Pueblos mayas denuncian despojo y exigen coadministar Chichén Itzá y Mayapán
Publicado 22 octubre, 2026
En rueda de prensa reciente, representantes de Pisté y Telchaquillo denunciaron que las autoridades imponen obras y medidas administrativas en áreas arqueológicas sin ningún tipo de consulta previa. Las comunidades exigen la reapertura del parador tradicional en Chichén Itzá, el fin de la amenaza de expropiación en Mayapán y coadministrar sus sitios sagrados. Exigen que cese la criminalización de quienes defienden el territorio.
Representantes de las comunidades mayas de Pisté y Telchaquillo ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar que las autoridades federales y estatales han impuesto medidas administrativas y obras en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Mayapán, respectivamente, sin consulta previa, libre, informada y de buena fe. Señalaron que estas acciones forman parte de un modelo de despojo patrimonial que excluye a los pueblos indígenas de las decisiones sobre su patrimonio y que ha derivado en una crisis económica para cientos de familias mayas que viven del turismo histórico.
En el caso de Chichén Itzá, desde marzo de este año el gobierno federal impuso en la zona arqueológica el nuevo Centro de Atención a Visitantes (Catvi) como única entrada al sitio arqueológico. Esta decisión unilateral implicó el cierre del acceso del parador tradicional, donde durante décadas trabajaron cientos de familias mayas de Pisté.
El Catvi está vinculado al megaproyecto Tren Maya y, según denunció el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté, forma parte de un intento por monopolizar la explotación turística del área.
Pablo Euán, representante del órgano de gobierno comunitario, explicó durante la rueda de prensa que la imposición del nuevo acceso se hizo sin consulta. Y que la instalación de una base policial en el espacio que antes era un centro de trabajo agravó la situación.
“Cuando un pueblo no da su consentimiento y la decisión se ejecuta de todos modos, eso no es diálogo: es imposición. El derecho a ser consultados incluye el derecho a decir que no, pero ni siquiera nos han consultado”, subrayó.
Recordó que tanto la Constitución mexicana como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obligan a las autoridades a consultar de buena fe a los pueblos indígenas sobre medidas administrativas que puedan afectar significativamente su vida o entorno.
El reclamo por Chichén Itzá
En Chichén Itzá, afirmó, no hubo consulta antes de imponer el acceso único, cerrar el parador tradicional ni convertirlo en base policial. Ante esta situación, la comunidad presentó una demanda de amparo el 26 de mayo. Al interponer el amparo, la comunidad de Pisté solicitó, dentro del juicio de amparo, la suspensión del proyecto hasta que se resuelva el juicio. El tribunal negó la suspensión.
En concreto, la demanda exige que la comunidad sea consultada —pues se impuso un reordenamiento turístico y económico sin su participación— y que se reabra el ingreso por el parador tradicional.
Debido a que el amparo parece congelado en los tribunales, los representantes de la comunidad de Pisté exigieron que el Juzgado Quinto de Distrito en Yucatán avance con la demanda y se pronuncie sobre la suspensión solicitada desde mayo.
“Exigimos que ninguna medida más se tome sobre la zona arqueológica y su entorno sin consulta previa, libre, informada y de buena fe con nuestra comunidad”, señaló Euán, quien además aclaró que la comunidad no se opone al turismo ni a la protección del patrimonio.
“Nadie tiene más interés que nosotros en que Chichén Itzá siga en pie. Lo que no aceptamos es que nuestro patrimonio se administre sin nosotros”, dijo.
La zona arqueológica recibe un promedio de 2.1 millones de visitantes anuales y 7 mil diarios. El cierre del parador tradicional afectó directamente a 2 mil familias que vendían artesanías; y ofrecían servicios de guía, transporte y comida.
