Tras 40 años de control del INAH, Telchaquillo exige la coadministración de la sagrada Mayapán

La comunidad maya sigue adelante con el proceso judicial para coadministrar la zona arqueológica de Mayapán, controlada de forma unilateral por el INAH a lo largo de décadas. Las y los habitantes de Telchaquillo exigen que se reconozca y respete el vínculo histórico con un sitio considerado sagrado por la mayanidad y ponen a prueba la reforma al artículo 2° constitucional. En respuesta, el INAH demandó penalmente a dos personas defensoras del territorio.

Telchaquillo, en el municipio de Tecoh, buscar convertirse en el primer pueblo maya en Yucatán en coadministrar su patrimonio cultural. En concreto, exige participar en las decisiones que se tomen sobre el funcionamiento y destino de la zona arqueológica de Mayapán, en la actualidad bajo control exclusivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Desde el 7 de noviembre de 2023, la comunidad mantiene el área cerrada en señal de protesta por esa misma causa. Denuncia que el Estado mexicano se ha apropiado de este centro ceremonial, ubicado en terrenos ejidales de Telchaquillo, por alrededor de 40 años sin mediar ningún acuerdo y sin que la población haya recibido algún beneficio de su explotación turística. En respuesta, el INAH demandó penalmente a dos personas defensoras por el delito de supuesta obstrucción de obra pública.

Según Gladis Uc Flores, integrante del Comité de Lucha Indígena de Telchaquillo y una de las denunciadas penalmente por la institución, el punto de quiebre con el INAH fue en 2023 cuando la esposa del comisariado ejidal anterior —Gregorio García— fue expulsada por los custodios contratados por el organismo por intentar vender productos a los visitantes de Mayapán.  

“Somos los nietos de las personas que habitaron en ese lugar, y mantenemos una conexión espiritual con el sitio. Mayapán se convirtió en un monopolio donde la población local era tratada de forma irrespetuosa. A partir de ese suceso, los abuelos fueron contando cómo les habían desplazado de los espacios cercanos a Mayapán, donde sembraban su milpa. Si se movía una piedra, enseguida algún empleado del INAH les decía que les iban a acusar. Les metieron miedo y dejaron de trabajar su tierra con tranquilidad”, cuenta Uc Flores. 

Mayapán es considerada la última ciudad de la cultura maya del Posclásico. Posee cerca de 4 mil estructuras que albergaron a una población de 12 mil habitantes. Hoy todavía tiene un significado por demás relevante para la población de Telchaquillo, ejido al que pertenecen las 14 hectáreas de tierra donde se asienta la zona arqueológica. 

La presión del INAH por expropiar las tierras

Tras el cierre de la zona, el entonces director del INAH, Diego Prieto Hernández, intentó negociar con 286 ejidatarios un “convenio de ocupación previa” por 9 millones de pesos. Su objetivo era que, precisamente, el ejido renunciara a la las tierras de Mayapán a cambio de dicho monto.

Ese convenio representaba un paso previo a la expropiación del sitio, así lo explicó a Jaltun Flavio Ayuso, fundador de Taller Agrario y actual abogado asesor del Comité. Adicionando que tanto el INAH como el comisariado ejidal anterior intentaron manipular a la asamblea para acelerar el proceso de despojo. 

El 7 de noviembre de 2024, Diego Prieto Hernández —ahora con cargo en la Secretaría de Cultura federal— visitó Telchaquillo acompañado por Ana Goicolea Artis, delegada del INAH en Yucatán, para preguntar a los ejidatarios si iban a aceptar o no el pago de 9 millones de pesos y la consecuente firma del convenio. 

En esa reunión declaró que, desde su apertura, el Estado mexicano invirtió 100 millones de pesos en Mayapán en restauración, mantenimiento y difusión. Dijo, también, que las arcas federales recaudaron 13 millones 158 mil 285 pesos en concepto de entradas vendidas, previo al cierre del área por parte de las y los vecinos. Y que la zona arqueológica recibía un promedio 50.000 visitas anuales.

