La mayanidad reducida a espectáculo: el caso Xcaret y la mercantilización de un pueblo vivo

La Suprema Corte prohibió a Grupo Xcaret usar elementos de la cultura maya en su publicidad mientras dure el juicio que controvierte una denuncia interpuesta por apropiación indebida de la cultura. Defensores mayas señalan que la empresa lucra con su espiritualidad y tradiciones mientras las comunidades sufren despojo y precariedad. Critican que el Estado sea el mayor apropiador cultural al impulsar proyectos como el Tren Maya. La discusión de fondo, alertan, es si los pueblos mayas son reconocidos como sujetos vivos o reducidos al espectáculo turístico.

El pasado 26 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que Grupo Xcaret, empresa turística con hoteles y parques de diversiones en los estados de Quintana Roo y Yucatán, tiene prohibido utilizar elementos de la cultura maya para su publicidad comercial hasta que termine el juicio iniciado en 2022 por apropiación indebida de ese patrimonio. La resolución se da en un clima de discusiones complejas respecto a la legitimidad de las instituciones y empresas privadas para diseñar, ejecutar y administrar proyectos en territorios indígenas. Esto, en nombre de los pueblos originarios pero sin incluir a las comunidades como partícipes activas y tomadoras de decisiones, tal como sucede hoy en Telchaquillo, Dzitnup, Mahahual, y en prácticamente toda la península de Yucatán.

No es nueva la folclorización y mercantilización de la cultura maya para festivales culturales, ceremonias espirituales, empresas turísticas, desarrollos inmobiliarios e incluso proyectos extractivos del mismo Estado mexicano. La denuncia de apropiación cultural indebida tampoco comenzó con la intervención del Gran Consejo Maya ni puede comprenderse desde la lógica de representación occidental de lo que se entiende como una “autoridad” de un pueblo vivo, diverso y presente en tres estados del País.

Personas entrevistadas para este artículo coinciden en que la mercantilización de la cultura de los pueblos, como el maya, invisibilizan la situación actual de esas comunidades cuando son presentadas como culturas antiguas casi extintas y que ahora sólo parecen “ser” en el espectáculo.

Wilma Esquivel Pat, defensora maya masewal en Quintana Roo, explica en entrevista con Jaltun que, precisamente, empezó a ser consciente del uso inadecuado de elementos culturales mayas por parte de personas ajenas a los pueblos cuando comenzó a participar de procesos organizados para la defensa del territorio.

“En ese tiempo hacíamos bastantes actividades sobre cultura e identidad, y desperté a una realidad muy cruda: el uso y menosprecio hacia los pueblos, cómo les eran útiles para la industria turística pero solo cuando eran cómodos para las personas blanqueadas. Nuestra espiritualidad, nuestra comida, nuestra cosmogonía eran extraídos como otro recurso”, explicó.  

¿Qué pasó con Xcaret? 

El grupo Xcaret ha utilizado la cultura maya como marca desde su fundación en un sitio comercial y espiritual importante, conocido antiguamente como Polé. De hecho, una de las atracciones turísticas del parque de diversiones es la Travesía Sagrada Maya, que recorre en el mar la histórica ruta de Polé en honor a la diosa Ixchel, y que este año se canceló por la resolución de la Suprema.

Las edificaciones de la zona arqueológica de Xcaret han sido documentadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como uno de los puntos de viaje importantes descritos en el libro sagrado del Chilam Balam. Desde 1994, la empresa y el INAH tienen un convenio de coadministración de la zona arqueológica, mismo que fue rectificado en 2018 —con vigencia hasta 2028— durante la dirección de Diego Prieto.

Prieto es el mismo funcionario quien negó al pueblo maya de Telchaquillo la coadministración de la zona arqueológica de Mayapán, ubicada en tierras del ejido Telchaquillo.

Para entrar a la zona coadministrada por Xcaret, y que fue punto de partida para caminos ceremoniales, hay que pagar entre 2,500 y 3,000 pesos mexicanos al empresario Miguel Quintana Pali y sus socios, incluso si la persona que quiere entrar es maya.

