La especulación inmobiliaria sigue la estela del Tren Maya y alienta despojos en Ucú

Los intentos por quedarse con parcelas clave para el tendido del ferrocarril de carga alientan maniobras fraudulentas por parte de capitales privados ligados al negocio inmobiliario. En Ucú, Yucatán, un empresario con sociedades en las Islas Caimán y un historial de ilícitos se hizo con 194 hectáreas a través de documentos que se sospechan manipulados y podría obtener una indemnización a partir de la construcción del tren. Ejidatarios mantienen un plantón en la zona donde se empezaron a extender las vías y exigen la recuperación de ese territorio para la comunidad.

En 2008, la asamblea ejidal de Ucú, en Yucatán, le asignó una parcela de 194 hectáreas a Santos Dabid Dzul Pech, un ejidatario que, como muchos en México, tenía derechos pero no tierra. La asignación vino con una condición: un acuerdo de palabra que establecía que si algún día Santos vendía la parcela, el dinero se repartiría entre todos los ejidatarios.

Dieciocho años después, la tierra pasó a manos de un empresario mexicano que aparece en los “Paradise Papers“, un conjunto de documentos que dan cuenta de una serie de sociedades offshore donde los millonarios del mundo ocultan su dinero para evadir pagos fiscales en sus respectivos países.

El empresario es Roberto Elías Moisés Trujillo, quien ahora podría verse beneficiado con una indemnización por parte del gobierno federal, pues la parcela es parte de la ruta del ramal de carga del Tren Maya.

Pero en Ucú hay hombres y mujeres que no están dispuestos a que la historia termine así. Desde hace semanas, un grupo de campesinos mantiene un plantón en la brecha desmontada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para construir el tren de carga. Turnándose el calor y la noche, han detenido el avance de la obra.

Felipe Quintal Dzul, actual presidente del comisariado ejidal, lo explicó a Jaltun con claridad: “Hemos intentado que todo esto se resuelva jurídicamente, y en eso seguimos y seguiremos hasta que el gobierno deje de negociar con tierras que no le pertenecen, y que fueron objeto de fraude”.

¿Cómo es que un campesino maya terminó asociado a un multimillonario? La historia se remonta a un pagaré.

Una deuda que durmió 13 años

Cuando Felipe Quintal comenzó a investigar cómo las tierras pasaron a manos del empresario se encontró con un pagaré extraño fechado el 28 de agosto de 2003.

Ese día, según el documento, Roberto Elías Moisés Trujillo le prestó a Santos Dabid la suma de diez millones de pesos dejando como garantía su parcela. El problema de fondo es que en ese momento Santos Dabid no tenía tierra para ofrecer como garantía.

El contrato (o pagaré), de acuerdo con la revisión de Felipe y los asesores legales del ejido, tampoco establece intereses, plazos ni forma de pago: no hay rastro de transferencia bancaria ni de efectivo. En concreto, para ellos es un documento fraudulento.

La cronología de los hechos parece darle la razón a las sospechas de fraude, pues durante trece años nadie reclamó ese dinero. Ni en 2008, cuando la Asamblea le asignó la parcela a Santos Dabid. Ni en 2015, cuando se firmó un contrato de usufructo sobre la tierra y se aprobó el cambio de destino de uso común a área parcelada. La deuda seguía ahí, congelada, hasta que en septiembre de 2016 apareció en Ucú un personaje que lo cambiaría todo.

¿Su nombre? Arturo Millet Reyes, quien ese año se presentó en una asamblea ejidal para ofrecer cien mil pesos por hectárea a los ejidatarios de Ucú. El requisito que estableció Millet fue que los ejidatarios le firmaran ya a su nombre la parcela asignada a Santos Dabid. Los ejidatarios rechazaron la oferta y Millet nunca regresó.

Millet y Roberto Elías están relacionados por una deuda que, en la lectura de Felipe Quintal, tiene a Santos Dabid como un peón.

“Detrás de todo esto hay un problema entre Arturo Millet y Roberto Elías. Toda esa deuda de los diez millones de pesos es simulación, no existió. Lo hicieron para cobrarle a Arturo Millet el dinero que él le debía a Roberto Elías”, añadió Quintal.

