Umán cede a la presión de las empresas y abrirá un camino para que siga la minería en Tebec

Durante la noche del 27 de septiembre, las y los pobladores de las comisarías mayas de Tebec, Hotzuc y Petecbiltún, en el municipio de Umán, Yucatán, levantaron el campamento que mantenían para bloquear el paso de los volquetes y camiones de la empresa Procon y sus socias en la explotación de bancos de materiales en ese territorio. La decisión se tomó tras un guiño judicial que favorece a la empresa, y la postura ambivalente de las autoridades municipales y estatales.

La presión del negocio minero, apuntalada mediante una ofensiva judicial y la falta de firmeza de las autoridades de Umán para atender el reclamo de las y los habitantes de Tebec, Hotzuc y Petecbiltú, terminó por destrabar el paso de los volquetes que operan para Procon, la empresa que explota un banco de materiales muy cerca de esas comunidades mayas.

Durante la noche del pasado 27, las y los pobladores retiraron el campamento que mantenían desde el 12 de septiembre en la entrada de Tebec, instalado luego de que un camión de carga atropelló a dos jóvenes. Joel, uno de ellos, falleció con apenas 20 años, mientras que su acompañante, M., sufrió heridas de gravedad y continúa hospitalizada. El responsable del choque, señalan distintos pobladores, habría sido el chofer de un volquete que se dirigía al predio de Procon. El conductor se dio a la fuga.

La decisión de poner fin al bloqueo llega de la mano de una serie de acuerdos alcanzados con la Subsecretaría de Gobernación de Yucatán, pero también a raíz de una suspensión provisional emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Yucatán, que favorece a Procon, después de que la empresa presentó una demanda de amparo. Precisamente, lo emanado a la fecha del proceso judicial es el argumento que el Ayuntamiento de Umán terminó utilizando para levantar la clausura que le había impuesto a las instalaciones de la minera tras el accidente.

El domingo 27, las autoridades se acercaron a dialogar con las y los vecinos reunidos en el campamento y se comprometieron a transparentar las licencias ambientales y no criminalizar la protesta. Sin embargo, hay desconfianza de que esto pase. Personas de las comunidades señalan que las autoridades estatales incumplieron los acuerdos establecidos el 14 de este mes.

Acuerdos incumplidos

Dos días después del accidente, el 14 de septiembre, el subsecretario de Gobernación, Pablo Castro, acudió a una reunión pública con las comunidades y su representante legal, la abogada Lourdes Medina Carrillo, coordinadora del área de defensa integral de Utsil Kuxtal, donde se comprometió a no criminalizar la defensa del territorio y respetar el derecho de protesta de las y los pobladores hasta que fueran resueltas todas las demandas.

Frente a cientos de personas, las autoridades estatales firmaron acuerdos que se ratificaron cuatro días después, el 18 de septiembre, en la primera mesa de diálogo. De ese encuentro tomaron parte autoridades de los tres niveles de gobierno junto con la comunidad y se organizaron visitas de inspección a las empresas y poblaciones afectadas.

Sin embargo, señalan distintos habitantes de Tebec, Hotzuc y Petecbiltú, los compromisos siguen inconclusos.

“Uno de los acuerdos fue otorgarles a los pueblos información puntual y transparente respecto de los bancos de materiales. Se les solicitó a los representantes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y a Semarnat los expedientes —Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y resolutivos— de los bancos asentados en las comunidades, así como el listado de los proyectos de bancos aprobados en Umán. El representante jurídico de la SDS aceptó entregar dicha información y al día de hoy no lo ha hecho. Además, la comisión conformada no incluye atención psicológica ni de salud pública que se había solicitado“, comentó a Jaltun una pobladora de Tebec.

Una de las peticiones más importantes de los pobladores es que se cierren los bancos de materiales que Mapsa, Materiales Ku y Procon operan en esa zona. Jorge Fernández Mendiburu, también abogado de Utsil Kuxtal y asesor legal de la Red de Pueblos contra la Minería, señaló las contradicciones en el proceso.

