El ejido San Antonio Yaxché busca revertir un despojo ligado al Tren Maya de carga
Publicado 4 febrero, 2026
El ejido sufre daños y despojo de 227 hectáreas clave para la expansión del Tren Maya de carga y el negocio inmobiliario en Yucatán. Los ejidatarios establecieron un plantón exigiendo justicia sobre sus tierras ancestrales. La acción podría llevarlos a un choque con los militares, que ya iniciaron el desmonte de las tierras para extender el megaproyecto ferroviario.
En las inmediaciones del ejido San Antonio Yaxché, en el municipio de Ucú, donde la selva baja caducifolia de Yucatán aún opone resistencia al avance de la maquinaria pesada, un centenar de ejidatarios mantiene un plantón que ha frenado las obras del ramal de carga del Tren Maya.
A la cabeza de ese movimiento se encuentra José Federico Vega, comisario ejidal, quien denuncia un complejo entramado de fraude, suplantación de identidad y tráfico de influencias que involucra a empresarios de élite, exfuncionarios y al propio gobierno de la entidad.
Lo que el gobierno federal presenta como un proyecto estratégico de interconexión logística entre Poxilá y el puerto de Progreso, para los habitantes de la zona es la consumación de un proceso de despojo iniciado hace más de una década. Y que se aprovecha de una vulnerabilidad jurídica histórica: la indefensión de lo que se conoce como tierras excedentes.
El origen del fraude: el agujero negro de las tierras excedentes
La chispa que detonó el conflicto actual se encendió cuando, entre 2024 y 2025, los ejidatarios de San Antonio Yaxché intentaron vender una porción de sus tierras. En ese momento descubrieron con asombro que las tierras en cuestión tenían otro “dueño”. Según documentos que aparecieron en el Registro Agrario Nacional (RAN), el ejido habría transmitido en 2012 unas 227 hectáreas de terrenos excedentes a un ejidatario llamado Luis Enrique Gómez Pech.
A diferencia de las tierras de uso común –que cuentan con certificados que otorgan certeza jurídica de las tierras colectivas–, las tierras excedentes se caracterizan por una identificación gráfica sin título legal: en los planos aparecen como zonas dentro del núcleo agrario pero que no están certificadas.
Puede tratarse, por ejemplo, de terrenos nacionales. Por lo general, ocurre que sobre esas tierras se da una posesión de hecho basada en el acceso y uso histórico que hace la comunidad. Pero lo cierto es que dichas áreas se encuentran en una situación de vulnerabilidad jurídica.
No obstante, como demuestran casos como el de Misnébalam, las comunidades mayas que ancestralmente han habitado sus territorios pueden reclamar derechos sobre las tierras.
El comisario ejidal sostiene que el documento que da fe de la cesión de las tierras es un fraude absoluto. Asegura que, respecto de la fecha de la supuesta transacción efectuada por el ejido, no existe un acta de asamblea válida que respalde dicho movimiento. “Es más, el ejidatario dice que no ha firmado nada, pero su nombre aparece ahí“, afirma Vega.
La gravedad del asunto radica en que las tierras excedentes se encuentran dentro de la demarcación y posesión histórica del núcleo agrario. Cualquier acto de disposición, como en el caso de una cesión, requeriría primero la regularización del régimen jurídico de las tierras excedentes —que puede ser propiedad privada, terreno nacional o baldío— y su incorporación formal al patrimonio ejidal mediante procedimientos legales rigurosos. Todo ese proceso fue omitido.
Mauricio Montalvo Vales y el vacío legal
Es precisamente en este vacío documental y en la omisión de esos procesos de regularización donde actúan operadores como el empresario Mauricio Montalvo Vales, vinculado a empresas inmobiliarias y de desarrollo industrial en Yucatán, y quien se dice dueño de esas hectáreas.
