Tras clausura de Profepa en Baca, minera rompe sellos y la autoridad confirma delito ambiental
Publicado 31 julio, 2026
La dependencia oficial constató la existencia de un delito federal tras verificar que la empresa Productos de Roca Peninsulares retiró los sellos de clausura de su banco de materiales en Baca, en el estado de Yucatán. La sascabera, clausurada el 10 de julio por operar sin permisos ambientales, reanudó trabajos nocturnos a escasas horas después. La compañía está ligada a Idimsa, una constructora con millonarias obras públicas en territorio yucateco.
Pobladores de la zona exponen que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el banco de materiales que la empresa Productos de Roca Peninsulares S.A. de C.V. opera en las afueras del pueblo de Baca. La medida, efectiva a partir del 10 de julio, fue impuesta tras constatarse que la compañía carecía de dos autorizaciones federales indispensables: la de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) y la de Impacto Ambiental, que debieron ser emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Sin embargo, de acuerdo con testimonios de campesinos de la zona recabados por Jaltun, los sellos fueron retirados en un lapso de aproximadamente cuatro horas después de su colocación. Según las mismas fuentes, la empresa reanudó sus operaciones aunque realizándolas por la noche como forma de eludir el control oficial.
Ese proceder ilícito fue confirmado a Jaltun desde la misma Profepa, en una respuesta oficial a la petición de información presentada por esta plataforma con fecha del 22 de julio.
Precisamente, en esa respuesta la autoridad federal afirmó que “el 20 de julio se realizó una visita de verificación en la que se corroboró la violación de los sellos, por lo que fueron colocados nuevamente. La violación o remoción de sellos de clausura constituye un delito previsto en la legislación federal.”
La dependencia federal añadió que explora “otros mecanismos para hacer cumplir las medidas impuestas”, lo que incluye dar vista a las autoridades competentes para que se determine la correspondiente responsabilidad penal.
Se constató que la empresa opera sin permisos
El 15 de abril, tras la publicación del reportaje Depredación minera en Baca: dinamita, impunidad y resistencia colectiva maya, Productos de Roca Peninsulares ejerció su derecho a réplica en Jaltun mediante un escrito firmado por Martín Efraín Medina, tesorero e integrante de su consejo de administración.
En ese documento, la compañía calificó como “imprecisa”, “inexacta” o sin “evidencia técnica” cada una de las afectaciones expuestas por pobladores de la zona: explosiones constantes, fracturas en viviendas, contaminación por polvo, riesgo al acuífero y falta de diálogo con la comunidad.
Aseguró que el proyecto en cuestión se encontraba “sujeto a autorizaciones y dictámenes técnicos emitidos por autoridades competentes” y que no existía “incumplimiento alguno respecto de la normativa aplicable”.
No obstante, la clausura de la Profepa —con base en dos órdenes de inspección, una en materia forestal y otra de impacto ambiental— continua interpelando tales argumentos: la autoridad determinó que la empresa no contaba con las autorizaciones federales necesarias para operar. Y que, por el contrario, incurrió en un delito al violar los sellos de clausura interpuestos por la Procuraduría Federal.
La impunidad de la que parece gozar Productos de Roca Peninsulares podría estar relacionada con que no se trata de una empresa menor. La firma surgió de una transfiguración corporativa que comenzó en 2008.
Desde 2018 su consejo de administración es presidido por Ariel Efraín Medina Medina, ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán y fundador de Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México S.A. de C.V. (Idimsa).
Creada el 23 de febrero de 1998, Idimsa se ha consolidado como una de las constructoras más importantes del sureste mexicano. Acumula más de 200 obras de infraestructura desarrolladas en 25 años y una derrama económica de varios miles de millones de pesos. Su catálogo incluye algunas de las obras públicas más emblemáticas de Yucatán:
El Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI (1999), que fue la punta de lanza del turismo de reuniones en el estado.
El Gran Museo del Mundo Maya (2012).
El Hospital Regional de Alta Especialidad en Mérida.
La nueva sede del Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán, inaugurada en 2021.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán.
El almacén fiscalizado en la Terminal Remota del Puerto de Progreso.
Obras para Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua.
