El “boom” de los bancos de material que los niños desprecian

Desde la creación del Tren Maya se registra un repunte en minas de material pétreo en la península de Yucatán. Ya suman casi 400 sascaberas, con impactos socio y medioambientales drásticos, incluso, para las infancias.

Pancho es el más radical de todos. Piensa que, de plano, deberían prohibir las máquinas ahí donde estamos, en la colonia 20 de Noviembre, en Campeche. En algún momento le gana la emoción y propone pasar a la acción; que hagamos y colguemos unos carteles que digan: “Prohibido máquinas y prohibido tirar árboles por la salud de los pájaros”. Pancho es un niño de 9 años –del que omitiré sus apellidos– que desprecia las retroexcavadoras y tráileres que llegaron desde hace dos años a su comunidad para arrancar vegetación, dinamitar y extraer material necesario para construir el Tren Maya, porque el ruido y la deforestación están afectando a las aves que a él le gusta ver cada fin de semana que sale a la selva para practicar la observación de aves.

La 20 de Noviembre es uno de tantos pueblitos del sureste de México que quedaron fragmentados porque les atraviesan por la mitad las vías del Tren Maya. La 20 de Noviembre tiene, además, tres minas alrededor: bancos de material donde extraían y almacenaban el material requerido para las obras ferroviarias y que ahora quedaron así, huecas y sin vida, donde antes se escuchaba el canto de las tortolitas azules o la garza cucharón ahora hay puro motor andando y levantando polvo albo y picosito, molesto hasta para respirar.

El Tren Maya –pero también la proliferación de obras incentivadas por este megaproyecto– ha tenido como consecuencia un repunte en los bancos de material en la península de Yucatán, según información oficial y especialistas consultados para Jaltun.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha recibido 58 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) para solicitar la creación de bancos de material en la península (34 en Quintana Roo, 17 en Yucatán y siete en Campeche), de acuerdo con una revisión hecha por Jaltun a las Gacetas Ecológicas. 

La mitad de ellas son de años recientes y tienen que ver con la construcción del Tren Maya, según Greenpeace. 

De hecho, la organización ambientalista realizó el 7 de julio pasado una protesta frente a las oficinas de la Semarnat en Cancún, para exigir que se detengan las autorizaciones para explotar material pétreo en la selva maya. Para dimensionar la severidad del tema expusieron que, en una sola de ellas, propuesta por CEMEX y actualmente en evaluación por la dependencia federal, se pretende afectar 650 hectáreas de selva virgen en las inmediaciones de Tulum. Eso sería como extirpar una superficie parecida a la de todo el Bosque de Chapultepec, el cuarto parque urbano más grande del mundo.

Pero estos proyectos son solo los que se encuentran sobre terrenos federales, donde la Semarnat tiene competencia de actuación. Sin embargo, la mayoría de los bancos de material que han proliferado en años recientes se encuentran en superficie administrada por los estados y municipios. 

Charles Gaillard Rivero, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), ha documentado estos casos. Tiene el listado de 326 proyectos de bancos de material desde 2018. Son proyectos evaluados por las dependencias de Ecología y Medio Ambiente estatales. Y es el mismo patrón, puesto que la gran mayoría corresponden a proyectos que nacieron a partir del anuncio de la creación del Tren Maya.

La mayoría de ellos se encuentran en Quintana Roo y Campeche, con 108 y 165 cada uno. Yucatán tiene 53.

Guillard Rivero recalca que parte de ellos fueron para construir el Tren Maya, pero también para edificar los múltiples proyectos derivados. “Hay que recordar que el Tren Maya es más que vías férreas; implica proyectos más grandes, como el Parque del Jaguar, hoteles, desarrollo urbano, minas, plantas de generación eléctrica, etcétera”, dice.

Devastación y opacidad 

Conocer los detalles de los bancos de material se ha vuelto cada vez más complicado, casi que imposible. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) se ha empeñado en los últimos años en que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (Sema) transparente las Manifestaciones de Impacto Ambiental que evalúa, con apenas modestos avances.

“Nos encontramos con un tema de opacidad en cuanto a conocer los proyectos, ¿no? El gobierno del Estado tiene la facultad en el materia de evaluación de impacto ambiental de dar autorizaciones para este tipo de de proyectos, pero este pues es muy opaco”, dice Aarón Enrique Hernández Siller, parte del equipo de Cemda en Quintana Roo.

Como la Sema omitía difundir el listado de las MIA que recibía, así como los resultados de su evaluación; si se aprobaban o rechazaban y bajo qué criterios, el Cemda tramitó un amparo.