Tal vez por esa deuda, los trámites para despojar de la parcela al campesino se aceleraron. Por ejemplo, el 30 de septiembre de 2016, dos semanas después de la visita de Millet, el Registro Agrario Nacional (RAN) expidió el título de propiedad número 1002123 a nombre de Santos Dabid Dzul Pech, por instrucciones del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Poco más de un mes después, en noviembre, se presentaron dos avisos preventivos de compraventa a favor de un tercero, Miguel Antonio Muñoz Zetina. Ambos fueron cancelados.

El 8 de diciembre apareció un nuevo aviso: dación en pago a favor de Roberto Elías Moisés Trujillo. Esta figura significa que la tierra se iba a usar para pagar un adeudo. La deuda de 2003 despertaba de golpe, tras trece años de silencio.

Al día siguiente, el 9 de diciembre, ocurrió lo que Quintal califica como “un fraude total”. Se otorgó la escritura pública 635 en la Notaría 87 de Mérida.

Las 194 hectáreas pasaron a manos de Roberto Elías. Santos Dabid no firmó: lo representó Alonso Jesús Diego Molina, un ex futbolista amigo de Arturo Millet quien, además, ha sido señalado por despojo de tierras en otras regiones de la península de Yucatán. El individuo se desempeñaba como apoderado de la esposa de Santos Dabid.

Ese mismo día, Gener Ismael Pech León —entonces comisario ejidal de Ucú, hoy presidente municipal— firmó el derecho de tanto, en un acto en que el ejido renunció a su derecho de compra argumentando que a nadie le interesaba adquirir la tierra. De inmediato, la parcela apareció inscrita en el RAN a nombre del empresario.

“Todo eso tiene un proceso mínimo de un año para que se pueda volver propiedad. No puede ser que en horas se haga la propiedad. Aquí es claro que hubo corrupción por parte del excomisariado y, también, por parte de las autoridades agrarias”, explicó Quintal.

El 9 de marzo de 2017, la dación en pago quedó formalmente inscrita. El título de Santos Dabid dejó de estar vigente.

Para Quintal, el actual presidente municipal de Ucú y comisario ejidal en 2016, Gener Ismael Pech León, fue el operador local. “Con el comisario de ese entonces, que es el presidente actual, ellos tenían su relación y simularon todo esto”. Hoy, dice, el funcionario municipal recorre las calles diciendo que Quintal ya recibió dinero y que los ejidatarios pierden su tiempo.

“Le conviene que la gente deje de creer en mí, que me dejen solo”, enfatizó Quintal, quien ya interpuso una denuncia penal por fraude y desfalco.

La estructura del despojo

Lo que ocurrió en Ucú no es un caso aislado. Un informe interno del RAN, fechado en junio de 2024, documenta cómo un grupo de particulares —exfuncionarios, notarios, prestanombres— ha vaciado ejidos enteros en la península de Yucatán mediante asambleas y procedimientos amañados.

El informe del RAN ubica a Arturo Millet Reyes entre los 18 mayores acaparadores del país por número de parcelas: 398, que suman 755 hectáreas. En el mismo listado aparecen Gabriel Guzmán Millet, con 366 parcelas y casi mil 900 hectáreas —más del doble de superficie que Arturo—, y Mauricio Millet Reyes, con 447 parcelas y 242 hectáreas.

El patrón que describe el RAN se ha replicado en otros ejidos de la Península —incluido Ucú—, donde el mecanismo es casi siempre el mismo: se reconoce a los acaparadores como avecindados —sin que cumplan el año de residencia mínimo que exige la Ley Agraria—, luego se cambia el destino de la tierra en asamblea ejidal, se les asigna la parcela, y se autoriza el dominio pleno. Todo en tiempo récord.

Ese engranaje de corrupción le ha permitido a Arturo Millet usar la tierra como moneda de cambio para la especulación inmobiliaria, algo que lo llevó a consumar fraudes incluso contra otros empresarios.

No por nada, el 22 de noviembre de 2025 Millet fue detenido en la carretera Mérida–Cancún por incumplir un pago de 2.8 millones de dólares, esto, en concepto de reparación de daños a un empresario defraudado en un negocio inmobiliario. Diez días después, se le ejecutó una nueva orden desde Monterrey por fraude maquinado: la Fiscalía de Nuevo León documentó que emitió pagarés y promovió convenios para evadir once millones de dólares.

