Depredación minera en Baca: dinamita, impunidad y resistencia colectiva maya

Con el aval del gobierno de Yucatán, una empresa ligada a uno de los grupos constructores más poderosos del sureste de México opera un banco de materiales muy cerca del ejido Baca. Además de generar fracturas y daños en viviendas y construcciones vecinas, las detonaciones que se llevan a cabo en la sascabera afectan el ecosistema y actividades como la milpa y la apicultura, claves para la supervivencia económica de esa comunidad maya.

Con el aval de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán, la empresa Productos de Roca Peninsulares S.A. de C.V. instaló un banco de materiales que viene generando un desastre ambiental en el municipio de Baca. Operativo desde 2024, el proyecto se ubica a un costado de la congregación religiosa conocida como “La Comunidad” y colindante con las parcelas de campesinos que cultivan milpa y realizan apicultura. Desde que la sascabera inició actividades, vecinos y vecinas han documentado explosiones constantes, vibraciones que fracturan las estructuras de sus viviendas, y una nube de polvo que cubre los techos y la selva cercana.

Para los integrantes del colectivo Kanan K’áax Baca, una organización campesina que trabaja en la defensa del territorio ante el avance de proyectos extractivos e inmobiliarios en su localidad, el banco de materiales no solo agrieta paredes, también amenaza el acuífero —ubicado a solo siete metros de profundidad—, y el equilibrio social de un pueblo que sufre el asedio de los capitales foráneos.

El caso de Baca no es un hecho aislado o casual. Es el reflejo de un entramado de poder que articula contratos públicos millonarios, permisos ambientales, autorizaciones para el uso de explosivos, y un modelo de expansión inmobiliaria y turística que avanza sin consulta o respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Las detonaciones, ahora una constante en Baca

La historia de las afectaciones mineras en Baca inicia con don Carlos, el encargado de cuidar las instalaciones de “La Comunidad”. Según pudo saber Jaltun, el 2 de junio de 2025 el vigilador reportó, mediante un audio de auxilio, la primera gran explosión ocurrida en la sascabera. La detonación sacudió los cimientos del lugar.

A partir de ese momento, los estruendos provocados por las explosiones con dinamita se volvieron una presencia constante y aterradora para los vecinos del banco de materiales. Hacia noviembre del año pasado, la población ya había documentado al menos doce detonaciones de alta intensidad que pusieron en riesgo la infraestructura comunitaria. Las detonaciones se han vuelto una constante en lo que va de 2026.

En el templo de la congregación, las vibraciones ya provocaron la separación de vigas en los techos y fracturas en las columnas nuevas. Esto ha obligado a los encargados de las instalaciones de “La Comunidad” a realizar reparaciones constantes para evitar la destrucción de la infraestructura.

En ese lugar también predomina la contradicción institucional: mientras que el gobierno prohíbe demoler construcciones antiguas que se ubican en dicho terreno por ser consideradas patrimonio arqueológico e histórico, al mismo tiempo permite que Productos de Roca Peninsulares cuartee esas y otras edificaciones a partir de las explosiones que ocurren en la sascabera.

Los campesinos que trabajan sus tierras a un costado del banco de materiales también padecen graves afectaciones. Según comentaron a Jaltun, las explosiones asustan y espantan tanto al ganado como al resto de los animales de la zona, ademas de que el polvo provocado por la remoción de tierra y rocas afecta la salud de quienes cultivan la milpa y trabajan la apicultura.

Todas estas personas ven amenazada su tranquilidad por un vecino corporativo que, subrayan, nunca se acercó a dialogar con la comunidad de Baca ni presentó medidas de mitigación para atender los impactos negativos que origina el funcionamiento del banco de materiales.

La voz de la tierra contra el falso desarrollo

Ante la operación del banco de materiales, el colectivo Kanan K’áax Baca lanza una advertencia técnica y social por demás contundente. “Los bancos de materiales llegan con la bandera del desarrollo, pero la realidad es otra: deterioran el ecosistema, dañan la flora, la fauna y el medio ambiente”, afirmó Isidro Pech, uno de sus integrantes.

Para este colectivo —que nace tras el asedio al territorio por élites empresariales— el riesgo más grave es la contaminación del acuífero, ya que en esa zona de Baca el agua se encuentra apenas a siete metros de profundidad. Las y los integrantes de la organización señalan que el uso de dinamita inyecta químicos directamente al manto freático, contaminando el agua de la que depende la vida y el trabajo campesino que predomina en la región.