Aunque el INAH tiene instalada una taquilla para la entrada únicamente al sitio arqueológico, distintos visitantes se han quejado de que muchas veces ese espacio se encuentra cerrado. Y que solamente pueden acceder al sitio a través del parque de diversiones del grupo Xcaret.

“Hace 20 años al campesino le habían dicho que las aguas eran nacionales y que en algún momento se las iban a quitar, por eso no apreciaban tanto (los cenotes) y se querían deshacer de ellos”, declaró Quintana Pali en una entrevista en Cracks Podcast. Así justificó la compra de los 50 cenotes que tiene como “colección” en Yucatán y Quintana Roo. En sus palabras, de cada 10 cenotes a los que ha ido, por lo menos uno ha sido adquirido por el empresario.

Ceremonias mayas, recorridos mayas, danzas mayas, mar de la Riviera Maya, patrimonio gastronómico maya son algunas de las opciones de entretenimiento que ofrece Xcaret en tierras mayas, a través de nombres y elementos mayas, pero para personas extranjeras y mexicanas que puedan pagar el promedio de sus habitaciones, de un precio de 15 mil pesos la noche. 

Tras la denuncia del Gran Consejo Maya en 2022, y la posterior suma de otros colectivos de pueblos originarios, la SCJN dijo que “conforme a la reforma al artículo 2 constitucional de 2024 y a la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, pertenece de manera colectiva a los pueblos indígenas, por lo que su resguardo constituye un asunto de orden público e interés social”. 

La afectación a Xcaret, dirigida por el hombre que tiene 50 cenotes en su poder, es de carácter económico y eso, según la ley, “no puede prevalecer frente a la protección de la identidad cultural del Pueblo Maya”. 

La apropiación cultural indebida también es despojo

“La cultura maya no es solo de los mayas, es de todos los mexicanos”, se lee en algunos comentarios a la resolución de la SCJN. La resolución temporal de la Corte no le quitó el permiso de utilizar elementos de la cultura maya a “los mexicanos”, sino particularmente a una empresa que factura miles de millones de pesos anualmente. Por esa confusión, vale la pena profundizar en lo que significa apropiación cultural indebida, de la que se le acusa a Xcaret y a muchos otros proyectos en la región. 

En un artículo de la lingüista y escritora ayuujk Yásnaya Aguilar, publicado en la revista Gatopardo, explica que los pueblos originarios, como todos las personas del mundo, forman parte de un intercambio cultural constante. Sin embargo, las culturas no viven en horizontalidad sino que se encuentran “dentro de una red de estructuras que las ordenan y las jerarquizan; los elementos de la humanidad están entretejidos en estructuras del colonialismo, racismo y capitalismo”. 

Por ello, insiste, no es lo mismo apropiación cultural que apropiación cultural indebida, esta última se refiere a “cuando el privilegiado se apropia de ciertos elementos culturales de otras poblaciones para su beneficio o disfrute, pero manteniendo intacta una relación opresiva (…), una manera de aprovecharse y seguir con prácticas extractivistas de elementos que se consideran valiosos”. 

Así lo entiende también la defensora maya Wilma Esquivel, quien en entrevista con Jaltun compartió que la perspectiva que busca disfrazar la apropiación cultural indebida como “homenaje” le resulta indignante, pues el mismo sistema que extrae elementos culturales para mercantilizarlos es el que les despoja. Mientras venden la espiritualidad y la medicina maya, comentó, a las comunidades se les arrebata el territorio donde crecen esas plantas. A cambio, a los habitantes sólo se les ofrece servir al turista.

“La mayoría de las personas que están en el servicio del turismo son personas de pueblos originarios. Sin embargo, no nos miran como personas que vivimos nuestra cultura. Al contrario, nos miran como inferiores o faltos de conocimiento. Toman elementos espirituales y culturales de nosotros pero no miran la precariedad y el empobrecimiento que este mismo sistema de despojo nos ha provocado”, enfatizó. 

