Clausuras de adorno: empresas burlan la ley y profundizan el daño ambiental en Yucatán

Frente al discurso oficial de Profepa, que niega desacatos a las clausuras que aplicó en meses recientes en Yucatán, las comunidades mayas constatan a diario cómo las obras de alto impacto ambiental continúan en sus territorios. La falta de control del Estado y la impunidad con que siguen operando las compañías sancionadas alimentan el malestar de los pueblos, que ven devastados sus bienes naturales entre sellos ignorados. Mineras, inmobiliarias, avícolas y porcícolas, a la cabeza de las firmas privadas que incumplen las disposiciones del organismo oficial.

Aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) asegura que no hay registro de violaciones a las clausuras que impone a los proyectos que cometen irregularidades ambientales en Yucatán, lo cierto es que las comunidades mayas afectadas viven otra realidad y transitan el agravio y el hartazgo por la ineficacia de procesos inconclusos y el desacato a las sanciones fijadas por el organismo oficial.

Tan solo en lo que va de 2026, Jaltun ha documentado seis casos de empresas mineras, avícolas y porcícolas que han roto sellos de clausura impuestos por el organismo. En los municipios de Kinchil, Baca, Chocholá, Timucuy y Umán, todos en Yucatán, distintos colectivos comunitarios reportan el incumplimiento de las medidas precautorias impuestas por la dependencia federal. 

El caso de Tótem: cómo ignorar una clausura

En 2021, la población de Kinchil supo de un proyecto inmobiliario que se asentaría en su territorio. Se trataba del desarrollo habitacional “Santuario Tótem”, anunciado en medios de comunicación con bombo y platillo ya que, según sus promotores, crearía una Unidad de Manejo para la Conservación de la vida silvestre (UMA) que tendría como objetivo “liberar y recuperar” al tapir en esa área de Yucatán. 

De acuerdo con la autorización que se le otorgó al desarrollo inmobiliario —expedida el 2 de julio de 2021 a la firma Corporativo Badar Inmobiliario por el entonces alcalde de Kinchil, Valentín Dzib—, el proyecto constaría de 3 mil 963 lotes habitacionales, 153 lotes mixtos, 44 para equipamiento y servicios, 44 para áreas verdes y uno como reserva. 

Testimonios de pobladores señalan que a partir de entonces comenzaron a elevarse los valores catastrales en el municipio. Ya en 2025, distintos habitantes reportaron la tala de la selva con maquinaria pesada y la devastación del suelo kárstico en el área delimitada para el proyecto inmobiliaria, esto es, a poco más de 15 kilómetros del pueblo de Kinchil.

Ante la preocupación y el descontento de la comunidad, el Consejo Maya del Poniente “Chik’in-já”, promovió una denuncia popular que se presentó a la Profepa en marzo de 2025.  Personal del organismo acudió al predio y confirmó la remoción de la vegetación y que la empresa no contaba con la autorización para aplicar un cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Por ello, impuso una clausura total temporal y multó a la empresa.

Pero pobladores de Kinchil aseguran que el proyecto continuó avanzando. Aunque la comunidad se mantuvo atenta a la reacción de las autoridades federales, lo cierto es que no supo más nada hasta julio de este año. Durante ese mes, “Chik’in-Já” recibió una notificación de que la denuncia popular se había dado por concluida. 

“No se sabe a ciencia cierta qué pasó con esa denuncia. Nunca informó la Profepa, nunca informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales qué pasó. Y cuando supimos que se cerró el caso pensamos ‘¿Qué chiste tiene? Si ya casi está listo’”, indicó un habitante de la comunidad.

Por estos días, la preocupación crece fuerte entre los habitantes de Kinchil: temen que si ahora con 7 mil habitantes no hay abasto en servicios básicos como el agua potable y la energía eléctrica, la situación empeore cuando “Santuario Tótem” comience a acumular residentes. 

“Nadie se ha puesto a pensar qué va a pasar con esos servicios públicos de basura, agua potable o alcantarillado cuando empiece a venir gente de fuera a esta zona residencial con la que van a tener acceso a un club de playa y poder ver a los tapires, lo cual es preocupante porque la naturaleza hay que tratar de conservarla como está”, sostuvo el entrevistado.

