Se agrava la contaminación porcícola en Yucatán y los gobiernos ignoran los reclamos mayas

Nuevos muestreos en reservas hídricas revelaron exceso de nitratos y bacterias nocivas vinculadas a las megagranjas de cerdos en Yucatán. Reunidas en la red “To’one Ja’o’on” (Somos Agua), veinte comunidades indígenas critican el silencio estatal, la falta de inspecciones efectivas y la cesión inconstitucional de facultades del gobierno federal a la gobernación del estado. Exigen frenar la expansión porcina y el respeto a los derechos territoriales del pueblo maya. 

Contaminación acentuada, un negocio que no se toca y la desidia gubernamental como rasgos dominantes. A un año de presentada ante las autoridades federales, la denuncia popular impulsada por las 20 comunidades mayas de Yucatán que integran la red “To’one Ja’o’on” (Somos Agua) en contra de la porcicultura intensiva que prolifera en el estado sigue sin obtener respuesta. Y el daño ambiental no deja de agravarse: un monitoreo reciente realizado en 17 pozos y cenotes distribuidos entre poblaciones como Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá y Molas, entre otras, arrojó como resultado la presencia de materia fecal porcina, bacterias dañinas y exceso de nutrientes en esos reservorios de agua dulce.

Los alcances de la inacción oficial, como así también los resultados de las pruebas efectuadas en esas fuentes hídricas, fueron expuestos en rueda de prensa durante la mañana del martes 20 por integrantes de “To’one Ja’o’on” en compañía de la organización Greenpeace.

En ese marco, se enfatizó que el acuífero maya atraviesa uno de sus momentos más dramáticos en términos de afectación derivada del funcionamiento de las megafábricas de cerdos, que a excepción de los casos de Santa María Chí y Homún continúan funcionando prácticamente sin contratiempos.

Respecto de las pruebas realizadas en pozos y cenotes, el informe en cuestión certificó la presencia de concentraciones de nitratos altas y muy altas en la mayoría de las muestras. En dos de ellas, se especificó, las marcas fueron “superiores a la referencia de 50 mg/l establecida por la Organización Mundial de la Salud (en dos muestras, una de Motul y otra de Chocholá)”. 

“Asimismo, se detectaron elevadas concentraciones de demanda química de oxígeno, fósforo y sólidos suspendidos en distintos sitios. Todos estos indicadores, analizados en conjunto, evidencian una importante carga de contaminantes en determinados puntos de la región”, precisaron “To’one Ja’o’on” y Greenpeace en un comunicado conjunto.

“En el ámbito microbiológico, 16 de las 17 muestras alcanzaron el límite superior de medición para coliformes totales, mientras que 13 registraron valores superiores a 1,800 NMP/100 ml de coliformes fecales. Cuatro muestras alcanzaron el límite superior de medición para enterococos fecales. Todos estos niveles altos, y muy altos, incluyen la presencia de bacterias peligrosas y causantes de enfermedades”, añadieron.

Además de resaltar que los resultados “son compatibles con contaminación fecal de origen animal”, las organizaciones se refirieron a otros dos estudios elaborados en 2024 y 2026 por “To’one Ja’o’on” en cinco puntos de los municipios de Mérida, Izamal, Kinchil, Chapab y Maxcanú. En esos casos, se confirmó que “el origen animal de la contaminación es la masiva materia fecal de cerdos (utilizando el método Pig2Bac), en los prestigiosos laboratorios del Instituto Johns Hopkins (Estados Unidos) y de la UNAM”. 

En virtud de esos indicadores, ambas organizaciones exigieron que tanto la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) efectúen sus propias mediciones y tomen medidas para neutralizar de alguna forma el desastre ambiental que, desde hace al menos dos décadas, vienen generando Kekén y sus socios comerciales. 

Un año sin respuesta a las exigencias de las comunidades mayas

Siempre en el marco de la rueda de prensa, representantes de “To’one Ja’o’on” afirmaron que se cumplió un año de presentada una denuncia ante Semarnat, Profepa y Conagua, donde se exigió la intervención de los distintos organismos oficiales para frenar el impacto negativo que provocan las megagranjas de cerdos en Yucatán.

Ligado a esto, desde la Red se enfatizó que las dependencias en cuestión “continúan incumpliendo sus obligaciones en materia de inspecciones, resultados de procedimientos administrativos, aplicación de sanciones y, cuando corresponda conforme a la normativa, clausura de instalaciones reincidentes y reparación integral del daño”. 

“Entre los casos documentados y denunciados se encuentran las granjas porcícolas Gary 5 y 6, en Chocholá, MOBA, en San Fernando, Maxcanú, y los complejos porcícolas de Kekén 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cercanos a Kinchil y a Celestún”, indicaron voceros de la Red, quienes también mencionaron la instalación avícola que Bachoco explota en Hunucmá como otro foco de impacto ambiental nocivo.

“Algunos de estos casos cuentan con antecedentes de inspecciones, irregularidades detectadas, multas y clausuras temporales. También se reportó una nueva inspección de la Profepa a instalaciones de las granjas Gary y MOBA en junio de 2026, cuyos resultados no han sido dados a conocer”, detalló la Red.

Para luego agregar: “Para las comunidades, la existencia de expedientes administrativos no es suficiente si éstos no se traducen en medidas efectivas para prevenir la contaminación y proteger las fuentes de agua. Cabe destacar que, pese a la insistencia de las comunidades en establecer un mecanismo de diálogo y seguimiento transparente con la Profepa, esta institución federal ha sostenido reuniones bilaterales con empresarios del sector porcícola y con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Yucatán (SDS), sin la participación de los pueblos afectados”. 