“Ellos —los dueños de la empresa que opera el banco de materiales— no viven aquí, en nuestro pueblo. Solamente vienen a hacer desastre y luego se van, pero nosotros nos quedamos”, sostuvo Pech.

El defensor instó a la reflexión respecto de cómo las autoridades, incluso ejidales, mantienen la idea de que los empresarios pueden decidir y ejecutar lo que sea en el territorio de Baca, sin respeto alguno por ninguna ley.

“Hago votos para que la gente joven ayude a los campesinos y ejidatarios a entender que esta es una situación grave que no debemos permitir”, remarcó Pech, quien confía en que las nuevas generaciones se integrarán a la defensa de la tierra, el aire puro y la vegetación que integran los ecosistemas del municipio.

Frente a la comunidad de Baca se ubica Productos de Roca Peninsulares, una empresa que ha sabido incursionar en las entrañas de la obra pública y cuyos tentáculos se extienden por toda la península de Yucatán.

La arquitectura del poder: Ariel Medina Medina e IDIMSA

Productos de Roca Peninsulares es una empresa surgida de una transfiguración corporativa que comenzó en 2008, según pudo constatar Jaltun en actas del Registro Público del Comercio.

Fundada con un consejo técnico encabezado por el empresario José Antonio Becerra Barbosa, el control de la empresa pasó a manos de Ariel Efraín Medina Medina a partir de 2018. Este último ejerce hoy como presidente del consejo de administración de la minera con facultades que incluyen actos de dominio y la gestión de permisos ante cualquier instancia gubernamental.

Sin embargo, el poder de Ariel Medina Medina no se limita a esa empresa. Su posición como director general de IDIMSA (Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México S.A de C.V) le ha permitido tejer una red de influencia poderosa en la obra pública.

Con más de 120 proyectos ejecutados, IDIMSA puso en pie infraestructura crítica en esta parte de México: desarrolló el Hospital Regional de Alta Especialidad en Mérida (2008), la Unidad de Medicina Familiar “Los Héroes” para el IMSS, el Hospital General de Tekax, el Laboratorio Estatal de Salud y la Clínica de Detección de Cáncer de Mama en Pensiones, entre otras obras.

Esta cercanía con el poder político también le abrió puertas para expandirse a estados como Cohauila, donde IDIMSA llevó a cabo proyectos como el Tribunal Laboral Federal de Saltillo y la construcción de un hospital del ISSSTE en Torreón. Además, la firma efectuó la remodelación del Banco de Sangre del Hospital de Cardiología No. 34 de Monterrey.

El entramado de Medina Medina se extiende también a proyectos emblemáticos y de gran plusvalía en Yucatán. Su participación en el desarrollo del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, la construcción y posterior remodelación del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, y su intervención en el complejo Paso Deprimido del proyecto inmobiliario Vía Montejo, evidencian su capacidad para garantizarse buena parte de los negocios de obra pública más lucrativos del estado.

Igualmente revelador es su vínculo con el sector militar y de seguridad, materializado en obras para el Parque de la Fuerza Aérea en Cozumel —a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)—, el edificio de la Procuraduría General de Justicia en Mérida, y el almacén fiscalizado de la Terminal Remota en el Puerto de Progreso. Este andamiaje de poder le ha permitido vincular a sus empresas con organismos y firmas estratégicas como Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, para quienes ejecutó obras en Texcoco, en el estado de México.

El circuito de la devastación: detona, extrae y construye

El vínculo entre ambas empresas no es casual. Mientras que IDIMSA levanta hospitales, museos y cuarteles con contratos públicos millonarios, Productos de Roca Peninsulares extrae el material que sirve a esas mismas construcciones. El modelo es circular: acuerdos de obras que demandan materiales, bancos que los proveen, y un mismo grupo empresarial que controla todo. En el centro, una comunidad maya que paga el costo ambiental y social del negocio.

El avance de este banco de materiales ha contado con el respaldo, por acción y omisión, de instituciones gubernamentales. En 2025, según testimonios de pobladores, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) detectó irregularidades y aplicó una sanción a la empresa por operar en una zona donde se constataron vestigios.

Sin embargo, Productos de Roca Peninsulares logró “librar” la clausura definitiva mediante el pago de una multa económica, lo que permitió que la maquinaria de la compañía siguiera operando en el área. Se desconoce si el INAH ha emitido resoluciones adicionales o algún dictamen específico sobre daños al patrimonio arqueológico en la zona.

