Xcucul Sur, sitiada por el despojo, la expansión del Tren Maya y la minería
Publicado 3 marzo, 2026
Empresarios con antecedentes de despojos realizados en Quintana Roo buscan quedarse con tierras que familias de Xcucul Sur han trabajado por décadas. La cercanía con el Tren Maya acentuó el interés de los acaparadores por hacerse con terrenos que pueden ser de interés para el nuevo tendido de carga del ferrocarril. Al mismo tiempo, la comunidad maya sigue padeciendo la actividad ilegal minera.
José Edgardo Conrado Rodríguez es originario de Tizimín, en el estado de Yucatán, y se dedica al comercio. Pero en los registros oficiales del Registro Agrario Nacional (RAN) aparece con un perfil distinto: desde agosto de 2022 es el propietario formal de una parcela de un poco más de 6 hectáreas en el ejido Xcucul Sur, en el municipio de Umán. Y se encuentra amparado por un título de propiedad expedido durante el mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
El problema es que esa tierra ha sido trabajada por una familia maya durante más de 30 años, que la recibió de manos del comisariado ejidal en los años 90. Si bien dicha familia cuenta con un certificado que acredita su derecho, lo cierto es que ese documento nunca se inscribió en el RAN por omisión de las autoridades ejidales de aquel entonces. Mientras tanto, y a lo largo de ese lapso, Pedro —el patriarca, ahora con más de 70 años y que habla poco español— sembró maíz en dos de esas hectáreas sin ningún tipo de impedimento.
La cotidianeidad fue esa hasta que, en noviembre de 2025, un grupo de hombres enviados por Conrado Rodríguez llegó en camionetas y sacó a la familia por la fuerza. En la acción no faltaron golpes e insultos. Tanto la policía estatal y municipal acudieron ante los incidentes pero, dada la falta de documentos de la familia avalados legalmente, el conflicto quedó en un limbo. Lejos de mediar, el comisariado ejidal actual se alineó con los hombres violentos del empresario.
La historia de esta familia es solo un ejemplo de lo que ocurre cuando la legitimidad de la posesión histórica se estrella contra la legalidad de un título emitido bajo circunstancias cuando menos cuestionables.
El hombre del título
El documento que ostenta Conrado Rodríguez es, en apariencia, impecable. Lleva el sello del Gobierno de México, el número de folio 000001005709, y certifica la propiedad de la parcela 57 Z-6 P1 con una superficie de 6-64-10.103 hectáreas. Lo expidieron en Mérida en agosto de 2022 y, según sus datos, cancela inscripciones previas.
Pero la comunidad de Xcucul Sur nunca supo de este trámite. Nunca los notificaron. El título se asienta sobre un territorio donde, durante tres décadas, hubo cuanto menos una familia sembrando, limpiando el monte, habitándolo. La pregunta que atraviesa el ejido es una: ¿cómo es posible que un papel emitido en 2022 pese más que 30 años de posesión continua y trabajo de la tierra?
La respuesta, para los pobladores, tiene un nombre: el Tren Maya. Y es que, como documentó previamente Jaltun, el gobierno federal ha estado emitiendo decretos de expropiación por causa de utilidad pública para destinar superficies a las obras ferroviarias del megaproyecto que promovió en su momento Fonatur y actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En el caso de Xcucul Sur, el Diario Oficial de la Federación publicó el 18 de diciembre de 2023 un decreto que expropió 00-56-88 hectáreas —algo más de 5.600 metros cuadrados— del ejido a favor de Fonatur Tren Maya con una indemnización superior a los 169 mil pesos. El decreto terminó por favorecer a Conrado Rodríguez pues una fracción del terreno sobre el que obtuvo el dominio pleno en 2022 fue atravesada por las vías del ferrocarril.
Por lo general, los principales beneficiarios de estas expropiaciones no son los campesinos sino una élite de acaparadores infiltrada en los ejidos mediante asambleas irregulares.
Nombres como Rafael Acosta Solís —considerado el mayor acaparador de solares del país, con más de 896 hectáreas en Yucatán— aparecen vinculados a predios en Umán y Chelem que han sido o resultarán expropiados para el ramal de carga del tren. Lo mismo ocurre con Juan Carlos Briceño González, quien en 2019 adquirió el dominio pleno de varios predios en San Antonio Poxilá, Umán —justo donde el ferrocarril tiene proyectada una estación de carga— por instrucciones de la entonces delegada del RAN en Yucatán, Maricela González Castillo.
