Terramaya, la granja que se dice orgánica pero opera a partir del despojo y el desmonte en Timucuy

Ejidatarios de Timucuy, en Yucatán, denuncian que la avícola Terramaya Orgánica efectuó maniobras ilegales para quedarse con al menos 50 hectáreas de selva. La compañía, que se publicita “amigable” con el ambiente ocasionó un desmonte que derivó en la intervención de Profepa. Sin embargo, los mismos ejidatarios afirman que la firma, que surte a cadenas premium como Costco y Fresko La Comer, habría violado los sellos puestos por el organismo federal.

En el mapa de la península, el ejido de Timucuy aparece como un punto más en la periferia de Mérida, a menos de una hora de la capital yucateca. Pero en ese territorio, donde la tierra todavía es de uso común y la selva baja caducifolia se extiende a espaldas del pueblo, se libra una batalla que enfrenta a los ejidatarios con los intereses de una empresa que, irónicamente, se promociona como productora de productos orgánicos “con profundo cuidado por la naturaleza”.

Terramaya Orgánica, S.A. de C.V., una empresa cuya información societaria permanece opaca en el Registro Público del Comercio, ha sido señalada por los pobladores de Timucuy como la responsable de un desmonte ilegal de al menos 50 hectáreas de selva.

Para ello, apeló a un mecanismo de captura de la asamblea ejidal que, según testimonios recabados por Jaltun, incluyó el pago de apenas 4 mil pesos a cada ejidatario por un usufructo de 30 años, la intimidación con policías antimotines y la firma de documentos sin que esos mismos ejidatarios comprendieran lo que estaban avalando.

El usufructo de 30 años y la asamblea que nunca fue

El conflicto tiene su origen a principios de noviembre de 2025, cuando el comisariado ejidal convocó a una asamblea para otorgar un usufructo por 30 años sobre 50 hectáreas de tierra de uso común. La persona beneficiaria, según el acta de la asamblea consultada por Jaltun, resultó ser Carlos Augusto Sobrino Argáez, un nombre con apellidos ligados a políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde, así como a diversas empresas inmobiliarias en la península de Yucatán.

El apellido coincide además con el que, según testimonios de pobladores de Telchaquillo, está detrás de la avícola Terramaya, ya sin el rótulo de “orgánica” y que opera 38 naves distribuidas en 24 hectáreas del ejido de esa comunidad.

En Timucuy, el ofrecimiento fue de 4 mil pesos por ese acuerdo de tres décadas, una cantidad que distintos campesinos entrevistados por Jaltun calificaron de “burla” y que, en sus opiniones, buscaba aprovechar la necesidad inmediata de varios vecinos.

La primera asamblea, narró un entrevistado, fue un rotundo fracaso para los intereses del comisariado. “Apenas leyeron esos puntos y dijeron que era por 30 años y 4 mil pesos. La gente dijo: ‘No. No queremos nada, que se larguen'”, recordó. Los ejidatarios abandonaron la asamblea, dando por sentado que el asunto estaba zanjado. Sin embargo, a los 15 días el comisariado lanzó una segunda convocatoria con los mismos puntos. “¿Para qué insisten si ya les dijimos que no?”, preguntaron los campesinos.

La respuesta llegó en los días previos a esa segunda asamblea, programada para el 23 de noviembre de 2025. Ese día, el comisariado ejidal junto con el empresario cambiaron su estrategia. En lugar de debatir en asamblea, el presidente del comisariado comenzó a visitar a los ejidatarios uno por uno, ofreciéndoles el dinero de forma directa y presentando el pago como un “apoyo” gubernamental similar al Procampo o al Sembrando Vida. Nunca explicó el concepto de usufructo ni las implicaciones legales de ceder el uso de la tierra por tres décadas.

El día de la asamblea, el escenario ya fue otro. Cuando los opositores a la renta de tierras llegaron al punto de reunión, encontraron una fila formada y un despliegue de policías antimotines. “No hubo ninguna asamblea. Fue directo: estaban pagando, estaban recolectando, y la gente no supo lo que firmaba”, denunció otro campesino entrevistado para este reportaje. “Les dieron a firmar dos documentos, pero no se les explicó nada”, añadió.

La desinformación y la confusión reinaron. Algunos ejidatarios, al ser cuestionados, respondieron que se trataba de un “apoyo del comisariado”. Campesinos que lograron acceder al recinto ejidal firmaron bajo protesta para dejar constancia de su desacuerdo, pero la asamblea en sentido formal nunca se celebró por que se constituyó una ilegalidad.

La lentitud del Tribunal Agrario y la denuncia ante la Profepa

Al día siguiente, el grupo acudió a la Procuraduría Agraria para presentar una denuncia formal por la situación de asamblea simulada. La dependencia les informó que sólo podría establecer la anulación si se comprobaba la irregularidad. Pero la falta de grabaciones de lo ocurrido dentro de la casa ejidal —los opositores no pudieron acceder— complicó la entrega de pruebas.

Sin embargo, los campesinos encontraron un respaldo inesperado: el alcalde del municipio, José Rodrigo Muñóz Ceh, un joven priista que también es ejidatario, se ofreció a apoyarlos y los acompañó a la Profepa para presentar una denuncia ambiental.

