Airbnbs, segundas viviendas y hoteles de lujo devoran la costa y el manglar de Sisal

En la costa de Sisal, en Yucatán, Airbnbs, segundas viviendas y otros alojamientos de lujo proliferan incluso en zonas protegidas. Distinto a esto, la población carece de acceso a la vivienda y servicios básicos suficientes. En la búsqueda de un lugar para levantar nuevas casas para la población, tres habitantes de la comunidad resultaron detenidos por presunto desmonte. Las y los vecinos denuncian corrupción por parte de las autoridades y alertan por el impacto derivado de los desarrollos inmobiliarios levantados en áreas ambientales sensibles.

Una casa blanca, con piscina y palapa, se alza sobre las dunas y la vegetación costera, a menos de 30 metros del mar de Sisal, Yucatán. El inmueble se encuentra dentro del área de la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte. Nadie vive ahí de forma permanente. Sin embargo, un grupo de personas se dedica a cocinar, limpiar y atender a quien pague entre 8 mil y 10 mil pesos la noche. 

En su publicidad, este Airbnb promete un “paraíso privado frente al mar del Golfo de México” para “desconectarte del mundo” mientras el staff acerca bebidas a la alberca. Es uno de los cientos de hospedajes de lujo que aparecieron en la costa de Sisal a partir de 2020, cuando la comunidad fue declarada Pueblo Mágico. 

En el pueblo de Sisal nadie puede precisar quiénes son los dueños originales de las casas de lujo deshabitadas que están en la zona de amortiguamiento de las dos reservas estatales que abarcan el puerto: la Reserva El Palmar y la Reserva de Ciénagas y Manglares. Tampoco saben cómo obtuvieron el permiso para construir en la orilla del mar.

En cambio, a principios del año pasado a los habitantes les llevaron 300 policías y militares armados de la Guardia Nacional, la Sedena y la Secretaría Estatal de Seguridad Pública cuando intentaron autoconstruir sus casas a 100 metros de la playa. 

Fue en febrero de 2025 cuando la Profepa clausuró las obras. La Semarnat, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán y hasta la prensa nacional criminalizaron a los pobladores llamándoles “talamontes”. 

Tres hombres del pueblo fueron detenidos por, supuestamente, talar mangle para construir sus casas. Dos de ellos estuvieron encarcelados durante 6 meses y, aunque fueron puestos en libertad, hoy se encuentran bajo medidas cautelares que les obligan a reportarse y firmar cada 15 días para demostrar que permanecen en Sisal.

De acuerdo con testimonios recabados por Jaltun, llegaron a un trato con la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar una restauración ambiental a lo largo de tres años. En ese entonces, el gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena les ofreció terrenos junto a la ciénaga para garantizar su derecho a la vivienda, pero esa entrega nunca sucedió. 

“Independientemente de la zona que eligió el pueblo para hacer sus casas, el crecimiento del pueblo es un derecho para la gente de Sisal. Ése es el derecho que exigimos. En la mediación, las autoridades pudieron haber dicho: ‘¿saben qué? van a reforestar pero también les vamos a otorgar casas’. Pero eso jamás ocurrió”, dice Francisco*, en entrevista con Jaltun.

Mientras tanto, airbnbs, casas de lujo y hoteles que talan el manglar y devastan la duna en zona federal continúan construyéndose en Sisal sin ningún tipo de traba.

Los habitantes denuncian una doble vara de medir por parte del gobierno del estado ya que, mientras que tres defensores de derechos humanos y del territorio fueron procesados rápidamente, las autoridades ignoran las denuncias ciudadanas contra empresas inmobiliarias, que han sido grabadas sacando camiones llenos de vegetación nativa —de la duna y el manglar— sin enfrentar consecuencias legales. 

Esta situación ha generado miedo en la comunidad, que siente que levantar la voz contra los desarrollos resulta en el sometimiento por parte de las autoridades.

