Sierra Papacal se moviliza y frena al Tren Maya de carga

Ejidatarios de Sierra Papacal afectados por expropiaciones impagas, y la utilización sin consentimiento de su territorio para el tendido del Tren Maya de carga, bloquearon las obras del ferrocarril para exigir respuestas de las autoridades. Los militares a cargo del megaproyecto se deslindan de responsabilidades mientras continúan depredando el monte. El conflicto actual, atravesado por al menos treinta años de despojo de tierras y promesas incumplidas.

Los ejidatarios de Sierra Papacal han decidido detener las obras del ramal de carga del Tren Maya que conectará Poxilá con el puerto de Progreso. De las 223 hectáreas que conforman el polígono en disputa, el megaproyecto ferroviario ocupará entre 10 y 11 hectáreas para el paso de las vías, pero lo que está en juego es mucho más que esa fracción del territorio.

El bloqueo inició a las 9 de la mañana del domingo 15. De un lado se ubicaron los campesinos: un grupo integrado por hombres y mujeres de rostros curtidos por el monte que no dudaron en plantarse frente a una fila de maquinaria pesada. Del otro, provisto con uniformes verde olivo y cascos blancos, se alineó el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que en esas instancias observó con incredulidad la escena.

“El comandante nos dijo que esto ya es propiedad del Tren Maya”, dijo a Jaltun, en ese marco, uno de los campesinos de Sierra Papacal, señalando directamente a los militares que resguardaban el acceso. “Entonces lo que pedimos ahorita es la presencia del director del Tren Maya para que nos explique, con documento en mano, a quién le compró las tierras“, agregó.

Detrás de él, varios ejidatarios asintieron. Algunos grabaron con sus teléfonos. Otros simplemente observaron en silencio, con los brazos cruzados. Ante esa situación, una oficial militar intentó mantener la calma y deslindar responsabilidades.

“Nosotros lo único que podemos hacer, y que ya hicimos, es informar que ustedes están inconformes con el pago que según se hizo y no se hizo“, comentó, con tono institucional. “Defensa no compra terrenos, Defensa construye”, enfatizó.

Los ejidatarios, sin embargo, conocen la historia mejor que nadie. “Estas tierras no son propiedad federal, son del ejido, y si quieren las tierras, las tienen que pagar“, respondieron. Los militares escucharon sin replicar. No tenían instrucciones para eso.

No obstante, lo que está en juego en Sierra Papacal no es un mero conflicto por indemnizaciones atrasadas, sino la punta de lanza de un entramado estructural de despojo que involucra a funcionarios y autoridades de los tres niveles de gobierno como así también a una red de notarios. Asociados, estos actores han facilitado el acaparamiento de tierras por parte de una élite empresarial.

Mientras los ejidatarios sostienen con sus cuerpos la línea de lo que consideran suyo, detrás de ellos se extiende un paisaje de plusvalía inmobiliaria, desarrollos residenciales y un monte que resulta destruido. El Tren Maya de carga se muestra como un megaproyecto que no es solo una obra de infraestructura sino el vehículo sobre el que se asienta una nueva oleada de acaparamiento de tierras en Yucatán.

Tierras en disputa

El abogado Erik Carrillo, asesor legal de los ejidatarios de Sierra Papacal, explicó que para entender el conflicto hay que remontarse a principios de los años noventa, cuando se firmaron dos figuras jurídicas distintas sobre las mismas tierras. Esto genera hoy una madeja legal difícil de desenredar.

En 1991, los ejidatarios otorgaron al gobierno del estado un contrato de usufructo por 30 años sobre el área hoy en conflicto. Dicho acuerdo estableció la cesión del uso del terreno a cambio de una renta pero sin que ello implique para la comunidad perder la propiedad de la tierra. El objetivo en ese momento fue instalar pozos para extraer agua potable que luego se destinó a las comisarías de Chelem, Chuburná Puerto y Yucalpetén.

Ya el 27 de noviembre de 1992, el entonces presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari, firmó un decreto expropiatorio sobre las mismas tierras. La expropiación es una figura legal distinta al usufructo: ya no se trata de un acuerdo en préstamo, sino de una transferencia forzada de la propiedad. Y ese cambio debe ser compensado con una indemnización a los dueños originales. Dicho decreto, del que Jaltun tiene una copia física, mantuvo el mismo fin de utilidad pública: la extracción de agua para Chelem, Chuburná Puerto y Yucalpetén.

La expropiación se ejecutó formalmente en 1993 y ahí surgió el primer problema: el gobierno del estado, que recibió el pago de la indemnización a través del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, argumentó que ya había entregado ese dinero con la renta del usufructo de 1991. De ahí que nunca liquidó la indemnización por la expropiación que les correspondía a los ejidatarios.

