifique las normas locales que son empleadas para denunciar a personas defensoras del territorio. A esta iniciativa se sumaron organizaciones locales como Igualdad Sustantiva Yucatán, Reflexión y Acción Feminista (RAF) y el colectivo Somos Periodistas. 

En noviembre de 2025 la propuesta fue entregada a los diputados Clara Rosales y Wilmer Monforte, quienes se comprometieron a analizarla y llevarla ante el Pleno del Congreso del Estado de Yucatán. Sin embargo, a la fecha no han presentado la iniciativa, solo se realizó un foro para platicar sobre el tema. Allí, periodistas y habitantes de comunidades criminalizadas expresaron su hartazgo ante la situación, y exigieron a las y los legisladores que cumplan con su trabajo de velar por la garantía de los derechos humanos en la entidad.

Para el abogado Jorge Fernández es lamentable que los gobiernos incumplan con las promesas que realizaron a las comunidades en tiempos de campaña electoral. “Hay una reproducción de los mismos mecanismos de criminalización que han utilizado otras administraciones y lo más preocupante es que también el poder judicial del Estado siga demostrando muy poca independencia frente a las presiones de las grandes empresas”, dijo. 

Otro punto preocupante, agregó, es que el Estado responda a los intereses y necesidades del sector empresarial más que a los de las comunidades. “No hay condiciones para ejercer la defensa del territorio con estas instituciones, que en cualquier momento se van a someter a los intereses gubernamentales o empresariales. Hay que llamar la atención respecto al papel que juegan como legitimadores de una estrategia pensada para romper el tejido social”, puntualizó. 

Es necesario recordar que la manifestación, la libertad de expresión y la libre determinación son derechos reconocidos tanto por la Constitución Mexicana como en tratados internacionales a los que México se ha adherido. 

“Cuando una comunidad maya protesta en su territorio, no solo está protestando, también está ejerciendo su derecho al territorio y a la libre determinación”, remarcó Sánchez. 

Además estos derechos son prioritarios. “Suele surgir en la conversación pública que la gente no está a favor de las protestas porque, por ejemplo, les cierran la calle. Pero el derecho internacional sí ha abordado que en una ponderación, si las protestas restringen los derechos de otras personas como el del libre tránsito, o se estorba la obra pública que el gobierno quiere hacer o la obra privada del empresario, pesa más el derecho a la protesta, porque justo su objetivo es que la veas, te incomodes, te unas, se cumpla la exigencia y ya luego se deje de protestar”, explicó el abogado Miguel Anguas. 

A pesar de todo, el ánimo de varias defensoras y defensores del territorio en Yucatán no ha mermado. Por ejemplo, ni Gladis ni el pueblo de Telchaquillo han tirado la toalla. Ella tiene muy claro que estos pleitos legales son una estrategia del gobierno para asustar a quienes alzan la voz y actúan para proteger su territorio. 

“Usar el aparato judicial para callar a quienes intentan defender su territorio es una forma arcaica del Estado. Lo triste es que en pleno siglo XXI, cuando hay acuerdos internacionales vigentes, se siga llevando a cabo con total descaro. El aparato de justicia es una losa para las comunidades. Pareciera que nosotros somos los rivales a vencer o somos a quienes tienen que quitarnos tierras. Pero nosotros tenemos que buscar cómo hacerle. Resistir, insistir y nunca desistir”, concluyó Llamá.