Los ejemplos en la Península son muchos: la principal empresa porcícola que contamina el agua subterránea del Mayab tiene un nombre en maya —Kekén, del conglomerado Grupo KUO—. Al mismo tiempo, fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios que despojan a ejidatarios y ejidatarias mayas utilizan elementos de su patrimonio para su publicidad. Cientos de empresas y proyectos de Estado usan la lengua maya en la gestión de sus marcas, incluso provocando daños a los territorios y derechos colectivos del pueblo maya. Las Xa’anil Naj, esto es, las casas de palma de huano, son evaluadas como viviendas precarias cuando están en un pueblo, pero en los resorts son un lujo.

“Para ellas y ellos, hemos olvidado quiénes somos y pareciera que están “ayudándonos a recordarlo” y no es así. Pero no pueden mirarnos a nosotros como personas vivas en las comunidades, en nuestras formas de vivir y relacionarnos. Ahí vivimos nuestra cultura y no en el espectáculo. Tienen una idea muy errónea y académica que pretende constantemente decirnos quiénes somos. Los comentarios que dicen que ellos revitalizan nuestra cultura son ofensivos. Nosotros vivimos la cultura todo el tiempo”, subrayó Esquivel. 

La discusión no puede leerse fuera de la crisis de despojo y resistencia que se vive en el Mayab, y en la declaración insistente de sus voceros cuando dicen “seguimos vivos” contradiciendo la versión prehispánica de la cultura. Es común que las empresas vendan “experiencias mayas” que no corresponden de manera rigurosa a la vestimenta, ceremonias, historias, ni que decir de las creencias. Más bien funcionan como una combinación de elementos de varias culturas prehispánicas y occidentales.

Sobre esto, Esquivel opinó: “Es algo muy grave porque ha hecho que la gente crea que esa es la forma en la que existimos como pueblo maya. Por ejemplo, el día de los finados de pronto en Felipe Carrillo Puerto se empezó a celebrar como en Xkaret, con elementos que ni siquiera son de nuestra cultura, como la elección de la Catrina. Entonces, de pronto, pareciera que vamos a valorar nuestra cultura y nuestras formas desde el espectáculo, cuando para nosotros los finados es la reunión familiar, la compartencia con la comunidad, la preparación de los alimentos, lo que sentimos y vivimos alrededor de nuestras ofrendas”.

Agregó que estas prácticas parecen inofensivas porque se muestran como alegres y hermosas, pero transgreden formas de vivir y comunica a las nuevas generaciones mayas que la ritualidad debe vivirse como parte de una escenografía y no como una relación profunda entre la comunidad y el territorio.

El Estado mexicano, el primer apropiador cultural

En el mismo artículo citado anteriormente, Yásnaya Aguilar recuerda que el Estado mexicano también se diseñó a partir de la apropiación cultural indebida de las muchas naciones que integran al territorio. Al mismo tiempo que se apropió de tradiciones, elementos para el escudo y expresiones culturales que hoy conforman la “identidad mexicana”, oprimió hasta casi extinguir a diversas lenguas, y operó para empobrecer a las poblaciones originarias y desplazarlas para dar paso a proyectos extractivos.  

“El Estado mexicano es y ha sido el mayor apropiador cultural indebido de la cultura de los pueblos indígenas de este país”, apunta Aguilar.

Resulta llamativo que el poder judicial tenga esta postura respecto de Xcaret, pero en el caso del Tren Maya haya sido no tibio u omiso, sino condescendiente con acciones gubernamentales que vulneraron los derechos colectivos del pueblo maya.

Al preguntarle a Wilma si considera que el juicio de Xcaret y los argumentos de la SCJN abren una conversación más profunda respecto de la apropiación cultural o, en todo caso, marquen un precedente para que empresas privadas o proyectos promovidos por el mismo Estado mexicano se atengan de usar elementos sin beneficiar a la población indígena, la defensora respondió:

“La discusión ha caído mucho sobre el dinero, a quién se le dio y por qué. Pero se está perdiendo en el diálogo sobre cómo nos usan como pueblo mientras atravesamos momentos difíciles de despojo. La gente que es parte de este tipo de espectáculos se nombra como promotora de la identidad mexicana, cuando hay una realidad apremiante como las granjas, la soya, la violencia, las desapariciones; el empobrecimiento de nuestras comunidades en medio de este discurso de desarrollo y progreso. Y se niegan a verlo: solo ven lo que refuerza su idea de lo que creen que es maya. Esa es la discusión que hace falta”.