Durante los 30 años que duró el contrato de usufructo, el gobierno de Yucatán utilizó las tierras para el fin acordado y los ejidatarios, aunque sabían que la expropiación seguía sin pagarse, no reclamaron porque recibían la renta. Además, el uso de la tierra era destinado para abastecer con agua a comunidades vecinas. Sin embargo, ese contrato expiró en 2021.

Tras el final de ese pacto, el gobierno federal intervino directamente sobre los terrenos en cuestión para avanzar con el controvertido ramal de carga del Tren Maya.

El argumento oficial es que las tierras ya son propiedad federal a partir del decreto expropiatorio de 1992. Los ejidatarios responden que esa expropiación nunca se pagó, que el usufructo ya venció y que, además, el fin de utilidad pública ha cambiado.

Sobre este último punto, Carrillo explicó que el Artículo 97 de la Ley Agraria faculta a los ejidatarios para solicitar la reversión de la expropiación o una nueva indemnización cuando la causa original —en este caso, la extracción de agua— resulta modificada. A eso se aferran los habitantes de Sierra Papacal: utilizar el territorio para el tendido del tren de carga es diferente a instalar pozos de agua para las comunidades vecinas. Si el gobierno quiere usar la tierra para otra cosa, explicó el abogado, tiene que volver a pagarles a los ejidatarios o, en todo caso, restituirles el terreno.

El abogado explicó que el monto depositado en los años 90 equivale hoy a una cifra irrisoria: alrededor de 357 mil pesos. Sostuvo, además, que cualquier afectación a las tierras de uso común requiere de forma obligada de una asamblea debidamente instaurada. Y que los órganos de representación, como el comisariado, no pueden decidir por sí solos el destino de las tierras.

Al mismo tiempo, Carrillo advirtió que se puede acudir al Tribunal Unitario Agrario para anular cualquier documento que el comisario ejidal haya firmado sin el consentimiento de la asamblea. Finalmente, el abogado remarcó que ninguna ley está por encima de la Constitución, y que ésta garantiza los derechos agrarios de los ejidatarios.

Militares se lavan las manos

El conflicto en Sierra Papacal revela la estrategia de deslinde que los militares han mantenido consistentemente desde que iniciaron las obras del Tren Maya en la península de Yucatán. “Defensa no compra terrenos, Defensa construye“, fue, como se mencionó antes, el argumento utilizado por una oficial militar durante el bloqueo del domingo para restar gravedad a la labor que el aparato armado realiza en inmediaciones de la comunidad maya.

Sin embargo, como les reviró un ejidatario en un contexto de intercambio acalorado, los militares negociaron en opacidad, sin convocar al ejido a una reunión informativa, y basándose en probables actos de corrupción por parte de los representantes ejidales de Sierra Papacal.

“No sé quién les firmó acá para que entren, seguro fue el comisario, ustedes trataron con él“, insistió un ejidatario refiriéndose, precisamente, al actual comisario ejidal de Sierra Papacal.

En otro segmento de la confrontación ocurrida durante la mañana del 15, una oficial militar intenta explicar los límites de su competencia mientras los ejidatarios exigían pruebas de propiedad. La oficial reconoció que había recibido las quejas, pero insistió en que no podía resolver el fondo del asunto.

“Nosotros lo único que podemos hacer y que ya hicimos es informar que ustedes están inconformes con el pago que según se hizo. De nuestra parte, nosotros lo solicitamos y no vino ningún representante“, afirmó.

La militar insistió en separar las responsabilidades: “Yo solamente les quiero explicar la situación y ustedes no me están queriendo escuchar. Nosotros con todo gusto les podemos explicar el proyecto. Lo que nosotros no podemos hacer, y que no nos compete, es lo del pago“.

Advirtió, también, sobre la futilidad de la protesta en ese lugar: “Ustedes estando aquí lo único que van a lograr es que nosotros no vamos a trabajar, y ustedes no van a resolver nada porque nosotros no somos la persona indicada. La persona es el gobierno“.

“El comandante nos dijo que esto ya es propiedad del Tren Maya. Entonces lo que pedimos es la presencia del director del Tren Maya para que nos explique, que nos muestren documento en mano, que los militares tienen la propiedad“, explicaron los ejidatarios a Jaltun durante la concentración del domingo.

La estructura del despojo: acaparadores, notarios y funcionarios

El trasfondo de este conflicto es un lucrativo negocio de acaparamiento de tierras que beneficia a una élite inmobiliaria y empresarial. El trazo del nuevo ramal de carga del Tren Maya parece diseñado para favorecer a figuras que han concentrado terrenos ejidales mediante asambleas irregulares, en un entramado que involucra a notarios públicos, exdelegados del Registro Agrario Nacional (RAN) y exfuncionarios estatales.

