Yaxcopoil se moviliza y más comunidades mayas se suman a la lucha contra la minería

Las y los pobladores de la comunidad, situada en el municipio yucateco de Umán, mantienen un bloqueo a la entrada del terreno de la empresa Cypssa, que busca abrir un banco de materiales a escasos metros de Yaxcopoil y su zona arqueológica. La cantera viola regulaciones y la comunidad reaccionó ante la desidia de las autoridades. En Xcucul, San José Tzal y Tebec siguen las acciones vecinales para frenar la depredación minera.

El pueblo de Yaxcopoil, en Umán, se sumó a la lucha de defensa del territorio por la amenaza de la minería en ese municipio del estado de Yucatán, que concentra la mayor cantidad de bancos de materiales en el estado. Desde el lunes 19, los pobladores mantienen un bloqueo a la entrada del terreno de la empresa Caminos y Puentes del Sureste (Cypssa), a la altura del kilómetro 261 de la carretera Umán-Hopelchén y a tan solo 800 metros de la comunidad maya. Hacen guardias por turnos para quedarse en el sitio todo el día y la noche, y esperan a los representantes de la firma para pedir explicaciones.

El sitio arqueológico de Yaxcopoil se encuentra a 2 kilómetros del banco de materiales, por lo cual el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) interpuso una clausura temporal, confirmando la irregularidad del proyecto minero.

Yaxcopoil, un pueblo a menos de un kilómetro de la mina

En entrevista con Jaltun, Sazil Uicab, ama de casa y ahora miembro del consejo del pueblo para la lucha contra la mina, explicó que hace dos semanas los trabajadores de Cypssa comenzaron a abrir una brecha para entrar a un terreno dentro del monte. Para ello, deforestaron hectáreas que no les pertenecen: arrancaron árboles de raíz con el fin de hacer un camino para sus volquetes y maquinaria.

El 19 de enero, los pobladores dueños de las hectáreas deforestadas y otros vecinos y vecinas acudieron a la zona para hablar con los empleados de la empresa. Ahí supieron que el proyecto era de un banco de materiales y que el comisario ejidal, Jesús Salazar, les había dado permiso.

“La empresa me vino a ver y me dijo que necesitaban abrir el callejón para entrar a su terreno, mas no me dijeron qué intenciones tenían y yo no le pregunté nada a ellos. Yo sé que hace 10 años que compraron ese terreno pero se desviaron y tocaron un terreno que no debían de tocar. La verdad, yo no sabía que iban a poner un banco. Y sí, yo tengo la culpa, lo reconozco”, dijo el mismo Salazar ante las más de cien personas del pueblo que se reunieron en asamblea durante el último domingo.

En su intervención, Salazar aceptó que los 181 ejidatarios lo remuevan de su puesto si así lo consideran. Sin embargo, el ánimo general de la reunión se centró en unir fuerzas entre el ejido y la comunidad para resolver de manera unificada el problema que tienen enfrente. El consenso general es que no quieren una mina en Yaxcopoil.

“La maquinaria botó una albarrada y terrenos particulares. Todo el material que arrastró la maquinaria se tiró en predios que tienen dueño. Decidimos como pobladores unirnos y quedarnos a hacer guardia porque no sabemos quiénes son”, declaró Sazil Uicab.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por el representante de Cypssa, Manolo de Jesús Constantino Caballero, y aprobada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y el Consejo Forestal Estatal de Yucatán, el proyecto plantea el cambio de uso de suelo para una superficie de 10 hectáreas donde se desarrollará la primera etapa de un banco de materiales.

En la misma MIA se reconoce que no fue considerada la distancia mínima de 5 kilómetros que debe existir entre asentamientos humanos, zonas arqueológicas o históricas y un proyecto minero. Expresa que “se detectó que los límites de dos poblaciones se encuentran a menos de 5 kilómetros de distancia del banco de material, Yaxcopoil y Peba, al igual que la distancia del Cenote Turístico Sambulá”. Al mismo tiempo, sostiene que “las obras no afectan directamente o pone en riesgo algún cuerpo de agua o manantial”.

El proyecto completo de Cypssa se dividirá en cuatro etapas y está previsto que ocupe una superficie de 71.64 hectáreas. De ese total, 37.8 hectáreas serán de explotación minera directa. La primera etapa contempla 10 hectáreas que, detalla la MIA, captan 256 toneladas de CO2 al año gracias a su biomasa leñosa, mismos que podrían “mitigarse” después de varias y constantes acciones durante casi 25 años.

En esa área viven 6 especies de reptiles, 19 de aves y 12 tipos de mamíferos. Calculan que cada año el terreno en cuestión perderá 123.83 toneladas de suelo. Bajo esa roca se concentra agua limpia que cumple con los indicadores de calidad que la hacen apta para consumo humano. La pérdida neta de agua, siempre de acuerdo a la MIA, será de 20,880 metros cúbicos al año.

La MIA establece que, al ser terrenos ubicados en territorios indígenas, “la autorización de cambio de uso de suelo deberá acompañarse de medidas de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe”, algo que no ha ocurrido.