Precisamente, de esa interacción entre porcícolas y organismos oficiales surgió un acuerdo que originó la transferencia de competencias y potestades de las autoridades federales al gobierno de Yucatán. Así, se habilitó a éste último para que controle y defina el otorgamiento de nuevos permisos para la instalación de factorías de cerdos y el seguimiento de sus operaciones. 

Autoridades y porcícolas sellaron acuerdos a espaldas de las comunidades

“En septiembre de 2025, mientras Profepa y Semarnat iniciaban diálogos a nivel federal con integrantes de la red Somos Agua, las mismas autoridades se sentaron con las empresas y el gobierno del estado (de Yucatán) y acordaron un convenio para tratar de regularizar a las granjas porcícolas. En ese mismo convenio, el gobierno federal cedió la competencia absoluta a la gobernación estatal para que regule y monitoree a las porcícolas”, afirmó al respecto Lourdes Medina Carrillo, abogada de “To’one Ja’o’on” y coordinadora del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal.

“Eso fue y es muy grave. Esa cesión de competencias resulta inconstitucional a partir de las leyes que rigen en nuestro país. Y además nuevamente sin tomar en cuenta que estas granjas están dañando a pueblos indígenas donde nunca hubo consulta, y también a sitios Ramsar como el Anillo de Cenotes y la reserva Cuxtal. Se requiere que haya una inspección ambiental y un cuidado de los derechos, y eso es competencia federal”, agregó.

Como tantas otras veces, lo pactado por las autoridades políticas y los popes de la industria porcícola se llevó a cabo sin ningún tipo de consulta o participación de las comunidades que padecen el desastre socioambiental que provocan las megafactorías. 

“El acuerdo fue impugnado por la red To’one Ja’o’on mediante un juicio de amparo, en el que la Jueza Tercera de Distrito en Yucatán concedió una suspensión definitiva. Estos hechos ponen en entredicho la voluntad institucional de la Profepa de combatir y sancionar las afectaciones ambientales derivadas de la actividad porcícola, particularmente cuando sus actuaciones y acuerdos se llevan a cabo sin garantizar la participación efectiva de los pueblos afectados”, indicó la Red en el comunicado que se distribuyó durante el evento de prensa.

Nuevo pedido a las autoridades

En virtud de resultados arrojados por los monitoreos llevados a cabo por “To’one Ja’o’on”, y las mediciones recientes efectuadas por Greenpeace con colaboración de la misma Red, las comunidades dieron cuenta de una nómina de nuevas demandas a atender por las autoridades competentes. 

Entre otros pedidos, los pueblos indígenas afectados por las porcícolas en Yucatán exigen:

* Inspecciones ambientales efectivas y transparentes en las megagranjas señaladas, con publicación de sus resultados y de las medidas adoptadas.

* Información pública sobre los procedimientos administrativos iniciados durante 2025 y 2026, incluidas las sanciones impuestas y su cumplimiento.

* Monitoreo independiente, periódico y participativo de la calidad del agua, en pozos, cenotes y otras fuentes de abastecimiento de las comunidades, así como en las zonas cercanas a instalaciones porcícolas.

* Investigación de la mortandad de peces reportada en la laguna ubicada entre Kinchil y Maxcanú, a fin de esclarecer sus causas y determinar posibles responsabilidades.

* Información verificable sobre el traslado de cerdos y operaciones porcícolas desde Santa María Chí hacia instalaciones en las zonas de Tepacal y San Antonio, cercanas a Molas y a la Reserva Ecológica Cuxtal.

* Reparación integral del daño ambiental en Santa María Chí, con medidas de restauración y garantías de no repetición. 

* Investigación y sanción de las instalaciones que incumplan la normativa ambiental, así como su clausura cuando legalmente corresponda. 

* Protección efectiva de los derechos de los pueblos mayas, incluido su derecho al agua limpia, a un medio ambiente sano, a la información y a la participación en las decisiones que puedan afectar sus territorios. 

* Adopción de medidas preventivas frente a la expansión de la producción porcícola industrial, en concordancia con las recomendaciones de protección del acuífero y los ecosistemas de la península.

Derechos incumplidos y contaminación

En el contexto de la rueda de prensa, representantes de las comunidades de Kinchil, Maxcanú y Santa María Chí integraron un panel que subrayó la falta de respuestas oficiales a un pedido de intervención en favor de la vida que los pueblos mayas en Yucatán vienen exigiendo desde hace más de una década. 

“(Las autoridades) han administrado el conflicto desde sus escritorios en la Ciudad de México. Han firmado convenios a nuestras espaldas y han tratado nuestras acciones como si fueran un simple trámite de ventanilla. Las autoridades administrativas intentan confundirnos con eso e intentan darnos a las comunidades una idea de solución que no va a llegar”, indicó un referente de la ‘To’oné Ja’o’on’.

“A las autoridades del Ejecutivo, y de manera muy especial a los tribunales y jueces federales, les recordamos que el Estado mexicano está obligado por la constitución, por el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, a juzgar con una verdadera perspectiva intercultural y a respetar la libre determinación de los pueblos”, enfatizó.

El mismo representante remarcó que, ante cualquier duda respecto del rol que deben desempeñar las autoridades ante los efectos nocivos que genera la porcicultura industrial en Yucatán, las leyes vigentes obligan a proteger y privilegiar “los ecosistemas y la vida, no así las utilidades millonarias que perciben las corporaciones y los gobiernos de turno”.

“El agua no es una mercancía que se pueda envenenar a cambio de multas simbólicas. El agua es nuestro territorio, salud y memoria. Y desde el poniente del estado y con otras comunidades de Yucatán les decimos que no vamos a dar un paso atrás en su defensa. Y tampoco en la exigencia de una vida digna”, concluyó.