“Lo que es evidente es que no hay ninguna acción real para parar los bancos de materiales. Aquí también viene grave responsabilidad de la Profepa y de la Semarnat”, dijo a Jaltun. 

Hace casi un año, esto es, el 25 de noviembre de 2025, se presentó una denuncia popular ante la Profepa donde se hacía un recuento de los impactos ambientales y sociales, los daños a las viviendas y los riesgos de tránsito generados por las mineras. Pero apenas la semana pasada, el organismo hizo una primera visita con vistas a futuras inspecciones. 

“También hay una negligencia importante de las autoridades federales. Los tres niveles de gobierno pareciera que lo que están haciendo es más bien mareando a la gente para permitir y garantizar que las empresas sigan funcionando. Esa es un poco la impresión que tenemos a partir de lo que hemos estado viendo“, enfatizó el abogado.

Impunidad para la empresa y acoso judicial para el poblador

Tras el accidente, el Ayuntamiento de Umán clausuró a las empresas mineras, que permanecieron cerradas hasta el jueves 24 de este mismo mes. Ese día se conoció que la empresa Procon había interpuesto una demanda de amparo contra las autoridades municipales por la medida establecida.

“El amparo que presentó Procon, con una suspensión que da el juez segundo de distrito Rogelio Leal Mota, del Estado de Yucatán, prácticamente ordena al Ayuntamiento que retire los sellos y que permita la labor de la empresa“, precisó Fernández Mendiburu.

El abogado calificó la suspensión de cuanto menos controvertida. “Desde nuestra perspectiva, es una suspensión que no está ponderada, porque hay una situación de interés de orden público que debía haber significado que el juez podía admitir el amparo, pero no otorgar la suspensión. Ahí vemos una primera situación cuestionable“, señaló.

Otra razón por la cual Procon no debería operar, indicó el asesor legal, es que su permiso de uso de suelo para la extracción y trituración de material pétreo venció el 24 de este mes, mientras que los permisos de funcionamiento del banco de materiales vencen a finales de octubre. La alcaldesa Walldina Sauri se comprometió ante las comunidades a no renovar los permisos de uso de suelo otorgados la empresa.

“En consecuencia, la alcaldesa o el Ayuntamiento tienen todas las facultades para emitir una nueva clausura porque ya no tienen permiso de uso de suelo. Es una situación contradictoria porque la empresa y la presidencia municipal dicen ‘ya no voy a renovar los permisos, pero sí voy a hacer una carretera’. Entonces, al final del día, la intención de la presidencia municipal es que siga funcionando el banco, pero con una carretera que no ponga en riesgo a la gente”, expresó el experto de Utsil Kuxtal.

“Ahí tenemos mensajes contradictorios del Ayuntamiento de Umán. Estamos frente a una situación donde el Ayuntamiento tendría la posibilidad de no renovar los permisos y en ese sentido garantizar que no funcionaran las plantas de materiales que están en la zona“, agregó.

Derivada de la suspensión judicial a su favor, Procon estará laborando por al menos 15 días —tiempo en que el Ayuntamiento de Umán se comprometió a hacer un camino alterno— únicamente para sacar el material de sus instalaciones y sin efectuar nuevas detonaciones.

“El comisario (Jorge Cetz, de Tebec) se personó en el juzgado como autoridad, porque él está señalado como autoridad responsable, aunque en los hechos no emitió la clausura. Él ya fue y dijo al juez de distrito que no deberían levantar la clausura. Esta suspensión que dieron es provisional; el 16 de octubre se decide si la suspensión definitiva procede“, explicó Fernández Mendiburu.

“No deberían darla porque todo aquello que tiene que ver con cuestiones de tránsito y vialidad es una cuestión de orden público, entonces no puede haber suspensiones cuando se pone en riesgo el orden público. También porque hay situaciones de salud y medio ambiente que son de orden público y que no pueden permitir una suspensión a favor de la empresa. Además, ya se les venció el permiso de uso de suelo“, amplió.

