Comunidad de Yaxcopoil hace frente a la minería y el atropello empresarial

Desde enero, la comunidad maya de Yaxcopoil acentuó la defensa de su territorio: sus habitantes denunciaron el desmonte ilegal de 2.9 hectáreas de selva y el ingreso de maquinaria pesada en tierras ejidales donde se encontraron vestigios arqueológicos para construir lo que sería un banco de materiales. La población señala que las dependencias gubernamentales operan alineadas con los intereses de los empresarios de la minería.

Desde enero de este año, Yaxcopoil, una comisaría ubicada en el municipio de Umán, en Yucatán, se movilizó para defender su territorio de la minería al detener la construcción de lo que aparentemente sería un banco de materiales de la empresa Urbanizadora Líder Peninsular S.A. de C.V. La sascabera se ubicaría sobre un terreno a escasos kilómetros de la comunidad maya. Y aunque la población apostó por la vía jurídica, lo cierto es que dependencias municipales, estatales y federales no han respondido a las solicitudes de la comunidad, que junto con sus asesores jurídicos denuncian racismo institucional y aseguran que el Estado se mantiene “capturado” por las corporaciones. 

El ejemplo más reciente ocurrió el pasado jueves 7 de mayo cuando, custodiado por la Guardia Nacional, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), retiró los sellos de clausura que colocó un mes antes en la maquinaria empleada para la construcción del banco de material, con el fin de resguardarla en un depósito vehicular.

Pero dicha diligencia se realizó sin notificar previamente a la población, a pesar de que fue la comunidad la que presentó, desde febrero pasado, denuncias por desmonte ilegal. Para la organización Utsil Kuxtal, que asesora legalmente el caso, es claro que las autoridades gubernamentales priorizan las necesidades de los empresarios antes que el derecho de la comunidad a la información y la audiencia.

El pueblo, el último en enterarse del proyecto

El conflicto se detonó el 17 de enero. Según relataron habitantes del pueblo a Jaltun, una persona les notificó la presencia de máquinas entrando por un callejón que sirve de acceso a distintas parcelas y se ubica en la carretera Umán-Hopelchén, a menos de 2 kilómetros del centro de Yaxcopoil. 

Esto generó recelo en la comunidad. Se comenzó a sospechar de la apertura de un banco de materiales, ya que la vía pasó de ser un pequeño camino para vehículos menores -bicicletas- a uno apto para rodados pesados. Además, frente al terreno en cuestión también se está abriendo una sascabera propiedad de la empresa Caminos y Puentes del Sureste (Cypssa). Y a unos 3 kilómetros de la comunidad ya existe el banco de materiales de Predeco. 

La población decidió organizarse y el 19 de enero acudió al lugar: atestiguó que con la maquinaria pesada se deforestaron 2.9 hectáreas de selva, se aplanó y niveló más de kilómetro y medio de terreno -en el cual se encontraron vestigios arqueológicos—, se rellenó un cenote y también se invadieron parcelas de ejidatarios sin ninguna autorización. 

Las y los pobladores pidieron información a los trabajadores que se encontraban en el sitio, quienes afirmaron desconocer las características del proyecto. Ante eso, la comunidad optó por instalar un campamento para impedir el avance de la obra. Al día siguiente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acudió a inspeccionar la zona. 

El 4 de febrero la comunidad presentó una denuncia popular respaldada con 200 firmas ante el INAH, la Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del gobierno de Yucatán, y el Ayuntamiento de Umán, dando cuenta del desmonte ilegal y la destrucción de vestigios arqueológicos. 

Dos días después, la Profepa se presentó para colocar sellos de clausura en el lugar, debido a que el desmonte se realizó sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que debe emitir la Semarnat, de acuerdo con datos proporcionados por la misma Profepa. El INAH thizo lo propio el día 11 de marzo. 

