Campesinos de Ucú reactivan los bloqueos al Tren Maya de carga y denuncian engaños del gobierno

Autoridades ejidales afirman que el gobierno de Yucatán rompió su promesa de devolver tierras y compensar a familias mayas afectadas por despojos. Las obras del Tren Maya de carga se paralizaron en la parcela 21, reclamada por las y los campesinos y pretendida por empresarios señalados de apropiación ilegal de terrenos. La comunidad de Ucú mantiene su resistencia en el área pese a los intentos de desalojo de las fuerzas de seguridad estatales.

Felipe Quintal es el comisario ejidal de Ucú, un municipio ubicado a pocos kilómetros de Mérida, la capital de Yucatán. Y donde el Tren Maya de carga partió en dos el monte y la tranquilidad de 360 ejidatarios, quienes han denunciado abiertamente que el megaproyecto federal se cimenta sobre el despojo de tierras. “No tiene palabra. El gobierno no tiene palabra“, enfatizó Quintal, en diálogo con Jaltun.

El atropello más reciente contra las y los campesinos de la comunidad ocurrió el pasado 5 de octubre de 2026. Ese día, la policía estatal de Yucatán intentó desmontar un plantón que los ejidatarios mantenían sobre la brecha abierta por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Allí, las y los convocados volvieron a señalar que el Tren Maya de carga está ideado para favorecer a empresarios.

“El gobierno trabaja en beneficio de los empresarios. No tiene interés en ayudar a su pueblo, aunque gracias a ellos los gobernantes están ahí donde están sentados. Se les olvidan sus promesas de campaña, su humildad que tienen en campaña. A mí me queda claro que no somos prioridad”, dijo Quintal, ya desde la casa ejidal, mientras el tránsito de volquetes con materiales destinados a la obra del ferrocarril interrumpen la conversación.

La frase no es un arrebato. Es la conclusión de un año de negociaciones rotas y acuerdos de palabra incumplidos.

Ejemplo de ello está en que, meses atrás, los gobiernos estatal y federal se comprometieron a resolver una demanda de los ejidatarios: devolverles la parcela 21 del ejido por donde pasará el Tren Maya de carga.

Precisamente ese incumplimiento es el que reactivó la lucha por parte de los campesinos de Ucú.

La parcela 21, una historia de paraísos fiscales y fraudes

En 2008, la asamblea ejidal de Ucú otorgó 194 hectáreas de tierras de uso común a Santos Dabid Dzul Pech, un ejidatario que hasta entonces no tenía tierra.

La asignación, que es parte de otra historia de despojo que involucra a la exgobernadora Ivonne Ortega, vino con un acuerdo de palabra: si algún día Santos vendía la tierra, el dinero se repartiría entre todos los ejidatarios.

Los años transcurrieron sin mayor problema. Sin embargo, en 2016 las cosas comenzaron a enturbiarse. Ese año apareció un pagaré fechado en 2003 —cuando Santos David todavía no poseía nada— que daba la titularidad de la parcela a un empresario de nombre Roberto Elías Moisés Trujillo.

En el documento se dice que Moisés Trujillo prestó diez millones de pesos a Dzul Pech, quien dejó como garantía de pago “su parcela“, aunque para ese año —2003— Santos Dabid no tenía parcela alguna: la número 21 le fue asignada por la asamblea ejidal en 2008.

“Es una deuda imposible“, remarcó Quintal, en la charla con Jaltun. Y es que, además de las inconsistencias temporales, el pagaré no establece intereses, plazos ni forma de pago. Tampoco hay rastro de transferencia bancaria ni de entrega en efectivo.

Durante trece años nadie reclamó ese dinero. No ocurrió en 2008, cuando la asamblea le asignó la parcela a Dzul Pech. Tampoco en 2015, cuando se firmó un contrato de usufructo y, de forma irregular, se aprobó el cambio de destino del terreno, que pasó de uso común a área parcelada. La deuda permaneció congelada hasta septiembre de 2016.

Ese mes apareció en Ucú otro empresario: Arturo Millet Reyes, quien se presentó en una asamblea ejidal para ofrecer cien mil pesos por hectárea, justo en la zona donde se ubicaba la parcela de Dzul Pech.

