La comunidad maya de Punta Laguna resiste la anexión a la Riviera

En el límite entre Yucatán y Quintana Roo, una comunidad maya resiste el embate de políticos y empresarios que codician la selva que han protegido por generaciones. La disputa por este territorio, ligado a Valladolid, Yucatán, pero que Quintana Roo reclama como propio, revela los intereses detrás del Tren Maya y el turismo de la Riviera. Las y los pobladores de Punta Laguna defienden su pertenencia al estado de Yucatán, mientras que Quintana Roo utiliza hasta la presión militar en sus intentos por anexarse a la comunidad y su área natural.

“Nosotros estamos para cuidar, seguir valorando, seguir preservando nuestro lugar”, dice Augusto Canul, integrante de la cooperativa Nahil Tucha que su familia fundó en Punta Laguna. Se trata de un territorio en disputa desde hace décadas debido a que es la puerta de entrada al Área de Protección de Flora y Fauna Otoch Ma’ax yetel Kooh, que en español significa “la casa del mono araña y del puma”.

Desde hace años, la familia Canul ha sostenido en esa zona un modelo de ecoturismo de bajo impacto que, echando mano de su conocimiento profundo del monte, preserva el ecosistema. Al mismo tiempo, la actividad garantiza un ingreso económico para los pobladores de esta comunidad maya, ubicada en los límites territoriales de Yucatán con Quintana Roo.

Mario Canul, comisario municipal de Punta Laguna nombrado desde Valladolid, lo resume claro: “A nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres, nos enseñaron a cuidar la selva y los animales. Punta Laguna es de los pocos lugares que está así de conservado. En otros lugares esto ya no existe. La verdad que lo que tenemos es algo hermoso, y también es nuestra área de trabajo: es nuestra riqueza”.

Mientras dialoga con Jaltun, un grupo de monos araña se pasea muy cerca. Asombrado, Mario, explica las particularidades de esta especie.

“¿Sabías que los monos araña migran a otro territorio para reproducirse y formar su propio grupo? O sea, no se aparean entre familia, algo que deberíamos de aprenderles”, dice el comisario entre risas, quien también ha servido de guía para turistas y académicos interesados en estudiar a esta especie y otras que habitan en Otoch Ma’ax yetel Kooh.

“Todo esto es lo que se quieren robar los de Solidaridad”, remata, haciendo referencia a los intentos que ese municipio de Quintana Roo –rebautizado Playa del Carmen en marzo de 2025– viene haciendo desde hace años para anexar a la comunidad de Punta Laguna a su territorio.

“Esta es la riqueza que durante mucho tiempo permaneció oculta a los gobernantes de Quintana Roo, y que después de que la han despreciado, ahora quieren apropiarse”, enfatiza Canul.

La lucha por el paraíso

El conflicto inició hace muchos años, en la década de los 90, cuando se creó el municipio de Solidaridad. En esa misma época, además, los estados de Quintana Roo y Campeche comenzaron a discutir límites territoriales con Yucatán.

En particular, efectuaron reclamos en torno a zonas asociadas al famoso punto Put, e intentaron imponer algún tipo de control político y administrativo sobre comunidades limítrofes ubicadas en los municipios yucatecos de Chemax, Tekax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Peto, Tzucacab y Chikindzonot.

Al margen de esa situación, los gobiernos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche aprovecharon el caos para deslindarse de brindar servicios públicos a las comunidades en disputa. Sin embargo, no fue sino hasta 2019 cuando el conflicto escaló.

Ese año, el estado de Quintana Roo publicó el Decreto 303 que modificó sus límites territoriales y estableció la anexión de varias comunidades de los municipios yucatecos involucrados en la disputa. Punta Laguna fue una de ellas, y por ende, también la reserva Otoch Ma’ax yetel Kooh. El área en cuestión ya funcionaba como Área Natural Protegida a partir de un decreto de 2002.

También ese mismo año, la familia Canul inauguró la cooperativa Nahil Tucha, que incorporó a 30 familias del pueblo para realizar actividades que van desde la guía de turistas a través de la reserva ecológica hasta la conservación y protección de especies como el chicozapote, mejor conocido como el árbol del chicle. Además, sus integrantes comenzaron a efectuar tareas de monitoreo de especies como el mono araña y el jaguar.

A partir de esas actividades, que persisten hasta hoy, quienes integran Nahil Tucha mantienen un vínculo constante con académicos de universidades nacionales y estatales, así como también con autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que reconoce a la cooperativa como un colectivo especializado en el cuidado de la biodiversidad.

