Nueva clausura: la megagranja de Santa María Chi, al borde del cierre definitivo y su desmantelamiento

Las sucesivas denuncias presentadas por la comunidad maya dieron como resultado otra intervención de Profepa, que fijó la clausura total y definitiva de la instalación. El organismo estableció que las familias Loret de Mola y Coldwell, dueñas de la porcícola, deben desmantelar la factoría y efectuar reparaciones ambientales. Sin embargo, el cierre permanente depende de una quita de permisos que Conagua, la estatal SDS y los Ayuntamientos de Mérida y Tixkokob aún siguen sin llevar a cabo.

Como nunca antes en sus casi dos décadas de funcionamiento, la megagranja contaminante que los clanes Loret de Mola y Coldwell poseen en la comunidad maya de Santa María Chi, a media hora de Mérida, bordea la posibilidad del cierre definitivo. De forma sorpresiva, y en el transcurso de la últimas horas de la tarde del martes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un comunicado informando que estableció la clausura “total y definitiva” de la instalación porcícola en respuesta al “incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas” aplicadas a Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil, las firmas que controlan la factoría. Y que sus dueños deberán avanzar con la reparación de los daños ambientales ocasionados al pueblo y, en simultáneo, desmantelar la megagranja.

En el seno de la comunidad indígena, la novedad fue tomada con entusiasmo pero también cautela: aguardan que, a diferencia de las tres suspensiones establecidas por distintos organismos con anterioridad, esta vez sí se avance con el traslado de los casi 50 mil cerdos que abarrotan las naves de la porcícola y concluya la labor de la paridera que funciona en la misma instalación.

En ese mismo tono, asesores legales de Santa María Chi aclaran que, más allá de la relevancia de lo dictaminado por Profepa, para la paralización total de la factoría de cerdos aún resta que dependencias oficiales como la federal Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS Yucatán) estatal y el Ayuntamiento de Mérida, de quien depende políticamente la comisaría maya, quiten los permisos y licencias otorgados a Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil.

También el Ayuntamiento de Tixkokob tiene responsabilidad en la operatividad de la megagranja: parte del terreno donde se encuentra emplazada la instalación pertenece a ese municipio, que hace muy pocos días otorgó una licencia de funcionamiento a los Loret de Mola y Coldwell.

Respecto del comunicado dado a conocer por Profepa, en el escrito se afirma que la nueva clausura responde, como se dijo antes, “al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos”.

“A partir de la clausura, la Profepa buscará que la granja se enfoque en la reparación de los daños ocasionados en la zona, a través de la elaboración de un estudio de daño ambiental y dando seguimiento al proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio”, añadió la dependencia.

En el texto se detalla, además, que el organismo viene realizando inspecciones en instalaciones distribuidas entre los municipios de Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén y Maxcanú, por mencionar algunas. Pero sin profundizar acerca de lo hallado en esas megagranjas y qué decisiones tomará Profepa respecto de las porcícolas monitoreadas y el perfil contaminante que distingue a ese modelo de ganadería industrial.

Otra clausura para la megagranja de Santa María Chi: impacto y perspectiva

Consultado por Jaltun sobre esta nueva decisión de Profepa, Wilberth Nahuat Puc, comisario de Santa María Chi, comentó que lo dispuesto por la dependencia federal “nos permitirá retomar el diálogo con el Ayuntamiento y volver a preguntar qué van a hacer a partir de lo fijado ahora. En su momento, se nos dijo que a ellos no les correspondía la clausura, pero sí a Profepa, Conagua y la SDS. Ahora que tienen esta postura de, precisamente, Profepa, nos interesa saber qué van a decir y decidir”.

El funcionario dijo que, de cumplirse la suspensión definitiva, “deberíamos ver cómo se sacan los cerdos de la granja y la paralización total de la producción de animales que se realiza ahí dentro”. Y que a Porcícola San Gerardo y Chumoxil les corresponde definir un calendario donde se establezcan los plazos de desactivación de la megagranja.

“Hay que vigilar que los animales sean realmente evacuados. Porque si eso no ocurre, sería lo mismo de otras veces: sólo la colocación de una manta donde se habla de la clausura mientras la empresa continúa operando sin inconvenientes. Con los animales ahí y vertiendo aguas residuales en el subsuelo. Al margen de esto, todavía resta ver si la empresa no busca impugnar lo que estableció Profepa”, agregó.

En línea con esto último, José Orvelin Montiel Cortés, subdirector adscrito a la Unidad de Litigios Estratégicos en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), comentó a Jaltun que, más allá de lo determinado por Profepa, la clausura definitiva de la instalación y su desmantelamiento dependen de una serie de permisos que aún no han sido revocados.

“Conagua no ha revocado las resoluciones y permisos de extracción de agua y descarga de líquidos residuales otorgados a la megagranja. Algo similar ocurre con el Ayuntamiento de Mérida, que no ha quitado la licencia de funcionamiento. Por su parte, la SDS todavía sigue con el trámite de autorización del manifiesto de impacto ambiental. Y en su momento no dispuso una clausura definitiva sino parcial”, explicó.

“Después está lo que puede hacer la empresa, que aún posee recursos legales por agotar. Incluso puede presentar un recurso para tratar de revocar la determinación de Profepa. O sea, esto no termina hasta que se termina. Y eso implica aguardar hasta que la empresa agote sus opciones legales. Por supuesto que lo establecido por Profepa es una muy buena noticia, pero aún resta saber cómo responderá la empresa”, concluyó.

Los dueños de la porcícola, con blindaje político y judicial

Consolidada como una de las promotoras de daño socioambiental más denunciadas y documentadas en Yucatán, la factoría de Santa María Chi reúne a cerca de 50 mil cerdos junto a una comunidad maya que merodea los 400 habitantes. Un cálculo rápido arroja un promedio de 125 animales por cada vecina o vecino del pueblo.

Activa desde hace casi dos décadas, y sujeta al rol de proveedora de Kekén, la compañía que monopoliza el procesamiento de carne de cerdo en la Península de Yucatán, la instalación de los Loret de Mola y Coldwell viene promoviendo un impacto ecosistémico negativo que recrudeció durante la primera mitad de 2023 a partir de una quema de excretas que derivó en casos de afectación pulmonar y otras dolencias respiratorias en la población de Santa María Chi.

Pese a lo comprobado del daño ambiental grave que genera la megagranja —deforestación, saqueo de las reservas hídricas, contaminación generalizada—, Porcícola San Gerardo y Chumoxil han logrado mantener su funcionamiento a partir de un continuo blindaje político y judicial que sólo se explica por el tenor de los apellidos que ostentan los propietarios de la factoría.