Autoridades ignoran las denuncias de los pobladores

De acuerdo con investigaciones del antropólogo Charles Gaillard Rivero, las MIA de los bancos de materiales pétreos en operación son archivadas por la SDS, “que ha obstaculizado reiteradamente su acceso y consulta pública, con lo cual dificulta la transparencia de la información”.

Aún más opaca es la información relativa a los bancos de materiales registrados en años anteriores, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) era la responsable del registro. “De estos sitios, muchos de los cuales se encuentran actualmente abandonados, se desconoce su situación legal, operativa y ambiental”, afirma el experto.

Gaillard alerta que la extracción de materiales pétreos en Yucatán ha perforado ya varios metros por debajo del manto freático y eso implica la destrucción irreparable del suelo kárstico, esto es, “la barrera de roca caliza que protege el agua subterránea de la cual depende toda la vida en la región”, dice.

En octubre de 2025, la Comisión de Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) acudieron a las poblaciones mayas que han denunciado pública y legalmente las afectaciones que provocan las minas. 

El personal de la ONU entró a las casas para constatar las cuarteaduras provocadas por las explosiones y comprobar que en una comisaría (Yaxcopoil) hay una escuela primaria a sólo 500 metros de la mina. A pesar de la visita y las reuniones que tuvo la ONU con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y la SDS, las situaciones de vulneración de los pueblos denunciantes no han cambiado mucho. 

Entre 2018 y 2025, la SDS aprobó la apertura de 53 bancos de materiales que dinamitan el suelo para extraer material de construcción, industria que se intensificó a partir del proyecto Tren Maya. En Yucatán proliferan bancos de materiales en al menos 20 municipios. Los distritos con mayor cantidad de minas son Umán con 10, y Valladolid y Sudzal, con 5 cada uno. 

Otros estados de la península de Yucatán muestran también fuertes incrementos en cuanto a cantidad de bancos: Quintana Roo registra 108, mientras que en Campeche se ubican 165. 

Las consecuencias de convivir con minas de material pétreo, según testimonian los pobladores de las zonas afectadas, son el estrés constante provocado por las explosiones intempestivas, las cuarteaduras y pérdidas materiales en sus casas, los problemas respiratorios por la contaminación del aire, la generación de una mayor cantidad de basura y la provocación de conflictos comunitarios.

Empresas como Cypssa, Procón, Procer y Zamudio suelen negociar el usufructo de tierras de uso común únicamente con los comisarios ejidales de los pueblos donde se asientan. El lapso promedio es de 30 años.

Sin embargo, los efectos negativos de esta intervención extractivista se sale de la jurisdicción de los comisariados pues afectan a toda una comunidad y sus modos de vida, y a pueblos vecinos. Además, dañan el manto acuífero y el suelo de la península de Yucatán dejándolo improductivo, deforestado y esquildado.

Xcucul: la mina clausurada pero la persecución continúa

Rubén Ortiz, habitante de Xcucul Sur en Umán, todavía se ríe cuando lee la denuncia que presentó en su contra el representante legal de Grupo Zamudio. La denuncia, elevada por la minera y ridícula por donde se la mire, describe a don Rubén como un hombre presuntamente armado que incitó a la población a amenazar a los empresarios al grito de “¡Justicia!” y exigiendo un pago de 100 mil pesos.  

Jaltun tuvo acceso a ese documento, donde aparecen los nombres de 12 pobladores de Xcucul acusados de “amenaza de muerte” y “secuestro” a trabajadores de Zamudio. Los hechos que se describen corresponden al día 22 de julio de 2025 cuando un grupo de pobladores bloqueó la entrada a la cantera, que estaba clausurada por la Profepa. Jaltun estuvo ahí ese día y documentó la protesta —también se contó con presencia de la Policía Municipal de Umán, convocada por el mismo Rubén Ortiz para que la situación no pasara a mayores—, y lo ocurrido fue completamente distinto a lo detallado en la denuncia de Grupo Zamudio.

En la denuncia, uno de los trabajadores de la empresa dice que fue privado de su libertad aunque desde el principio los pobladores afectados dijeron que cerrarían el camino porque el banco estaba clausurado y Zamudio no podía ingresar sin violar la disposición de la Profepa. El empleado ignoró esos argumentos y aún así ingresó a la cantera.

Hasta estos días, Rubén Ortiz junto con otros pobladores también acusados continúan recibiendo amenazas por parte de representantes de Zamudio. Todo, por no aceptar un dinero que ofreció la minera y además exigir la detención de las explosiones que destruyen sus viviendas. 

En un encuentro con Jaltun, las y los vecinos afectados de Xcucul mostraron videos donde a principios de este año puede verse a Claudio Zamudio, hijo del dueño de la cantera, y uno de sus empleados presionando a los pobladores para que desistan de seguir sosteniendo amparos contra la mina. 

“La camioneta en la que venían le cerró el paso a uno de los muchachos que protestó por el banco de materiales. Salimos a confrontarlos y a decirles que las cosas se aclaran hablando, no tirándole el carro encima”, contó una de las vecinas.

