Las explosiones que agrietan las casas de los pueblos mayas en Yucatán y afectan sus ecosistemas no son un accidente o una casualidad. Son el resultado de un modelo de negocios que conecta a herederos de la élite henequenera, capitalistas de la comunidad libanesa que llegó a Yucatán a finales del siglo XIX, y otros empresarios cercanos al poder político. Este es el mapa de identidades de quienes controlan una práctica extractivista que complica la supervivencia de comunidades indígenas del estado.
El 27 de septiembre de este año, la alcaldesa de Umán, Kenia Walldina Sauri Maradiaga, se sentó frente a los representantes de las comunidades mayas de Xcucul, Tebec, Hotzuc, Yaxcopoil, Petecbiltun y Ticimul, y firmó un acuerdo. Se comprometió a no autorizar nuevas licencias de uso de suelo a los bancos de material pétreo que operan en el municipio durante lo que resta de su gestión.
La promesa vino después de que esos pueblos se organizaran y protestaran para denunciar la muerte de un joven arrollado por un volquete que salía de un banco de materiales en Tebec. Prometió que durante quince días, mientras se construía un camino alterno en esa zona, la policía municipal vigilaría que no pasaran más de treinta volquetes al día y que las empresas no utilizarían explosivos para nuevas extracciones.
Los pueblos confiaron. Quince días después, contaron hasta 600 vehículos de carga transitando por su único camino de acceso. Las explosiones no solo continuaron: se intensificaron. Y el 30 de septiembre, tres días después de la firma del acuerdo, la alcaldesa renovó la licencia de explotación de uno de esos bancos por seis meses.
“¿Dónde está ahora? ¿Dónde estuvo después de esos 15 días?“, preguntó recientemente una de las voceras de las comunidades afectadas por la minería, mientras reclamaba frente al palacio municipal de Umán. La acción fue parte de una protesta convocada por los pueblos el pasado 24 de octubre, que se movilizaron ante la sede del distrito para exigir respuestas.
“Esto es una clara burla a los acuerdos y también a la inteligencia de los pueblos”, comentó otro poblador de la zona.

Un nuevo banco, la misma práctica
El 15 de octubre, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán sometió a consulta la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para un proyecto que, denominado “Banco de Materiales Umán”, pretende explotar 48 hectáreas en Hotzuc. La distancia entre el nuevo banco que se busca habilitar y la comunidad es de 700 metros. O sea, se ubica a menos de un kilómetro de una escuela y a otro tanto de la iglesia de la comunidad.
La norma de la misma SDS estipula que los bancos de material deben estar a una distancia mínima de 5 kilómetros de las poblaciones, algo que escasamente se cumple. Ejemplos de esto son los bancos de materiales de Tebec y Petecbiltun, que se ubican a 1.5 y 1.6 kilómetros, respectivamente, de ambas comunidades mayas.
El nuevo proyecto rompe aún más los límites que ya antes habían transgredido las empresas en complicidad con los organismos estatales y federales, pues algunos de estos bancos fueron autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Ahora resulta que van a abrir todavía otro banco más que está a menos de 1 kilómetro de la comunidad, a menos de 1 kilómetro de una escuela, de una iglesia. Eso es injusto. Aplastan nuestros derechos, no nos hacen caso, no nos voltean a ver“, denunció otra pobladora en la movilización multitudinaria que se realizó en Umán.
Los pueblos de ese municipio están solos frente a las empresas, mientras que los dueños de los bancos de materiales encuentran puertas abiertas en todos los niveles de gobierno.
En febrero de 2026, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, recibió en su despacho a un grupo de empresarios. Entre ellos estaba Ricardo Abraham Mafud, presidente del Consejo de Grupo San Francisco de Asís, el conglomerado que controla Procon Grupo Industrial.
En esa reunión, Abraham Mafud presentó un proyecto para la producción de agregados pétreos argumentando que generaría crecimiento económico para el Estado. La realidad es que los únicos beneficiados detrás de las sascaberas son los empresarios de ese rubro y sus cómplices en la política.
Procon (Productos de Concreto Peninsulares) fue fundada en 1979 con un capital inicial de 2.1 millones de pesos, según consta en las actas de la empresa que Jaltun consultó en el Registro Público de Comercio.
En 2002, la empresa Condelsu S.A. de C.V. controlada por la familia Mafud, aumentó su participación en el capital de la firma. Durante 2005 inyectó 12 millones de pesos en la minera. Y ya en 2017, se produjo una absorción entre sociedades del mismo grupo que consolidó el tamaño actual de Procon Grupo Industrial.
Entre sus apoderados figuran Javier Abraham Mafud, José Antonio Abraham Xacur y Alberto José Abraham Xacur, así como también Martín Ortiz del Prado y Juan Rodrigo Mena Baduy. Estos últimos, con poderes especiales limitados exclusivamente a trámites ante la Sedena para permisos de uso, manejo y adquisición de materiales explosivos.