Tras las cuentas, Prieto Hernández argumentó que lo cobrado “no alcanzaba” para pagar a los ejidatarios de Telchaquillo más que lo ofrecido.

Los ejidatarios respondieron que el INAH fue creado en 1939 para, precisamente, hacer ese mantenimiento arqueológico. Y que, desde un inicio, el organismo contó con presupuesto para esa tarea. Es decir, que su financiamiento nunca dependió de los ingresos por venta de entradas. “¿Por qué nos quieren echar en cara ese dinero?”, preguntó, en aquel momento, uno de los ejidatarios. 

El mismo Prieto Hernández declaró que el INAH fue cerca de cinco veces al pueblo para tener reuniones con el ejido. Y reconoció que nunca dejó una copia del convenio que buscaba concretar. Ese mismo día de noviembre de 2024, encarado por uno de los ejidatarios que solicitó una copia, el funcionario entregó la única que tenía en mano. 

Después de ese encuentro fallido con las autoridades, en diciembre de 2024 el Comité de Lucha Indígena de Telchaquillo interpuso una demanda, técnicamente una “controversia agraria”, contra el INAH ante el Tribunal Agrario para solicitar la anulación de asambleas irregulares. Exigió, también, una indemnización por la ocupación de terrenos ejidales y patrimoniales sin consulta previa ni participación de la comunidad, además de solicitar un acuerdo para la coadministración del sitio. A pesar de que el proceso legal estaba en curso, en febrero de 2025 el INAH comenzó obras de remodelación dentro y fuera de la zona arqueológica, en un supuesto intento de reocupación.

La comunidad no lo permitió y comenzó a hacerse cargo de la limpieza del lugar. También volvió a realizar ceremonias mayas después de 40 años de no hacerlo en ese sitio. En marzo de ese mismo año, Diego Prieto Hernández regresó al pueblo para intentar convencer al ejido de firmar un nuevo convenio.

“Durante su intervención (Diego Prieto Hernández) nuevamente criminalizó a los asesores jurídicos de la comunidad (…) La comunidad ha planteado un mecanismo sencillo y eficaz para alcanzar un acuerdo: que cualquier propuesta sea presentada por escrito ante el Tribunal”, escribió el Comité de Lucha Indígena de Telchaquillo el 12 de marzo de 2025.

En diciembre de ese mismo año, tras admitir la demanda, el Tribunal Agrario Número 34 en Mérida le otorgó a la comunidad medidas cautelares que prohíben al INAH ejecutar cualquier convenio de ocupación previa.

Unión entre pobladores y ejidatarios 

El 19 octubre de 2025, los y las ejidatarias de Telchaquillo eligieron a un nuevo comisariado ejidal, con 95 votos a favor y 83 en contra. El ganador: Filiberto Martín Uc. Su antecesor, Gregorio García, respaldaba el convenio del INAH.

“Con la presencia de la representante de la Procuraduría Agraria, Estefani Chi, la asamblea se desarrolló sin inconvenientes y en paz, en un ejemplar ejercicio cívico de elección, con las formalidades de la ley y concluyó con voladores en un ambiente festivo porque todo Telchaquillo ganó”, publicó el Comité de Lucha Indígena de Telchaquillo mediante un comunicado.

Para lograr este cambio de comisariado, hubo un proceso largo de concientización con la población entera, explicó Gladis Uc. Tanto ella como Flavio Ayuso reconocen la importancia de involucrar a toda la comunidad y no solamente a los ejidatarios en los aspectos que inciden en el territorio y que se manifiestan en muchas ocasiones en este tipo de conflictos.

“Más que hablar de ejidatarios, podemos hablar del ejido como sujeto colectivo. Lo que vemos ahora es que tanto la comunidad como el comisariado ejidal actual lograron ponerse de acuerdo”, recalcó Ayuso. 