Según la narrativa por demás vaga que las autoridades estatales –a través del subsecretario de gobierno del estado Pablo Castro Alcocer – y federales –a través del general de la Secretaría de la Defensa Nacional Alejandro García – han presentado a los ejidatarios, Montalvo Vales obtuvo la supuesta posesión de las tierras de un tercero de, presuntamente, apellido Bote —las y los vecinos de San Antonio Yaxché desconocen su nombre—. Este último habría negociado el traspaso de las hectáreas con Gómez Pech, luego de la supuesta cesión de tierras efectuada por el ejido.
Esta cadena de transmisión es, en esencia, un negocio de tierras montado sobre un fraude documental. Montalvo Vales no adquirió un derecho de propiedad legítimo, sino que intentó capitalizar un supuesto título que carece de sustento jurídico por partir de una transacción inexistente.
Su operación es ilegal porque busca validar y beneficiarse de un acto que nunca debió ocurrir. Y que pretende convertir una posesión de hecho de una comunidad indígena en una propiedad privada apta para su mercantilización.
Este patrón de operación –y la figura misma de Montalvo Vales– coincide plenamente con los hallazgos de la investigación institucional del Registro Agrario Nacional, titulada “Acaparamiento de tierras de propiedad social en México” y a la que Jaltun tuvo acceso en meses recientes.
Ahí se identifica a Montalvo Vales como el 15° mayor acaparador de parcelas a nivel nacional. El informe detalla que los empresarios de su estilo promueven “bancos de tierras” para luego comercializar esos lotes en desarrollos o proyectos de infraestructura. En línea con eso, aprovechan la falta de titulación de los terrenos excedentes y, también, operan cooptando a los órganos de representación ejidal.
La relación de Montalvo Vales con San Antonio Yaxché es un caso de libro: según los registros del RAN, posee 137.4 hectáreas en tres fracciones de este ejido bajo la modalidad de “parcelas de grupo”. Se trata de una figura que suele usarse para eludir límites de propiedad individual y que, ya en el caso de las tierras en disputa, podría habilitar nuevas irregularidades si existe complicidad de los representantes agrarios.
El reporte del RAN indica que no existe información cartográfica para las parcelas en cuestión, lo cual hace imposible ubicarlas físicamente en un mapa. Esto revela una opacidad técnica que facilita la especulación.
En una reunión con los ejidatarios de San Antonio Yaxché, la abogada de Montalvo Vales, Gloria Magaña, intentó convencer a los asistentes que el empresario tiene la propiedad legal de los terrenos. Respecto de ese encuentro, los ejidatarios comentaron a Jaltun que “la abogada no mostró ningún papel, nada, solo mostró donde dice que en el ejido tenemos el excedente”. A raíz de este escenario, el ejido ha interpuesto demandas penales ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán por despojo y creación de títulos falsos.
La presencia de Mauricio Montalvo Vales en el ejido de San Antonio Yaxché no es aislada: es parte de una estrategia de concentración que le ha permitido acumular 3,687 hectáreas de tierra en Yucatán. El empresario se ha hecho con esa superficie mediante un mecanismo señalado por el RAN en su reporte: el cambio de destino de tierras de uso común a parcelas a través de asambleas irregulares.
Su perfil como concentrador de tierras se proyecta a una escala mayor a través de Grupo Desur, empresa de la que es propietario y donde también actúa como presidente del Consejo de Administración. Al mismo tiempo, Montalvo Vales es el desarrollador del parque industrial Indara II en Kanasín –un proyecto de más de 130 hectáreas cuya Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue autorizada en julio de 2024–. Además, fue seleccionado como el sitio para albergar la nueva planta de Heineken.
Este proyecto, que aprovechará la logística de la estación Teya del Tren Maya, refuerza el hallazgo del RAN sobre el modus operandi del empresario: acumular tierras para luego mercantilizarlas con quienes desarrollan proyectos industriales de alto impacto, previa especulación inmobiliaria.
El tren de los empresarios que transita sobre la ilegalidad
En San Antonio Yaxché, el proyecto que se impulsa sobre las tierras en disputa es el “Libramiento Ferroviario a Terminal Multimodal de Carga Progreso”, promovido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de su empresa Tren Maya S.A. de C.V.