Las clausuras inútiles

De acuerdo con la Profepa, de 2024 a la fecha ha impuesto 536 clausuras: 302 en materia de impacto ambiental y 234 por impacto forestal. Entre los principales motivos que la dependencia enumeró para estas clausuras están la ejecución de obras o actividades sin acreditar al momento de una diligencia de inspección las autorizaciones de la Semarnat, o la detección de irregularidades durante la ejecución de las obras o actividades verificadas. 

Ante la consulta de Jaltun, el organismo aseguró que “no tiene registro de violación de sellos de clausura”, salvo en un procedimiento en el que se abrió carpeta de investigación por daño ambiental, cuyos datos no especificó.

Pero esta versión la contradicen pueblos como Kinchil con el caso de Tótem o el de la granja de Crío. De acuerdo a información del Consejo Comunitario de Kinchil, en este año la avícola levantó una serie de naves a metros de la zona arqueológica Tzemé pese a que regía una suspensión de Profepa establecida en diciembre de 2025.

Al mismo tiempo, y ya en enero de este año, la empresa intentó mover maquinaria pesada paralizada en esa área con sellos de la misma Procuraduría. El 31 de agosto, el colectivo de vecinas y vecinos en cuestión denunció ante la Profepa esa intención de la avícola.

También el centro de derechos humanos Utsil Kuxtal ha documentado varios casos en los últimos años. Lourdes Medina Carrillo, abogada de la organización, señaló la situación de las granjas porcícolas Gary 5 y Gary 6, en Chocholá: sus dueños hicieron construcciones pese a que las instalaciones se encontraban clausuradas de forma temporal por el organismo federal. Otro ejemplo fue el de la minera asentada en el territorio maya de Yaxcopoil.  

Bancos clausurados siguen explotando 

En 2024, la comunidad de Baca se percató de explosiones que ocurrían en un banco de materiales de la firma Productos de Roca Peninsulares y de las grietas que empezaron a aparecer en las viviendas del pueblo.

La situación empeoró cuando la empresa comenzó a extraer el material pétreo en tanto se incrementaron las emisiones de polvo y humo. En marzo de este año, la comunidad optó por hacer público su descontento, los riesgos a la salud, las amenazas a las casas de las familias y el peligro de contaminación del agua, aire y suelo generado por la sascabera.

El banco fue clausurado el 10 de julio, después de que la Profepa detectara que operaba sin dos autorizaciones federales indispensables: el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) y el Impacto Ambiental. 

Pero la medida apenas si se hizo efectiva: según el Colectivo Kanan K’aax Baca, horas después de que los sellos fueron colocados, la empresa reanudó operaciones y siguió con su actividad extractiva en horarios nocturnos. 

La maniobra fue reportada por el grupo vecinal y personal del organismo federal se presentó de nueva cuenta en la sascabera.

“La Profepa los agarró trabajando y los volvieron a clausurar. Pero volvieron a hacer lo mismo, ahorita siguen trabajando en la noche, en la madrugada. Lamentablemente la empresa ya se sabe el procediiento, cuánto cuesta la multa, ya tiene colmillo”, comentó a Jaltun un integrante de Kanan K’aax Baca.

La violación de sellos, sin sanción de Profepa

La Profepa reconoce que a la fecha no se ha sancionado a ninguna empresa por violar sellos de clausura. Y que en el único caso registrado durante una visita de verificación solo se amplió la denuncia inicial.

De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las clausuras pueden ser medidas de seguridad (cautelares) o de sanción. La finalidad es evitar el incremento del daño ambiental generado por un proyecto. Cuando la suspensión se aplica como una infracción, generalmente es acompañada por medidas “correctivas” que buscan que el infractor subsane sus faltas. 

Sin embargo, la propia Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) indica que, aún cuando se ocasionó un daño, si el infractor cumple con las medidas correctivas se le puede levantar la sanción, explicó a esta plataforma Juan Carlos Lara, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y con pasado en el organismo oficial. 

Las consecuencias para las empresas que no cumplen con las clausuras van desde las multas hasta la presentación de una denuncia penal. Sólo la Profepa puede dar parte a la Fiscalía General de la República (FGR) cuando se violan los sellos de una clausura. Previo a esto debe realizar una visita de inspección para verificar que no se respetó la medida, iniciar otro procedimiento para imponer sanciones, ratificar la suspensión y luego sí denunciar. En cambio, la ciudadanía no puede presentar una denuncia de esta naturaleza.