Una de las primeras acciones del comisariado encabezado por Filiberto Martín Uc fue presentarse al Tribunal Unitario Agrario para dar seguimiento al proceso jurídico de la defensa del sitio sagrado de Mayapán. Así, y en línea con lo anterior, el conflicto dejó de ser un tema de ejidatarios para volverse un reclamo de la comunidad completa contra el Estado mexicano.

“El nuevo comisariado convocó a una asamblea y planteó el conflicto que está en el Tribunal Agrario. El nuevo comisariado reconoció que el convenio de ocupación previa que se pretendía aprobar estaba amañado y era ilegal”, explicó el abogado.

Avance del juicio

El juicio se presentó en diciembre de 2024 y, hasta enero de 2026, la comunidad logró una medida precautoria para que no se ejecute ningún tipo de convenio de ocupación previa. A partir de una sentencia de amparo, un juzgado federal ordenó a la magistrada del Tribunal Agrario Número 34 de Mérida que emita un nuevo acuerdo donde se tomen en cuenta las medidas cautelares solicitadas por los ejidatarios.

Ayuso explicó a Jaltun que las autoridades ya fueron notificadas y respondieron a las demandas. Se refirió a la respuesta del INAH comentando que el organismo citó a las Leyes de Indias —promulgadas en tiempos de ocupación por parte de la corona española— donde se establecía que “las ruinas de los edificios prehispánicos pertenecían a la Real Propiedad” y que, ya en el México “independiente”, esas “antigüedades” se transformaron en propiedades del Estado mexicano.

Al mismo tiempo, el instituto sostuvo en sus respuestas que “no es cierto que el INAH haya ocupado la zona por 40 años sin el consentimiento de la asamblea general de ejidatarios”. En sintonía con eso, aseguró que Mayapán es “producto de las culturas establecidas en el territorio nacional antes de la llegada de los españoles” y, por lo tanto, propiedad de la Nación. 

Sin embargo, entre la época prehispánica y los 40 años de administración del INAH hubo un período en que precisamente fueron los pobladores del territorio quienes conservaron el sitio.

“Nos hacen ver como incapaces de administrar nuestro propio territorio. ¿Cómo es posible eso? Si nosotros hemos habitado aquí más tiempo que ellos, que ni son de la comunidad. Esos lugares los han cuidado los campesinos durante muchos años, mientras ellos no hace tanto tiempo que están aquí”, enfatizó Uc Flores.

Para Flavio Ayuso, la respuesta del INAH es racista y discriminatoria en tanto niega el derecho de la comunidad a administrar su propio patrimonio. “Las recientes reformas en materia de pueblos indígenas dicen justo todo lo contrario: reconocen la autonomía de los pueblos. Entonces ahí también hay una contradicción y una discusión de fondo”, subrayó.

Precisamente en octubre de 2025, el Estado Mexicano reformó el artículo 2 para reconocer los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos donde se les reconoce el derecho a “Preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Se reconoce la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio, en los términos que dispongan las leyes”.

En este conflicto, apunta el abogado, se violentan derechos agrarios, como la ausencia y manipulación de asambleas ejidales, así como derechos colectivos del pueblo indígena a la libre determinación y a la gestión de su patrimonio.

Se viene una nueva audiencia en mayo

La próxima audiencia del juicio agrario es el jueves 28 de mayo. Uc anticipó que la exigencia de las y los pobladores es la coadministración del sitio en conjunto con el INAH y sin ceder las tierras. Además de una indemnización tanto por la ocupación de 40 años como por la explotación turística del sitio arqueológico sin ningún beneficio para Telchaquillo. 

De ganarse el juicio, será un precedente importante para todos los pueblos indígenas cuyos territorios hayan sido convertidos en monumentos arqueológicos controlados y administrados de forma unilateral. 

“Este caso pone a prueba el discurso del Estado Mexicano cuando habla de que los pueblos indígenas ya son sujetos de derecho y tienen más autodeterminación. Si no les permiten acceso a su propio territorio y a sus monumentos sagrados, se verá el gran contraste entre el discurso político y la práctica del Estado”, finalizó Ayuso.