Booster en Umán: juego de complicidades entre gobiernos, inmobiliarias y energéticas

Mientras habla de reubicar viviendas, el gobernador de Yucatán pretende deslindar al Estado de responsabilidades en los proyectos de Engie y Grupo Casitas, aunque ambos recibieron permisos oficiales. Engie insiste con la obra para no perder un contrato multimillonario con el gobierno federal. Los poderosos dueños de Grupo Casitas donaron solares al ayuntamiento de Umán y siguen comercializando Gran Calzada. En medio, rehén de empresarios y políticos, la comunidad que vive junto a una bomba de gas.

La entrada en operaciones de una estación de compresión de gas —booster, en la jerga energética— junto a los hogares de la etapa IV del fraccionamiento Gran Calzada, en Umán, con la reciente decisión legal de retirar la suspensión provisoria de ese proyecto en detrimento de las solicitudes de reubicación emitidas por la comunidad afectada, vuelve a poner en evidencia la complicidad existente entre los distintos niveles de gobierno, las empresas privadas y hasta el sector judicial, para seguir promoviendo iniciativas extractivistas en Yucatán. 

La injerencia de la política en el conflicto, derivado del peligro que representa semejante instalación junto a un fraccionamiento habitado por más de 160 familias, tuvo su muestra más renovada el pasado jueves 13. 

Durante esa jornada y en conferencia de prensa, Joaquín Díaz Mena, actual gobernador de Yucatán, anticipó que promoverá la reubicación de las casas que se encuentran junto a la barda que separa al booster en cuestión, parte clave de la ampliación del gasoducto Mayakan, pero dejando siempre en claro que su administración sólo se ocupará de fomentar el diálogo entre los actores privados detrás del problema en Umán.

En diálogo reciente con Jaltun, vecinas y vecinos de la etapa IV de Gran Calzada sintetizaron la posición de Díaz Mena: “Él dice que es un tema entre particulares. Nosotros rechazamos categóricamente ese término, porque los permisos para las obras fueron dados por el Estado. Díaz Mena dice que este no es un problema que el gobierno deba resolver”. La omisión a todo lo que viene exponiendo la comunidad afectada es otro rasgo saliente de lo que ocurre en Umán.

Algunos de los dichos públicos del gobernador: “Desconocemos por qué motivos los ayuntamientos anteriores de Umán autorizaron a que se hagan viviendas también en la zona de amortiguamiento (del booster). De tal manera que se construyeron viviendas que ahora pegan al muro de la empresa Mayakan”. 

Otro fragmento: “Esto tiene que ser solucionado a través de un acuerdo de la empresa Makayan con la empresa Casitas, que son los que hicieron estas viviendas. Y no hay otra solución más que la reubicación de todas esas viviendas que están pegadas a la empresa y que pudieran tener en un momento dado, en el futuro, la inquietud o incertidumbre de un posible peligro”.

Y por último: “(Las casas) se tienen que reubicar. Ya comenzaron los diálogos de la empresa Casitas con el Infonavit, porque estas casas son del Infonavit, y por parte del gobierno del estado vamos a dar todas las facilidades para que se pueda llegar a una solución. Creo que (eso) sería lo mejor para estas familias y con eso se podría solucionar el problema. Va a llevar un poco de tiempo concretarlo y por eso les pedimos a los vecinos paciencia. Y a ambas empresas les pedimos sentarse a la mesa y buscar la manera de una reubicación”.

El gobierno de Yucatán se lava las manos

Al margen de la falta de detalles respecto de la reubicación, cómo y cuándo se llevará a cabo, qué pasará con las casas ya habitadas, las deudas de las familias que compraron sus viviendas en la etapa IV, y por qué la Gobernación sólo dialoga con las empresas y mantiene a la comunidad al margen de las posibles soluciones, Díaz Mena puso a la vista que la política únicamente hará las veces de mediadora.