Fue en octubre de 2020 cuando Cemda presentó una demanda de amparo en la que se reclamó de la Sema la omisión de elaborar y publicar por todos los medios disponibles, incluyendo el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, los listados de los proyectos sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental. En marzo de 2021 obtuvieron la sentencia favorable, sin embargo, la Sema no ha cumplido con lo ordenado en términos de la periodicidad, pues hay meses completos en los que no difunde las MIA como resolvió el juez federal.

La opacidad de la Sema en Quintana Roo va más allá, pues se ha negado a transparentar los documentos de MIA, con lo cual se podría conocer los promoventes, las empresas que realizan las evaluaciones, las ubicaciones de las popularmente conocidas como sascaberas, las dimensiones, así como los impactos ambientales que conlleva y sus actos de remediación, dice Hernández Siller.

Conocer estos detalles es importante en términos de derecho a la información y a la consulta pública, explica el entrevistado.

“Es que muchas de estas sascaberas se encuentran en terrenos incompatibles, según los ordenamientos territoriales. En Quintana Roo la mayor parte es de orígen kárstico. El tema de dónde se permite o no tener una sascabera es en donde no ponga en riesgo el acuífero o no interrumpa la conectividad ecosistémica. Es importante que existan estas sascaberas porque de ahí se extrae el material con el que se construye, pero deben existir de manera controlada, moderada y con las medidas preventivas en manejo de impactos ambientales, sin embargo, no ha sido así. Es un cáncer que nacen donde quieren los empresarios”, opina.

Regularmente, las sascaberas están fuera de los centros urbanos de población, prosigue Hernández. Lo cual indica que deberían estar consideradas en los Programas de Ordenamiento Ecológico Local. Lo problemático es que casi todos en Quintana Roo están desactualizados. El de Felipe Carrillo Puerto es de 2002; en Cozumel, 2011; Benito Juárez, 2014, y el de Bacalar ni existe porque aunque lo regula uno de 2005 para entonces hacía parte del municipio de Othón P. Blanco.

“Lo que hemos encontrado es que muchas sascaberas que se han creado se encuentran en terrenos incompatibles con estos territorios. Además, una vez que se usan luego se les da otro uso irregular, por ejemplo, basureros ilegales o vertederos para el sargazo, sin haber estudiado las implicaciones ambientales que conlleva depositar sargazo o lo que sea donde se está exponiendo el acuífero”, expone Hernández Siller.

“Entonces, es muy difícil conocer cuándo, cuántos y dónde hay, ¿no? Esto, dentro de las sascaberas ‘legales’, porque también hay un sin fin de de sascaberas ilegales que proveen material a proyectos diversos”, continúa.

Para ejemplificar lo anterior, en lo que va del año, Alejandro Rivera Ruiz, cofundador de Equlibrum Wayak, una asociación civil ambientalista, ha documentado 10 sascaberas ilegales en tierras ejidales en Cancún, mismas que ha reportado y algunas de ellas ha conseguido que la autoridad clausure.

Hernández Siller repara en los severos impactos medioambientales de las sascaberas, puesto que son proyectos que arrancan de raíz la vegetación, donde se dinamita, se extraen toneladas de material. Son sitios que se vuelven inservibles y donde es casi imposible llevar a cabo medidas de remediación, opina.

Falta de democracia participativa

Otra cosa que le preocupa a Cemda de las sascaberas es la falta de garantías a la democracia participativa, específicamente, en lo que tiene que ver con las consultas públicas que la Sema debería de estar fomentando y realizando como ejercicio de participación ciudadana.

“En el último año y medio hemos hecho casi 120 solicitudes de consulta pública para proyectos diversos, incluídas las sascaberas, y no se ha abierto ninguna”, dice Hernández Siller.

Las consultas públicas son procesos donde se solicita y recoge opiniones, comentarios, interrogantes y/o sugerencias de la ciudadanía y otros grupos de interés sobre temas específicos, que luego a la autoridad le podrían servir para tomar mejores decisiones. 

Por último, Hernández Siller lanza una crítica a Campeche, en tanto que en esta entidad no existen las Manifestaciones de Impacto Ambiental en proyectos de competencia estatal.

Pancho y los pájaros que no volverá a ver

Pancho, el niño pajarero, forma parte de un pequeño grupo infantil de observadores de aves que, a su vez, están adscritos a la iniciativa Sal a Pajarear. Son los encargados de documentar los pájaros que habitan su comunidad. En los últimos 10 años este grupo ha registrado más de 200 especies, algunas en peligro de extinción.

Pancho se torna indignado cuando habla del Tren Maya y las tres minas que ahora rodean a su comunidad, porque él no ve la derrama económica que promete el proyecto, no ve la mejora en la conectividad para los turistas o un avance en el sistema de movilidad, lo que él ve es una mina de más de un kilómetro de diámetro sin un solo nido de aves, sin ningún pájaro que registrar.