Despojo de tierras, dádivas y comisarios coludidos: Nolo, otra víctima de la voracidad inmobiliaria
Publicado 18 junio, 2026
Los ejidatarios de Nolo, Yucatán, llevan más de una década enfrentando el despojo de sus tierras de uso común a manos de la inmobiliaria Grupo GEA. Los campesinos dan cuenta de comisarios coludidos, pagos disfrazados de “apoyos” y firmas arrancadas con engaños. La empresa ocupa 800 hectáreas sin haber acreditado la propiedad legal sobre ellas. A solo 22 kilómetros de Mérida, el avance de la mancha urbana convierte a Nolo en un botín inmobiliario. Mientras los ejidatarios resisten, Grupo GEA busca abrir nuevos proyectos multimillonarios.
En Nolo, Yucatán, la tierra se fue yendo firma por firma, a cambio de 2 mil o 5 mil pesos según el caso. Así lo recuerdan los ejidatarios de esta comisaría de Tixkokob, y que según el Registro Agrario Nacional (RAN) totaliza 1.963 hectáreas de uso común. Suman 214 los ejidatarios presentes en la comunidad.
Durante más de diez años, y según afirman los campesinos de Nolo, la inmobiliaria Grupo GEA —cuyo nombre legal es GRUPO GEA INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, propiedad de los hermanos Ricardo José y José Rafael Martínez Peón— ha tendido una red de asambleas presuntamente simuladas, sobornos estacionales y colusión con autoridades locales para apropiarse ilegalmente del patrimonio agrario de decenas de familias.
La empresa fue constituida formalmente el 26 de enero de 2018 ante el notario público Alejandro José Monsreal Rodríguez, en Mérida, Yucatán. Sin embargo, para cuando la empresa resultó formalizada, el despojo en Nolo ya llevaba siete años en marcha.
“Llegaban y a veces en Navidad y repartían 3 mil, 10 mil pesos. En agosto, para la fiesta del pueblo, daban otro abono. Cada vez que venían te hacían firmar un papel en blanco, y si tú querías ver el encabezado de la hoja no te dejaban verlo“, relató a Jaltun un ejidatario de forma anónima, por temor a represalias.
La estrategia, repiten los afectados, no fue una compraventa —porque la ley no la permite—. En realidad, los capitalistas de la tierra aplicaron un goteo de dinero en efectivo a cambio de firmas en hojas en blanco, sin que los campesinos supieran que con ese trazo renunciaban a sus derechos sobre los terrenos. Así, cada peso recibido resultó una inducción al despojo antes que un pago legal.
El viejo modus operandi
La historia del despojo comienza, según testimonios recabados por Jaltun, en 2011. Aquel año, el entonces comisario ejidal —a quien las y los vecinos de Nolo identifican como Feliciano— inició la venta indiscriminada de terrenos.
“Empezó a recolectar firmas para vender un terreno que conocemos como San Diego. Lo vendió y, según él, el dinero lo iba a devolver al ejido cuando lo pidan“, contó uno de los ejidatarios que encabeza la resistencia en contra del despojo en esa zona de Yucatán. Esa “devolución” nunca ocurrió.
El 4 de agosto de 2011, el ejido celebró una asamblea para el cambio de destino de 629.43 hectáreas de uso común a asentamiento humano. El acta contó con la firma de Armando Gómez Lara, entonces presidente municipal. Sin embargo, la legalidad de esa asamblea sigue en entredicho.
Según los denunciantes, los ejidatarios que asistieron fueron convocados bajo el pretexto de recibir apoyos económicos, no para autorizar un cambio de destino de la tierra que despojaba al ejido de su patrimonio.
“Pasó que, como se estaba regalando dinero, todos iban, daban credencial de elector, y cobraban. Nosotros les dijimos a varios ejidatarios que eso no era gratis, que se avivaran, pues ¿cuándo se ha escuchado que te estén regalando dinero así nomás?”, sentenció otro campesino.
Las cantidades variaban. De 2 mil pesos iniciales, los pagos fueron escalando hasta alcanzar los 5 mil. Pero los ejidatarios insisten hasta hoy: nunca se les habló de una venta. “Nos decían que te lo regalaban o te apoyaban, o algo así. Esa era la pintada“, agregó otro integrante del ejido.
Divide y vencerás: el mapa de la fragmentación
En cierta forma, en este caso el ejido jugó en contra de la comunidad. Al interior de Nolo existen al menos seis grupos, cada uno integrado por entre 30 y 50 personas, que históricamente han estado divididos por desacuerdos sobre la forma en que debe trabajarse la tierra. Esa fragmentación fue la llave de entrada para la inmobiliaria.
“Dentro de este ejido existen grupos. Y entonces el ladrón, aprovechando que hay grupos, dijo: ‘Divide y vencerás’. Como estábamos divididos, vino, agarró a un grupo, y luego de decir que quería tierras empezó a intentar hacer sus tratos“, explicó a Jaltun un ejidatario que ha seguido de cerca el conflicto.