Comenta al respecto uno de los habitantes de Gran Calzada: “El gobernador no fue claro ni concreto. Dijo que el gobierno sólo está facilitando el diálogo entre la empresa Engie y la constructora Grupo Casitas. Lo que hace es negar la responsabilidad del Estado en todos sus niveles. Omite que los gobiernos dieron los permisos, hicieron los análisis de impacto ambiental y social. Nosotros llegamos a este desastre por todos esos elementos combinados. No pueden decir que no hubo responsabilidad gubernamental”.

Las y los vecinos no consideran en absoluto la idea, hasta el momento tan vaga como incierta, de la reubicación mencionada por Díaz Mena. Exigen la reparación integral y que se diga quiénes son los empresarios e intereses en juego detrás de la construcción del fraccionamiento y la instalación del booster. 

En la etapa IV de Gran Calzada nadie duda de que Engie y Grupo Casitas, las compañías hoy en el epicentro de la polémica, mantienen un diálogo fluido desde hace años. Y que tanto el proyecto inmobiliario como el energético no se podrían haber llevado a cabo sin un pacto entre empresas.

En medio, rehénes de Engie y Grupo Casitas, las y los pobladores del fraccionamiento. Abandonados, además, por un poder político que en todas sus esferas busca desentenderse y así mantener a salvo la relación con capitales económicos que siempre resultan clave para apuntalar gestiones de gobierno. 

Ligado a esto, Jaltun indagó en el perfil y las entidades de las empresas que protagonizan la controversia y, además de reparar en el perfil multimillonario y transnacional del proyecto Mayakan, también obtuvo precisiones de los capitales detrás de la constructora que promueve Gran Calzada.

Engie, los dueños del negocio del gas

De la promotora del booster abundan las precisiones: Engie es controlada a nivel accionario por el estado francés aunque también cuenta con una participación fuerte del controvertido BlackRock, considerado el mayor fondo de inversión del mundo y siempre señalado por ejercer presiones en las economías de múltiples países del sur global mediante la compra compulsiva de deudas, bonos y empresas estratégicas.

En Europa, Engie lleva años consolidada como la mayor operadora de redes de gas. La compañía acumula dos años de facturación en baja —caída del 12% en 2023 y 10,6% en 2024— por lo que la operación en México se volvió relevante para la caja financiera de la energética. 

A mediados del año pasado, Engie cerró un acuerdo con el gobierno federal para transportar gas a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las próximas tres décadas. La energética controla obras como la de Umán tras quedar al frente del proyecto del gasoducto Cuxtal II. Este último apunta a incrementar la capacidad de transporte de gas fósil —extraído a través de la técnica contaminante del fracking— desde Texas, en los Estados Unidos, hasta la península de Yucatán.

Tanto el booster que hoy afecta a la población de la etapa IV de Gran Calzada, como así también la infraestructura general que se viene desarrollando en el marco del proyecto Cuxtal II, tienen como eje principal el abastecimiento de dos plantas de generación de electricidad que la japonesa Mitsubishi Power se encuentra construyendo para la CFE en Mérida y Valladolid. 

El proyecto de ampliación del gasoducto Mayakan implica un negocio superior a los 2.000 millones de dólares. Engie tiene previsto culminar toda la obra a fines del año próximo. 

Hace pocos días, Jaltun compartió opiniones de integrantes de la organización GeoComunes, quienes señalaron que Mayakan juega un papel central en la continuidad de una dinámica de subordinación energética iniciada con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“El reacomodo territorial del sur-sureste de México, articulado por megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, requiere una masiva infraestructura de transporte y energía. La expansión del gasoducto Mayakan es estructural para este plan, ya que busca satisfacer la creciente demanda eléctrica de los sectores turísticos, inmobiliarios y agroindustriales de la península”, afirmaron los expertos.

Para luego añadir: “Aunque la península de Yucatán no es la región de mayor consumo del país, proyecta la mayor tasa de incremento en el consumo eléctrico (un 60% acumulado en 15 años), lo cual justifica la necesidad de nuevas centrales de ciclo combinado y la ampliación de la red de gas”.