De hecho, uno de los requisitos que estableció Millet Reyes para cumplir con el pago fue que los ejidatarios firmaran la parcela 21 a su nombre. Los ejidatarios rechazaron la oferta y el empresario nunca regresó.

Muy poco tiempo después, el 30 de septiembre de 2016, el Registro Agrario Nacional (RAN) expidió el título de propiedad número 1002123 a nombre de Dzul Pech. Ya en noviembre se presentaron dos avisos preventivos de compraventa a favor de un tercero, Miguel Antonio Muñoz Zetina, ambos cancelados.

El 8 de diciembre apareció un nuevo aviso: dación en pago a favor de Roberto Elías Moisés Trujillo. La deuda de 2003 despertaba de golpe, y el empresario finalmente la había cobrado en un par de semanas.

Al día siguiente, esto es, el 9 de diciembre, se otorgó la escritura pública 635 en la Notaría 87 de Mérida y las 194 hectáreas pasaron a manos de Moisés Trujillo. El campesino no firmó: lo representó Alonso Jesús Diego Molina, un exfutbolista del América que es amigo de Arturo Millet Reyes.

Ese mismo día, Gener Ismael Pech León, entonces comisario ejidal de Ucú y hoy presidente del municipio del mismo nombre, firmó un derecho de tanto. De esa forma, quitó al ejido la prioridad de compra con el argumento de que a nadie le interesaba adquirir esa tierra.

“Todo eso tiene un proceso mínimo de un año para que se pueda volver propiedad. No puede ser que en horas se haga la propiedad. Aquí es claro que hubo corrupción por parte del excomisariado y también por parte de las autoridades agrarias“, afirmó Quintal. “Con el comisario de ese entonces, que es el presidente municipal actual de Ucú, ellos, los empresarios, tenían su relación y simularon todo esto“, añadió.

Las tierras que comprenden la parcela 21 son las mismas por donde está previsto el tendido del Tren Maya de carga.

Detrás del despojo hay una disputa entre dos empresarios. Quintal lo describió así: “Hay un problema entre Arturo Millet y Roberto Elías (Moisés Trujillo). Toda esa deuda de los diez millones de pesos es una simulación, no existió. Lo hicieron para cobrarle a Arturo Millet el dinero que él le debía a Roberto Elías“. Dzul Pech, subrayó, fue un peón.

En el plantón en el monte, una campesina entrevistada lo resumió de esta forma: “Todo está mal. Desde que la asamblea le dio las tierras al señor Santos Dabid, estuvo mal, pero si así se decidió en su momento, ni modo. Pero él nunca debió vender, y si no quiere poner la cara en el ejido, quiere decir que hasta él está coludido con los empresarios y con las personas que lo están tapando. Yo le pregunté esta semana que a quién le vendió las tierras y no me contestó. ‘Tú lo sabes’, le dijo al comisario, pero a mí no me contestó. Tiene miedo”.

Como un dato al margen –o no tanto– debe mencionarse que Roberto Elías Moisés Trujillo aparece en los Paradise Papers a través de Moises & Associates International Corporation, una sociedad con sede fiscal en las islas Caimán y de la que es director desde 1998.

En México, el empresario ha constituido al menos tres sociedades inmobiliarias, una gasera y una hotelera. Ésta última es propietaria del hotel Wakax Hacienda en Tulum, en el estado de Quintana Roo.

Entre sus socios se encuentran Eduardo José Patrón Cervera, Pablo Barbachano Herrero, Chikri Abimerhi Bodib y su hermano, Carlos de Jesús Moisés Trujillo, todos relacionados a denuncias de despojo de tierras en la península de Yucatán.

Arturo Millet Reyes, por su parte, figura en un informe interno del RAN de 2024 entre los dieciocho mayores acaparadores de tierras del País: 398 parcelas, que suman 755 hectáreas.

El empresario fue detenido en noviembre de 2025 por incumplir un pago de 2,8 millones de dólares y reaprehendido en abril de 2026 a raíz de un despojo de tierras perpetrado en Hunucmá, Yucatán.

El tren que abrió la brecha

Felipe Quintal recordó con precisión el momento en que entendió que, al margen de resultar una amenaza para el territorio, el Tren Maya de carga también podía abrir una oportunidad para recuperar tierras del ejido de Ucú.

Corría 2024 y se enteró de que había una demanda heredada de sus predecesores que dormía en el tribunal agrario.