“La vegetación donde querían construir las casas de los sisaleños ya volvió a crecer. Hasta ahora, la única devastación que hay es por parte de la gente ajena a Sisal y los únicos que han sido castigados por ese delito son tres nativos defensores de la tierra”, añadió el entrevistado.

Una concesión federal se convirtió en lotes de inversión

El conflicto tiene su origen a partir de una concesión federal de aproximadamente 7 kilómetros de costa a la empresa camaronera Pecis, que funcionó entre 1996 y 2005 y terminó en bancarrota. En ese entonces, la comunidad respetaba el área como zona federal y de reserva. Allí no se permitía tocar la vegetación. Sin embargo, al cerrar la empresa la concesión de las tierras no se devolvió y esa zona comenzó a venderse en lotes.

“¿Por qué una concesión que se le había otorgado a una empresa se convirtió en lotes para vender? El gobierno siempre sometía a la gente local diciendo que era una zona federal y que no se podía tocar más que con títulos de propiedad. Muchos de nosotros notamos que no se podía tener un título en terrenos que habían sido concesionados. En ese entonces existía muy poca información de que al gobierno también se le puede demandar y la gente no dijo nada”, cuenta Francisco.

La costa de Sisal rumbo a Chuburná Puerto, donde se ubicaba la camaronera, fue la primera en venderse. Los pobladores llaman a ese sector “donde viven los canadienses” y explican que ahí comenzó la devastación.

Casas de sisaleños “pobres” no, casas de ricos sí

Toda la costa de Sisal, desde la Reserva El Palmar hasta antes de la camaronera, está llena de ese tipo de construcciones y en zonas donde todavía hay mangle o vegetación costera, también se han efectuado loteos. En general, todos los terrenos están vendidos y próximos a sufrir cambio de uso de suelo. 

Por ejemplo, a 4 kilómetros del muelle de Sisal la inmobiliaria Boma Desarrollos pretende construir Arrecife Sisal, un “proyecto premium que cuenta con 75 metros de playa”. Planea levantar dos torres de departamentos en un área donde todavía hay vegetación costera. Los lotes ya se están vendiendo y, de acuerdo con su propia página web, tienen un precio de entre 5 y 16 millones de pesos. 

“Hubo gente que videograbó la deforestación de los clubes de playa porque llegaban camiones Torton enormes que salían con la vegetación cargando así como si nada. Primero empezaron a vender la parte cercana a la orilla de la playa, donde ya nosotros le llamamos la parte de los canadienses porque hay muchos prestanombres pero las casas son de canadienses”, comenta otro vecino de la comunidad.

Cuando la comunidad quiso denunciar ante Profepa y Semarnat la tala del manglar en zona federal, se les dijo que tenían que ser denuncias telefónicas y que se necesitaba de cierta cantidad de reclamos para que atendieran las quejas. En la ocasión en que las autoridades ambientales llegaron al pueblo custodiadas por policías y militares para atender la denuncia contra los pobladores originarios, un grupo de habitantes les llevó a ver construcciones de extranjeros que estaban a 20 metros del mar.

“Se echaban la bolita entre ellos. Decían que la Profepa tenía que revisarlo, pero las construcciones tenían sellos con el logotipo de Semarnat. Entonces ellos se lavaron las manos. Los llevamos antes de que agarren al compañero y lo encarcelen. También estuvieron autoridades de gobernación. Salieron con lo mismo de que no existía ninguna denuncia y nosotros les dijimos ‘¿de qué sirve la denuncia telefónica si tú lo estás viendo?’ y ‘¿cómo es que atendieron tan rápido una denuncia de supuesta tala de mangles contra los pobladores?‘”, señala Francisco.

Después de esa visita se giraron siete denuncias penales y las tres órdenes de aprehensión contra los pobladores de Sisal. 

Hay más casas deshabitadas que viviendas de locales

“La vida se nos encareció”, dice Graciela*, una guía de naturaleza local. Reunida con Jaltun junto a la ex granja camaronera, señala las banderitas rojas y estacas que sobresalen en el manglar. Ese espacio ya está loteado para la venta. Afirma que la venta del puerto a extranjeros comenzó a partir de Patricio Patrón Laviada, ex gobernador de Yucatán entre el 2001 y 2007, pero que en los últimos diez años ha habido una aceleración. “Es una problemática que nos heredaron”, sentencia.