Los Canul fundaron Punta Laguna hace más de 60 años, cuando sus ancestros escaparon de hacendados y se asentaron en ese paraje, que ya conocían desde antes. “Nuestros abuelos recordaban que aquí había una laguna, y que era un sitio de los ancestros“, dice Mario Canul.

La historia le da la razón, pues de acuerdo a registros antropológicos, el sitio que hoy es Punta Laguna fue un centro ceremonial de la cultura maya mucho más antiguo que Cobá. De hecho, dentro de la reserva hay un cenote en el que aún permanecen restos de los sacrificios que los mayas realizaban durante algunos rituales.

Toda esta riqueza natural y cultural es la que se mantiene en riesgo de anexión. Durante los primeros años de la década de 2000 la amenaza de pasar a formar parte de Quintana Roo no pasó del rumor.

Quintana Roo refuerza su ofensiva para anexarse Punta Laguna

Sin embargo, en 2020, un político local se presentó en la comunidad con la familiaridad de quien visita su propia casa, pero sin la cortesía de tocar la puerta. Su nombre: Chano Toledo, exregidor del municipio de Solidaridad, quien llegó a Punta Laguna con reporteros y una lona que decía que ese pueblo maya era parte de Quintana Roo.

“Este amigo llega y pone su lona diciendo que todo esto ya es territorio de Quintana Roo. Yo me acerco y le pongo un alto, pues en ese entonces yo era autoridad, representante del pueblo, y no estaba informado. ¿A quién le había pedido permiso este político para venir a hacer esto?”, recuerda Augusto Canul, quien en ese entonces era comisario municipal designado desde Valladolid.

La excusa del exregidor fue que unos vecinos lo habían invitado al pueblo. Pero Augusto fue tajante: “Le dije que yo no lo había solicitado, y que pues yo era la autoridad, y al final el que tenía la última palabra”.

El político se fue, pero las amenazas ya habían llegado a Punta Laguna. A partir de ese momento no fueron pocos los espacios donde funcionarios de Quintana Roo intentaron comprar a integrantes de la comunidad, ofreciendo dinero y trabajos en el gobierno para que aceptaran la anexión de su territorio al municipio de Solidaridad.

En paralelo, los funcionarios llegaban a la comunidad ofreciendo programas federales, como el Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, disfrazados de apoyos exclusivos a cambio de que la población consintiera ser anexada a Quintana Roo.

A la vez, argumentaban que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) había elaborado un mapa con los límites territoriales entre Yucatán y Quintana Roo, situando a Punta Laguna como parte del municipio de Solidaridad.

La familia Canul, intrigada, fue directamente a las oficinas del Inegi a cuestionar la medición. Aseguran que uno de los topógrafos dijo que la medición no podía ser determinante o exacta y que, en dado caso, tampoco podría ser un argumento legal para justificar la anexión.

Los funcionarios continuaron insistiendo, y en no pocas ocasiones, el gobierno de Solidaridad envió policía municipal al poblado de Punta Laguna como una medida de intimidación, según califican los pobladores.

Inclusive, en varias ocasiones, relataron integrantes de la familia, uniformados de la Marina detuvieron a pobladores, encañonándolos bajo el argumento de combatir al crimen organizado que azota sobre todo al estado de Quintana Roo.

“Una vez me pararon y me tuvieron apuntado, preguntándome si era un halcón. Yo les decía que portaba mi radio porque trabajo en la reserva, pero esta situación se ha repetido varias veces, incluso con niños”, señala Augusto Canul.

Las ofertas de dinero y empleo, el uso de programas sociales y la intimidación, en lugar de convencer, confirmaron las sospechas de los pobladores, quienes reiteran que la intención de anexar su territorio no es más que un interés económico. Y que, por ende, la defensa de la comunidad debe dejar de ser solo un tema de límites para convertirse en la defensa de un patrimonio biocultural que alguien codicia desde afuera.

La expansión de la Riviera “Maya”

Punta Laguna se encuentra a dieciocho minutos de Cobá, y a una hora de las costas de Tulum. Se trata de una zona que ha sufrido la expansión acelerada de desarrollos inmobiliarios de lujo destinados a satisfacer una demanda turística posicionada a nivel mundial. En los últimos gobiernos, la Riviera Maya se ha vuelto clave para el desarrollo de proyectos federales como la ampliación y modernización de la Carretera Federal 307 o el mismo Tren Maya.

