Chuburná Puerto teje resistencias ante el despojo y la devastación que promueven las inmobiliarias
Publicado 12 noviembre, 2026
Pese a que rige la suspensión judicial sobre el proyecto Las Dunas, los habitantes mantienen una vigilancia activa ante la presencia de maquinaria pesada en el predio deforestado. Apoyados en la memoria pesquera, el turismo ecológico cooperativo e instrumentos legales, la comunidad exige la cancelación total del desarrollo promovido por José Chapur Zahoul y Víctor Manuel Abraham Palomo. Piden resguardar la biodiversidad y sus medios de vida.
En la franja costera del municipio de Progreso, en Yucatán, el pueblo de Chuburná Puerto sostiene una batalla contra la presión y el extractivismo inmobiliario. Con la orden de suspensión dictada sobre el proyecto Las Dunas —un desarrollo proyectado para erigir seis torres con setenta y cuatro departamentos de lujo—, los pobladores se mantienen alerta ante la posible reactivación de las obras.
Las maniobras previas de desmonte y la remoción intensiva de arena dejaron huellas profundas en el ecosistema de dunas y manglares, poniendo en riesgo severo a múltiples especies de flora y fauna silvestre clasificadas bajo protección especial y en peligro de extinción.
Frente a esta amenaza de despojo territorial, la asamblea comunitaria y las familias del puerto articularon una estrategia de autodefensa. El objetivo es frenar el aplanamiento industrial de su franja costera, salvaguardar la biodiversidad local y proteger una red de economía autogestionada que ha garantizado el sustento de la población por generaciones.
Complejos de gran escala como Las Dunas, a la par de proyectos como Ciudad Maderas —comercializados a través de esquemas de financiamiento opacos—, atentan de manera directa contra la soberanía territorial, destruyen el escudo hidrológico de la costa y menoscaban la memoria histórica de una comunidad maya pesquera.
El origen del playón y la memoria de la defensa
El playón de Chuburná Puerto es el resultado directo de la interacción entre la dinámica marina y la historia meteorológica de la costa yucateca.
Su origen se remonta a la construcción de la escollera del puerto de abrigo, una obra de ingeniería que alteró las corrientes e hizo que el mar depositara arena de forma gradual configurando una playa de libre acceso que históricamente perteneció al pueblo.
A este proceso de acumulación se sumó el impacto del huracán Gilberto en 1988, cuya fuerza abrió canales de comunicación entre el mar y la ría, modificó los contornos costeros al inundar antiguas zonas de estacionamiento y erosionó las dunas primarias que servían como barrera natural.
La deriva litoral y la fuerza de los elementos moldearon el espacio público tal como se lo conoce hoy, un ecosistema vivo donde las y los pobladores reafirman su derecho a la convivencia y la soberanía comunitaria.
Es en este contexto de defensa territorial donde resalta la figura de Francisco Osalde, un ejidatario de 59 años que lidera las acciones de resistencia comunitaria para salvaguardar el puerto.
Como expresidente del Consejo de Vigilancia ejidal, continua organizando a las y los vecinos para hacer frente a la embestida de los megaproyectos inmobiliarios y turísticos que señalan a Chuburná Puerto como el próximo “paraíso costero” en Yucatán.
Don Pancho, como le gusta ser llamado, cuenta que en 2024 y estando al frente de más de cuarenta pobladores y con el respaldo de activistas locales, luchó contra la imposición de proyectos promovidos por empresarios del sector pesquero y agrario con estrechos lazos políticos —entre ellos el empresario Martín Velázquez Cuevas—. De esa forma, se logró impedir la apropiación de la última duna natural ubicada en zona federal marítimo-terrestre.
Osalde asegura que Velázquez Cuevas intentó apoderarse de terrenos en zona federal —acaparando espacio para él, su hijo y su yerno— en esa área del puerto.
“Si pude ganar eso, ¿por qué no voy a ganar lo demás?”, asegura don Pancho, respecto de su batalla contra Dunas de Chuburná.
Despojo y privatización de lo común
Desarrollos como Ciudad Maderas y Dunas operan mediante esquemas de publicidad engañosa: las agencias comercializadoras ofertan lotes residenciales prometiendo accesos privados a playas que son de dominio público por mandato constitucional.
Asimismo, en sus folletos promocionales integran la infraestructura turística comunitaria —como la renta de palapas y servicios de kayak operados por familias locales— haciéndola pasar como amenidades exclusivas incluidas en sus complejos residenciales.
Esta dinámica de acaparamiento registró antecedentes críticos en la zona urbana del puerto. Uno de los episodios más documentados involucró al empresario Edgar Sánchez Castro, vinculado a la firma Ciudad Maderas y originario de Querétaro: en Chuburná Puerto los vecinos aseguran que adquirió predios ejidales a plazos y habría incurrido en el incumplimiento de pagos mediante la emisión de cheques sin fondos.
A pesar de las protestas de la asamblea ejidal, el empresario avanzó con la edificación de un salón de eventos sobre la vía pública. Dicha construcción privatizó la calle histórica que conducía al panteón municipal y selló el portón posterior que comunicaba el recinto del cementerio con la playa.
Como consecuencia de eso, las familias del puerto se ven obligadas a ingresar por la entrada principal del salón de eventos y atravesar parte de su predio para poder sepultar a sus difuntos.
De igual forma, el desarrollador prometió la entrega de un parque infantil para la comunidad y, aunque la obra física fue concluida, el espacio permanece cercado con rejas y cerrado al público desde su inauguración. Funciona únicamente como escenografía publicitaria.