La MIA correspondiente detalla una vía férrea de 35.36 kilómetros que requiere un derecho de vía de 40 metros de ancho y afectará directamente 181.45 hectáreas. Esa superficie comprende parte de los ejidos de Progreso, Chelem, Mérida, Ucú, Hunucmá y Umán. Al menos 147 de esas hectáreas se encuentran cubiertas por selva baja caducifolia.
Además del impacto ambiental, el tren acarrea un profundo conflicto social en tanto el trazo pasa precisamente por las tierras excedentes que el ejido San Antonio Yaxché reclama como robadas. El subsecretario de gobierno, Pablo Castro Alcocer -exdelegado de la Procuraduría Agraria en 2013 y de la Sagarpa en 2015, ambas en Yucatán–, ha intentado negociar con los ejidatarios afirmando que el gobierno solo necesita 6 hectáreas de esas tierras para el paso de la línea ferroviaria.
Ante ese argumento, los vecinos declararon: “Si no se arregla todo, no vamos a dejar pasar (el tren). Queremos que este señor (Montalvo) nos pague el terreno o nos devuelva el resto de la tierra. No vamos a dejar trabajar a estos hasta que no se arregle“.
La situación en San Antonio Yaxché se replica en ejidos vecinos como Ucú y Sierra Papacal, donde se han denunciado asambleas fraudulentas para convertir miles de hectáreas de uso común en parcelas individuales a precios irrisorios. Dichos lotes luego resultan volcados a fideicomisos o desarrollos inmobiliarios de lujo.
Como ha documentado Jaltun, estas asambleas ponen en juego una red de “concentradores” que capitalizan las expropiaciones del Tren Maya. Entre los nombres destacan Rafael Acosta Solís, identificado por el RAN como el mayor acaparador de solares de México, quien se beneficiaría de las obras del Tren Maya en Sierra Papacal y Chelem; Antonino Cascio González, de la inmobiliaria Gaessko, quien de forma estratégica transfirió terrenos antes de los decretos expropiatorios; Antonino Almazán Arteaga, exfuncionario del RAN y caso paradigmático de acaparamiento; y Carlos Alberto Génova Gamboa, vinculado a notarios que avalan acciones ilegales en asambleas irregulares.
Los ejidatarios y una resistencia que no cede
En el plantón, los ejidatarios de San Antonio Yaxché se enfrentan a una doble barrera. Por un lado, la Sedena, a través del general Alejandro García, se ha deslindado de los temas de propiedad argumentando que los militares solo se dedican a construir y no a comprar terrenos.
Por otro, el gobierno estatal presiona a los ejidatarios para que acepten el pago únicamente por las 6 hectáreas que representa el derecho de vía, ignorando el fraude ligado a Montalvo Vales. Al mismo tiempo, la estrategia de emitir decretos de expropiación por utilidad pública agiliza los trámites, pero deja a los campesinos en indefensión. Sólo cuentan con plazos mínimos para impugnar avalúos que no reflejan la plusvalía que generará el megaproyecto.
Para José Federico Vega y el resto de los ejidatarios de San Antonio Yaxché, el Tren Maya no es sinónimo de progreso sino el catalizador de un fraude inmobiliario a gran escala que explota la vulnerabilidad histórica de las tierras comunitarias. Mientras el RAN documenta las redes de acaparamiento, las obras avanzan amparadas por decretos.
El plantón en las tierras en conflicto no tiene una fecha de finalización. Los campesinos han dejado claro que no se retirarán hasta tanto se resuelva la situación de las 227 hectáreas en disputa.
“Hemos intentado que todo esto se resuelva jurídicamente, pero las leyes las manejan ellos“, dijo a Jaltun uno de los ejidatarios. Mientras tanto, las máquinas siguen arrasando la selva en esa zona. Por estos días, San Antonio Yaxché se presenta como otro lugar en el que se libra una lucha por la supervivencia del patrimonio ejidal. Y donde nuevamente quedan expuestos los métodos espurios que utiliza el empresariado para seguir incrementando sus riquezas a través de la apropiación de tierras de las comunidades mayas.