La inmobiliaria negoció directamente con los líderes de cada grupo, quienes recibieron el dinero y convencieron a sus integrantes de firmar. El comisario en turno, coludido con la empresa, según las fuentes consultadas, validó todo.
El control social se reforzó con dádivas constantes. Cada comisario que fue poniéndose al frente del ejido ha recibido un pago mensual de entre 20 mil y 30 mil pesos, según testimonios recogidos.
“Si ve que la gente está alborotada, (la inmobiliaria) viene y trae su cochinita, tacos, 10 cartones de cerveza y vámonos. Es el control de la gente, que es pobre, la verdad“, dijo uno de los entrevistados.
A lo largo de los años, los líderes opositores han sido blanco directo de la violencia y el hostigamiento. En una asamblea reciente, un ejidatario fue expulsado por alzar la voz. “Yo les dije: ‘Para que me saquen, les cuelga mucho. Primero se salen ustedes, no yo, porque yo no he vendido nada, yo no tengo ni un peso agarrado‘”, recordó.
El 30 de agosto de 2016, los dueños de Grupo GEA intentaron repetir la fórmula con una segunda asamblea ejidal para obtener el cambio de destino de 396 hectáreas adicionales. Pero el acta quedó viciada de origen: nunca incluyó la firma de catastro ni del presidente municipal en turno, Miguel Rodríguez. Tampoco fue inscrita en el Registro Agrario Nacional (RAN).
“Nosotros la vimos. No tiene la firma del catastro, del presidente del municipio, porque aquí se paga el impuesto. No hay la firma del presidente porque no está ni su nombre“, enfatizó uno de los ejidatarios consultados, quien sostiene haber acudido personalmente a revisar los documentos al RAN.
A pesar de esa invalidez jurídica, la inmobiliaria continuó haciéndose con tierras. Hoy por hoy, Grupo GEA mantiene ocupadas aproximadamente 800 hectáreas del ejido. De ese total, existen 170.56 hectáreas que han sido tomadas de hecho. Esto es, sin ningún cambio de destino aprobado y calificada de posesión ilegal por los ejidatarios.
La tensión no ha dejado de intensificarse en los últimos años. Los ejidatarios opositores cuentan que el abogado de la empresa, a quien identifican como “el licenciado Laines“, intentó cooptarlos en repetidas ocasiones para que se sumen a la estrategia de la inmobiliaria.
“Me vino a ofrecer su apoyo, pero quería que fuéramos todos los ejidatarios reunidos a Mérida, a la oficina de GEA. Yo le dije: ‘No, yo con el señor no tengo nada que ver. Yo no voy porque yo no tengo firmado, ni le tengo vendido nada‘”, expresó uno de los campesinos de Nolo.
De acuerdo a los ejidatarios, en ese momento la compañía buscó sobornar a un grupo para que presione al comisariado ejidal y de esa forma avanzar con el cambio de destino de las tierras en disputa. En compensación, habría ofrecido un polígono de 750 hectáreas a repartir entre los ejidatarios alineados con la firma.
La respuesta de los ejidatarios fue un no rotundo. “La tierra de uso común es para todos los campesinos, un grupo no puede decidir así por que sí”, respondió al abogado de la inmobiliaria uno de los campesinos que tomó parte del diálogo con el representante legal de la empresa.
Pero no todos en la comunidad lograron resistirse a la oferta de Grupo GEA. Acuciados por la pobreza, varios ejidatarios aceptaron los pagos.
“Vienes tú. Me vas a dar 2 mil pesos, estoy contento, a todo dar, porque tengo para mis ‘cheves’, tengo para todo. Pero ¿qué pasa? Ese cabrón se está adueñando del terreno, y al día de mañana ya no hay dinero ni tierras“, reflexionó el mismo ejidatario que no vendió. Y remató con una frase que ha repetido en cada asamblea: “Eras dueño de la tierra y te estás volviendo esclavo“.
La empresa detrás del despojo
Grupo GEA no existía legalmente cuando inició el despojo en Nolo. Fue constituida el 26 de enero de 2018, siete años después de la primera asamblea ejidal de cambio de destino. Su capital social mínimo es de 100 mil pesos, representado por dos series de 50 acciones cada una, con un valor nominal de mil pesos por acción y suscritas por los hermanos Martínez Peón.
La administración recae en una administradora única, Valeria Castro Ancona, esposa de Rafael Martínez Peón, quien cuenta con facultades para representar a la sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas y laborales, así como para emitir cheques, otorgar garantías, y nombrar y remover funcionarios.
En declaraciones recientes, directivos de Grupo GEA hablaron de crecimiento, correcciones de mercado y nuevos proyectos. En entrevista con MILENIO, el director general y socio fundador de la empresa, Ricardo Martínez Peón, anunció que la inmobiliaria alista una inversión de aproximadamente 100 millones de pesos para abrir nuevos desarrollos en Yucatán.
“Nosotros decidimos no abrir nuevos proyectos, creemos que pudo haber sido irresponsable. Sobre todo el último año y medio lo sentíamos bastante complejo, entre el cambio de gobierno, las reformas judiciales y todo ese rollo. Se sintió cierta incertidumbre pero actualmente ya estamos en miras de abrir en otros municipios del estado“, declaró Martínez Peón al medio nacional.