Salió libre el 12 de diciembre gracias a que durante el juicio de amparo se le otorgó una suspensión definitiva que nadie impugnó a tiempo. El 29 de abril de 2026 fue reaprehendido en Mérida, y ahora enfrenta una segunda orden por despojo de tierras en Hunucmá.

Sobre Roberto Elías, los “Paradise Papers” revelan que desde 1998 es director de Moises & Associates International Corporation, Ltd., una sociedad constituida en Islas Caimán. En México, los registros mercantiles muestran que Roberto Elías es un empresario con intereses diversificados.

En 2006 constituyó Inmobiliaria Avant Garde S.A. de C.V. junto con Carlos de Jesús Moisés Trujillo, su socio y quien luego sería también su representante legal por más de una década. Al momento de crear la empresa, ambos figuraban como los únicos accionistas: Roberto, en el rol de presidente del Consejo de Administración, mientras que Carlos ocupaba el cargo de secretario. El objeto social de la empresa era la adquisición de inmuebles por cualquier título legal y su enajenación, urbanización y fraccionamiento. La firma inició con un capital variable de hasta cinco millones de pesos.

En 2009, ambos reaparecieron como accionistas de Promotora Yaxkukul S.A. de C.V., esta vez acompañados de un grupo más amplio de socios. Entre ellos Chikri Abimerhi Bodip, dueño de gasolineras y grúas, y asociado a casos de despojos ejidales en Baca y Chablekal, y Pablo Barbachano Herrero, el empresario dueño de Mayaland, el hotel que invadió los terrenos de la zona arqueológica de Chichén Itzá.

El objeto social de la empresa con los Moisés Trujillo es casi idéntico al de Avant Garde: adquirir inmuebles, urbanizarlos, fraccionarlos, explotarlos comercialmente. La firma lleva como nombre el de un municipio —Yaxkukul— que, según el informe del RAN, es uno de los ejidos donde los acaparadores de parcelas más han concentrado tierras.

Roberto Elías también incursionó en el sector energético. En 2008 constituyó Gas Premier S.A. de C.V. con Chikri Abimerhi Bodib, una empresa dedicada a la compra, venta, almacenamiento y distribución de gas LP.

En 2018, dos años después de que las 194 hectáreas de Ucú quedaran a su nombre, Roberto Elías fundó Operadora Hotelera Chaca S. de R.L. de C.V., esta vez como gerente presidente y con un nuevo socio: Eduardo José Patrón Cervera. El objeto: hotelería, compraventa de inmuebles y urbanización. La empresa es la razón social del hotel Wakax Hacienda, un complejo turístico ubicado en Tulum, en el estado de Quintana Roo.

La asimetría es total. De un lado, un empresario con al menos tres sociedades inmobiliarias, una gasera, una hotelera, una offshore en Islas Caimán y registros de marca activos. Del otro, Santos Dabid Dzul Pech, un campesino maya que al momento de firmar el pagaré de diez millones de pesos no poseía más que su nombre.

Ahora, el fraude parece redituar al empresario Roberto Elías, pues por esa parcela pasará el Tren Maya de carga. De ser así, esta no será la primera vez que el megaproyecto federal traza su ruta en territorios en disputa, pues como documentamos anteriormente en Jaltun, en su trayecto hacia el puerto de Progreso el ramal de carga ha favorecido a empresarios y acaparadores de tierras.

Todos, con control de predios ejidales a partir de asambleas irregulares, cambios de destino exprés y el uso de prestanombres. Lejos de ser una casualidad, el trazo ferroviario parece diseñado para beneficiar a una élite que durante años ha vaciado los ejidos de la península.

El tren que no se detiene

En mayo de 2025, los ejidatarios de Ucú ingresaron una demanda agraria por fraude y desfalco. La parte demandada —Roberto Elías Moisés Trujillo— solicitó que el expediente migrara a un juzgado civil, argumentando que al ser ya propiedad privada el asunto no compete al tribunal agrario. Los campesinos interpusieron amparos para mantener el caso en la vía especializada.

Dos meses después, en julio, los topógrafos aparecieron en las tierras en disputa. Les siguieron las consultoras ambientales. Y más tarde hizo su irrupción la maquinaria. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del ramal de carga Poxilá-Progreso confirmó lo que todos temían: el tren cruzaría el ejido. En enero de 2026, el gobierno del estado les comunicó formalmente a los ejidatarios que no pagaría, que “era un problema entre particulares”. El 12 de enero, Roberto Elías promovió un nuevo juicio de amparo. Y el tren siguió su marcha.