“Yo no sabía de la demanda que habían puesto mis compañeros. Y en ese tiempo también nos enteramos, por empresarios que me filtraron el trazo, de que iba a pasar el tren de carga por Ucú. Ahí es cuando les dije a mis compañeros: ‘Yo creo que es nuestra oportunidad porque no hay otra'”, comentó.

Para el presidente del comisariado ejidal la estrategia se le hizo clara: incidir en la construcción del megaproyecto, anunciado con bombos y platillos como una punta de lanza del gobierno federal en el sureste mexicano, resultaba la oportunidad para destapar la cloaca de abusos y corrupción que han afectado a Ucú por años.

En asambleas, él y el resto de los ejidatarios elaboraron un diagnóstico muy simple: para negociar tiene que haber presión.

“Nuestro mejor método de presión es hacer un plantón, detener el trabajo. Y algunos estaban de que no, de que sí. Muchos tenían miedo, pues era enfrentarse a los militares. Yo, como estudié un poco de derecho, me detenía a explicar que lo que queríamos hacer era legal, y a decirles que ni empresarios ni autoridades nos pueden reprimir por protestar“, explicó.

El plantón llegó el 28 de julio de 2026. Duró tres meses. La descripción que hace Quintal de esos meses en el monte es la de una resistencia sostenida por hilos.

“Es difícil porque te muestran o te hacen creer que no vas a llegar a nada porque las autoridades no te buscan. Estás solo en el monte y nadie viene, nadie te llama, nadie te hace saber algo. Está todo en silencio. Vivimos y pasamos nuestro día conviviendo entre compañeros, contamos nuestras historias. Pero nunca tenemos algún avance, algún informe. Nada“, expresó.

“Hubo un día en que solo llegaron quince personas. Ya la gente estaba totalmente desanimada. ¿Qué es lo que estaban esperando los del gobierno? Que se desanime el ejido. Pero yo otra vez molesto, le hablo a la gente, a esas quince personas. Que hay que hacer una reunión y aquí hay que venir todos, porque acá todos van a tener un beneficio. Les dije: ‘Sí, soy comisario, soy su representante, pero yo solo no puedo acá. Aquí necesitamos la unión de todos, el trabajo de todos, la presencia de todos'”, detalló.

Siempre según Quintal, la reunión que pidió no duró más de cinco minutos. “Los regañé, los grité, les hablé fuerte. Todos callados. ¿Alguien tiene algo que decir? Nadie me responde. Les dije que si les interesa su derecho, la tierra, si les interesa seguir peleando, al día siguiente les esperaba en el monte. Al día siguiente, tras el desfile del 15 y 16 de septiembre, llegaron 250 personas“, comentó.

Antes, en julio pasado, un grupo de empresarios –los mismos que le habían filtrado el trazo– contactaron a Quintal para decirle que gente de la gobernación de Yucatán quería hablar con el ejido. En esa instancia conoció a Pablo Castro Alcocer, subsecretario de gobierno, y, aparentemente encargado de apaciguar los conflictos sociales en el estado.

“Me dijo que le diéramos la oportunidad de mostrarle al ejido que el gobierno iba a cumplir, que iban a trabajar, que nos querían apoyar. Yo no le aseguré ni comprometí a nada. Le dije que iba a platicar con mis compañeros a ver qué me autorizaban ellos“, aseguró el comisario ejidal.

Después de este encuentro vino una segunda reunión y luego una tercera, todas durante el mes de julio, con el gobernador Joaquín Díaz Mena.

“El gobernador me dijo que la presidenta Claudia (Sheinbaum Pardo) le había pedido que hablara personalmente conmigo. Y el gobernador dijo: ‘Sí, sí, yo me comprometo a hablar con Felipe. Es más, yo mismo lo voy a ver a su casa si es posible’. Así tal cual me dijo“, recordó.

En el encuentro, según Quintal, el mandatario fue explícito: “Felipe, por órdenes que tengo de la presidenta Claudia Sheinbaum, me pidieron hablar contigo para pedirte si pueden retirar el plantón. La presidenta quiere terminar su proyecto para diciembre. Me comprometo a apoyarte jurídicamente. Es más, aquí están ellos, lo están escuchando, está Pablo, que es el encargado de darte acompañamiento jurídico”.

