Tras décadas de contaminación dejó de operar la megagranja de cerdos en Santa María Chí

Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil, ambas firmas propiedad de los clanes Loret de Mola y Coldwell, acataron lo establecido por Profepa y retiraron los miles de cerdos que concentraban en la megafactoría junto a Santa María Chí. Sin embargo, tanto el organismo oficial como las empresas no han dado precisiones respecto de cuándo y cómo se remediará la contaminación acumulada. Las naves ahora desocupadas y las pilas de oxidación aún repletas con los excrementos de los cerdos inundan a la comunidad maya de moscas y olores nauseabundos.

Tras casi cuatro décadas de contaminar el agua, el suelo y el aire de la comunidad de Santa María Chí, Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil —firmas propiedad de los clanes Loret de Mola y Coldwell— acataron lo establecido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y pusieron fin a las operaciones de la factoría junto a ese pueblo maya. Ambas empresas avanzaron con el traslado de de los cerdos —algo más de 50 mil, según la comunidad, aunque Profepa mencionó 41 mil 570 en un documento oficial— a otras megagranjas controladas por los mismos clanes. Una de las preguntas inmediatas a responder es si Profepa intervendrá también en esas factorías de Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil anticipando la contaminación agravada que viene o, en todo caso, su accionar se mantendrá acotado a la situación en Santa María Chí.

Al mismo tiempo, y más allá de la quita de los animales, lo cierto es que tanto las empresas como el mismo organismo oficial aún no informaron qué ocurrirá con las más de 40 naves —de un total superior a las 70 instalaciones— que siguen montadas en el predio de 220 hectáreas donde operaba la factoría. 

Tampoco, cuándo iniciará y de qué manera se llevará a cabo la remediación de las cuatro piscinas que, repletas de excrementos de cerdo, los Loret de Mola y Coldwell mantienen a cielo abierto dentro del predio de la factoría. La comunidad maya, comentó a Jaltun el comisario de Santa María Chí, Wilbert Nahuat Puc, desconoce además qué destino se les dará a las aguas residuales acumuladas por la megagranja en pozos y pilas de oxidación.

Pese a la resistencia judicial de la que hicieron gala sobre todo en los últimos dos años, a los Loret de Mola y Coldwell no les quedó más remedio que respetar lo fijado en un oficio dado a conocer el 21 de noviembre de 2026. Allí se dispuso que la instalación porcícola debía desactivar su funcionamiento a más tardar el último día de este mes de abril. 

Los cerdos de Santa María Chí, movidos a otras megagranjas

En cuanto al destino dispuesto por los Loret de Mola y Coldwell para el ganado porcino en cuestión, en una visita de campo realizada hace escasas semanas, Jaltun dio con trailers trasladando cerdos desde Santa María Chí a una serie de naves que Grupo Porcícola San Gerardo posee muy cerca de Kikteil, a poco más de media hora de Mérida, la capital de Yucatán.

Según pudo comprobar esta plataforma, la porcícola concentra cerdos en 7 naves ubicadas a menos de 1,5 kilómetros del pueblo mencionado. En el ámbito porcícola también afirman que el resto de los cerdos que hasta hace horas poblaban la megagranja de Santa María Chí fueron movidos a otras factorías operadas por los Loret de Mola y Coldwell en las inmediaciones de Texán Cámara. Dicha comunidad se ubica en dirección sur y a menos de 10 kilómetros de Mérida.

“Sabemos que Grupo Porcícola San Gerardo tiene otras granjas en Texán Cámara, Petac, Santa Cruz y Nolo. Y hay versiones de que posee otra cerca de Conkal”, expresó Nahuat Puc.

La retirada de los cerdos de Santa María Chí, indicó Profepa en otro oficio al que tuvo acceso Jaltun, se habría completado el miércoles de esta semana. La dependencia oficial asegura que “llevó a cabo una visita de verificación en la que constató el retiro total de 41,570 ejemplares porcinos y la desocupación total de las instalaciones”.

Al mismo tiempo, en el mismo documento Profepa subrayó que a los dueños de la megagranjas se les aplicó una multa por algo más de 18,6 millones pesos. En Santa María Chí predomina la idea de que ese monto debería utilizarse para combatir la contaminación provocada por la factoría de cerdos a través de los años. 

“Las empresas dejan un desastre, el gobierno federal se lleva millones en multas y a la comunidad, que es la gran afectada, no le dan nada. Ni siquiera la posibilidad de volver a contar con agua segura”, dijo a Jaltun un poblador local.

Nahuat Puc también abordó ese aspecto: “Estamos pendientes de lo que ocurrirá con el terreno ahora que sacaron los animales. La empresa tiene que sanear ese lugar. Pero ni los dueños de la porcícola ni Profepa nos dieron una calendarización sobre cómo se va a tratar la contaminación”.

“No nos han notificado respecto de cuándo van a terminar de desarmar las naves y de qué manera se van a tratar las aguas contaminadas que quedaron en la megagranja. Tenemos una incertidumbre total acerca de qué destino les darán a las pilas de oxidación y sus miles de litros de aguas residuales”, agregó. 

El referente comunitario también señaló que ninguno de los montos obtenidos por el gobierno federal a partir de las multas aplicadas a los Loret de Mola y Coldwell resultó aplicado en algún tipo de mejora en la infraestructura o la situación sanitaria de Santa María Chí.

En otra conversación reciente con Jaltun, y consultado respecto del destino que podrían tener la tierra sobre la que hoy se sitúa la megagranja, Nahuat Puc aseguró desconocer los planes de los propietarios de la instalación, aunque reconoció que semejante superficie lindera a la comunidad estaría en el radar comercial de las inmobiliarias.