Algunas casas están hechas para rentarse, otras son de descanso de personas que solo viven ahí por temporadas. Es el caso de los canadienses. Las propiedades de veraneo existen en la costa de Yucatán desde el siglo XIX pero fue en la década de los años 50 y 60 cuando se expandió a otras comunidades costeras como Sisal, de acuerdo con el estudio “Urbanización del espacio rural y resistencia social en el Pueblo Mágico de Sisal, Yucatán” de Eliana del Pilar González Márquez y Ana García de Fuentes.

“El rápido ritmo de transformación del uso de la tierra y las crecientes tensiones que surgen entre las poblaciones pesqueras locales contribuyen al desplazamiento social, empeoran las disparidades de poder entre los actores involucrados en los proyectos de desarrollo urbano e intensifican la pérdida del patrimonio natural de las comunidades rurales. El valor del espacio rural que antes se vinculaba a la calidad de las tierras ahora es reemplazado por su localización”, explica el estudio citado anteriormente.

Ya en el último Censo de población y vivienda del INEGI, realizado en 2020, se expuso que Sisal tenía más casas deshabitadas o de uso temporal (864) que habitadas (604).

Por otro lado, una quinta parte de los alojamientos de corta estancia en México operan en la Península de Yucatán, de acuerdo con una investigación reciente de Quinto Elemento Lab. Jaltun accedió a datos del mapeo generado a partir de esa investigación en la que se detalla que en Sisal hay 137 Airbnbs operados por 87 anfitriones distintos. El precio de los alojamientos va de los 1,941 pesos hasta los 12,749 la noche. 

“No nos beneficia económicamente y solo nos dejan su basura”

“Todas esas casas que vimos, a futuro, van a contaminar con sus aguas negras a flamencos y eso ya es un empleo menos ¿no? Ya el turismo no va a venir aquí”, dice Graciela.

Explica que todos los días pasan camiones que limpian la basura y desechos de las nuevas construcciones, pero que nadie sabe adónde terminan esos desperdicios. Señala que incluso los lotes vacíos cuentan con medidores de luz mientras que el suministro eléctrico del pueblo depende de instalaciones sin mantenimiento.  

“Nos va a afectar también con el agua potable porque necesitarán pozos. Y los pozos son una extracción de agua dulce. No sabemos ni siquiera si tienen permiso para la extracción de agua”, agrega. 

Muchas de las construcciones están entre el mar y el manglar, en el área inundable de la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte. No hay infraestructura pero incluso si la hubiera, las construcciones representan una demanda de agua y electricidad que sobrecargan la zona protegida.

“Ahorita no lo vemos, pero a futuro nos va a afectar un chingo. Estas personas no consumen, no bajan al pueblo, no nos compran ni nos benefician en nada pero sí nos dejan toda su basura”, dice la guía.

A pesar de todo, la lucha sigue

Tras seis años de lucha y varios compañeros criminalizados, el pueblo de Sisal asuma que las autoridades federales y estatales no tienen interés en escuchar a la comunidad. Sin embargo, su lucha por el territorio y la supervivencia de las familias que lo habitan continúa. 

Los pobladores subrayan que no está mal que se implementen programas de restauración promovidos de forma oficial. Pero que ese tipo de iniciativas, en tanto no se hace nada respecto de las inmobiliarias que devastan hectáreas enteras, sólo sirve para instalar la idea de que los organismos están haciendo algo. 

“Traen un proyecto para que la gente de Sisal haga restauración y digan que están trabajando. Mientras, las inmobiliarias siguen destruyendo. Es triste porque ya somos pocos los que queremos frenar esto. Y lo haremos hasta donde podamos”, concluye Francisco.

*Los nombres fueron cambiados a solicitud de las personas entrevistadas por motivos de seguridad.