Tribunales se alinean con Engie y niegan protección a familias en riesgo por el “booster” en Gran Calzada

El Juzgado Tercero de Distrito negó el amparo a las 160 familias de Gran Calzada, en Umán, que viven a poco más de 2 metros de la estación de compresión de gas (booster) de la compañía francesa. La abogada Carla Escoffié, quien defiende a las y los habitantes del fraccionamiento, advirtió que la resolución “deja un muy mal precedente”. Señalan complicidad entre autoridades, inmobiliarias y la empresa energética.

A casi un año de que promovieron el amparo 21/13/2025, las y los vecinos de la etapa IV del fraccionamiento Gran Calzada, en el municipio de Umán, dieron a conocer que el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán les negó la protección de la justicia federal contra la operación del booster —estación de compresión de gas— que la compañía francesa Engie, a través de su filial Energía Mayakán, instaló a escasos metros de sus viviendas.

En conferencia de prensa reciente, la comunidad explicó que la sentencia, notificada el pasado 1° de octubre, tuvo dos efectos: por un lado, sobreseyó el juicio respecto a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Y por el otro, negó el amparo frente a los actos reclamados al Ayuntamiento de Umán, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

“Es correcto decir que perdimos el amparo en primera instancia”, reconoció uno de los voceros de los vecinos. Sin embargo, el 16 de octubre firmaron electrónicamente un recurso de revisión para que una instancia superior examine el sobreseimiento relacionado con los dos organismos oficiales y, también, la negativa al amparo presentado.

En entrevista con Jaltun, la asesora jurídica de la comunidad, Carla Escoffié, calificó la resolución de deficiente. “El juzgado sobreseyó el amparo básicamente diciendo que no había una afectación, que no había un riesgo para las personas, a pesar de que se dieron varios argumentos y que es evidente que entre el booster y el fraccionamiento no hay una distancia que corresponda con las normas oficiales mexicanas aplicables“, explicó.

Añadió que el juzgado “no valoró todos los argumentos que se plantearon. Consideramos que es una resolución deficiente y lo que sigue ahora es esperar a que se resuelva el recurso de revisión, que es una segunda instancia, una segunda oportunidad para este caso, y esperamos que este caso pueda ser tomado por la Suprema Corte”.

Una sentencia que deja un pésimo precedente

Para Escoffié, el fallo no solo afecta a las familias de Gran Calzada, sino que sienta un precedente negativo para la protección de derechos en todo el país.

“Pareciera que todos los estándares en materia de deberes de prevención por parte de las autoridades no tiene un efecto útil. Desde el principio precautorio y otros estándares que han dado instancias internacionales y nacionales como la Suprema Corte”, sostuvo. También cuestionó la actuación de las autoridades administrativas, a quienes acusó de “gestionar el problema y tratar de ir alargando las soluciones“.

La abogada recordó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Yucatán había iniciado un censo para atender a las personas afectadas y darles una reparación integral, pero “a la fecha no se ha informado qué pasó con toda la información recabada por la Seplan (Secretaría de Planeación y Evaluación) de Yucatán“.

Asimismo, criticó que el gobernador Joaquín Díaz Mena anunciara en conferencia de prensa una supuesta reubicación “sin haberlo notificado previamente a las personas afectadas”. “En general me parece que las autoridades no están midiendo la gravedad del asunto”, afirmó.

Sobre esta supuesta reubicación, los vecinos criticaron que “el gobernador no fue claro ni concreto. Dijo que el gobierno solo está facilitando el diálogo entre la empresa Engie y la constructora Grupo Casitas”.

“Pero lo que en los hechos hace es negar la responsabilidad del Estado en todos sus niveles. Omite que los gobiernos dieron los permisos, hicieron los análisis de impacto ambiental y social. Nosotros llegamos a este desastre por todos esos elementos combinados. No pueden decir que no hubo responsabilidad gubernamental”, enfatizaron.