El Catvi, mientras tanto, concentra todos los servicios en un solo complejo operado por Grupo Mundo Maya —el negocio corporativo del Ejército Mexicano—, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Cultur. Al margen de esto, pobladores de Pisté señalan que en los últimos meses el turismo ha decaído en la zona.
“El turismo en esta zona no está cayendo por el conflicto: está cayendo por obras mal realizadas, mal planeadas y mal ejecutadas del gobierno”, enfatizó Euán.
Además, denunció que en la práctica el derecho al patrimonio cultural reconocido en la Ley y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no se aplica. “Para las instituciones el patrimonio es de la nación y nosotros somos cuando mucho comerciantes que estorban. Nadie nos invita a la mesa donde se decide qué se hace con la herencia de nuestros pueblos”, expresó.
Para luego añadir: “Chichén Itzá no solamente es un monumento, es la obra de nuestros antepasados y es también el lugar donde vivieron nuestras familias. Todavía hay personas en Pisté cuyas actas de nacimiento dicen Chichén Itzá, porque ahí nacieron, antes de que nuestras familias fueran sacadas del sitio”.
Mayapán, un lugar sagrado que no tiene precio
Siempre en el marco del mismo encuentro con la prensa, Filiberto Martín Uc, presidente del comisariado ejidal de Telchaquillo, expuso la situación de Mayapán. La zona arqueológica —considerada la última ciudad maya del Posclásico, con cerca de 4 mil estructuras— se ubica en 14 hectáreas de terreno ejidal.
El INAH ocupa esas tierras desde hace casi 40 años sin acuerdo con la comunidad y sin que la población haya recibido beneficio alguno por su explotación turística. Los ejidatarios de Telchaquillo mantienen cerrado el acceso turístico a la zona arqueológica desde el 7 de noviembre de 2023.
En noviembre de 2024, el entonces director del INAH, Diego Prieto Hernández, visitó Telchaquillo para ofrecer a los ejidatarios 9 millones de pesos por un “convenio de ocupación previa” con vistas a una futura expropiación. La comunidad rechazó la oferta.
“Nosotros dijimos que no. Mayapán no está en venta. No creemos que la protección del patrimonio tenga que ser a costa de los derechos del pueblo que lo construyó”, comentó Uc.
En diciembre de 2024, el Comité de Lucha Indígena de Telchaquillo interpuso una queja ante el Tribunal Agrario para solicitar la anulación de asambleas irregulares, una indemnización por la ocupación de terrenos ejidales sin consulta y un acuerdo para la coadministración del sitio.
En diciembre de 2025, tras ganar un amparo, el tribunal ordenó al INAH no firmar el convenio de ocupación sin hacer el pago, y al Registro Agrario Nacional (RAN) no inscribir las actas impugnadas. Sin embargo, la posibilidad de la expropiación no desapareció por completo.
“Ese riesgo sigue, aunque en las mesas de negociación el INAH mencionó que ya no realizan el proceso de expropiación. Eso no está en ningún documento firmado”, señaló Filiberto Uc.
El INAH suspendió las mesas de diálogo previstas para el 5 de junio de este año y, a más de tres meses de ese momento, no ha dado respuesta al oficio enviado por ambas comunidades.
El dirigente contrastó el trato hacia las comunidades con el que recibe la iniciativa privada: “En Quintana Roo el mismo INAH tiene un convenio desde 1994 con una empresa privada que opera el Parque Xcaret, dentro del cual se encuentra la zona arqueológica Polé. Cuando preguntamos por qué con ellos sí y con nosotros no, la respuesta fue porque ellos tienen un parque. A una empresa le bastó un convenio, a una comunidad maya le exigen años de juicio. A eso nos referimos con racismo estructural”.
El reclamo se volvió comunitario con el cambio de autoridades ejidales
En octubre de 2025, la comunidad eligió un nuevo comisariado ejidal, con Filiberto Martín Uc al frente, tras un proceso de concientización con la población entera.