Las autorizaciones se dan sin contrastar con las distintas MIA, pues, como ha documentado el antropólogo Charles Gaillard, estos bancos de materiales tienen como una de sus finalidades proveer a la construcción del Tren Maya.
Los datos, sistematizados por Gaillard, dan cuenta de la magnitud del negocio: de 2018 a julio de este año se han autorizado 64 bancos de materiales en Yucatán, la mayoría en las inmediaciones de Umán, donde se construye el ramal de carga del Tren Maya.

De esclavistas a empresarios
Las élites beneficiadas de estos negocios son familias como los Mafud, Abraham o Xacur, que pertenecen a un grupo de migrantes libaneses que llegó a Yucatán a finales del siglo XIX. Y que logró integrarse a la clase alta local en pocas generaciones, primero en el sector del comercio, luego en la construcción y hoy en la minería no metálica a cielo abierto.
Estas nuevas familias se entremezclaron con la élite tradicional meridana —conocida también como “casta divina”—, articulada en torno a apellidos como Peón, Molina, Escalante, Ponce, Ancona, Bolio y Cámara, entre otros.
La migración libanesa se fue integrado parcialmente a esta élite tradicional —que fincó su fortuna en esclavizar al pueblo maya para la producción del henequén— por la vía del capital y el matrimonio. Actualmente, ambos grupos controlan los medios de producción y las decisiones sobre el territorio.
Otra de las empresas señaladas por los pobladores como destructoras del territorio es Constructora Proser, constituida en 1996 con un capital fijo de un millón de pesos. La compañía fue fundada por Raúl Ancona Riestra, un empresario yucateco que dirigió la constructora durante años y que también presidió la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Yucatán.
Ancona Riestra no era un empresario cualquiera, pues rápidamente la empresa creció al amparo de obras como la carretera Mérida-Cancún, el paso deprimido de Montejo y decenas de proyectos para Grupo Walmart. Es decir, proyectos de obra pública, y uno que otro privado.
Durante su fundación, la estructura accionaria de la empresa estuvo en manos de Rosa Annette Mantecón Ponce, Mercedes Bates López y Verónica Margarita Rivero Molina. En Yucatán, el apellido Ponce está asociado a la élite henequenera. Algo similar ocurre con Molina, que tuvo entre sus filas más destacadas a Olegario Molina, esclavista, gobernador de Yucatán durante el porfiriato y en ese entonces el hombre más rico del estado.
Hacia 2024, el control de Proser se consolidó en un esquema paritario: Mercedes Bates López —esposa de Raúl Ancona— y José Enrique González Prieto, cada uno con el 50% de las acciones. En la actualidad, la empresa continúa bajo el mando de la élite tradicional, con la dirección general de la hija de Raúl Ancona y Mercedes Bates López: Alejandra Ancona Bates, designada por la revista Expansión como una de las mujeres empresarias más prominentes de los últimos años.
Respecto de José Enrique González Prieto, aunque su apellido no está dentro de la élite tradicional, posee un patrimonio inmobiliario que supera los 200 millones de pesos. Según pudo averiguar Jaltun, sus terrenos están ubicados exactamente en los corredores donde el gobierno estatal planea infraestructura y desarrollos asociados al Tren Maya tanto turístico como su versión de carga.
El Consejo de Administración de Proser es presidido por González Prieto, con Bates López como secretaria. El apellido Bates no solo aparece en el acta constitutiva de Proser. En 2012, el comisariado ejidal de Tebec certificó que entre los posesionarios de las parcelas ejidales se encontraba Mercy Tracema Martínez Bates, nacida en Progreso en 1959, empleada de ocupación, y ejidataria desde 2012.
La coincidencia del apellido con la actual socia del 50% de Proser no es una prueba de parentesco, pero sí un indicio posible de cómo las redes de la élite se extienden desde los consejos de administración hasta los padrones ejidales de las comunidades que hoy denuncian la extracción y despojo.
La élite no solo controla la tierra y las empresas: también domina el relato. En septiembre de 2021, medios locales publicaron una fotografía donde aparecían Mercedes Bates López de Ancona, Carlos Ancona Riestra y Enrique González Prieto, entregando un premio al mejor promedio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Las notas destacaron que Proser mantenía un convenio con la universidad desde 2002 para reconocer la excelencia académica. Todo esto, mientras la minera llenaba de dinamita y polvo a las comunidades mayas que sus antepasados esclavizaron hasta hace algunas décadas.
Ahora estos descendientes de esclavistas figuran como ejidatarios en los pueblos de Yucatán. Mario Millet Encalada, dueño de Suministros y Mantenimientos Integrales (Sumainsa), es un caso que ejemplifica lo anterior.
Sumainsa fue constituida en 2003 con un capital de un millón de pesos. Su accionista mayoritario es Millet Encalada, con el 94% de las acciones. El 6% restante pertenece a Mariana Millet Encalada. En las investigaciones de Charles Gaillard se señala que la empresa abrió distintos bancos de materiales durante los últimos 8 años.