Al margen de estos movimientos de los organismos, la población siguió haciendo guardia en la entrada del callejón. En ocasiones se presentaron patrullas de la policía municipal, cuyos elementos preguntaron qué hacían ahí y con sugerencias de “retirarse porque podrían ocasionar un accidente en la carretera“. Las y los vecinos también advirtieron la presencia de al menos un dron sobrevolando el área.

Las mañas de los empresarios

A mediados de marzo, Fernando Torres Cab, señalado por las y los habitantes de Yaxcopoil como intermediario para adquirir el terreno donde se pretende establecer el proyecto minero, buscó dialogar con quienes se manifestaron en contra del desmonte ilegal. 

Con apoyo del presidente del comisario ejidal, José Jesús Salazar, se convocó a una junta el 24 de marzo, a la que también acudió Milton Gálvez, quien dijo ser representante de Urbanizadora Líder Peninsular. La empresa en cuestión figura en el Registro Público de Comercio (Siger), constituida en diciembre de 2010 para “todo lo relacionado con la prestación de servicios profesionales, asistencia técnica, dirección, suministro de materiales en el ramo de la construcción de obras”, entre otras actividades.

En dicha junta se presentó un “convenio conciliatorio” en el que la empresa dijo ser propietaria de 219 hectáreas, distribuidas en las parcelas marcadas con los números 5 Z-1 P 1/1, 6 Z-1 P1/1, 18 Z-1 P1/1, 25 Z-1 P1/1. 26 Z-1 P1/1, 27 Z-1 P1/1, y el 25% de la 7 Z-1 P1/1. 

Esto a pesar de que, según Flavio Ayuso, referente de la organización Taller Agrario, las empresas no pueden ser propietarias de parcelas ejidales: solamente personas físicas pueden fungir como tales. “Ahí tenemos una ilegalidad”, precisó el abogado. 

Además, en el mismo documento se admitió que la empresa “no tiene ningún permiso de las autoridades municipales y/o estatales para abrir un banco de material para la extracción de material pétreo”. 

En una de las cláusulas del oficio también se especificó la solicitud a la población de Yaxcopoil para la devolución de las máquinas una vez firmado el acuerdo, con lo cual se daría por terminada “la controversia respecto al uso de suelo en las parcelas de su propiedad”. 

La población decidió no firmar el documento. Argumentó que la paralización de la maquinaria fue establecida por el INAH y la Profepa. Por lo tanto, eran esas las instituciones que debían autorizar su retiro. Además, no se había dialogado nada respecto del uso de suelo.

Ya para el 19 de abril se llevó a cabo una reunión convocada por personal del Ayuntamiento de Umán. En dicha reunión, los representantes de la empresa nuevamente intentaron convencer a las y los habitantes de dar su consentimiento para que la minera pudiera llevarse las máquinas.

“Empezaron a presionar para que nosotros dijéramos que teníamos secuestradas o que nos habíamos apropiado de las maquinarias. Quizá, para que luego tomen represalias o fueran con la Profepa y el INAH a decir que el pueblo les había dado permiso para sacar las máquinas y a nosotros nos cobraran la multa por romper los sellos. Les reiteramos que quienes aseguraron las máquinas fueron las dependencias y no nosotros”, comentaron los pobladores a Jaltun. 

Tras el encuentro establecido por la presidencia municipal, Mario Antonio de la Rosa Ramos, quien se habría identificado como propietario de la maquinaria, intentaba junto a un grupo de personas sacar los equipos del terreno. El ambiente se tensó cuando, de acuerdo con testigos y el comunicado emitido por Utsil Kuxtal, De la Rosa intentó atropellar a una pobladora y a un habitante con discapacidad.

La policía municipal acudió al sitio, y por presión de la población, detuvo al sujeto, quien fue entregado a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Los uniformados de la SSP aseguraron que lo llevarían a la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, cuando la población llegó a presentar la denuncia en la dependencia, se les dijo que no se había recibido a ninguna persona detenida. Según pudo comprobar Jaltun, en el Registro Nacional de Detenciones tampoco aparece ningún dato al respecto. “Se lo llevó el aire. Nos engañaron”, relataron pobladores.  

