Cierre y reapertura de megagranjas: Santa María Chí y Sitilpech, dos caras de la contaminación

Las porcícolas San Gerardo y Chumoxil comenzaron a desmontar sus naves en Santa María Chí. Tienen hasta el último día de abril para cumplir con esa labor, según lo acordado con Profepa. Las inmobiliarias, interesadas en ese terreno. Por el contrario, en Sitilpech los tribunales levantaron el freno a la actividad de la megagranja a pocos días de haberlo establecido. El aparato judicial sigue alineado con los intereses de Kekén.

Los esfuerzos de las comunidades mayas por erradicar de sus territorios las factorías de cerdos que promueven y controlan Kekén y sus socios comerciales atraviesan una instancia de luces y sombras en Yucatán. Dos casos puntuales dan cuenta de este escenario: por un lado, la instalación con alrededor de 50 mil cerdos que Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil —firmas propiedad de los clanes Loret de Mola y Coldwell— operan en Santa María Chí, está a un paso de la desactivación definitiva. De hecho, ambas empresas comenzaron a desmontar partes de las más de 70 naves levantadas sobre el predio que ocupan, estimado en algo más de 220 hectáreas linderas a la población indígena. Del otro se ubica la megagranja que Kekén posee en Sitilpech y donde se concentran alrededor de 48 mil animales.

En el caso Sitilpech, el Juzgado Cuarto de Distrito de Yucatán levantó la paralización total que había dispuesto para esas instalaciones en noviembre del año pasado. Dando lugar a una apelación de la empresa, los tribunales apenas dejaron vigente una suspensión que habilita inspecciones por parte de organismos y dependencias estatales y federales, pero sin que ello interfiera en el funcionamiento de la factoría.

La expectativa, en términos de novedad a favor de las comunidades indígenas, está en que Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil completen el desmantelamiento de su instalación en Santa María Chí tras casi dos décadas de contaminar de forma agravada el agua, el suelo y el aire de esa población. 

Una vez concretada la desactivación completa, el final de la megagranja en Santa María Chí se habrá consolidado como el primer caso de una factoría de cerdos en funcionamiento que cierra de forma definitiva y es desmontada hasta sus cimientos en el estado de Yucatán.

La granja de Santa María Chí y un historial de irregularidades y multas

El 21 de noviembre de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un oficio donde quedó asentado el compromiso de los Loret de Mola y Coldwell de desactivar por completo su instalación porcícola. La fecha límite estipulada para completar ese procedimiento, según comentó a Jaltun el comisario de Santa María Chi, Wilbert Nahuat Puc, es el próximo 30 de abril.

El oficio en cuestión detalla, por ejemplo, que Profepa realizó una primera inspección a la megagranja entre el 17 y el 20 de mayo de 2021. Y que, a raíz de los incumplimientos constatados en cuanto a la descarga de aguas residuales y la emisión de gases de efecto invernadero los dueños de la factoría fueron multados con casi 17,8 millones de pesos. 

Dicha sanción se emitió el 30 de noviembre de 2023 y derivó, también, en la “clausura parcial temporal de la descarga de aguas residuales provenientes del proceso productivo…”.

Ya el 19 de mayo de 2025, y como consecuencia de “incumplimientos en las medidas correctivas dictadas en la resolución sancionatoria”, se aplicó a la megagranja una segunda multa por algo más de 18,6 millones de pesos. Oficializada el 4 de septiembre del mismo año, la pena fijó, además, la “clausura total definitiva de la granja porcícola Santa María, requiriéndose a la empresa la presentación de un calendario de acciones de cierre”.

“En cumplimiento a lo ordenado, el 7 de octubre de 2025 la empresa presentó un programa calendarizado con un horizonte de siete meses para la ejecución de las acciones de cierre que incluye la comercialización y traslado de los ejemplares conforme a la normatividad sanitaria aplicable, previendo la conclusión del vaciado total de las instalaciones en abril de 2026”, se señala en el oficio, al que Jaltun tuvo acceso. 

“El 17 de octubre de 2025, esta Procuraduría aprobó y notificó a la empresa el acuerdo mediante el cual se autoriza el referido calendario de cierre”, se lee en los párrafos finales del documento.

El desmantelamiento de las naves ya ocurre

Respecto de cómo se viene aplicando este calendario, Nahuat Puc dijo a Jaltun que “es un hecho que existe un proceso de desmantelamiento de las naves”, aunque anticipó que la comunidad “avanzará con una demanda si la empresa no cumple lo que firmó con Profepa”.

“No creo que (los Loret de Mola y Coldwell) quieran seguir acumulando multas. Profepa está muy atenta a que se cumpla el calendario y nosotros también”, añadió. 

En una recorrida en torno a la factoría, Jaltun pudo comprobar que la porcícola viene llevando a cabo el desmantelamiento de alrededor de 6 naves, un número por demás bajo en tanto los galpones instalados suman más de 70. Y restan poco más de 60 días para la fecha límite acordaba con Profepa. También se observó el movimiento de trailers cargados con alimento para los animales que aún permanecen en la factoría.

“La empresa ya despidió a todos los trabajadores que eran de Santa María Chí. Pero como la operación sigue, hay empleados (de otras comunidades) trabajando ahí. Hemos visto autobuses entrando y saliendo, y que siguen pesando animales en la báscula. Para abril no tiene que haber ningún cerdo, según lo acordado. Éstos deben ser los últimos (animales) que quedan por sacar”, aseguró el comisario.