Respecto a la propuesta de Engie de comprar 33 viviendas —las más cercanas al booster—, los vecinos señalaron que no coincide con la zona de amortiguamiento que mencionó el gobernador, que incluía toda la cuarta etapa de Gran Calzada. Y que el monto ofrecido deja a las familias con apenas 100 mil pesos libres para reiniciar su vida en otro lugar.

“El proceso es la liquidación de créditos más un apoyo por gastos de transporte y mudanza. Ellos solo te liquidan el crédito, quedas libre en Infonavit, pero el crédito no se vuelve a reactivar rápidamente. Por ejemplo, para quienes ya están jubilados prácticamente se les acabó la opción de conseguir otro hogar”, explicaron.

“Tal vez sonará un poco duro el término, pero es un desplazamiento forzado. No es una reubicación“, sentenciaron.

Además, denunciaron que la decisión fue tomada de manera unilateral entre el gobierno de Yucatán y la empresa, esto es, sin consultar a las familias. “Nunca fuimos consultados ni la decisión se tomó junto con las personas. Fue una decisión unilateral tomada a partir del gobierno del estado junto con la empresa Engie”, subrayaron.

La falla que no se puede ignorar

Escoffié fue enfática al señalar que la coexistencia de un fraccionamiento habitado y una estación de compresión de gas no es producto de la casualidad, sino de omisiones institucionales graves.

“Para que se haya construido el fraccionamiento y la estación de compresión, uno al lado del otro, es porque hubo autoridades que no hicieron su trabajo. No hay forma en la cual se construya un fraccionamiento junto a una estación de compresión sin que las autoridades que otorgan los permisos supieran lo que estaba pasando y les haya valido. Es decir, acá hay una falla muy grave que no se puede ignorar”, remarcó.

En ese sentido, distribuyó roles: “Grupo Casitas tiene mucha responsabilidad y son culpables de esto que ocurrió, pero también las autoridades que les dieron los permisos”.

Como documentó Jaltun previamente, la constructora Grupo Casitas habría ocultado a los compradores la naturaleza del proyecto colindante argumentando que se trataría de una bodega de Amazon o un estacionamiento.

Asimismo, se comprobó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por Energía Mayakán utilizó mapas de 2010 que excluyen el fraccionamiento, pese a que la zona ya estaba habitada desde años atrás.

“En Yucatán en general, hay un problema muy serio con los desarrollos inmobiliarios, con cómo se está gestionando el territorio, el suelo en todo el estado. Y me parece gravísimo que las autoridades estén más preocupadas por las empresas y los megaproyectos que por la población en general y los riesgos de este tipo”, criticó Escoffié.

Advirtió que, en el caso particular de Gran Calzada, “se podría atender la seguridad de las personas en gran medida mientras se hace un proceso de reubicación o se da algún tipo de solución, y ni siquiera eso se ha querido hacer. Cada día que pasa se está atentando contra la seguridad y la salud de las personas“.

Para la abogada, este caso “es un gran ejemplo de cómo en Yucatán quienes gobiernan son las grandes empresas constructoras e inmobiliarias, y que realmente el gobierno del estado se limita a gestionar sus intereses”.

Juzgado reconoce afectaciones pero aun así negó el amparo

Pese a la negativa del amparo, la resolución del Juzgado Tercero de Distrito, a cargo de la jueza Mercedes del Sol Hernández Cetina, contiene reconocimientos que la comunidad considera relevantes para futuras instancias.

Según expusieron los vecinos, el fallo admite la existencia de 30 posibles escenarios de riesgo ante una situación con la estación. Señala que la infraestructura podría permanecer junto a las viviendas hasta por 30 años. Y reconoce que la distancia entre los muros perimetrales de las casas y el perímetro del booster es de entre 2.5 y 3 metros.

“Estos datos que acepta la jueza del Tercer Distrito al final del día también son una prueba de que hay que seguir examinando y hay que seguir trabajando con las autoridades para esclarecer este tipo de documentaciones”, señaló uno de los voceros de los vecinos.

