Suspenden la actividad minera que daña a la comunidad maya de Xcucul Sur

Autoridades del Tercer Juzgado de Distrito en Yucatán establecieron la suspensión provisional y el cese inmediato de operaciones del banco de materiales del Grupo Zamudio, instalado a escasos metros de las casas de la comunidad maya. Existen indicios de que su operación ilegal causa daños irreparables a la salud, las viviendas y el ambiente.

El banco de materiales de Grupo Zamudio puede causar un daño irreparable a la salud, la vivienda y el medioambiente de la comunidad de Xcucul Sur, en el municipio yucateco de Umán. Así lo determinó la jueza Mercedes del Sol Hernández Cetina, del Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, quien ordenó la suspensión provisional y el cese inmediato de operaciones de la sascabera. 

Hernández Cetina dijo que, con base en las pruebas presentadas por la población, existen indicios concretos de que la operación del banco es ilegal. De acuerdo con un comunicado de Utsil Kuxtal, organización que acompaña legalmente a la comunidad afectada, la jueza exigió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las autoridades estatales involucradas, garanticen que la empresa minera efectúe la suspensión de sus actividades. 

Como detalló Jaltun en un artículo anterior, la lucha contra este banco de materiales, que afecta la vida de los 500 habitantes de la comunidad maya en cuestión, suma varios años. Y, a pesar de que otras autoridades han ordenado antes tanto el cese de detonaciones como la clausura, lo cierto es que Grupo Zamudio ha continuado trabajando el banco desde la ilegalidad.

Entre las irregularidades del proyecto detectadas se encuentran desde la falta de una consulta previa e informada a la población originaria, hasta el incumplimiento de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada, que no incluye la realización de detonaciones. Además, el banco de materiales carece de permisos para efectuar explosiones en tanto se ubica a menos de 300 metros de las viviendas.

Ante esto, la comunidad maya de Xcucul Sur interpuso recientemente una demanda de amparo por acciones y omisiones de la Semarnat, la Profepa, la Sedena y el Gobierno del Estado de Yucatán, este último a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y Protección Civil, señalando su incumplimiento para proteger los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vivienda de habitantes de la comunidad. 

En concreto, el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán ordenó la suspensión inmediata de las actividades extractivas hasta tanto se resuelva el juicio que se le sigue a la empresa minera por las afectaciones que provoca. 

Una audiencia con las instituciones responsables estaba programada para el 26 de septiembre. Sin embargo, debido a la dificultad para notificar a todas las autoridades pertinentes, la actividad se pospuso para el 10 de octubre. Según comentó a Jaltun la abogada Lourdes Medina Carrillo, integrante de Utsil Kuxtal, ese día se conocerá la respuesta tanto de las autoridades responsables como de los directivos de la empresa a la denuncia asentada por la comunidad.

Antecedentes del caso 

Desde 2021 y hasta hace pocos meses, en un terreno de 5 hectáreas, hoy propiedad de Grupo Zamudio, se llegaron a detonar hasta 5 mil toneladas de dinamita. Esto, a escasos metros de las casas de los habitantes de Xcucul Sur. Las explosiones provocaron daños estructurales en las viviendas sin que ninguna de las empresas que han administrado la sascabera en los últimos 4 años se haga responsable de alguna manera. 

Proser fue la primera empresa que comenzó a operar en esa zona, pero al toparse con la resistencia de la población decidió vender el predio a Grupo Zamudio, el cual reactivó el banco de materiales en 2024. Desde entonces, el empresario Roberto Zamudio ha presionado a la población para que acepte las detonaciones utilizando maniobras de intimidación y, más recientemente, apelando de forma directa a la persecución judicial. 

En agosto pasado, una decena de personas de la comunidad vinculadas a la lucha contra el banco de materiales pétreos recibió citatorios por parte de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Si bien acudieron a la dependencia durante ese mismo mes y se enteraron que existe una denuncia en contra de varias vecinas y vecinos, a los habitantes de Xcucul Sur nunca se les brindó detalles de las acusaciones.

Desde entonces no han recibido más noticias de ese proceso, aunque saben que continúa abierto. La denuncia penal provocó estrés en las personas, algunas de ellas adultas mayores, quienes en su historial no contaban con antecedentes de este tipo.

“El pueblo maya de Xcucul Sur exige el respeto a sus derechos colectivos, el fin de la criminalización que enfrentan por defender su territorio y la cancelación definitiva de este proyecto extractivo, que amenaza su vida, salud y forma de vida”, se lee en el comunicado de Utsil Kuxtal. 

Incrementan las amenazas de minería ilegal en Yucatán 

De acuerdo con Utsil Kuxtal, el caso de Xcucul Sur ilustra la forma en que operan las minas en Yucatán, en una actividad extractiva que se “se lleva a cabo en una zona gris entre la ilegalidad y la legalidad”, pues “involucra una red compleja de empresas constructoras, autoridades locales y marcos regulatorios permisivos, a menudo en detrimento de comunidades afectadas”. 

Esta actividad extractiva se ha incrementado en la península de Yucatán con los planes de industrialización potenciados por el Tren Maya. Relacionado con esto, Charles Gaillard River, antropólogo que ha dedicado los últimos años a mapear los bancos de materiales, afirma que en los últimos seis años se han autorizado más de 53 minas nuevas en Yucatán, de las cuales 12 se ubican en el municipio de Umán. 

“Es una expresión local de un modelo extractivo más amplio que, bajo el discurso del desarrollo, reproduce dinámicas de despojo, deterioro ambiental y vulneración de derechos colectivos en toda la península de Yucatán. La minería de materiales pétreos no es nueva en la región, pero ha crecido de forma acelerada debido a la alta demanda de insumos por megaproyectos como el Tren Maya y el desarrollo inmobiliario, lo que deja de manifiesto la falta de planeación y regulación sobre el crecimiento urbano, intensificando el impacto sobre comunidades y ecosistemas”, agrega Utsil Kuxtal. 

Xcucul, un ejemplo de lucha

En septiembre de este año, habitantes de Xucucul Sur acudieron a una asamblea en la comisaría maya de San José Tzal para compartir su mala experiencia con el banco. Ocurre que Proser, la empresa que se retiró por la presión de la comunidad, ahora busca instalarse en tierras de, precisamente, San José Tezal.

La lucha de Xcucul y la posible victoria legal de la comunidad sobre la mina es un ejemplo para comunidades como Hotzuc, donde viven 300 personas rodeadas, también, por proyectos extractivos de material pétreo. De hecho, distintas comunidades que tomaron parte de la asamblea de septiembre —San José Tzal, Petecbiltun, Hotzuc y Texan Cámara— afirmaron que las detonaciones de la misma mina de Xcucul Sur llegaron a sentirse en esos pueblos.

Respecto a las afectaciones a la salud, que hasta el momento han sido menos documentadas que los daños materiales a las casas, Charles Gaillard comentó en entrevista con Jaltun que las comunidades cercanas a bancos pétreos mencionan, por ejemplo, graves problemas nerviosos tanto en infancias como en adultos mayores.

Al mismo tiempo, la perforación por debajo del manto freático expone a las personas a agua contaminada y estancada, provocando focos de infecciones y proliferación de moscos que transmiten enfermedades como el dengue. Relacionado con esto, Lourdes Medina añadió que en la carpeta de la denuncia contra Grupo Zamudio se incluyeron testimonios e informes científicos que refieren a las afectaciones sociales, ambientales y de salud pública que ocasiona ese tipo de proyectos.