Consultado respecto del destino que podrían tener las más de 220 hectáreas sobre las que hoy se sitúa la megagranja, Nahuat Puc dijo desconocer los planes de los Loret de Mola y Coldwell, aunque reconoció que semejante superficie lindera a la comunidad estaría en el radar comercial de las inmobiliarias.

“No dudamos que las inmobiliarias están buscando comprar esos terrenos. Pero por el momento no sabemos qué hará la empresa con la tierra. Esperemos no quieran instalarnos una avícola. Existen dos o tres lotes que fueron vendidos a la porcícola por ejidatarios de Santa María Chí. Ya les he comentado que vean la manera de tratar de hacer que esos terrenos se devuelvan. Depende de ellos”, comentó.

Con relación al destino de los cerdos que hoy continúan dentro de las naves activas de la megagranja, el comisario reconoció no saber “adónde se están moviendo los animales. Pero sí sabemos que Grupo Porcícola San Gerardo tiene otras granjas en Texán Cámara, Petac, Santa Cruz y Nolo. Y hay versiones de que posee otra cerca de Conkal”.

Sitilpech y una clausura con aroma a farsa

En el otro extremo de lo que viene ocurriendo en Santa María Chi se encuentra la situación que atraviesa la comunidad maya de Sitilpech. A inicios de noviembre del año pasado, Jaltun informó que el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán había establecido una suspensión provisional que fijaba la paralización inmediata de las operaciones de la megagranja que Kekén, la compañía que monopoliza el procesamiento de carne porcina en la península, mantiene operativa junto a ese pueblo.

Se indicó que la medida surgió de un amparo promovido por integrantes de la comunidad maya con la representación jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

Operativa con mas de 40 mil cerdos, la instalación, propiedad de Grupo KUO, ha sido acusada reiteradamente en los últimos años por violaciones a los derechos al medio ambiente sano, al agua limpia y la salud, y de incumplir convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entre otros aspectos establece el requerimiento de la consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente a los pueblos indígenas y equiparables.

Pero lo cierto es que la suspensión fijada en el último tramo de 2025 apenas si duró unos días. En concreto, asesores legales de la comunidad indígena señalaron que ese veto a la operatividad de la megagranja fue “limitado” apenas una semana después de establecido el freno.

“Hubo una modificación en el criterio de lo establecido por el juez, que había dispuesto una suspensión que paralizaba a la granja por completo. El Tribunal Colegiado hizo lugar a un reclamo de la empresa y fueron reducidos los alcances de la suspensión. Se determinó que las autoridades correspondientes podrían realizar actos de inspección pero que, para esa tarea, no era necesario frenar la actividad por completo”, explicaron las fuentes.

“La megagranja opera sin inconvenientes desde entonces. Lo que hizo Kekén para lograr la reducción de la suspensión es argumentar que posee una licencia de funcionamiento otorgada por el ayuntamiento de Izamal. Y que ese permiso es legal y válido para seguir funcionando hasta que se determine lo contrario”, agregaron.

Ante la consulta de Jaltun, los asesores afirmaron que los actos de inspección definidos por el juez en el contexto de suspensión no tienen fecha definida para su realización. Y que correrán por cuenta del mismo ayuntamiento de Izamal, Profepa y Conagua.

“El plazo para realizar las inspecciones es desconocido. Puede demorar lo que se mantenga la suspensión con límites. O que se lleve a cabo ya en una instancia de juicio. Eso puede ocurrir en meses o años”, expresaron.

Una contaminación reconocida por los jueces

Las pruebas del impacto negativo que el funcionamiento de la porcícola genera en el ecosistema y vida cotidiana de la comunidad indígenas abundan y resultaron expuestas incluso por los mismos actores legales que terminaron por reducir a una farsa la suspensión fijada a la porcícola en 2025.

Firmado por la jueza Elsa Patricia Espinoza Salas, el texto que estableció el freno operativo en noviembre pasado detalla que, según la denuncia presentada por las y los habitantes de Sitilpech, la megagranja “genera olores insoportables para las personas que habitan esa comunidad, así como el uso de aguas tratadas durante las noches para riego en la zona, las que se infiltran al subsuelo kárstico, donde se encuentra el manto freático que finalmente llega a los pozos comunitarios o personales, con agua con olores y sabores malos por la contaminación generada…”.

En el mismo documento, al que Jaltun tuvo acceso durante el mes mencionado, también se señala que los vertidos que realiza la factoría de Kekén en Sitilpech originan “encharcamiento de aguas con heces fecales, las que al descomponerse resultan un sistema apto para la proliferación de insectos como moscos y moscas, afectando sus derechos y de la comunidad donde pertenecen, entre los que se encuentran los relativos a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico”.

Aun así, y como si nada hubiese ocurrido en términos judiciales, la factoría de Kekén en Sitilpech sigue ejecutando su labor contaminante sin ningún tipo de impedimento. Otra muestra de cuán poco sigue importando el bienestar de los pueblos indígenas y la salud de sus territorios para el aparato judicial, quienes definen hasta dónde llega (o no) el cumplimiento de lo legal en los territorios mayas en Yucatán.