Además, ese mismo año, como constató Jaltun, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) otorgó a Productos de Roca Peninsulares el permiso extraordinario No. 013/2025, con vigencia del 16 de mayo al 16 de noviembre de 2025, para la compra y consumo de material explosivo en su operación en Baca.

El oficio, emitido por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, establece que los lugares de uso de ese material “no deberán estar próximos a carreteras, áreas urbanas, líneas eléctricas, gasoductos, oleoductos, etc.”. La ubicación del banco contrasta con ese criterio, puesto que se localiza a escasos metros de la congregación religiosa y de viviendas habitadas, en las orillas del kilómetro 25 de la carretera Mérida-Motul.

A lo largo de los años, la empresa se ha hecho con otros avales para acentuar su labor minera. Así, otros documentos públicos obtenidos por Jaltun revelan que Productos de Roca Peninsulares ya había obtenido una autorización ambiental en 2017 para abrir un banco de materiales —tablaje catastral 4006— en Kilinché, en el municipio de Tixpéhual, Yucatán.

En esa resolución, la SDS estableció 43 medidas preventivas, entre ellas la prohibición de realizar mantenimiento mecánico en el sitio de extracción, la obligación de tramitar permisos como generador de residuos peligrosos ante SEMARNAT, y la exigencia de una fianza de 158,364.25 pesos para garantizar la reforestación y restauración del sitio. El expediente no especifica si dichas condiciones fueron cumplidas.

A nivel regional, entre 2018 y 2025 la SDS ha aprobado 53 nuevos bancos de materiales en 20 municipios del estado, según información obtenida vía transparencia, concentrándose la mayor parte en Umán, Valladolid y Sudzal.

Esta expansión minera, impulsada por la demanda de material para el Tren Maya y el boom inmobiliario, ocurre sin procesos de consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente a los pueblos originarios. Y bajo una opacidad deliberada donde los estudios de impacto ambiental son archivados para obstaculizar el acceso público a la información, como ha documentado la Red de Pueblos contra la Minería, una articulación emergente de comunidades mayas que comparten estrategias legales y de organización para frenar la expansión de esa actividad destructiva en sus territorios.

Un panorama regional de la resistencia maya

Como documentó Jaltun en artículos anteriores, comunidades como Tebec denuncian que la actividad minera se intensificó con la llegada del Tren Maya: en ese pueblo el tráfico de volquetes pasó de 3 diarios a más de 200 en igual lapso, tan sólo en los últimos meses. El polvo generado viene provocando enfermedades respiratorias graves en los niños de Tebec. Y al menos veinte casas presentan fisuras prominentes en techos y cimientos debido a las detonaciones constantes de empresas como Mapsa y Procon.

En Yaxcopoil, la resistencia ha tomado la forma de un plantón ininterrumpido que inició en enero de 2026 y procura frenar la actividad de la empresa Cypssa, que pretende hacer detonaciones en una superficie de 37 hectáreas ubicadas a sólo 800 metros del pueblo. El uso de dinamita en esa zona pondría en riesgo a la escuela primaria y el cenote que abastece de agua a la población.

Ya en Xcucul Sur, las familias enfrentan una persecución orquestada por la empresa Banco Zamudio, cuyos representantes han sido señalados de intimidar a los vecinos a que desistan de las demandas de amparo.

Además de estas afectaciones, el impacto de los bancos de materiales no se limita a las comunidades donde operan. La extracción de piedra caliza en suelo kárstico —caracterizado por su alta permeabilidad— amenaza la recarga del acuífero y la calidad del agua subterránea de Yucatán.

Aunque Baca no se encuentra dentro de la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, personas expertas y activistas advierten que la expansión minera sin control pone en riesgo el sistema hídrico de la península al fracturar las capas rocosas que filtran y almacenan el agua de lluvia. En los municipios de Umán y Sudzal, donde se concentran decenas de bancos de materiales, ya se han documentado afectaciones a cenotes y una disminución del caudal.

La ausencia de estudios oficiales y públicos sobre la acumulación de impactos impide dimensionar el daño real que proyectos como el de Baca causan a la reserva hídrica de la que depende la vida en la región. En este caso, el silencio de las autoridades ante las denuncias de “La Comunidad” y del colectivo Kanan K’áax es la condición dominante.

La población de Baca se mantiene alerta mientras el polvo de la trituradora sigue cubriendo la selva y sus hogares. Cada explosión que hace vibrar sus casas les recuerda que el territorio que habitan ha sido elegido como zona de sacrificio por un sistema que margina y desprecia a las comunidades indígenas del estado.