Seyé busca recuperar miles de hectáreas arrebatadas y desterrar el fraude inmobiliario
Publicado 21 abril, 2026
Los campesinos de Seyé retomaron el control de la comisaría ejidal y redoblan la defensa de su territorio. Afirman que el cambio ocurre tras una década de asambleas ficticias y maniobras de sabotaje judicial. Con el padrón en sus manos, ahora van por la restitución de más de 7 mil 500 hectáreas que, señalan, fueron arrebatadas por un grupo de 18 empresarios. El rol de una exfuncionaria del Registro Agrario Nacional y el intento de consolidar otro negocio inmobiliario cercano a la carretera Mérida-Valladolid.
No hay lujos en este recinto, solo sillas de plástico, un ventilador de aspas lentas y una pila de documentos judiciales que abultan varias carpetas desgastadas por el manoseo constante. Estamos a finales de marzo y un grupo de campesinos acaba de conseguir lo que parecía imposible hasta hace apenas unos meses atrás: el control del comisariado ejidal de Seyé, Yucatán.
No es un triunfo cualquiera. Es la posibilidad de reabrir la batalla legal por 7,503 hectáreas de tierras de uso común que, sostienen los campesinos, un grupo de 18 empresarios asesorados por una ex funcionaria del Registro Agrario Nacional (RAN) les arrebataron hace más de una década. Los ejidatarios denuncian que dicho territorio fue despojado mediante un complejo entramado de asambleas ficticias, bajas administrativas masivas y sabotajes.
Felipe Cetina, nuevo integrante del Consejo de Vigilancia del comisariado electo el pasado 28 de marzo, es uno de los rostros visibles de esta nueva etapa, aunque se apresura a aclarar que él es solo un engranaje más dentro de una lucha colectiva que ha costado una década de frustraciones, amparos perdidos y traiciones procesales.
“Llevamos prácticamente desde el 2015 a la fecha. Más de diez años procurando recuperar la tierra para los ejidatarios. Los comisarios que han pasado, coludidos con los empresarios y también con las dependencias del Registro Agrario Nacional, la Procuraduría y el Tribunal Agrario, han comprado voluntades durante todo este tiempo”, comenta Cetina a Jaltun.
Sus palabras resumen el calvario jurídico y humano que ha marcado a esta comunidad desde que, en 2013, un despacho de abogados aterrizó en el ejido con una estrategia que pareciera perfectamente calculada para, subrayan en Seyé, despojar a 150 familias campesinas de su patrimonio.
Dividir y vencer
Para entender la relevancia de la victoria en el nuevo comisariado electo es necesario desandar el camino del despojo. Explican los ejidatarios, la historia comienza en 2013 con la llegada a Seyé de un grupo de abogados encabezado por Armando Ceballos Chávez.
“En los años 2013-2014 llega a Seyé un grupo de abogados del cual está al frente Armando Ceballos Chávez. En ese grupo también está la abogada María Elide Silveria Hau. Ella trabajó en el Registro Agrario Nacional como registradora. Conocía muy bien el movimiento”, relata Felipe Cetina, estableciendo el primer nexo causal del fraude.
Debido, precisamente, a ese conocimiento íntimo de los mecanismos administrativos y las vulnerabilidades del sistema registral agrario, el despacho de Ceballos Chávez y Silveria Hau pudo ejecutar en 2014 una maniobra clave: la celebración de asambleas ficticias para convertir a 18 empresarios en ejidatarios.
Esta infiltración del padrón no fue un acto menor ni casual. La lista de nuevos “campesinos” revela un entramado de intereses económicos, políticos y logísticos que apuntan directamente a la explotación comercial del territorio ejidal. Entre los 18 empresarios que obtuvieron la calidad de ejidatarios se destacan nombres de gran peso en la élite empresarial y política de Yucatán.
En detalle:
Juan Manuel Ponce Díaz: presidió la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en 2017. Sus vínculos comerciales incluyen participación en el corporativo Bepensa, embotelladora y distribuidora de productos Coca Cola, así como la operación de agencias automotrices de las marcas KIA y Volkswagen.
Raúl Torre Gamboa: exdirector general de la Administración Portuaria Integral (API) de Progreso, un puesto estratégico en el manejo del principal puerto de altura de la península y motor del comercio y la logística regional.
José Juan Lozano Navarro: vinculado también a la estructura de la API Progreso durante el año 2017.