En el mismo municipio de Ucú, otras 3 mil 12 hectáreas fueron repartidas en 2008 entre once personas a precios irrisorios, y mediante una asamblea que el Tribunal Agrario frenó con medidas cautelares. El gobierno de Ivonne Ortega Pacheco las adquirió para el llamado “Plan Maestro Ucú“, un corredor industrial-habitacional que no se concretó. El actual gobierno estatal de Joaquín Díaz Mena anunció que retomará el plan, el cual se desarrollará a pocos kilómetros del tren de carga.

Lo ocurrido en Ucú no es un caso aislado. En Sierra Papacal, los ejidatarios bloquearon las obras en febrero de 2026. Un oficial de la Sedena les dijo lo mismo que escucharían después los campesinos de Ucú: “Defensa no compra terrenos, Defensa construye”. Exigieron un documento que acreditara a quién le compraron la tierra. No hubo respuesta.

En Sierra Papacal, el conflicto se remonta a 1991, cuando se firmó un usufructo con el gobierno del estado para extraer agua. Al año siguiente, Carlos Salinas de Gortari firmó un decreto expropiatorio, pero la indemnización nunca se pagó. Cuando el usufructo venció en 2021, el gobierno argumentó que la tierra ya era federal. Los ejidatarios respondieron que si la finalidad cambió —de extraer agua a tender vías férreas—, el decreto original ya no es válido.

En el ejido de Chelem, el 8 de mayo de 2018, otra asamblea avalada por el notario Hernán Cetina Lizárraga autorizó el cambio de destino de más de 1,295 hectáreas para la creación de 8,146 solares. De ese total, 6,169 se repartieron entre cuatro empresarios reconocidos como ejidatarios: Rafael Acosta Solís, Miryan Santiago Martínez, Miguel Adrián Marcos Nader y Adriana Cecilia Burgos Chacón. Esos lotes se ubican en el polígono por donde pasará el ramal de carga.

Los nombres de los acaparadores se repiten y entrelazan. Por ejemplo, el notario Gamboa y Gamboa, que avaló asambleas en Chelem, tiene relación familiar con Carlos Alberto Génova Gamboa, quien, de acuerdo al informe del RAN, es el segundo mayor acaparador de parcelas del país con 3,416. En el ejido de Progreso, Génova Gamboa es cotitular de parcelas con Antonino Almazán Arteaga, el mayor acaparador nacional.

Por su parte, María de Lourdes Zentella González, otra de las acaparadoras del listado, está vinculada con operaciones irregulares junto a Fernando Sahagún Pérez, quien hacia finales de 2024 acumulaba 724 parcelas con 223 hectáreas.

Otro antecedente de cómo el Tren Maya beneficia a este entramado ocurrió en Kanasín. La estación Teya se construyó sobre terrenos ligados a Antonino Cascio González, otro de los acaparadores investigados por el RAN. El 18 de agosto de 2023, Cascio González transfirió a la inmobiliaria Gaessko —de la que era principal accionista— varios terrenos en Kanasín mediante una figura legal llamada “aportación social”. Eso le permitió capitalizar la plusvalía apenas semanas antes de que el gobierno federal publicara los decretos de expropiación para el Tren Maya.

Esa es la estructura donde se inserta la parcela de Ucú. Mientras el gobierno federal emite decretos de expropiación por causa de utilidad pública, las indemnizaciones corren el riesgo de terminar en manos de especuladores que figuran como propietarios, en lugar de llegar a los ejidatarios que habitan y trabajaron la tierra. En Ucú, ese empresario es Roberto Elías Moisés Trujillo. Si los ejidatarios no logran demostrar el fraude en los tribunales, el dinero de la expropiación será para él.

Por eso, Felipe Quintal y el resto de los campesinos de Ucú no se han movido del plantón frente a las obras del tren. Saben contra quién pelean.

“Los días nos van a dar la razón. Es muy obvio todo”, dice el campesino indignado, mientras monta la guardia.

Por estos días, los campesinos sostienen el plantón sobre la brecha. Se turnan durante las jornadas de calor y por las noches. Revisan papeles y esperan. La parcela tiene dueño en los registros, pero en los montes de Ucú los ejidatarios siguen reclamando a partir del vínculo histórico con su territorio.