La dignificación del trabajo para las comunidades mayas que habitan la costa
Frente al discurso empresarial que promueve la llegada de los desarrollos inmobiliarios como sinónimo de “progreso”, habitantes del puerto optaron por rechazar la precarización laboral y fortalecer las alternativas de economía local.
Ese es el caso de Enrique Chan, quien, tras trabajar durante treinta años en la ciudad de Mérida como líder de piso para la cadena comercial Walmart, decidió renunciar a la estructura corporativa para retornar a su comunidad natal.
En la actualidad se desempeña como guía de turismo, invirtiendo en cursos de capacitación sobre atención al cliente, primeros auxilios, avistamiento de aves y técnicas de pesca artesanal. Enrique señala que lo que más aprecia de su tierra es la libertad de trabajar para sí mismo: “Tú te cierras en una oficina y hasta que se cumpla tu horario sales. Aquí trabajas para ti mismo. A las 5 PM termino el trabajo y me voy a mi casa con mi familia. Eso es lo que hace la mayoría de la gente del pueblo”.
La comunidad estructuró un modelo económico autónomo que aprovecha de manera sustentable los recursos de la zona. Aunque la pesca artesanal —especialmente la captura de pulpo y escama— ha sido la actividad histórica predominante, las vedas temporales y las variaciones climáticas impulsaron a los pobladores a diversificar sus fuentes de ingreso.
Actualmente, un pilar fundamental de la economía local es el turismo comunitario. Pescadores y jóvenes del puerto se organizaron en esquemas cooperativos con sistemas de turnos equitativos para ofrecer recorridos marítimos y paseos por la ría hacia los manglares, los ojos de agua y las zonas de avistamiento de flamencos.
Esta oferta se complementa con la renta de palapas en la playa, la venta de gastronomía artesanal, el hospedaje en viviendas familiares y la prestación de servicios independientes. Esta red de trabajo autogestionado permite a las familias generar ingresos dignos sin depender de empleos subordinados en el sector hotelero.
“Te dicen: ‘Te voy a dar trabajo’, pero nunca sucede… Te dicen que te van a traer gente, pero teniendo ellos sus yates y lanchas bonitas, ¿qué van a querer pasear en las nuestras?”, cuestiona don Pancho. Advierte que la llegada de proyectos hoteleros significaría perder a los clientes locales e ingresos propios para terminar viviendo únicamente de lo que dicten esas corporaciones.
Colapso ecológico y la amenaza al agua
El impacto ambiental provocado por el avance de la maquinaria pesada del proyecto Dunas alteró buena parte de la estructura física de la costa cercana. Las montículos de arena primarios, que alcanzaban elevaciones naturales capaces de amortiguar el golpe de vientos y marejadas ciclónicas, fueron arrasados para compactar el suelo y extraer material de relleno.
Ante la falta de drenaje sanitario y plantas de tratamiento de agua, don Pancho advierte que la eventual operación de complejos verticales con decenas de departamentos y albercas como Dunas implicaría el vertido de aguas residuales hacia el acuífero subterráneo.
Esta contaminación se desplazaría hacia la ría —zona vital para la reproducción de especies marinas— y el mar abierto. La situación se enmarca en un contexto regional de presión sobre los recursos hídricos, similar a las resistencias surgidas en municipios vecinos contra obras de infraestructura y proyectos industriales que amenazan la integridad de las reservas de agua subterránea.
A pesar de que sobre el megaproyecto Las Dunas rigen medidas de suspensión promovidas por la acción conjunta de la asamblea comunitaria, activistas locales y colectivos como Salvemos Las Dunas y Kanan Derechos Humanos -de defensa jurídica-, la presencia de maquinaria pesada en las inmediaciones del predio intervenido mantiene latente el riesgo de que los trabajos intenten reanudarse si disminuye la atención pública.
Por ello, la comunidad exige formalmente el reconocimiento del playón como terreno ganado al mar derivado de la escollera, ratificando su naturaleza de bien del dominio público, para impedir así que luego sea objeto de propiedad privada o especulación inmobiliaria.
La trinchera jurídica de las dunas
En el marco del proceso de defensa del ecosistema costero en Yucatán, la comunidad organizada de Chuburná Puerto ha dado un nuevo paso.
El viernes 23 de octubre, habitantes de la localidad, en articulación con la colectiva Salvemos las Dunas y con el acompañamiento legal del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La acción jurídica fue presentada en contra de quien o quienes resulten responsables por los actos y omisiones que han producido daños al ambiente y a los recursos naturales, así como desequilibrio ecológico en la zona de dunas costeras, vulnerando el derecho humano de la comunidad a un medio ambiente sano.
Al respecto, se enfatiza que la suspensión definitiva concedida el pasado 29 de septiembre de este año por el Juzgado Primero de Distrito dentro del juicio de amparo 1771/2026-I-D continúa plenamente vigente. Y que esa medida mantiene obstaculizada cualquier licencia de construcción, uso de suelo, urbanización o trabajo en el sitio. De acuerdo con el comunicado de CEMDA, las noticias que sugieren una resolución favorable para la empresa promotora carecen de fundamento jurídico.
Frente a la voracidad de la mafia inmobiliaria que pretende convertir la costa yucateca en mercancía de lujo, la resistencia de Chuburná Puerto demuestra que la soberanía territorial es la garantía de la vida comunitaria. Defender el territorio es ejercer el derecho de un pueblo a decidir su destino, a sostener un trabajo digno y autogestionado, y a tejer formas de organización equitativas que prioricen el bienestar colectivo sobre el despojo corporativo.
En un contexto de presiones especulativas que buscan reducir a los pobladores a mano de obra precarizada en su propia tierra, la dignidad y el cuidado mutuo que sostienen las familias de Chuburná reafirman que la memoria y la naturaleza no están a la venta.
