El negocio turístico del Tren Maya desplaza a trabajadores indígenas en Chichén Itzá
Publicado 11 junio, 2026
El conflicto actual en Chichén Itzá ocurre con el cierre del parador turístico tradicional en favor del nuevo Centro de Atención a Visitantes (Catvi), una infraestructura vinculada al megaproyecto Tren Maya y que la comunidad de Pisté denuncia como un intento más del gobierno federal y sus empresarios allegados por monopolizar la explotación turística del área arqueológica. Esta situación afecta la economía de 2 mil familias que vendían sus artesanías en la zona, además de proveer servicios de guía, transporte y comida. Desoyendo el pedido de las y los pobladores de Pisté, el INAH y Cultur mantienen su negativa a reabrir los antiguos puestos de ventas.
“Nos vamos a morir de hambre”, dice un ejidatario y artesano de Pisté, comunidad del municipio de Tinum, al oriente de Yucatán. Durante 42 años vendió piezas labradas en madera y ropa artesanal en un local del tianguis que tanto él como cientos de personas rentaban cerca de la taquilla de acceso al sitio arqueológico de Chichen Itzá. Todo cambió hace dos semanas, cuando las autoridades federales clausuraron ese espacio para luego abrir el Centro de Atención a Visitantes (Catvi), en otro intento por acaparar el negocio turístico.
El sitio arqueológico de Chichén Itzá recibe un promedio de 2.1 millones de visitantes anuales y 7 mil diarias. Es uno de los lugares turísticos más importantes del país, llegando a recibir hasta 30 mil turistas al día en fechas como el Equinoccio de Primavera.
Por lo tanto, gran parte de la economía de las comunidades circundantes como Pisté, Yodzonot y X-kalacoop depende de los servicios relacionados con el turismo que genera Chichén Itzá. Estacionamientos administrados por pobladores, guías de turistas certificados del pueblo, artesanas y artesanos, cargadores, choferes de taxis y mototaxis, familias que venden comida en las calles, son la fuerza trabajadora de toda esa zona.
Tradicionalmente, Chichén Itzá movía la economía del pueblo de Pisté. Ahora, todos los servicios están monopolizados de forma oficial a través de Grupo Mundo Maya, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur).
Grupo Mundo Maya es el negocio corporativo del Ejército Mexicano, y cuyo director es el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal. La firma es dueña de 12 aeropuertos, 7 hoteles (todos en la Península de Yucatán), 4 parques, 2 museos y 18 estaciones de combustible y servicio.
Sin avisar que el parador tradicional se cerraría, Grupo Maya construyó en Chichén Itzá su propia entrada para tener una mejor conectividad con el resto de los negocios que controla en la zona: la estación del Tren Maya Chichén Itzá —ubicada a 4 kilómetros—, el Hotel Mundo Maya Chichén Itzá —distante 1.8 kilómetros— y el Gran Museo de Chichén Itzá. Incluso estableció un camino nuevo para que los turistas lleguen desde el Tren Maya directamente al Catvi sin tener que pasar por el pueblo.
“Construyeron ese camino para que se tengan que subir a su tren al que no se sube nadie y pasen por su hotel vacío. Esto es para que su ruta funcione y no puedes decir nada porque es pelear con el ejército, ¿cómo vas a pelear con el ejército?”, dijo a Jaltun un guía de turistas que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.
La gran mayoría de los guías también se vio afectada y, tras los cambios ejecutados por el gobierno federal, la única alternativa que les queda es ponerse en la carretera bajo el sol a ofrecer sus servicios. Sólo un número reducido de guías puede estar dentro del perímetro de la zona arqueológica.
Un centro de trabajo militarizado
De los tres estacionamientos de la zona administrados por pobladores solo uno está disponible: los otros dos quedaron atrapados en la vieja entrada asegurada por policías estatales. Personas del pueblo señalaron a Jaltun que los uniformados permanecen día y noche en ese punto, a veces acompañados de la Guardia Nacional.
En paralelo, distintos empleados de Cultur también hacen guardia y bloquean el paso al tianguis donde solían trabajar los artesanos, a quienes expulsaron recientemente. Sólo permiten el ingreso a aquellas personas que piden recoger la mercancía retenida tras el cierre. Tanto los policías como los trabajadores de Cultur no dicen que está clausurado. Por el contrario, aseguran que esa área está “en remodelación” mientras que los ejidatarios sostienen que lo que viene es la privatización de dicho espacio.