Ya en marzo de 2026, el grupo interpuso una demanda agraria que hasta el momento no ha avanzado demasiado. 

“De la Procuraduría Agraria nos asignan un abogado. Y es aquí donde pensamos que es como en todo, están coludidos”, lamentó uno de los ejidatarios entrevistados. “Todos los defensores de territorio y medio ambiente nos dicen: ‘Si es un abogado de la Procuraduría, les va a ir muy lento’. Y, efectivamente, es lo que estamos viendo”, agregó.

Las suposiciones de los campesinos cobran fuerza al ver la dilación con que actúa la Procuraduría Agraria. Un ejemplo: la notificación al acusado, Carlos Augusto Sobrino Argáez, aún no se logró debido a que las direcciones proporcionadas parecen no tener relación con el empresario señalado.

Ante el estancamiento legal, el grupo de defensa local decidió actuar ya en el frente ambiental. La presión dio frutos. A finales de junio de 2026, en el marco de un operativo forestal, la Profepa realizó inspecciones en Mérida, Timucuy, Temozón y Tekax, y clausuró temporalmente tres predios —uno de ellos el de Timucuy— por cambio ilegal de uso de suelo. Los sellos de clausura fueron colocados en el predio que está en las inmediaciones de la avícola.

Los sellos violados y la fachada “orgánica”

La clausura de la Profepa, sin embargo, duró lo que tardaron los inspectores en retirarse. Pocos días después, los vecinos reportaron que la maquinaria de la avícola había vuelto a operar. Los campesinos que interpusieron la denuncia acudieron al sitio y constataron que la tierra recién removida, todavía roja y húmeda, evidenciaba que los trabajos de deforestación se habían reanudado.

“Cuando clausuraron, solo ese día no trabajaron ahí. Pero en el transcurso de la semana siguieron entrando los trabajadores”, denunciaron los ejidatarios.

El grupo presentó una segunda denuncia ante la Profepa por violación de los sellos, en espera de una resolución que, hasta el momento, no ha llegado.

La paradoja de este conflicto es que la empresa acusada de deforestar, Terramaya Orgánica, S.A. de C.V., se presenta al público como un ejemplo de producción sustentable. En su página web, la empresa presume ser “el único pollo 100% orgánico y de libre pastoreo, producido sin prisa y con profundo cuidado por la naturaleza“.

Y añade: “Terramaya nace en Yucatán, donde la tierra, el clima y la sabiduría ancestral marcan el ritmo natural de la vida. Aquí criamos pollo como debe ser: al aire libre, con respeto por sus ciclos y en armonía con el entorno”.

El discurso de la empresa resuena con la demanda de los consumidores de las grandes cadenas comerciales a las que surte, como Costco, H-E-B y Fresko La Comer, donde su pollo orgánico se vende a precios premium. En cambio, los testimonios recabados en Timucuy y Telchaquillo pintan un cuadro muy distinto.

En Telchaquillo, por ejemplo, los pobladores han identificado a la familia Sobrino Argáez como los propietarios de la empresa. Y han sido testigos de cómo la actividad avícola ha transformado de la peor forma el paisaje y la calidad de vida de la comunidad. Pero estas denuncias han importado poco para mancillar las relaciones que la empresa tiene en altos niveles gubernamentales.

El contraste entre el discurso “orgánico” y la práctica de la deforestación ilegal es brutal. Lo que Terramaya presenta como “armonía con el entorno”, los ejidatarios lo describen como la tala de la selva para extender sus galerones, la contaminación del agua y el aire, y la corrupción de las asambleas ejidales. 

“Es un dinero inmediato, pero es poco. Los daños a futuro son bastantes. Nos va a afectar en el agua, en los servicios. Ahorita con trabajo tenemos agua y luz. Imagínate que construyan nuevas casas u otras granjas”, reflexionó un campesino de Timucuy.

La resistencia y el futuro incierto

A pesar de la letargo judicial y de la violación de los sellos de la Profepa, el grupo de defensa del territorio de Timucuy mantiene su resistencia. El alcalde se ha comprometido a no otorgar ningún permiso de uso de suelo para el proyecto, y algunos de los ejidatarios que inicialmente cobraron el usufructo ahora se ofrecen como testigos.

El conflicto de Timucuy no es un caso aislado. Por el contrario, es un síntoma de un problema estructural: el que viene generando la presión agroindustrial e inmobiliaria sobre los ejidos en la periferia de Mérida, donde la falta de información, la pobreza y la captura de las instituciones agrarias facilitan la privatización de tierras de uso común.

La empresa Terramaya, con su imagen de sostenibilidad y su influencia política, encarna la contradicción de un modelo de desarrollo que depreda la selva mientras vende una imagen de armonía con la naturaleza.

Mientras la Profepa no resuelva la denuncia por violación de sellos y el Tribunal Agrario no logre notificar al acusado, el futuro de las 50 hectáreas y la integridad del ejido de Timucuy seguirán en el limbo.

La batalla, por ahora, se libra en los pasillos de las instituciones. “Lo que tenemos a favor son los sellos de la Profepa”, afirmó un entrevistado. Pero los sellos, como ha quedado demostrado, no bastan si no hay voluntad política para hacerlos cumplir.