Quintal creyó en las palabras del gobernador yucateco. “Yo creí que me estaba hablando con la verdad. Creí que tiene palabra. Hicimos un trato de palabra que creo que es lo más sano, lo más válido para la antigüedad. No hay nada más valioso que la palabra que un escrito. Para mí así es, pero veo que para él no lo es“, se lamentó.

El trato fue que a cada ejidatario le darían 100 mil pesos a cambio de que dejaran que el tren de carga continuara su camino por Ucú. La idea inicial era pedir 300 mil pesos, dijo Quintal, “pero en el ejido hay varios grupos que presionaron para que aceptáramos los 100 mil. Además, se comprometieron a revisar jurídicamente otros conflictos, así como la demanda por restituir las tierras de la parcela 21 para operativizar los pagos de la expropiación”.

El comisario aceptó el trato después de consultarlo con la comitiva del ejido que lo acompañó al palacio de gobierno. Al regresar a Ucú, pidió a sus compañeros retirarse del plantón. “Muchos estuvieron de acuerdo. Los que estaban a muerte conmigo me decían: ‘No, te están engañando’. Pero yo me sentí comprometido con el gobernador”, reconoció.

Sin embargo, después del acuerdo alcanzado con el gobierno pasaron tres semanas sin respuesta de las autoridades.

Gobierno incumple, la resistencia se reactiva

Luego, a finales de agosto, tuvo lugar una reunión en la consejería jurídica del estado con funcionarios federales que representaban a la Secretaría de Gobierno, de Desarrollo Territorial, del RAN, de la Procuraduría Agraria, de Catastro y hasta mandos militares.

“Nos dijeron que ellos no son magistrados para cambiar la información, que hay que llevar el proceso adecuado. Pero no se comprometieron a nada“, rememoró Quintal, quien de inmediato pensó que el gobierno se estaba lavando las manos.

Ante esta situación, los campesinos volvieron a instalar el plantón en las inmediaciones de la construcción del tren de carga.

“Ya aprendimos la lección. Ya aprendimos que no tienen palabra. Es difícil creer otra vez en ellos porque no nos cumplieron. Sinceramente creí en ellos, que me iban a apoyar con lo que prometieron“, dijo el comisario ejidal. “Vamos a cerrarle nuevamente porque no están respetando lo que de palabra se habló. Mis compañeros me dicen: ‘Sí, vamos esta vez, Felipe, no nos vamos a quitar hasta que nos paguen'”, agregó.

Entre algunos campesinos la demanda va más allá del dinero. A eso se refirió una campesina de Ucú también en el plantón: “Lo que nosotros queremos ahora no es dinero, sino que nos regresen nuestras tierras para repartirlas entre los campesinos que no tenemos acceso. También, al interior del ejido, queremos que se depure a todos los empresarios que están en el padrón ejidal. Mi marido es de acá, y ni un pedazo de parcela le dieron en el monte. No es justo”.

Añadió que “hay muchos que somos de acá y no nos toca nada. Yo le diría a otros campesinos que no se dejen. Aquí mi papá es ejidatario, mi abuelo es ejidatario, y en las asambleas no nos dejan hablar ni tener derechos, pero a otros empresarios de afuera les regalan las tierras, no es justo. Ya basta, hombre”.

El 5 de octubre de 2026, la policía estatal desmontó el plantón de los campesinos y dio acceso a los trabajadores del Tren Maya de carga para que continuen laborando. Un día después, los ejidatarios de Ucú se reorganizaron y volvieron a detener las obras.

“El 5 de octubre un grupo de compañeras fueron a la zona del bloqueo a las 10.30 de la noche, dijeron que los palos que bloqueaban el acceso a las obras seguían ahí. Pero cuando llegamos en la mañana del 6 los trabajadores estaban ahí, y vino la policía y los retiraron. Fuimos todos a ver cómo habían quitado el bloqueo. Los señores estaban trabaje y trabaje, aunque saben que hay un conflicto aquí en la parcela 21”, comentaron a Jaltun varios integrantes del grupo en resistencia. Agregaron que, al margen de que fuerzas de seguridad y operarios del ferrocarril despejaron el bloqueo entre la noche del 5 y la madrugada del 6, el plantón comunitario continúa en la zona.

El gobierno de Yucatán hasta ahora sigue sin reunirse con los ejidatarios.