Inspecciones superficiales

Las brigadas de inspección solo han visitado Tebec, Petecbiltún y Hotzuc, aunque son por lo menos 10 los pueblos afectados en la zona por las mineras. Según las personas entrevistadas, las inspecciones a los bancos de material pétreo han sido superficiales. No ingresaron a la instalaciones de los bancos debido a los sellos de clausura.

“La comisión preguntó a los pueblos: ‘¿por qué solicitaron la inspección cuando están los sellos? No podemos ingresar a las empresas así’. Esto resulta incongruente con lo planteado en las mesas de diálogo, donde el gobierno se comprometió a citar a las empresas. Dicha inspección también fue programada y sugerida por el gobierno del estado“, relató otra pobladora de Tebec. 

Las brigadas inspeccionaron las casas afectadas por las detonaciones de dinamita ejecutadas en los bancos y volaron drones sobre los terrenos. Ahí mismo, las autoridades fueron informadas sobre un nuevo predio que Procon comenzó a desmontar cerca de la escuela secundaria de Tebec. 

“Los integrantes de la brigada aseguraron que no tenían conocimiento de ese predio y las actividades que ahí se están realizando. Tampoco se ha entregado un informe sobre lo recabado u observado durante los recorridos de inspección. Xcucul Sur y Ticimul aún no tienen fecha asegurada para la visita”, agregó.

La comisión de las brigadas de inspección está conformada por personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Gobierno del Estado, Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Una de las cosas que están certificando es el impacto en las viviendas, pero parece que la SDS no quiere volar los drones para medir las distancias entre las casas y los bancos porque hay una norma oficial que establece que los bancos de materiales deben estar a 5 kilómetros de la población. Y las sascaberas se encuentran a una distancia menor a lo establecido. No han querido documentar de manera clara todos los impactos ambientales y las distancias“, subrayó Fernández Mendiburu.

Amenazas y presión

Los pobladores también han recibido amenazas indirectas. Según los habitantes reunidos en Tebec, una persona que se identificó como trabajador de Materiales Ku, acudió al campamento de Tebec el pasado 20 de septiembre para advertir que los empresarios de Procon —Nicolás Felipe Xacur Gamboa, William Abraham Daguer y Asis Abraham Daguer— eran gente “muy poderosa” y que enviarían grupos de choque para obligarlos a retirarse.

La noche del 27 de septiembre, el comisario Jorge Cetz recibió un mensaje donde se alertaba que la Fiscalía estaba en camino para levantar el campamento con apoyo de la fuerza pública.

Tras la amenaza del operativo, Cetz pidió a Walldina Sauri, la alcaldesa de Umán, que se sitúe en el lugar y convocó a más personas de la comunidad. La amenaza no se concretó, pues la Fiscalía nunca llegó. Sin embargo, esa intimidación se sumó a las anteriores y empujó a los pobladores a una nueva negociación y acuerdos.

En un principio, las personas querían esperar a que llegara la Fiscalía con una orden que les indicara retirarse. Anticiparon que lo harían con calma para no ser criminalizados. Sin embargo, la alcaldesa propuso que movieran el campamento y que en su lugar se quedaran retenes de la policía municipal de Umán. La opción dividió opiniones pero al final las comunidades aceptaron.

A las 10 pm del domingo 27 la comunidad que mantenía el bloqueo acordó con Sauri abrir el paso a volquetes por dos semanas. Durante ese lapso se prevé la construcción de una carretera exclusiva para volquetes. También hubo acuerdo para que el retén comunitario continúe a un costado de la carretera.