Juan Enrique de la Cámara Thomas: director de la Terminal de Contenedores de Progreso, infraestructura clave para el intercambio comercial de la península de Yucatán.
Alejandro Javier García Gamboa: miembro de una familia con intereses en el influyente Grupo SIPSE, conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento con gran influencia en el sureste mexicano.
Renán Castro Romero: hermano de Sofía Castro Romero, figura política que ha militado en el Partido Acción Nacional (PAN) y posteriormente en Morena, llegando a ser regidora en Mérida y candidata a la gubernatura.
Luis Rommel Beutelspacher de la Torre: empresario del sector apícola, propietario de la firma exportadora “Mieles del Mayab”.
Fernando José Vega Espinosa, Rodrigo José Vega Espinosa y Gerardo Torre Espinosa: todos vinculados societariamente a la desarrolladora Inmobiliaria Vega del Mayab.
Alberto García Cárdenas: médico de profesión, identificado por campesinos como comprador de terrenos en diversos municipios de la entidad.
Cuauhtémoc Román Ayala Arzapalo: conocido torero en el ámbito regional.
Ana Carolina Miles Zorrilla: empresaria del sector marketing con residencia en el extranjero.
La consecuencia lógica de esta inclusión masiva e ilegal fue inmediata: el padrón de ejidatarios quedó adulterado y se crearon condiciones de quórum artificial necesarias para modificar el destino de las tierras. Sin este primer paso, el despojo que tuvo lugar luego, en 2015, no hubiera podido llevarse a cabo en los términos legales que exigía la normativa agraria.
Del fraude al despojo
Una vez que los empresarios fueron reconocidos de manera formal como ejidatarios, el despacho de abogados pasó a la segunda fase de su plan. En 2015 se convocó a una asamblea de cambio de destino de tierras. El objetivo declarado fue transformar una vasta extensión de tierras de uso común en solares urbanos. La superficie en disputa no era menor: 7,503 hectáreas, equivalentes a más del 8 por ciento de la extensión de Mérida, la capital del estado.
Sin embargo, incluso con los 18 empresarios infiltrados, el quórum requerido para validar una decisión de tal magnitud no estuvo garantizado. La oposición de los ejidatarios legítimos representaba un obstáculo.
La solución que implementaron los operadores del despojo fue tan brutal como efectiva: tomaron el padrón y dieron de baja administrativa a 150 ejidatarios legítimos. Como resultado directo de esta purga administrativa, la asamblea se celebró sin la presencia ni el voto de esos actores, que vieron cómo de la noche a la mañana dejaron de existir para el RAN.
Con el camino despejado, la asamblea aprobó el cambio de destino de las 7,503 hectáreas. El mecanismo de desposesión individual fue perverso y se basó en la vulnerabilidad económica del resto de los campesinos. A cada ejidatario le correspondían originalmente ocho hectáreas por cada solar urbano. Pero a cada uno de ellos los abogados les arrebataron una hectárea: argumentaron que los trámites administrativos para obtener los títulos de propiedad individual costaban alrededor de 80 mil pesos, señalan los entrevistados. Y la mayoría no contaba con esa suma.
“Como el ejidatario no lo pudo pagar, pues le quitaron una hectárea“, explica Cetina, con una mezcla de indignación y precisión factual. Así, en lugar de títulos por ocho hectáreas, se emitieron títulos por siete. La hectárea faltante, multiplicada por cientos de ejidatarios, fue a parar a un fondo controlado por los nuevos “dueños” de las tierras.
El nexo causal final de esta fase es crucial para entender la magnitud del negocio inmobiliario en ciernes: las 7,503 hectáreas despojadas no quedaron dispersas aleatoriamente en el monte. Fueron concentradas en un área de alto valor estratégico y comercial, particularmente en las inmediaciones de la carretera Mérida-Valladolid.
Esta vía de comunicación es una de las arterias económicas más importantes de la península, en tanto corredor logístico, turístico y comercial con un valor del suelo que se ha disparado en años recientes.
La tierra que quedó en manos de los empresarios, afirman en Seyé, tendrá como destino futuros desarrollos industriales, parques logísticos vinculados a la actividad portuaria de Progreso, gasolineras y fraccionamientos para residentes de alto poder adquisitivo. El perfil de los empresarios involucrados, con intereses en la API Progreso, la logística de contenedores y el desarrollo inmobiliario, permite anticipar esas posibilidades de manera contundente.