Los pobladores denunciaron, además, que a un año de la operación del booster no existe ningún plan de contingencia ni de apoyo emocional para quienes viven junto a la estación gasífera.

“Todas las medidas de seguridad que se han presentado son para la gente que trabaja dentro del booster, que se encuentra voluntariamente trabajando en esa estación. Para ellos, terminando esta barda, el riesgo se acaba”, criticaron.

“Nadie de aquí sabe exactamente qué hacer ante un accidente o ante alguna contingencia. No sabemos a dónde correr, cuál es el procedimiento. Si se dan cuenta, ni siquiera hay señalética. Engie lo omite completamente “, señaló otro de los habitantes.

También denunciaron inconsistencias en la información proporcionada por la empresa respecto a la zona de venteo —la chimenea visible desde el fraccionamiento—.

“En un principio aceptaron que funciona todos los días, incluso en horarios extendidos, y en esta última reunión se atrevieron a decir que solo funciona cada dos o cinco años lo cual es una completa mentira. Hemos escuchado y visto incluso cómo prende fuego esa zona de venteo”, afirmaron.

La lucha continúa en Gran Calzada

Ante este panorama, la comunidad exigió evaluaciones independientes que verifiquen si las medidas de seguridad son suficientes y se cumplen, así como también información pública comprensible, sin tecnicismos y sin datos reservados, sobre protocolos de emergencia, sistemas de alerta y rutas de evacuación.

También reclamaron una participación efectiva de las familias en las decisiones, con mecanismos accesibles para quienes no puedan asistir a cada reunión, y un calendario de trabajo con responsables, minutas, documentos y plazos.

En cuanto a las responsabilidades institucionales, pidieron que cada autoridad asuma su parte: el municipio, en uso de suelo, construcción y protección civil; el estado, en coordinación y protocolos; la federación, en evaluaciones, permisos y seguridad industrial. Y las empresas en rendición de cuentas.

De manera puntual, exigieron la presencia de la ASEA en las mesas de diálogo, institución que, según los vecinos, “ha mantenido silencio total y no ha participado de ninguna forma”.

En la última semana de octubre, la comunidad llevó un documento al Palacio Nacional dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum en el que expuso la necesidad urgente de que la ASEA participe presencialmente en las mesas de diálogo. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han respondido las solicitudes.

Aunado a estos planteamientos, los vecinos aclararon que la presentación del recurso de revisión ante la negativa del amparo “no significa que la estación haya sido suspendida ni que ya exista una resolución favorable. Significa que ejercimos nuestro derecho de acceso a la justicia”.

Su intención, dijeron, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso y “analice de forma responsable las omisiones que aquí se tuvieron”.

“Seguiremos utilizando las vías legales y comunitarias que nos corresponden. Esperamos una respuesta institucional que ponga a las personas en el centro, examine la evidencia y abra el camino a soluciones reales”, concluyeron.

Detrás del expediente, vidas

Más allá de los tecnicismos jurídicos, los vecinos insistieron en que el conflicto tiene rostro humano.

“Fuera del expediente existen personas, existen testimonios y existen vidas. Nadie llegó a Gran Calzada ni por coincidencia ni por un golpe de suerte. Todos llevamos aquí años de trabajo, de ahorro, de sacrificio”, expresó otro de los habitantes.

“Algunas familias, si no es que en su mayoría, siguen pagando hipotecas de entre 20 y 30 años, ya sea Infonavit, Fovissste o créditos bancarios. Aquí no quisimos comprar solamente cuatro paredes, nos comprábamos un proyecto de vida”, agregó.

Y advirtió: “Cuando la estación enciende sus luces en la noche parece que van a jugar los Leones. Esto está lleno de luz, no se puede dormir, descansar. No puedes dormir. Ninguna familia debe verse obligada a elegir entre perder su patrimonio o acostumbrarse a vivir con miedo“.