Grupo Casitas sigue construyendo y vendiendo

La otra empresa clave en el atropello que ahora padecen los habitantes de Gran Calzada es Grupo Casitas, la constructora que viene desarrollando el fraccionamiento. Al día de hoy, y según pudo comprobar Jaltun en una visita a la zona, la compañía sigue construyendo casas junto al perímetro del booster, en clara señal de que a su directiva poco le importa la preocupación de las y los vecinos y el proceso judicial en marcha.

De hecho, comentaron distintos pobladores, desde que inició el reclamo comunitario y el proceso que derivó en la suspensión provisoria del booster, hasta el momento ningún representante de la empresa entabló contacto con los habitantes de la etapa IV.  

“Grupo Casitas dejó de usar las oficinas que tenía en Gran Calzada. A quienes compran les están haciendo las entregas en unas torres de departamentos cercanas al proyecto. Y a quiénes preguntan por nuevas casas en el fraccionamiento los derivan a las oficinas que la empresa tiene en Kanasín”, confío un vecino.

La compañía en cuestión pertenece al conglomerado Osroca Corporativo, que incursiona en la construcción y el desarrollo de proyectos inmobiliarios mediante figuras societarias y fiscales como Desarrollos de Vivienda Sustentable y Construcciones Creativas del Sureste. 

Precisamente, esos nombres aparecen asociados a más de 60 donaciones de solares y otros bienes declarados por el ayuntamiento de Umán en un inventario correspondiente a 2023. Para nada sorprende, entonces, el silencio del gobierno municipal frente a lo que ocurre en Gran Calzada.

Freddy Ruz Guzmán, alcalde de Umán de 2015 a 2021 —reelección de por medio— y Gaspar Ventura Cisneros Polanco, al frente del ayuntamiento en el período 2021-2024, son señalados como los funcionarios municipales que miraron a un costado mientras Grupo Casitas construía la etapa IV de Gran Calzada —habitada desde 2023— y Engie iniciaba el desarrollo del booster. 

La estación de gas terminó de construirse y ponerse a funcionar durante el último año, esto es, ya durante la presidencia municipal de Kenia Walldina Sauri Maradiaga.

Grupo Casitas y los dueños que pasan desapercibidos

En el detalle de lotes cedidos al ayuntamiento de Umán por Osroca, Desarrollos de Vivienda Sustentable y Construcciones Creativas del Sureste, aparecen mencionados Guillermo Antonio Osorio Rodríguez, Alejandro Rodríguez Castellanos y Luis Guillermo Osorio Rodríguez. Fuentes en ese municipio afirman que los tres concentran el control accionario de Grupo Casitas.

De este tridente, el nombre más pesado sin dudas es el de Guillermo Antonio Osorio Rodríguez: es el dueño de Macropay, una compañía orientada a la entrega de créditos de bajo monto para la compra de celulares y otros productos tecnológicos. Con más de 600 tiendas distribuidas en todo México, Macropay tiene en el segmento de la población sin bancarizar o con nulo acceso a fuentes de financiamiento su principal nicho comercial. 

Las referencias a Osorio Rodríguez proliferan en buscadores y redes sociales: mentor, gurú, visionario, inspirador, son algunos de los motes que lo califican en el universo online. Nada que lo ligue al modo de hacer negocios de Grupo Casitas y la realidad dantesca en Gran Calzada.

Tanto Luis Guillermo Osorio Rodríguez como Alejandro Rodríguez Castellanos presentan perfiles de mucho menor visibilidad comercial. El primero es, en los papeles, “administrador único” de Desarrollos de Vivienda Sustentable, una de las sociedades bajo el paraguas de Osroca Corporativo. El segundo es parte clave de la misma Osroca y además integra la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

A excepción del cambio de oficinas, el proceso judicial y la controversia en torno a la instalación y puesta en marcha del booster junto a la etapa IV de Gran Calzada no ha implicado un freno en la comercialización del fraccionamiento promovido por Grupo Casitas.

