Despojo en Baca: Solís Millet siembra división en la comunidad y se adueña de tierras
Publicado 20 enero, 2026
Con irregularidades y acusaciones de sobornos, el empresario Pedro Solís Millet obtuvo el usufructo para explotar más de 130 hectáreas del ejido Baca, en Yucatán, por un lapso mínimo de tres décadas. En los últimos meses implementó maniobras que terminaron por fragmentar la unión de los ejidatarios. En Baca predomina la criminalización de quienes se oponen al despojo. Solís Millet es un actor clave de los capitales ligados a la especulación y la burbuja inmobiliaria.
El 26 de diciembre de 2025 el aire en el ejido de Baca, en Yucatán, se cargó de una tensión que superó el calor habitual de la península. Ese día, los ejidatarios se congregaron para una asamblea que, desde su inicio, fue denunciada como un acto de “teatro jurídico” diseñado para entregar 133 hectáreas de tierras de uso común al empresario Pedro Solís Millet. Esto, a cambio de apenas 800 mil pesos por el usufructo de esas tierras por un período de 30 años.
La ilegalidad comenzó en la puerta de la casa ejidal. Distintos videos que recibió Jaltun muestran a un grupo de ejidatarios exigiendo el cumplimiento de la ley. “El licenciado dice que si no se instala la mesa de debates, no procede la asamblea, no hay quórum legal“, gritó uno de los inconformes en las grabaciones.
La mesa de debates es el órgano encargado de llevar el orden del día y garantizar la transparencia de la Asamblea ejidal. Sin ella, el ejercicio carece de validez legal para cualquier firma o acuerdo. Sin embargo, la comisaria ejidal, Araceli Herrera Arceo, ignoró el reclamo.
Dentro del recinto, el caos fue la norma. Se detectó la participación activa de personas que no eran ejidatarios, como el caso de un señor que apenas se identificó como Torres. Pero a quien la comisaria otorgó el micrófono sin autorización de la asamblea, en una acción que violó el derecho de voz exclusivo de los sujetos agrarios.
Los videos registraron también a individuos como David Azival, quien pasó a firmar las actas a pesar de no ser ejidatario. Según la Ley Agraria, ese solo acto anula la validez del procedimiento.
El registro en video que realizaron pobladores de la comunidad:
En entrevista con Jaltun, Isidro Pech, ejidatario que ha denunciado largamente el inminente despojo en Baca, afirma que se manipuló la voluntad de los campesinos, muchos de ellos adultos mayores.
La estrategia fue burda pero efectiva: un día antes de la asamblea, aseguró Pech, se reunió a un grupo de personas para entregarles una “gratificación” de 500 pesos a cambio de la firma.
El entrevistado añadió que, ya durante la asamblea, nunca se leyeron las cláusulas del contrato de usufructo ni se explicaron los perjuicios de ceder la tierra por 30 años. Ante la falta de legalidad, las y los vecinos que se resisten a este despojo dejaron en claro que llevarán el conflicto a los tribunales agrarios.
El desenlace de la asamblea fue la cúspide de los atropellos: el empresario finalmente se hizo con las 133 hectáreas.
Ecocidio y complicidad
El conflicto que atraviesa a la comunidad de Baca no nació de forma espontánea: es el resultado de una escalada de tensiones que inició en octubre de 2024. En ese momento, la asamblea ejidal rechazó una primera solicitud de usufructo de 167 hectáreas presentada por Solís Millet. Se argumentó que el contrato contenía cláusulas leoninas que otorgaban derechos excesivos al empresario en detrimento de los campesinos.
Al no obtener la tierra por el camino legal, el empresario optó por la vía de los hechos. En mayo de 2025, el estruendo derivado de la acción de maquinarias pesadas quebró la parsimonia del monte de Baca. En un acto de completa ilegalidad, se arrasaron más de 160 hectáreas de terrenos forestales. A pesar de que la Procuraduría Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa) suspendió el desmonte —aunque de forma temporal—, el daño ambiental ya estaba hecho.
Durante julio de 2025 y de manera unánime, la Asamblea ejidal ordenó a la comisaria Herrera Arceo que demande formalmente a Solís Millet por invasión y deforestación pero la denuncia nunca se hizo.
En lugar de proteger el patrimonio de sus representados, la comisaria Herrera Arceo inició una persecución judicial contra Baltazar Matu e Isidro Pech, esto es, los ejidatarios que expusieron el desastre ocurrido en el monte.
Ya en agosto de 2025, Matu y Pech fueron acusados de “acoso” por Herrera Arceo. La maniobra jurídica pretendió imponerles medidas cautelares para impedir que se acercaran a la comisaria. De esa forma, se busco neutralizar a ambos ejidatarios en las Asambleas donde se decidiera el futuro de las tierras.
Para la Asamblea de finales de 2025, Solís Millet “limpió” su solicitud reduciendo la superficie de 167 a 133 hectáreas. Eliminó de manera estratégica el polígono Cayetano —una de las zonas donde se realizó el desmonte ilegal—, en un intento por borrar las huellas del delito ambiental antes de formalizar el usufructo.
El usufructo no solo representa la pérdida de tierras, también bloquea un proyecto colectivo de 22 ejidatarios que demandan 66 hectáreas de las tierras de uso común para integrarse al programa federal Sembrando Vida.
El “Clan Millet” y la estructura del expolio en la península
Aunque aún no se tiene certeza de lo que Pedro Solís Millet hará en esas tierras, el empresario es pieza clave de un engranaje extractivista y especulador mucho más vasto: el negocio inmobiliario en Yucatán.