Millet Encalada ha sido señalado como beneficiario de casi 100 contratos del gobierno de Yucatán durante la administración de Mauricio Vila al frente de la gobernación de Yucatán. La firma del empresario que concentró los acuerdos se denomina Asfalsur y los contratos con los que se hizo Millet Encalada superaron los 214 millones de pesos.
Además, su nombre aparece en el padrón ejidal de Yaxcopoil, en medio de denuncias por extracción de materiales y afectaciones ambientales.
En agosto de 2025, se le identificó como uno de los principales inversores de las campañas de Mauricio Vila y como alguien cercano al actual gobernador Díaz Mena. Es decir, el mismo empresario que extrae material pétreo y que aparece en el padrón ejidal de una comunidad que denuncia afectaciones se ocupa de financiar campañas políticas en el estado, y también se sienta en la mesa de los poderosos.
Los nuevos ricos
Aunque el negocio de los bancos de materiales es monopolizado por las castas “divina” y “beduina”, entre los 68 bancos de materiales identificados por Charles Gaillard también aparecen empresas que surten de roca a los dueños del polvo.
Una de ellas es Ahal Eterno S.A. de C.V. que se camuflajea en algunas comunidades bajo el nombre de Grupo Zamudio.
Esta empresa es la que tiene el usufructo de la tierra donde se asentó un banco de material en Xcucul Sur que primero operó bajo la administración de Proser. Y que en 2022 fue suspendido por usar explosivos sin autorización.
El banco reabrió a finales de 2024 bajo la administración de Grupo Zamudio hasta que los pobladores de Xcucul interpusieron denuncias y un amparo que derivó en la suspensión definitiva de la sascabera y una nueva clausura.
No obstante, la posesión de la tierra sigue estando bajo poder de la firma Ahal Eterno, constituida en Cancún hace cinco años. En 2025 su estructura accionaria quedó en manos de Roberto Zamudio Aldava (99%) y Fátima Nolasco Trujillo (1%), con Claudio Roberto Zamudio Nolasco como administrador único.
Otra de las empresas que explota materiales en la la zona es Adobe, Constructora y Consultoría, constituida en 2002 en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas.
Alejandro Sol Martínez es su accionista mayoritario y actuá como administrador único vigente. El apoderado de la empresa es Juan Escandón Jacobo, con facultades para pleitos, cobranzas, actos de administración, títulos de crédito y operaciones bancarias.
Al mismo tiempo, Bari International es otra compañía con control y operación de un banco de materiales en Umán. Constituida en Mérida en 2006, su accionista mayoritario es José Canto Rincón.
Su objeto social de esta firma fue ampliado en 2018 para incluir “excavación, obras marinas, uso de explosivos” y en 2025 incorporó “minería de arena y grava”. Entre sus apoderados vigentes destacan Esteban Canto Guzmán y Joel Jesús Nahuat Chacón, este último con un poder especial limitado exclusivamente a trámites ante la Secretaría de la Defensa Nacional.

La ley al servicio del poder
Los pueblos de Umán han presentado denuncias populares, amparos y otros recursos legales. No han tenido respuesta alguna. Las autoridades municipales, estatales y federales parecen estar coludidas con las grandes empresas de explotación de materiales pétreos.
Ninguno de estos proyectos mineros ha realizado un proceso de consulta previa, libre e informada, como exige el derecho nacional e internacional. Aun así, siguen operando.
“El consentimiento no es un favor ni una formalidad: es un derecho reconocido a los pueblos indígenas que el Estado está obligado a respetar. Les guste o no a los empresarios, a los gobiernos o a los llamados ‘desarrollistas inmobiliarios'”, señalan integrantes de las comunidades afectadas, que forman parte de una red de pueblos mayas que lucha contra la minería.
Mientras que a unos les quitan tierras para megaproyectos, el Tren Maya o residencias de lujo, a los pueblos mayas les dinamitan el territorio. “Hoy, por donde se mire, hay bancos de material pétreo. Volquetes entran y salen día y noche. Esta no es una forma digna de vivir”, agregan las mismas fuentes.
Cuando los pueblos de Umán exigen el cierre de los bancos de material no están pidiendo un favor: demandan que se respete el derecho a decidir sobre su territorio. Están pidiendo que se reconozca que el modelo de desarrollo que se les ha impuesto —basado en la extracción desmedida, la contaminación y el despojo— no es el único posible.
“Como pueblo maya ya hemos decidido: no queremos minería en nuestro territorio. Y esa decisión la tienen que respetar“, afirmaron referentes de las comunidades que padecen los bancos de materiales durante la movilización en Umán.
La pregunta que queda es si el Estado mexicano, tantas veces aliado de las élites, será capaz de escucharles. O si, como en tantas otras oportunidades, el ruido de las explosiones seguirá siendo más fuerte que las voces de quienes habitan el territorio y exigen el resguardo de la vida.