Por el contrario, la empresa sigue ofreciendo casas en el área con precios que oscilan entre los 810 mil y los 970 mil pesos. Ante la consulta de Jaltun respecto de, precisamente, si continúa adelante la venta de viviendas, un asesor de Grupo Casitas respondió que “sí, el proyecto sigue abierto” y hasta propuso “agendar una cita para conocer el desarrollo”.

Respecto del funcionamiento de la estación de compresión de gas y el reclamo de las y los habitantes de la etapa IV, el asesor dijo que “la situación actual que tiene inquietos a los vecinos de Gran Calzada es que inició operaciones de prueba el booster que instaló Mayakan”. 

“Estas pruebas se han hecho con un generador el cual ha desestabilizado a los habitantes. Una vez que funcione de manera convencional la afectación disminuirá”, añadió, minimizando por completo la posibilidad cierta de una catástrofe en la etapa IV y sus alrededores. 

El juicio de diciembre y la posibilidad de la clausura definitiva

Tras la quita de la suspensión provisoria establecida inicialmente por el Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán, a cargo de Mercedes del Sol Hernández Cetina, Engie reactivó el funcionamiento del booster aunque, reconocen las y los vecinos de Gran Calzada, “tratando de ser más cuidadosos con el ruido para que no crezca más el conflicto con la población”.

La semana pasada tuvo lugar una visita judicial de la que tomaron parte desde actores del Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán hasta representantes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS Yucatán), como así también asesores legales de Engie y los habitantes del fraccionamiento. Pese a que enfrentan una demanda por la situación creada en la etapa IV, Grupo Casitas no envió a ningún ejecutivo o abogado a esa actividad.

“Engie no está dispuesto a reubicar el booster, eso lo dejó claro el abogado. Incluso dijo que no representa un riesgo para la comunidad. La empresa dice que el compresor está a 53 metros de las casas, cuando es fácil ver que sólo nos separa una barda”, comentó a Jaltun una vecina del fraccionamiento. 

“El notario que también estuvo presente reconoció que las vibraciones que genera el funcionamiento del booster se sienten en las casas. Y que las viviendas colindan con la estación de gas, algo que el abogado de la empresa negó todo el tiempo. El representante legal de Engie cuestionó en todo momento incluso la capacidad intelectual de la comunidad para llevar a cabo este litigio. Dijo que no entendíamos la situación. Además de lo que ocurre, también nos hacen sentir todo el peso del clasismo y el racismo”, agregó. 

Las y los vecinos de la etapa IV de Gran Calzada colocan gran parte de sus esperanzas en lo que ocurrirá el próximo martes 2 de diciembre, momento en que tendrá lugar el juicio donde podría establecerse la suspensión permanente del booster. 

“Mientras tanto, el gobierno del estado sigue sin dar respuestas concretas a lo que se anunció hace días. De la reubicación no hay detalles. Las y los vecinos exigimos una reparación integral y no una decisión parcial”, comentó un habitante del fraccionamiento. 

“También necesitamos respuestas respecto de nuestra situación ante el Infonavit, porque la mayoría de las familias tienen deudas de sus casas por hasta 30 años y no tiene caso seguir pagando si de pronto se decide la reubicación. Incluso debería suspenderse el cobro de los servicios públicos, pero nada de eso ocurre”, concluyó.

Víctimas de un juego de complicidades y conveniencias en el que intervienen desde el gobierno del estado hasta el ayuntamiento de Umán pasando por Engie y Grupo Casitas, los habitantes de la etapa IV de Gran Calzada llegan a este último tramo de 2025 con la incertidumbre respecto de qué ocurrirá con sus hogares y el sitio que eligieron habitar. 

Poseen, también, una certeza que se agiganta con el transcurrir de las novedades: sólo la unión y la resistencia comunitaria, que de forma conmovedora refuerzan a diario, mantienen con vida la posibilidad de revertir y desterrar tanto atropello.