Jaltun solicitó permiso para tomar fotografías de la remodelación pero Gonzalo Lee, jefe de departamento en Cultur, negó el paso aludiendo que para poder efectuar esa tarea primero debe gestionarse una solicitud en las oficinas del organismo en Mérida.
Con pesar, un ejidatario que coadministra el único estacionamiento que dejaron abierto dice que ya no se puede ingresar a Chichén Itzá por ese lado. Subraya que no tiene caso estacionarse en su local porque la nueva entrada “está muy lejos” y señala la carretera a seguir hasta llegar al Catvi.
La carretera hacia el Catvi se pavimentó un día antes de su inauguración oficial, ocurrida el 27 de marzo, en una acción que terminó de confirmar las sospechas de que el parador tradicional se clausuraría.
Parte del camino hacia el Catvi está deforestado y con banderitas rojas que permiten suponer un loteo de los terrenos arrasados. A escasos metros antes de llegar al estacionamiento oficial, que cobra a razón de 124 pesos por auto particular, un grupo de pobladores ofrece otro estacionamiento a 80 pesos “y con sombra”, algo que no tiene el Catvi.
“Es un castigo para el pueblo. No tenemos a dónde ir, no sabemos qué hacer con nuestra mercancía que sigue ahí en el mercado. Esta calle se llenaba de gente que vendía comida, y ahora ya ni vienen porque de todos modos no venden nada”, comentó una artesana.
La nueva taquilla de Chichen Itzá tiene su propio restaurante: Oxtun Express, donde un litro de agua cuesta 65 pesos, el equivalente a tres artesanías de silbato de jaguar. Ofrece un menú digital en cinco idiomas y ninguna competencia en todo el complejo turístico. Oxtun pertenece a la empresa Taco Maya S.A. de C.V. de Fernando Barbachano Losa.
Fernando Barbachano Losa proviene de una familia rica yucateca que compró tierras de Chichen Itzá, Uxmal y Cozumel a partir de los años veinte del siglo pasado. O sea, antes de la fundación del INAH. Artículos sobre la historia yucateca y distintas publicaciones de la prensa nacional a través de los años describen a la familia Barbachano como una “dinastía del turismo” que comenzó a principios del siglo XIX.
En esa época, Fernando Barbachano Peón fundó Mayaland Tours, la primera agencia de viajes internacionales que llevaba investigadores extranjeros a la zona. Posteriormente, su descendencia puso en marcha el Hotel Mayaland, que está dentro de la zona arqueológica de Chichén Itzá y es el mismo que Fernando Barbachano Herrera acaba de perder en un juicio por fraude y despojo. Esto último, a partir de una disputa con otro empresario, Rodolfo Rosas Moya, de la Inmobiliaria R4.
“Ellos lo que quieren es que todo ocurra en sus instalaciones. Incluso los tours tienen indicaciones explícitas de que deben llegar y estacionarse en el Catvi, consumir en el Catvi, comprar en el Catvi. Tienen 30 minutos para caminar en Chichén Itzá y regresar”, explicó Bia’ni Madsa’, asesora del Concejo Indígena de Gobierno de la Comunidad Maya de Pisté, en diálogo con Jaltun.
El inicio de la protesta
El Catvi se inauguró el 27 de marzo pasado como una de las obras complementarias del Tren Maya y sin que hubiera un diálogo formal con los trabajadores turísticos de Pisté, ni mucho menos con la comunidad maya. Está conformado por un estacionamiento de casi 2 hectáreas, un Gran Mercado de Artesanías con 235 locales, cinco módulos de atención para guías de turistas, un restaurante, y una taquilla que se unificó. Antes, los boletos de acceso y los pagos estaban separados entre el Gobierno del Estado de Yucatán y el INAH.
“Hubo algunas reuniones informales con grupos de artesanos y guías donde les decían que se iba a inaugurar el CATVI pero había información contradictoria y nada por escrito. Los funcionarios llegaban a hablar de los beneficios del proyecto y a dar muchas promesas pero ninguna información oficial acerca de lo que implicaba”, afirmó Madsa’.
Los primeros en protestar fueron las y los artesanos, que suman cerca de 700 individuos. Algunas de estas personas tenían un puesto en el tianguis de la entrada mientras que otras estaban dentro de la zona arqueológica. La primera versión que escucharon del INAH y Cultur fue que sacarían a todos los puestos ubicados dentro de la zona arqueológica para reinstalarlos en los locales del Catvi.