Los gobiernos al servicio del empresariado

El pasado 30 de abril, habitantes de Yaxcopoil presentaron oficios para recordarle al INAH y a la Profepa que siguen esperando acciones. También plasmaron los hechos ocurridos el 19 de abril y pidieron dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR), ya que el equipo de De la Rosa rompió los sellos de clausura al intentar sacar la maquinaria. 

En respuesta, el 7 de mayo se presentó personal de la Profepa para resguardar la maquinaria de De la Rosa en el Depósito Vehicular Abimerhi. Esto se hizo con acompañamiento de Gilberto Rosales Herrera, nombrado representante de De la Rosa, y un fuerte operativo de seguridad en el que participaron elementos de la Policía Municipal de Umán, la SSP y la Guardia Nacional. No se notificó previamente a la población de esta acción a pesar de que la comunidad levantó la denuncia. 

“En lugar de darle derecho de audiencia a la comunidad, de preguntarle, de tomar en consideración su opinión, lo que hacen es llegar para llevarse las maquinarias, en una acción que beneficia básicamente a los empresarios y a los dueños de la maquinaria”, indicó Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Utsil Kuxtal, en diálogo con Jaltun. 

Si bien la comunidad accedió a que se realizaran las diligencias, la situación se tensó cuando, tras quitar los sellos de las máquinas y moverlas hacia el acceso, las y los pobladores se percataron de que la grúa que fue a buscarlas no era de la empresa Abimerhi.

Esto detonó un conflicto, pues la población se sentía engañada por el pasado intento de llevarse las maquinarias. En el lugar comenzaron a expresar que no permitirían otro engaño y exigieron que el transporte fuera de la empresa indicada en el documento exhibido por la Profepa. 

También pidieron al personal de la dependencia que se identifique. Los tres representantes se negaron, bajo el argumento de que “algunas personas hacían mal uso de sus datos” pero, tras la insistencia de las y los pobladores, accedieron a mostrar sus gafetes. La excepción fue Rosa María Gurigutia Gómez, quien dijo que “su nombramiento estaba en su oficina”. Finalmente, la Guardia Nacional solicitó la grúa de la empresa Abimerhi, que se presentó en el lugar y procedió a llevarse la maquinaria. 

La población manifestó su inconformidad ante el hecho de no haber sido notificada previamente de la diligencia y esa misma tarde, en colaboración con Utsil Kuxtal, emitió un comunicado para condenar los hechos y exigir respuesta de las autoridades estatales y federales. 

“Más allá de las clausuras no ha habido ningún tipo de información adicional para la gente: no se sabe cómo va el procedimiento, cuáles son las medidas. No hay información de las MIA, y la Profepa y la Semarnat o la SDS pueden decir que en su momento hicieron procedimientos de consulta, pero tampoco han realizado una consulta indígena del proyecto, sea o no un banco de material, como dicen el Convenio 169 y el Acuerdo de Escazú. Entonces, la molestia de la gente es por estas muestras de racismo institucional; que no se informa a la población de lo que está pasando”, precisó Fernández Mendiburu.

Lo que la población de Yaxcopoil quiere es muy claro, no bancos de materiales alrededor de su pueblo, pues incluso ya se perciben afectaciones derivadas de las minas que funcionan no tan próximas a la comunidad.

“Hay un banco de CEMEX a tres kilómetros y medio. Y cuando ahí usan explosivos, hay una nube de humo grande y se siente hasta acá. Hay personas que sienten las vibraciones en sus casas, se han roto espejos y ventanas de cristal. Ya hay daños, ¿qué va a pasar si hacen (bancos) más cerca?”, apuntaron las y los pobladores. 

Actualmente, sólo el banco de Predeco está operando aunque, según la población, su permiso no está actualizado. Por otra parte, la sascabera de Cypssa colocó una reja con candado en el callejón municipal —considerado vía pública— y solamente los empresarios y el personal del INAH pueden pasar.