Aunque el megaproyecto ferroviario, al menos en su planeación inicial, prometía la incorporación de cooperativas de turismo comunitario como aliadas, en la práctica la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha hecho más que asociarse con empresarios que históricamente se han beneficiado de la explotación de la cultura y el territorio de las comunidades mayas.

El caso más reciente documentado por Jaltun es Chichén Itzá, donde las decisiones de un grupo empresarial encabezado por militares ha desplazado a las artesanas y artesanos de Pisté, pero no a la familia Barbachano, que posee un hotel dentro del sitio arqueológico.

La ubicación de Punta Laguna es estratégica, pues se encuentra en la traza que conecta a la estación Nuevo Xcan con Cobá y Tulum –donde los militares planean la construcción de dos hoteles con participación del gobierno de Quintana Roo–. De hecho, en los videos con los que la empresa Tren Maya promocionó el megaproyecto, Punta Laguna aparece como uno de los sitios atractivos donde se buscaría potenciar la actividad turística.

Sin embargo, el gobierno federal, en vez de involucrar directamente a la cooperativa que gestiona la reserva de Otoch Ma’ax yetel Kooh –quienes reciben recursos para su operación de instancias federales y el gobierno de Yucatán–, entabló cercanía con empresarios y políticos de Quintana Roo.

Por ejemplo, en junio de 2020, el entonces director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, Eduardo Ortiz Jasso, informó la existencia de un proyecto para construir un Tren Ligero o un nuevo ramal del Tren Maya que conectara la estación Nuevo Xcan con la zona arqueológica de Cobá, distante 47 kilómetros.

El proyecto, necesariamente, tendría que desarrollarse en la ruta que cruza por los poblados de Nuevo Durango, Tres Reyes, Punta Laguna, Hidalgo y Cortés y Chanchén. La proyección explicaría, entonces, el interés del gobierno de Quintana Roo por anexionar Punta Laguna y, también, el involucramiento de funcionarios federales en la presión hacia el pueblo.

Ligado a esto, los pobladores denuncian que la delegación regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas incorporó a Punta Laguna como parte del catálogo de comunidades mayas que pertenecen a Quintana Roo. Esto, claro, sin realizar una consulta al interior de la comunidad.

Las familias de Punta Laguna y la pertenencia al estado de Yucatán

Otro caso es el involucramiento de Fernando Orozco Ojeda, director regional de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas para la Península del Caribe Mexicano quien, de acuerdo con la familia Canul, insistió en sobremanera para que los pobladores de Punta Laguna acepten anexarse a Quintana Roo.

“Yo no sé qué interés tenía él, pero siempre se me hizo bastante raro“, señala Augusto Canul.

Ese mismo funcionario, de acuerdo a otros registros periodísticos, ha sido constante en su negativa a desterrar los desarrollos inmobiliarios privados que, de forma ilegal, se asentaron en años recientes en la reserva ecológica del Parque del Jaguar, en Tulum.

“Por eso nosotros no queremos ser parte de Quintana Roo. Allá los empresarios destruyen y privatizan todo, mientras aquí somos nosotros quienes cuidamos de la selva”, dice Mario Canul, argumentando que, al menos hasta ahora, el gobierno de Yucatán no ha dado muestras de querer imponerse en la gestión que el pueblo de Punta Laguna hace de la reserva.

Por supuesto que nadie olvida que el gobierno yucateco a lo largo de su historia también ha sido un férreo aliado de los intereses empresariales en detrimento de los derechos y las libertades de las comunidades campesinas e indígenas.

Que Punta Laguna es un sitio estratégico es un aspecto que parece no estar en discusión. A eso respondería, por ejemplo, la decisión del Congreso de Yucatán de publicar, el pasado 15 de julio y en el Diario Oficial del Estado, un decreto —208/2026— donde reafirmó que la comunidad y sus zonas aledañas son parte del municipio de Valladolid.

La decisión fue celebrada por los habitantes de Punta Laguna, aunque no resuelve de fondo una controversia constitucional de 2019 que deja en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión de establecer si ese pueblo maya pertenece a Yucatán o, en todo caso, a Quintana Roo.

Optimistas, quienes integran la familia Canul concluyen: “Nosotros lo que queremos es que nos dejen en paz. Somos mayas, yucatecos. No nos interesa su politiquería, lo que nos interesa es que nos dejen seguir resguardando la selva de los negocios que solo la depredan, y eso es lo que estamos haciendo. Y a quien se oponga les daremos pelea. Somos los herederos del legado de nuestros ancestros, y aquí vamos a defender lo que es nuestro“.