En la misma entrevista, Martínez Peón afirmó que la empresa ya cuenta con múltiples terrenos en zonas cercanas a Nolo, a los que definió como “reserva territorial“. Y que se dedicará a “acondicionar” y “tener un nuevo desarrollo” en el área. Grupo GEA opera dos proyectos en la actualidad: Wayúum, ubicado en Chicxulub Puerto —donde se alista el lanzamiento de la segunda etapa de su cuarta privada— y Gran Telchac, donde ya comercializa, también, su cuarta privada.
“Para los siguientes meses y años vemos gran potencial de crecimiento para la industria inmobiliaria y en especial en Yucatán, donde se tiene un buen panorama de seguridad. Somos un estado seguro“, comentó el directivo.
Las declaraciones de Martínez no hicieron referencia al litigio que Grupo GEA enfrenta en el Tribunal Unitario Agrario por las tierras de Nolo, ni a las 170.56 hectáreas que mantiene ocupadas sin cambio de destino aprobado. La “reserva territorial” a la que aludió el empresario incluye, según los denunciantes, tierras ejidales de uso común que son legalmente inalienables.
Dicho de otra forma, la “reserva territorial” que Grupo GEA se dispone a acondicionar con 100 millones de pesos es, para los ejidatarios de Nolo, la tierra que sus padres les heredaron.
Mérida: la frontera del despojo
A solo 22 kilómetros de la capital yucateca, Nolo no es una comunidad aislada: es considerada la siguiente frontera del crecimiento metropolitano que ostenta Mérida. Una expansión que los empresarios de la industria inmobiliaria y el poder político aplauden e impulsan con matices por lo general coincidentes.
Como ejemplo, el pasado 9 de junio de 2026, el gobernador Joaquín Díaz Mena presentó el “Plan Renacimiento Mérida”, una estrategia de largo plazo con tres ejes rectores: seguridad, abastecimiento de agua potable y obra pública. De fondo, la propuesta promueve el crecimiento y la expansión de la zona metropolitana de la capital yucateca hacia comisarías y ejidos cercanos como el mencionado Nolo.
El plan contempla la realización de 16 foros ciudadanos en cinco zonas de la ciudad durante los próximos 70 días. Participarán vecinos, universidades, organizaciones civiles, cámaras empresariales y colegios de profesionistas. Los temas centrales serán agua, movilidad, seguridad y espacios públicos.
Habrá también un foro metropolitano con autoridades de Mérida, Kanasín, Progreso, Conkal, Ucú, Chicxulub Pueblo y Umán, “al considerar que los desafíos urbanos rebasan los límites municipales”, según el comunicado oficial. Sin embargo, Tixkokob, el municipio al que pertenece Nolo, no aparece en esa lista aunque también se verá alcanzado por el plan de expansión de la urbe capitalina.
Mientras el gobierno estatal anuncia la construcción de nuevos Centros Integrales de Seguridad Pública y la ampliación de la red de videovigilancia con 90 arcos de monitoreo vehicular y cámaras con inteligencia artificial, en Nolo no hay una sola cámara que documente el despojo.
En simultáneo, y de acuerdo a las fuentes en el territorio consultadas por Jaltun, mientras Ricardo Martínez Peón celebra que Yucatán “es un estado seguro“, los campesinos recuerdan cómo fueron expulsados a empujones de una asamblea ejidal sólo por alzar la voz. Por igual, mientras la empresa anuncia 100 millones de pesos en nuevos proyectos, los habitantes de Nolo afirman que las calles de la comisaría están “podridas”, las lámparas no sirven y los servicios públicos colapsan.
“El palacio municipal se está cayendo a pedazos. Son unos mediocres esos que han pasado en la presidencia“, señaló uno de los ejidatarios. El contraste entre la pujanza inmobiliaria metropolitana y la miseria de sus comisarías es, para los habitantes de Nolo, la evidencia más clara de un modelo de crecimiento que excluye a los dueños originales de la tierra.
La presión inmobiliaria que vive Nolo responde a un patrón que se replica en otros ejidos de la periferia: la mancha urbana avanza sobre tierras de uso común legalmente inalienables, amparada en la simulación de asambleas, la firma de documentos al margen de la ley, y la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales que deberían proteger el patrimonio agrario y los derechos asociados.
“Aquí los presidentes municipales están detrás del billete. No les interesa si hay deforestación o se contaminan las aguas. Solo les interesa cobrar una lana“, sentenció otro ejidatario entrevistado por Jaltun.
Un último campesino aporta otra opinión: “Yo busco que me respeten mi trabajo, que me respeten lo que me queda“, y concluye recordando que sigue abierto un litigio que aún se mantiene en manos del Tribunal Unitario Agrario. Sobre la mesa, la exigencia es clara: los ejidatarios piden revisar las asambleas de 2011 y 2016, anular los cambios de destino conseguidos con vicios, y recuperar las 170.56 hectáreas ocupadas de facto por la voracidad inmobiliaria.