“No estamos decididos a retirar el campamento. Queremos saber qué es lo que nos proponen ustedes como autoridades porque nos dijeron que iba a venir la fuerza pública a retirar nuestro retén. Por eso la gente está aquí reunida, porque si vienen con una orden pues no hay más. Pero queremos saber si los rondines municipales para cuidar la velocidad van a ser permanentes, porque en otra ocasión solo iban y venían, no se quedaban los policías“, dijo a las autoridades municipales, durante la noche del domingo, una de las mujeres reunidas en el campamento.

“Pero si ya quedamos en algo aquí. Yo les estoy diciendo que vamos a poner los retenes. Y además vienen los acuerdos que están diciendo que les van a hacer su calle a ellos —por Procon—. Yo no le veo el problema. Estoy acá por el apoyo que están pidiendo. Pero para que yo pueda instalarlo como les digo, necesito que ustedes se vayan“, respondió en ese momento un oficial de la policía municipal.

Por su parte, la alcaldesa dijo que si en 15 días no está construido el camino, respetará que las comunidades vuelvan a colocar el retén comunitario. Y que además establecerá un puesto municipal por seis meses.

“Vamos a hacer las cosas oficiales. Si ustedes quieren continuar en contra de la empresa, continúen. Pero yo también les apoyo, yo también he sido demandada. No solo yo, mi director de Obras Públicas, mi tesorera, mi director de Protección Civil, usted también, comisario, y nos dieron un término de contestación. Si no cumplo en estos 15 días, —ustedes— cierran de nuevo. Yo me comprometo a pagar seis meses para que ustedes puedan tener su retén. Entonces, estoy haciendo las cosas con ustedes y no es justo que me estén diciendo que soy una vendida, porque ustedes me deberían de estar apoyando porque yo vine desde que me hablaron“, dijo Sauri a las y los vecinos reunidos.

Cabe recalcar que una situación similar a la de Tebec ya había ocurrido el pasado marzo en Oxcum, otra comisaría de Umán. Allí, un joven en motocicleta fue atropellado por un trabajador de las minas.

Tal como lo documentamos en Jaltun, la misma alcaldesa se comprometió a garantizar que la empresa Tricoblocks haría las reparaciones necesarias a la carretera. Y que se desarrollarían rutas alternas para los volquetes, restricciones de horario para el paso de camiones, y también se generaría una investigación a fondo sobre el banco de materiales y su funcionamiento. Ninguno de esos compromisos se ha cumplido y la empresa sigue trabajando como si la tragedia no hubiese ocurrido.

El campamento se retira

Cerca de la medianoche del domingo pasado, las y los pobladores de Tebec, Hotzuc y Petecbiltú quitaron las llantas y el toldo, y movieron el campamento a un lado de la carretera para que los policías instalen su retén. La población se organizó para realizar guardias en los días siguientes. La alcaldesa de Umán, en tanto, dejó operando un equipo de policías con la función de vigilar la seguridad vial en esa área.

“Vamos a verlo como un descanso“, dijo una de las personas que tomó parte del retén comunitario.

Para Jorge Fernández, lo sucedido el 27 de septiembre “demuestra que no hay capacidad para garantizar la seguridad de las personas que protegen su territorio y ninguna acción real para parar los bancos de materiales”.

“En lo personal estoy agotadísima. La amenaza de que la Fiscalía iría por las personas que estuvieran en el retén comunitario, junto con la insistencia para dejar la vigilancia en manos del municipio con tal de que Procon pueda sacar el material que tienen en sus instalaciones, llevó a mucha tensión y frustración“, comentó a Jaltun otra habitante de Tebec.

“Pero darle lugar a las palabras y la gestión municipal otorga un tiempo para descansar física, mental y emocionalmente, porque la lucha continúa y necesitamos mantenernos fuertes. Las afectaciones son muchísimas: a nosotras y nosotros, al ambiente, el suelo, el agua; todo se ve impactado y parece que a las autoridades no les importa nada más que sus intereses personales y empresariales. Nos toca seguir con esto después de los 15 días acordados, porque Procon es dueña de mucho de nuestro territorio y no podemos permitir que deje de explotar un lado solo para pasarse a otro“, concluyó.