Este personaje es clave en distintos sectores y empresas asociadas a la industria de la construcción, no solo al ser vicepresidente de la Cámara de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en la entidad, sino también al ejercer como accionista en diversas empresas.
Por ejemplo, de acuerdo a documentos del Registro Público del Comercio consultados por Jaltun, Pedro Solís Millet es socio mayoritario o administrador de, al menos, diez compañías del ramo: Crear Vivienda y Más, Nuestro Hábitat Real Estate, Inmobiliaria Becasa, Construcciones Innovadoras del Sureste, Promotora Crear, Hogares de Playa, Comercializadora Hogares del Sureste, Constructores y Promociones del Sureste, Innova Maquinaria, y Crear Hogares del Sureste.
En esas empresas, el empresario figura asociado a nombres que integran la “élite” económica y comercial yucateca como Carlos José Muñoz Solís, Fernando José Berny Ortiz, Jorge Carlos Campos Pacheco, Alejandra Xacur Montalvo, Raúl Jesús Aguilar Horta y Raúl Alberto Aguilar Baqueiro, José Agustín Creuheras Espinosa y Juan Francisco Villamil Rodríguez, Alejandro Ceballos Ancona, Maria Cristina Millet Ancona y Gaudencio Marcos Hernández Suárez.
Además de estos personajes, otros actores clave dentro de su estructura familiar son Pablo Solís Millet y Patricio Solís Millet, titulares de las Notarías 129 y 11, respectivamente, en Mérida.
Pablo Solís Millet, de acuerdo a documentos del Registro Público del Comercio también consultados por Jaltun, es socio mayoritario o administrador de otras diez empresas del ramo inmobiliario o de la construcción, mientras que Patricio Solís Millet es accionista mayoritario de la sociedad RR Mid, constituida en enero de 2021.
El apellido Millet aparece de forma recurrente en las investigaciones que exponen a los mayores terratenientes de la península de Yucatán. Así puede constatarse en el informe confidencial del Registro Agrario Nacional (RAN) de junio de 2024, titulado “Acaparamiento de tierras de propiedad social en México“.
El reporte identifica a Mauricio Millet Reyes —con 447 parcelas en Sac Nicté, una subcomisaría de Mérida—, Arturo Millet Reyes —398 parcelas en Komchen y Sac Nicté— y Gabriel Guzmán Millet —222 parcelas que suman 1,899 hectáreas divididas entre Yucatán y Quintana Roo— como figuras centrales en términos de control de tierras.
Estos actores generan “bancos de tierras” para un mercado inmobiliario de alta plusvalía que, durante los últimos años, ha aumentado sus actividades. Sobre todo, a partir de la reconfiguración territorial en la región por efecto de megaproyectos como el Tren Maya en sus modalidades turística y de carga.
Además del clan Millet, los ejidatarios de Baca señalan a otros empresarios que acechan el territorio, como los hermanos Rafael y Alberto Yáñez Castro, conocidos por utilizar “posesiones de hecho” para instalar gasolineras sin usufructos legales, trasladando así el conflicto al fuero civil para agotar los recursos económicos de los campesinos.
También se menciona a Chikri Abimerhi como otro actor interesado en la apropiación de tierras ejidales bajo la protección de influencias políticas y cuerpos de seguridad. Su empresa de remolques tiene convenios con la Secretaría de Seguridad del Estado.
Además de estos personajes, denunciados de forma recurrente por los ejidatarios, el informe del RAN sitúa a otro personaje entre los terratenientes más significativos en Baca: Rafael Acosta Solís, el mayor acaparador de solares urbanos del país, según la misma publicación.
El registro señala que Acosta Solís posee 54 solares en el núcleo de Tixkuncheil, en el municipio de Baca, además de numerosos lotes en ejidos vecinos como Chelem y Progreso. En esos sitios, tal como expuso Jaltun, el empresario podría verse beneficiado por la indemnización derivada de la expropiación de tierras que requiere el tendido del ramal de carga del Tren Maya.
Mecanismos que dan cuenta de una mafia agraria
El informe del RAN advierte que la península de Yucatán es el principal escenario de “expolio de la propiedad social” en México. El diagnóstico es demoledor: los acaparadores aprovechan la pobreza y la falta de información de los ejidatarios para implementar una serie de maniobras maliciosas.
Entre estas se destaca la “asamblea combo”, que comprende la aprobación simultánea —y sin dictámenes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que certifiquen la ausencia de selva— de cambios de destino de las tierras de uso común a parcelas. Esto viola el artículo 59 de la Ley Agraria.
Otro mecanismo recurrente es la cooptación de los representantes ejidales —el comisariado— para que actúen en contra de la voluntad de la Asamblea, así como el uso de prestanombres que ocultan la verdadera acumulación de tierras. Según el RAN, estas prácticas no solo erosionan la seguridad jurídica, sino que destruyen el tejido social y la vocación productiva de los núcleos agrarios.
En Baca, la resistencia contra Solís Millet da cuenta de una batalla contra esta estructura sistémica. Como señala el RAN, la propiedad social es una prerrogativa de la Nación orientada a evitar el latifundismo y garantizar el bienestar comunitario. Para los ejidatarios de Baca, conservar las 133 hectáreas codiciadas por el empresario representa la defensa de este principio constitucional frente a un capital especulativo que, ecocidio mediante, busca convertir a la selva ancestral en un desierto de lotes de inversión.