En 2023 el INAH también intentó expulsar a los artesanos que estaban dentro de la zona arqueológica, quienes se organizaron para protestar durante diez días hasta que fueron escuchados.
“Es bien curioso que ahora las autoridades cambien la versión. Ahora dicen que pueden mantener su lugar dentro del sitio y además utilizar el Catvi. Así ha sido la comunicación. La comunidad tiene que estar adivinando lo que va a pasar porque no firman nada, no dan documentos. Un día proponen algo y al día siguiente cambian de parecer”, agregó Bia’ni Madsa’.
El INAH tiene hecho un censo de los titulares de cada puesto de artesanías. Se estima que cada uno de estos puestos da trabajo a por lo menos tres personas, incluyendo un cargador que transporta la mercancía, monta y desmonta el tenderete.
Cuando comenzó la protesta, los artesanos acordaron que no se mudarían al Catvi y, por el contrario, reafirmaron que se quedaría en la entrada tradicional. Sin embargo, el INAH ofreció 10 mil pesos a algunos titulares del padrón y logró aceptaciones. Además, el organismo habilitó el ingreso de vendedores que nunca antes habían trabajado dentro del sitio arqueológico.
“Algunas personas se vendieron por 10 mil pesos, y hoy están buscando qué comer, qué hacer, porque las ventas han bajado”, reconoció un guardia.
Aunque el total de artesanos es casi tres veces mayor al número de locales disponibles en el Catvi, actualmente la mitad de las locaciones se encuentran vacías. En paralelo, los trabajadores en el lugar se quejan del calor, pues todo el Catvi es una plancha de concreto donde no hay un solo árbol capaz de dar sombra.
El espacio en general es hostil para las personas mayores y con discapacidad pues el camino para atravesar el estacionamiento, el mercado y la taquilla es largo y carece de techo.
Dentro de Chichen Itzá, los artesanos que pueden vender en el área prácticamente rematan sus artesanías: algunas con precios en torno a los 1.600 pesos son rebajadas hasta alcanzar un valor en torno a los 500. “Casi gratis” dicen algunos, mientras ofrecen una figura de madera y un silbato de jaguar a sólo 20 pesos.
Las negociaciones fallidas con el Concejo Maya
El 31 de marzo, el Concejo Indígena de Gobierno de la Comunidad Maya de Pisté emitió un comunicado anunciando que los trabajadores se reorganizarían para minimizar los impactos del cierre y establecer una mesa de negociaciones con el INAH. La petición principal fue y sigue siendo la apertura del parador tradicional para que los trabajadores de estacionamientos, comida, guías de turistas, artesanos y mototaxis puedan seguir trabajando como lo venían haciendo desde hace décadas.
El 18 de mayo, durante una mesa de negociación, la población supo que la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública cerrarían el paso al parador turístico con unas estructuras metálicas. Esto rompió el diálogo establecido y provocó un conflicto más profundo, llevando a los trabajadores a instalar un campamento fuera de la zona arqueológica y a derribar las vallas que se instalaron.
“El INAH siempre ha dado un no rotundo a la apertura del parador tradicional. A pesar de que la población ha sido flexible y no pide ni siquiera que se cierre el Catvi sino que por lo menos mantengan ambas”, reconoció Madsa’.
Además del Catvi y el parador tradicional, existe una tercera entrada que hoy funciona sin ningún tipo de discusión: el acceso directo a la zona arqueológica que posee el hotel de lujo Mayaland.
Durante dos semanas, Chichén Itzá estuvo cerrada por las protestas. Sin embargo, la presión económica llevó al Concejo Indígena a aceptar la reapertura y continuar las exigencias desde la vía legal mediante una demanda de amparo. Hasta ahora no ha habido un nuevo diálogo entre las autoridades federales y la población.
“Le quitaron el pulmón al pueblo”, se lamenta un guía de turistas sin disimular su enojo. Dice que algunos de sus compañeros fueron utilizados incluso por la prensa alineada con las autoridades federales y el empresariado para que el público en general crea que la apertura del Catvi generó alegría en la comunidad.
La realidad es completamente distinta: junto a la antigua entrada a Chichén Itzá ya no se ven mototaxis, guías o vendedores ambulantes. Tan sólo persiste la presencia de un grupo de ejidatarios que se quedó sin trabajo y afirma que, con este cambio aplicado al área arqueológica y su explotación comercial, lo que viene es “morirse de hambre“.