En uno de los videos incluso se ve a un representante de Zamudio, cuyo nombre nunca se menciona y que la población no conoce, preguntarles por qué se quejan si ya “les dieron dinero” y “les hicieron fiestas”. El portavoz les insiste que “hagan caso a su comisario ejidal” y propone hacer una reunión con los ejidatarios locales para “arreglar el problema”. También les pregunta por qué se ensañan con Grupo Zamudio si hay otras minas cercanas al pueblo.

“Que hayan comprado al comisario no significa que nos puedan comprar a nosotros. ¿Quién responde por los daños a nuestras casas? Su banco es el más cercano, es el que retumba en nuestras casas”, le responde una de las vecinas de la comunidad. 

La desidia de las autoridades locales es tal que, mientras Xcucul obtuvo una suspensión provisional contra la minera de Grupo Zamudio por parte del Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, sigue adelante la operación ilegal de otra cantera de Proser en el ejido de San José Tzal. 

San José Tzal: los ejidatarios ceden la tierra para prácticas ilegales

Desde 2024, la empresa Proser S.A. de C.V. realiza trabajos de minería en un banco de materiales pétreos sin los permisos correspondientes. Por ello, en septiembre pasado las comunidades de San José Tzal, Petecbiltun, Hotzuc y Texán Cámara interpusieron una queja ante la SDS de Yucatán. 

Aunque la cantera se ubica dentro de terrenos ejidales de San José Tzal, esta queda aún más cerca de otros pueblos. O sea, se encuentra a una distancia de entre 1 y 4 kilómetros de distintas comunidades cuando, como se expuso antes, la separación legal de acuerdo con las propias regulaciones de la SDS debería ser de al menos 5 kilómetros.

El 15 de enero pasado, el ejido San José Tzal tuvo una asamblea para recibir la segunda parte del pago de Proser por el usufructo de las tierras donde instaló el banco de materiales. A pesar de que en septiembre de 2025 varios ejidatarios participaron de una reunión con el resto de los pueblos afectados, y escucharon de primera fuente los problemas que genera la cantera, terminaron por ceder a los empresarios. Cada uno recibió 50 mil pesos por el usufructo de las tierras ejidales.

“Independientemente de que se haya concretado la venta del ejido, la extracción de material pétreo no debería estar permitida en esta zona por la cercanía de las poblaciones”, explicó Charles Gaillard Rivero a Jaltun.

De hecho, la Profepa admitió una denuncia en agosto del año pasado donde se acusa a la empresa de deforestar, despalmar y usar explosivos para la extracción de materiales pétreos en tierras de uso común del ejido San José Tzal. Proser realizó semejante actividad extractiva sin contar con autorizaciones de la SDS ni cumplir con la norma técnica ambiental NTA-002-SDS-2024. 

En la denuncia, los pobladores afectados exigen su derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado como comunidad maya. Como publicamos en una nota anterior, personas de Tebec, Hotzuc, Petecbiltun, Texán Cámara y San José Tzal emitieron una carta de inconformidad respaldada por 786 firmas a la SDS, que aún no ha emitido respuesta. 

Una pobladora de Hotzuc confirmó que no han sido contactados por ninguna autoridad y que las actividades de la mina de Proser continúan.

Tebec: un pueblo encerrado por tres minas

En noviembre de 2025, habitantes de Tebec, otro pueblo de Umán, presentaron una denuncia popular a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Profepa por los impactos negativos de tres minas correspondientes a las empresas Mapsa, Materiales Ku y Procon. 

Estas minas se encuentran sobre el único camino para entrar a la comunidad y sus camiones de carga obstaculizan el ingreso al pueblo. Los habitantes de Tebec denuncian contaminación por el polvo en suspensión, la falta de protocolos establecidos en la Norma Técnica Ambiental de la SDS como es la cobertura del material extraído, y un incremento en las enfermedades respiratorias y oculares, entre otras dolencias.

En Tebec también ocurren explosiones a distintos horarios del día, lo cual genera estrés en las infancias y un impacto en la salud mental de las y los vecinos. Al mismo tiempo, las vibraciones ocasionan fisuras en techos, paredes y ventanas. Existen al menos ocho casas gravemente dañadas por los efectos de las detonaciones.

De acuerdo con un comunicado del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, en la carretera Tebec-Umán y dentro de la selva cercana se observa un incremento de residuos generados por la empresa como gravas, bloques, varillas, llantas, líquidos y basura en general.

“Preocupa entonces a la comunidad que estos residuos, al no recibir el tratamiento adecuado, puedan filtrarse al manto freático a través de lixiviados y contaminen el agua de la comunidad y de la región en general, provocando problemas de salud pública (…) En ocasiones, las mismas personas colaboradoras de estas empresas prenden fuego a los residuos pudiendo generar incendios forestales al mismo tiempo que se expone a la población a humos y gases tóxicos”, expresan. 

La actividad minera en Yucatán forma parte de un entramado de intervenciones a mayor escala, hasta los megaproyectos, que impactan de la peor forma en el territorio peninsular maya. Dada esta situación, comunidades mayas han solicitado a autoridades federales la declaración de la península de Yucatán como zona de emergencia socioambiental.