“No dudamos que las inmobiliarias están buscando comprar esos terrenos. Pero por el momento no sabemos qué hará la empresa con la tierra. Esperemos no quieran instalarnos una avícola. Existen dos o tres lotes que fueron vendidos a la porcícola por ejidatarios de Santa María Chí. Ya les he comentado que vean la manera de tratar de hacer que esos terrenos se devuelvan. Depende de ellos”, comentó.

Antecedentes del cierre y multas a la porcícola

El 21 de noviembre de 2025, Profepa emitió un oficio donde quedó asentado el compromiso de los Loret de Mola y Coldwell de desactivar por completo su instalación porcícola. La fecha límite estipulada para completar ese procedimiento vencía este 30 de abril.

El oficio en cuestión detallaba, por ejemplo, que Profepa realizó una primera inspección a la megagranja entre el 17 y el 20 de mayo de 2021. Y que, a raíz de los incumplimientos constatados en cuanto a la descarga de aguas residuales y la emisión de gases de efecto invernadero los dueños de la factoría fueron multados con casi 17,8 millones de pesos. 

Dicha sanción se emitió el 30 de noviembre de 2023 y derivó, también, en la “clausura parcial temporal de la descarga de aguas residuales provenientes del proceso productivo…”.

Ya el 19 de mayo de 2025, y como consecuencia de “incumplimientos en las medidas correctivas dictadas en la resolución sancionatoria”, se aplicó a la megagranja una segunda multa por algo más de 18,6 millones de pesos.

Oficializada el 4 de septiembre del mismo año, la pena fijó, además, la “clausura total definitiva de la granja porcícola Santa María, requiriéndose a la empresa la presentación de un calendario de acciones de cierre”.

“En cumplimiento a lo ordenado, el 7 de octubre de 2025 la empresa presentó un programa calendarizado con un horizonte de siete meses para la ejecución de las acciones de cierre que incluye la comercialización y traslado de los ejemplares conforme a la normatividad sanitaria aplicable, previendo la conclusión del vaciado total de las instalaciones en abril de 2026”, se señaló en el oficio. 

“El 17 de octubre de 2025, esta Procuraduría aprobó y notificó a la empresa el acuerdo mediante el cual se autoriza el referido calendario de cierre”, se lee en los párrafos finales del documento.

La criminalización contra Wilbert Nahuat Puc no se detiene

Claro que el cese de funciones de la factoría de cerdos no implica el fin de los problemas para la comunidad de Santa María Chí y muchos menos para su comisario. 

Ocurre que, lejos de poner fin a una demanda iniciada por los Loret de Mola y Coldwell contra el funcionario en 2024, y que el año pasado estuvo a punto de cerrarse por la falta de nuevas pruebas aportadas por los empresarios, los clanes lograron abrir una nueva instancia de investigación contra Nahuat Puc.

En ese sentido, el comisario de la comunidad maya afirmó ante Jaltun que una sala del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán revocó una primera decisión de sobreseimiento tras detectar “presuntas irregularidades en el debido proceso”. 

De esa forma, comentó Nahuat Puc, los Loret de Mola y Coldwell se hicieron con la posibilidad de generar una nueva imputación contra el líder comunal. La obsesión de los clanes por buscar el encarcelamiento del comisario tiene base en el rol preponderante desempeñado por Nahuat Puc en la lucha contra la megagranja y su accionar contaminante.

Después de que, en mayo de 2023, la comunidad maya intensificara su oposición a la megagranja a raíz de la afectación que generaba en la salud de las y los pobladores de Santa María Chí —derivada de quemas ilegales de excrementos realizadas en el terreno de la granja y tras comprobarse la presencia de estiércol y otros contaminantes en el agua de los pozos hogareños—, los propietarios de la megagranja iniciaron un proceso judicial contra los líderes más visibles de Santa María Chi.

En esa instancia, los Loret de Mola y Coldwell centraron sus acusaciones en Nahuat Puc, comisario del pueblo y uno de los principales denunciantes del impacto ambiental generado por la instalación. De forma artera, lo acusaron de presunto daño a la propiedad y privación ilegítima de la libertad.

Sostuvieron que el funcionario impidió la salida de los trabajadores de las porcícolas durante una movilización ocurrida a mediados de 2023 y de la que tomó parte toda la comunidad. Incluso, y pese a la abundancia de testimonios que afirmaron lo contrario, llegaron a argumentar que Nahuat Puc incentivó desmanes contra la estructura edilicia de la megafactoría.

Tras mucho deliberar, distintos tribunales en Mérida promovieron sucesivas audiencias donde quedó en evidencia la falta de pruebas contundentes contra el líder indígena. 

En dichos eventos judiciales, presenciados por Jaltun en más de una oportunidad, los Loret de Mola y Coldwell desplegaron un nutrido grupo de licenciados y expertos legales liderados por Miguel Bargas, un abogado a quien diversos grupos de defensa del territorio peninsulares identifican como asesor legal de Kekén y el sector porcícola en general. 

Inseparable del blindaje político y judicial del que goza la mayoría del empresariado en Yucatán, la criminalización de la que resulta víctima Wilberth Nahuat Puc sigue sumando nuevos capítulos funestos. Y el horizonte cercano, sacudido otra vez por el vaivén de la incertidumbre legal, parece anticipar nuevas violencias y más presiones para el líder comunitario y su labor en defensa de la vida.