Reformas con respecto al patrimonio 

La situación del proceso judicial sobre el uso de la iconografía maya por parte del grupo Xcaret es posible por la reforma a la Ley de Protección al Patrimonio Cultural, donde un apartado específico determina que está prohibida la transmisión definitiva del uso, aprovechamiento o comercialización de elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Las sanciones son penales y administrativas.

En entrevista con Jaltun, el abogado Miguel Anguas explicó que esto se refiere a que cualquier persona, marca, organización o empresa que tenga un nombre o simbología en maya y quiera inscribirlo en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), tiene que consultar a las personas que se autoadscriban como parte del pueblo originario del cual utiliza esos símbolos.

Al preguntarle dónde podemos encontrar ese tipo de prácticas, respondió: “En todos lados. Aquí, en Yucatán, es muy común que restaurantes, cafés, hoteles, el mismo gobierno del estado y el gobierno federal utilicen la palabra maya para dar cercanía y legitimidad a sus proyectos. Me parece que la crítica del uso de lenguas originarias ha venido mucho desde las comunidades. Desde ahí se ha puesto sobre la mesa la discusión de qué tanto pueden lucrar con el patrimonio cultural sin pedirles su permiso”.

A pesar de que en esta ocasión la SCJN se haya posicionado jurídicamente en favor de las comunidades, añadió que le parece preocupante cierta tendencia a estandarizar la manera en la que pueblos y comunidades deben organizarse para hacer valer los derechos establecidos en el Artículo 2, que hoy contempla los derechos colectivos. 

La misma preocupación externó Pedro Uc, referente de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, respecto de una reciente determinación de la SCJN por el caso de una persona indígena originaria del municipio de San Sebastián Tutla, en Oaxaca. La persona promovió un juicio ante la Sala de Justicia Indígena para respaldar la decisión de la Asamblea General Comunitaria, que ordenó a la autoridad municipal quitar una serie de permisos presuntamente irregulares otorgados al desarrollo de un fraccionamiento.

Lo preocupante del caso es que la demanda se desechó “al considerar que la persona no contaba con legitimación para promover el juicio de derecho indígena”, pues no tenía mandato ni representación de la colectividad. 

“Nos preocupa que se nulifique el derecho de una persona a la defensa, cuando las personas tenemos derechos individuales y colectivos. Esto es un proyectil en el corazón de los pueblos. ¿De qué manera nos vamos a defender? Si yo voy a poner un amparo como persona o grupo y no tengo el aval de toda la comunidad ¿simplemente mi amparo no va a valer? Me parece que es terrible”, dijo Uc a Jaltun.

Agregó que esto se suma a una serie de obstáculos hacia los pueblos para defender sus derechos al territorio. Además de que resulta incongruente cuando el mismo Estado mexicano ha realizado consultas, como la del Tren Maya, en la que solamente se consideró un puñado de personas para avalar un trámite administrativo.

“Es curioso porque en su supuesta consulta, que no fue consulta, con unas cuantas personas que no representan a toda la comunidad, eso sí es válido”, concluyó.

El caso de Xcaret habilita una conversación necesaria con respecto al uso de elementos culturales de forma utilitaria, irrespetuosa y racista en proyectos que al mismo tiempo tienen un impacto negativo en los pueblos. Sin embargo, falta mucho para que la justicia sea congruente cuando se trata de iniciativas promovidas por el mismo Estado y grupos afines.

La discusión de fondo –aquella que Wilma Esquivel llama a no perder– es sobre si los pueblos mayas serán escuchados como sujetos vivos, con voz propia y presentes en el territorio, o reducidos para siempre al espectáculo. Porque mientras la cultura se venda como fantasía para el turista, la violencia del despojo seguirá siendo la realidad dominante para quienes habitan la península maya.