El inicio de la batalla legal
La respuesta de los ejidatarios despojados no se hizo esperar. A partir de 2015 iniciaron una defensa legal que se ha prolongado por más de una década. El camino judicial, sin embargo, se convirtió en un segundo calvario. De las tres demandas principales promovidas por los campesinos, dos se resolvieron de manera adversa.
El argumento utilizado por los tribunales agrarios para cerrarles la puerta es, a juicio de los defensores de la tierra, un sinsentido jurídico diseñado para blindar el despojo: se determinó que los ejidatarios carecen de personalidad jurídica para solicitar la nulidad de una asamblea de cambio de destino de tierras.
La consecuencia lógica de este criterio es aterradora: si las personas más afectadas por el cambio de destino —los ejidatarios— no pueden impugnar el acta que lo formaliza, entonces el despojo se blinda a sí mismo. Los empresarios, amparados en este criterio, han logrado mantener vigentes los títulos de propiedad emitidos ilegalmente, así como su estatus de ejidatarios, a pesar de que existe una sentencia que ordena la cancelación en el catastro y el RAN.
Debido a la interposición constante de recursos de amparo por parte de los empresarios, y a la falta de ejecución plena de las sentencias por parte de las autoridades judiciales, el proceso nunca ha cerrado del todo. Las tierras siguen en un limbo legal que favorece a los ocupantes de facto.
El episodio más oscuro de esta fase judicial, y el que mejor ejemplifica el nivel de colusión denunciado por los ejidatarios, ocurrió en el marco del Expediente 71/2019. En este proceso, un grupo de ocho ejidatarios fue asesorado por un abogado de oficio de la Procuraduría Agraria (PA) llamado Miguel Quijano.
El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la última esperanza para revertir el despojo. Sin embargo, aseguran los ejidatarios, Quijano habría incurrido en una serie de omisiones y deficiencias procesales que llevaron al sobreseimiento del asunto. La Corte no entró al fondo del debate por fallas jurídicas de la defensa.
La lucha sigue en Seyé
Durante diez años, la estrategia de los empresarios y sus aliados fue simple y efectiva: mantener el control del comisariado ejidal en manos de personas afines a sus intereses. El cambio de esa dinámica comenzó a tomar formar a partir de marzo pasado.
El 17 de ese mes se realizó una primera convocatoria para la elección del nuevo comisariado ejidal. La maniobra de desgaste implementada por los empresarios casi funciona una vez más: la asamblea fracasó porque no se alcanzó el 50 por ciento del quórum requerido por la normativa agraria.
Sin embargo, conscientes de que estaban frente a una oportunidad histórica, los ejidatarios que buscan defender su territorio no se desanimaron. Once días después, esto es, el 28 de marzo de 2026, y en el marco de una segunda convocatoria, lograron movilizar a la base y ganaron la elección.
La consecuencia lógica de esta victoria administrativa fue un cambio radical en la correlación de fuerzas. Por primera vez en más de una década, el control del padrón, los archivos de las asambleas, y la representación legal del ejido, recayeron sobre el grupo que ha liderado la resistencia. Felipe Cetina, ahora como integrante del Consejo de Vigilancia, forma parte de este nuevo bloque de poder colectivo.
Explicó que su labor, junto con la del nuevo comisariado, se centrará en dos acciones prioritarias. Primero, reimpulsar con toda la fuerza legal disponible el tercer proceso judicial que aún sigue pendiente de resolución definitiva, el último cartucho legal para anular la asamblea fraudulenta de 2015 y la inclusión de los 18 empresarios en el padrón. Segundo, promover una mayor organización e integración comunitaria entre ejidatarios y campesinos en general.
La lucha de los campesinos de Seyé no ha terminado. Las 7,503 hectáreas siguen formalmente en manos de un puñado de empresarios y políticos que se aprovecharon de las debilidades del sistema registral y la complicidad de varios servidores públicos. Pero la ecuación de poder ya es otra. Hoy, la casa ejidal alberga a quienes ganaron la legitimidad administrativa para seguir luchando.
Los nombres de Juan Manuel Ponce Díaz, Raúl Torre Gamboa, la Inmobiliaria Vega del Mayab, el Grupo SIPSE y la API Progreso se encuentran ahora bajo el escrutinio de un comisariado que no responde a sus intereses, sino a la memoria colectiva de 150 ejidatarios que fueron borrados del padrón para que otros construyan imperios al pie de una carretera clave. La justicia en Seyé aún está por escribirse pero, por primera vez en diez años, el lápiz al fin lo sostienen los campesinos en su territorio.