Una de las primeras acciones del nuevo comisariado fue presentarse al Tribunal Unitario Agrario para dar seguimiento al proceso jurídico en materia agraria. El conflicto dejó de ser un tema de ejidatarios para volverse un reclamo de la comunidad completa.
El INAH, en su respuesta a las demandas de la comunidad y en virtud de un proceso judicial que se intensificó en los últimos dos años, suele citar las Leyes de Indias —promulgadas en tiempos de la corona española— para sostener que las ruinas prehispánicas pertenecían a la Real Propiedad y que, en el México independiente, esas “antigüedades” se transformaron en propiedades del Estado.
No obstante, la comunidad rechaza esa interpretación. “Nos hacen ver como incapaces de administrar nuestro propio territorio. ¿Cómo es posible eso? Si nosotros hemos habitado aquí más tiempo que ellos, que ni son de la comunidad. Esos lugares los han cuidado los campesinos durante muchos años, mientras ellos no hace tanto tiempo que están aquí”, indicaron voceros de Telchaquillo.
A su turno, Uc exigió que se reanuden las mesas de diálogo, se firme el convenio de coadministración de Mayapán, se desista por escrito de cualquier intento de expropiación y cese la criminalización de personas defensoras.
Esto último, debido a que el INAH demandó de forma penal a dos personas defensoras del territorio por el delito de supuesta obstrucción de obra pública. “Nosotros no queremos sustituir al INAH en lo que sabe hacer. Queremos administrar lo que es nuestro”, aclaró.
El uso de una Ley obsoleta como argumento
Para un asesor de ambos concejos comunitarios, el problema de fondo que atraviesan Mayapán y Chichén Itzá es la Ley Federal sobre Monumentos de 1972.
Esa ley, explicó, “es la ley que dice que los monumentos arqueológicos son propiedad de la nación. Es una ley que no nombra a los pueblos indígenas ni una sola vez. En todo el texto no aparece la palabra indígena, pueblo, comunidad, consulta ni ejido. Fue escrita para un país que pensaba sin pueblos indígenas”.
Recordó que desde 1991, en México rige el Convenio 169 de la OIT. Y que en 2022 se aprobó una Ley Federal que reconoce el patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Además, en 2024 el artículo 2 constitucional reconoció el derecho de los pueblos a su patrimonio material e inmaterial.
“La constitución no dice en ninguna parte que las zonas arqueológicas sean propiedad de la nación. Eso lo dice solamente una ley secundaria, la de 1972. Una nación que se sustenta en sus pueblos no puede declararse dueña de lo que esos pueblos construyeron y han cuidado durante siglos”, enfatizó.
Sobre la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, advirtió que la propuesta que se sometió a consulta recientemente dice que las zonas arqueológicas se seguirán regulando por la Ley de Monumentos de 1972.
El pedido de los pueblos mayas
Ante esta situación, los consejos comunitarios de gobierno enfatizaron que sus demandas pueden resumirse en tres puntos. El primero refiere a que las autoridades dejen de aplicar la Ley de 1972 por encima del artículo 2 constitucional y el Convenio 169.
El segundo, que el INAH y los gobiernos se sienten con Telchaquillo y Pisté a reconocer su territorio y el derecho a cuidar y administrar sus lugares sagrados, no ofrecer compras ni reubicaciones.
Y el tercero, que la Ley General reconozca sin excepciones el derecho de los pueblos a administrar su patrimonio, incluidas las zonas arqueológicas y los lugares sagrados.
“Telchaquillo y Pisté no están solos. Los pueblos mayas no están pidiendo un favor, están ejerciendo un derecho que está en la Constitución. Lo que falta es que el Estado lo cumpla”, dijo otro asesor de ambas comunidades mayas.
“La comunidad ya está cansada. El hambre es el que va a apretar y es el que va a decidir qué acciones va a tomar la comunidad. Es triste decir que el gobierno solamente entiende a través de una presión”, concluyó Euán.