Precisamente, el INAH está realizando investigaciones en todos los bancos cercanos a Yaxcopoil por encontrarse en zona de influencia de un sitio arqueológico. El gobierno de Yucatán, en tanto, no ha cumplido su promesa de establecer una mesa de diálogo con los pueblos que se manifestaron contra las afectaciones que genera la minería a cielo abierto.

En este contexto, la comunidad de Yaxcopoil se siente marginada: ninguna autoridad se ha dignado a brindar información sobre el proyecto, ni siquiera se les ha confirmado si se trata de un banco de materiales o no. Además, la actuación de los cuerpos policíacos y de las dependencias oficiales hacen sentir que no tienen a quién acudir para evitar afectaciones por la actividad minera. Temen que las empresas continúen sus operaciones y afecten, además del patrimonio de las familias, la vida de todo el pueblo. 

“Nos preguntan que si ya nos está afectando. Y realmente por eso actuamos desde ahora, desde el inicio, para no llegar a un problema más grande. Realmente ningún banco está operando según la normativa”, dijeron habitantes consultados. 

Según la Norma Técnica Ambiental NTA-002-SDS-24, los bancos de materiales deben ubicarse al menos a 5 kilómetros de distancia de cualquier asentamiento humano y de los límites establecidos en los Programas de Desarrollo Urbano Municipales, así como también de las zonas de protección de vestigios arqueológicos

Tampoco pueden situarse a menos de 1 kilómetro de cuerpos de agua y la legislación establece que, en caso de hallarse alguna fuente hídrica, debe notificarse a la SDS, establecerse un perímetro de seguridad, y suspender actividades de construcción o excavación en un radio de 50 metros. 

“Si ninguno de los bancos cumple con las normas, es más que claro que el gobierno municipal, el estatal y el federal no hacen su trabajo. Nos sentimos desprotegidos. No hay apoyo para impedir que estos bancos existan. Y la única manera efectiva ha sido el movimiento, el confrontar a estas personas por no ser claras”, indicaron pobladores de Yaxcopoil.

De acuerdo con la Secretaría de Economía y Trabajo de Yucatán (SETY), en el estado hay 23 empresas dedicadas a la minería de piedra caliza, mármol, arena, grava, entre otras piedras y minerales refractarios, pero datos del antropólogo Charles Gaillard, quien investiga el tema, indican que hasta febrero de 2026 la SDS aprobó 56 Manifestaciones de Impacto Ambiental para bancos de materiales. La Semarnat autorizó otras 15. De 2018 a 2023, la inversión total se ubicó en 11.49 millones de pesos, mientras que la producción bruta total alcanzó los 876.88 millones de pesos.

Se requiere que las autoridades, tanto estatales como federales, detengan las autorizaciones para la minería a cielo abierto en bancos de materiales, ya que están causando afectaciones a las comunidades, expresaron las y los pobladores. Para Fernández Mendiburu, el problema de fondo es qué tanto las autoridades federales como estatales “están capturados corporativamente”. 

“¿A quién sirve el Estado? Están respondiendo a los intereses y necesidades de las empresas. Es un Estado capturado por las corporaciones, por los grandes empresarios, y ese es el punto fundamental de todas las problemáticas socioambientales de Yucatán”, sentenció el abogado. 

Pese a todo, para la población lo ocurrido el pasado 7 de mayo fue un buen augurio: el retiro de la maquinaria fue considerado un éxito de la lucha comunitaria. “Logramos que las sacaran de aquí. Al menos por ahora no harán más daño”, dijeron los habitantes de Yaxcopoil, entre aplausos y mientras la grúa cargada con las máquinas se alejaba. 

A la población ahora le queda esperar que las dependencias oficiales a las que acudió hagan su trabajo. Al contexto extractivista que busca consolidarse también en Yaxcopoil, el pueblo responde con organización y vigilancia del territorio. Las y los vecinos de la comunidad maya tienen en claro que no quieren bancos de materiales a la vuelta de sus hogares.