De acuerdo con una investigación interna del RAN a la que Jaltun tuvo acceso —y cuyos hallazgos han sido detallados en reportajes previos—, el gobierno federal viene emitiendo decretos de expropiación por causa de utilidad pública que, en los hechos, se traducen en una venta obligada de la tierra. El problema con esta medida estriba en que, si bien en teoría el dinero debería pasar a los ejidos, la realidad es que el gobierno está comprando tierras a un puñado de empresarios que llevan años despojando terrenos ejidales.

Entre los nombres que figuran en los expedientes del RAN a los que este medio tuvo acceso está Rafael Acosta Solís, exsubprocurador de justicia de Yucatán, identificado en dichos documentos como el mayor acaparador de solares en todo México.

También se mencionan a empresarios como Juan Carlos Briceño González, quien en 2019 fue acusado —en quejas formales ante la Procuraduría Agraria— de incorporarse de forma irregular como ejidatario en varias comunidades. Y que en San Antonio Poxilá adquirió el dominio pleno de varios predios por instrucciones de Maricela Gonzáles Castillo, por entonces delegada del RAN en Yucatán.

La historia se repite con Jorge Carlos Luján Gamboa. En 2007, la asamblea ejidal de Sierra Papacal autorizó un cambio de destino de 27 hectáreas de tierras de uso común a su favor y de René Iván Viana Centurión, a quienes además se les otorgó un certificado agrario que los convirtió en ejidatarios de forma automática. Estos actos fueron validados por el entonces visitador de la Procuraduría Agraria en Yucatán y avalados por notarios públicos.

Tres años más tarde, casi 3 mil hectáreas pasaron de tierras de uso común a parcelas, beneficiando a otros ocho individuos en el mismo polígono donde hoy se asientan el Parque Científico y desarrollos inmobiliarios como Ciudad Maderas, ubicados a escasos kilómetros de la ruta del ramal de carga del Tren Maya.

El patrón se extiende hacia el ejido vecino de Chelem. El 13 de octubre de 2008, una asamblea irregular avalada por un notario público asignó solares a empresarios cuyos nombres aparecen en las investigaciones del RAN como parte de una red de acaparamiento. El 8 de mayo de 2018, otra asamblea autorizó el cambio de destino de más de 1.295 hectáreas para la creación de 8.146 solares. De esa cifra, exactos 6.169 quedaron en manos de empresarios reconocidos como ejidatarios, entre ellos Rafael Acosta Solís.

El negocio minero, otra arista del megaproyecto Tren Maya

El fenómeno de conversión de tierras de uso común en solares urbanos ha ido de la mano de otro proceso igual o peor de destructivo: la instalación de bancos de materiales para la construcción del Tren Maya, que ha acarreado el desmonte de la selva, múltiples afectaciones a mantos freáticos, daños a las viviendas de poblados indígenas y la destrucción de vestigios arqueológicos y ceremoniales mayas.

Los últimos casos han ocurrido en los ejidos de Yaxcopoil, Xcucul Sur y Chablekal, donde comunidades mayas han denunciado la entrada de maquinaria pesada y explosiones con dinamita para la extracción de material pétreo.

Estos bancos de materiales se han instalado a partir del negocio de la construcción que deriva del Tren Maya. Un ejemplo de esto: en el ejido Chablekal, los pobladores descubrieron que detrás de la destrucción estaba la empresa Coradime, que ha participado tanto en el desarrollo de la Base Aérea Militar, que funciona integrada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como en tramos del Tren Maya a partir de contratos rubricados con Sedena.

El conflicto en Sierra Papacal es un microcosmos de lo que sucede en otros ejidos de la región como Ucú, Hunucmá, Chelem y San Antonio Yaxché, donde el tendido del Tren Maya de carga atraviesa territorios en disputa y beneficia tanto a los despojadores y acaparadores de tierras, como a quienes tuvieron información privilegiada sobre el trazo establecido para la vía.

A pesar de la presión militar y la urgencia del gobierno por concluir la obra, los ejidatarios de Sierra Papacal mantienen su postura de resistencia pacífica pero inamovible. Han advertido que llevarán el caso ante el Tribunal Unitario Agrario para anular cualquier documento que el comisariado haya firmado sin el consentimiento de la Asamblea ejidal. Para los ejidatarios no se trata solo de dinero sino de la defensa de su dignidad: el bloqueo también implica frenar un proceso de despojo que se ha extendido por más de una generación.

Mientras la Sedena insiste en que tiene derecho a efectuar la construcción, los ejidatarios son claros: no necesitan explicaciones sobre las obras que se están llevando a cabo, sino soluciones sobre la propiedad. Por ahora, la maquinaria permanece detenida y el conflicto en Sierra Papacal se mantiene como una herida abierta en el megaproyecto ferroviario.