Detrás del incumplimiento de las clausuras, Lara enumera diversos factores. Entre ellos, la ineficacia de las actuaciones de la autoridad, marcada por la falta de presupuesto en el sector ambiental, lo cual repercute en la carencia de personal capacitado. 

“Tienen poco personal, pocos inspectores, no pueden estar pendientes de todas las obras. Entonces no le ponen relevancia a todos los casos, salvo cuando se hace mediático”, comentó el abogado, en entrevista con Jaltun. 

Por otro lado, las empresas suelen tener capacidad monetaria para interponer acciones legales, que impliquen incluso hechos de acoso judicial, y comprar voluntades dentro de los organismos públicos. 

El otro ingrediente son los juzgados, que valoran los casos con una perspectiva de derechos humanos muy limitada. “Hay juzgados en los que el tema no les entra y entonces, cuando piden (refiriéndose a las empresas) una suspensión contra alguna medida de seguridad impuesta por la Profepa, simplemente otorgan eso sin tomar en cuenta que son medidas para evitar daño ambiental”, enfatizó el especialista. 

La corrupción estructural, otro ingrediente que atenta contra las comunidades

Lastimosamente, la corrupción también es una pieza clave. De acuerdo con Lara, cuando una persona o colectivo presenta una denuncia ante la Profepa y esta encuentra indicios de daños ambientales, la dependencia abre otro proceso —de inspección y vigilancia— que se lleva de forma paralela entre la Procuraduría y el infractor, pero al que la persona denunciante no tiene acceso. 

“Si como denunciante no puedes acceder a este otro proceso ni a la información contenida en este ¿quién sabe cómo se van a arreglar el infractor y la dependencia? Porque no podemos decir que no: hay también actos de corrupción. Es difícil documentarlos, pero si existe un daño de 30 hectáreas y la multa es de 40 mil pesos… parece que algo no legal ocurrió ahí…”, expresó el abogado. 

A la par, es complicado que la parte denunciante pueda estar pendiente de las sanciones impuestas. “Todo esto la autoridad y la empresa lo saben. Y la empresa muchas veces recibe esas multas que son risibles: calcula costos y prefiere pagar la multa que sacar una evaluación de impacto ambiental”, dijo Lara.

El especialista legal consideró que las clausuras son medidas efectivas en tanto se vigile su cumplimiento, pero esta tarea prácticamente no ocurre.

“Si no tiene presupuesto, tiene poco personal. Y si existen actos de corrupción o riesgos de corrupción, o falta de transparencia en los procedimientos, va a ser difícil que las clausuras sean efectivas. Mientras tanto, se deja toda la responsabilidad al afectado, que tiene que estar pendiente del caso”, apuntó.

Impunidad rampante

El incumplimiento de las clausuras y la ausencia de sanciones para quienes quebrantan esas medidas ha generado hartazgo en las comunidades, indicó la abogada Lourdes Medina Carrillo, referente de la organización de derechos humanos Utsil Kuxtal. 

“Siempre los gobiernos, las autoridades y las empresas están llamando al cumplimiento del Estado de Derecho. Cuando las comunidades están tratando, en ese marco de leyes, de meter denuncias, escritos o amparos, y obtienen clausuras, suspensiones definitivas, pero hay una cultura de incumplir la ley, violar esas suspensiones, causa enojo, frustración en los procesos en que están intentando, por la vía legal, exigir la garantía de sus derechos”, explicó Medina Carrillo. 

La abogada indicó que, cuando las dependencias no se mantienen firmes ni dan seguimiento a las sanciones y dejan impunes a las empresas que violan sus órdenes, “dejan sin opción, por esas vías formales, la exigencia de los derechos”.

Y que a la par fomentan que cada vez haya menos respeto hacia las clausuras, suspensiones o cualquier otra sanción o medida precautoria, incluso las emitidas por jueces federales, como ocurrió en la megagranja porcícola de Sitilpech o en la megaobra federal del Tren Maya.   

El hecho de que las empresas incumplan con las órdenes de Profepa y la propia dependencia no se mantenga firme para salvaguardar al ambiente y las comunidades “implica una injusticia” para los pueblos mayas, manifestó la abogada.

“Que las empresas incumplan estas medidas administrativas que se les imponen, estas multas y clausuras, no sólo es un desafío institucional: es un desafío social”, concluyeron habitantes de Kinchil.