Recientemente, Idimsa participó en la construcción del Hospital General de Atenco IMSS-Bienestar “Francisco Altamirano Núñez”, inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El vínculo entre ambas empresas no es casual: Idimsa construye mientras que Productos de Roca Peninsulares extrae el material pétreo que alimenta esas construcciones. El modelo es circular: contratos públicos millonarios que demandan materiales, bancos de materiales que los proveen, y un mismo grupo empresarial —encabezado por Ariel Medina Medina— que controla todo el ciclo.
Las autoridades estatales y una inacción que preocupa
Ante la consulta de Jaltun, Profepa afirmó que mantiene “una coordinación permanente con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno del Estado de Yucatán, así como con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el propósito de fortalecer la vigilancia ambiental, atender denuncias ciudadanas y prevenir afectaciones”.
Sin embargo, el caso de Baca pone en entredicho esa coordinación.
La SDS estatal —responsable de otorgar las autorizaciones locales para la operación de bancos de materiales— permitió que Productos de Roca Peninsulares funcionara sin que se le exigiera contar con las autorizaciones federales de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) y de Impacto Ambiental.
En ese contexto y a partir de denuncias ciudadanas, Profepa llegó años después para constatar la omisión y clausurar el sitio.
¿Cómo es posible que la SDS permitió la operación de una empresa que carecía de los permisos ambientales más básicos? ¿Acaso el gobierno del estado de Yucatán carece de mecanismos para verificar que los proyectos que autoriza cumplen con la normativa en su totalidad?
Jaltun solicitó un comentario a la dependencia estatal para obtener su versión, pero hasta el momento la Secretaría de Desarrollo Sustentable no ha dado ningún tipo de respuesta.
Pese a esto, existe un patrón identificable en el que parece que la dependencia estatal delega en los mismos empresarios la responsabilidad de obtener los permisos federales. Y al mismo tiempo no implementa sistemas eficaces de supervisión para constatar la existencia de esos avales.
Aunque en algunos casos la Profepa reconoce la clausura de varios de éstos bancos de materiales, la autoridad federal también precisó que algunas empresas “suelen recurrir a juicios de amparo o recursos de revisión ante el Poder Judicial para suspender o anular las sanciones”.
Baca, otro territorio de sacrificio para la minería
El caso de Baca va más allá: no se trata de una impugnación posterior a una sanción, sino de una operación que nunca debió haber comenzado si la coordinación interinstitucional hubiera funcionado.
La relación de la empresa con el poder público no es menor: Idimsa ha ejecutado obras públicas millonarias en Yucatán bajo distintos gobiernos, desde el sexenio de Ernesto Zedillo hasta la administración actual de Claudia Sheinbaum.
En ese contexto, la “coordinación” entre la Profepa y la SDS parece más una declaración de buenas intenciones que una realidad operativa.
La minería como actividad que viene expandiéndose en el estado hace de Baca un espacio que no debe ser observado en soledad.
En un periodo de solo 7 años, entre 2018 y 2025, la SDS autorizó la apertura de 53 nuevos bancos de materiales en 20 municipios del estado. La mayoría de estos proyectos extractivos se concentran en Umán, Valladolid y Sudzal.
Impulsado por la demanda de material para el Tren Maya y el boom inmobiliario, el negocio minero se multiplica en Yucatán sin que existan procesos de consultas previas, libres, informadas y culturalmente pertinentes a las comunidades mayas.
Los efectos negativos de las explosiones y la actividad en las sascaberas impacta seriamente las condiciones de vida de pueblos indígenas en la región. En Tebec, por ejemplo, en los últimos meses el tráfico de volquetes pasó de 3 diarios a más de 200. La comunidad afirma que la actividad minera viene generando enfermedades respiratorias en niños.
Por su parte, en Yaxcopoil, la resistencia ha tomado la forma de un plantón ininterrumpido que inició en enero de 2026. Y que procura frenar las detonaciones a solo 800 metros del pueblo.
En Xcucul Sur, en tanto, diversas familias enfrentan acciones de persecución e intimidación por parte de la empresa Banco Zamudio. Allí se da otra muestra de una criminalización de la defensa del territorio ante una actividad que no deja de acelerarse en Yucatán durante los tiempos más recientes.