Algo similar tiene lugar con Antonino Cascio González, quien transfirió terrenos a su inmobiliaria Gaessko, en Kanasín, justo antes de que se hicieran públicos los decretos de expropiación para la estación del Tren Maya en Teya, lo que sugiere un conocimiento previo de los planes gubernamentales.
En este entramado, la aparición del título de Conrado Rodríguez en 2022 no es una coincidencia. Forma parte de una ola de gestiones, asignación de terrenos y legalizaciones de nuevas propiedades que coincide con el arribo del megaproyecto a los territorios mayas.
Mahahual y el despojador
La presencia de José Edgardo Conrado Rodríguez no se limita a Umán. En la costa de Mahahual, en Quintana Roo, su nombre aparece vinculado a un patrón similar de violencia e intimidación entre 2019 y 2022, según confirmaron fuentes consultadas por Jaltun.
La historia es así: en el rancho La Victoria, al menos 50 familias vivieron durante años con el temor constante de ser desalojadas debido a las maniobras legales de este mismo empresario. En noviembre de 2019, Conrado Rodríguez se apoderó de predios colindantes como La Entrada de Belem y El Sagrado Corazón de Jesús.
El conflicto escaló a niveles de violencia alarmantes: el 18 de octubre de 2022, un operativo de desalojo dejó varios heridos, incluyendo menores de edad afectados por gases lacrimógenos y disparos de la policía estatal.
Apoyados por el propietario original del rancho, José Gutiérrez Cetina, los habitantes de los terrenos denunciaron en ese entonces que Conrado Rodríguez se hizo con firmas bajo amenazas y a punta de pistola, ignorando posesiones de más de veinte años y documentos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que avalaban la estancia legal de las familias.
El modus operandi es idéntico al de Xcucul: un empresario con un título de propiedad —cuestionado por la comunidad— utiliza la violencia y la presión judicial para desalojar a familias que han vivido y trabajado la tierra durante décadas.
En Mahahual, la fuerza pública actuó con violencia manifiesta. Ya en Xcucul, y al menos hasta el momento, la policía se ha limitado a “mediar” mientras el comisariado ejidal opera alineado con el empresario. En ambos casos, el resultado presenta un epílogo similar: familias desplazadas, comunidades fracturadas, y un empresario de la tierra que extiende su sombra sobre la península.
Xcucul en la mira: la minería, la dinamita y la criminalización
Mientras Conrado Rodríguez busca acaparar tierras, en Xcucul Sur hay otro conflicto que no cesa: el del banco de materiales pétreos.
A escasos metros de las viviendas de la comunidad, una minera administrada por Grupo Zamudio siguen realizando explotaciones para extraer insumos que, denuncian las y los vecinos, son utilizados para la ampliación del Tren Maya. Las detonaciones con dinamita vienen causando daños estructurales graves en las casas de la comunidad desde el año 2021.
La historia del banco de materiales de Grupo Zamudio es un compendio de irregularidades. El predio lo adquirió la empresa mediante una asamblea ejidal a puertas cerradas, sin el consenso de la mayoría y sin que el acta o contrato resultante se hiciera público. Aunque la firma contaba con una autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que explícitamente prohibía el uso de explosivos, se detectó que se realizaban detonaciones a menos de 100 metros de las viviendas y se revocó el permiso en 2022.
Pero a finales de 2024 la minera reanudó operaciones presentando un nuevo permiso de la Sedena para usar explosivos. La comunidad denunció, Profepa clausuró, pero la empresa siguió operando. En agosto de 2025, la Profepa en Yucatán anunció la clausura total temporal del predio por cambio de uso de suelo forestal sin autorización y la deforestación ilegal de 17 hectáreas. Aún así, las explosiones continuaron y, más recientemente, una tribunal levantó la suspensión que pesa sobre el banco de materiales.
La historia no acabó ahí pues criminalizaron a quienes denunciaron. Al menos diez pobladores de Xcucul Sur fueron citados por la Fiscalía General de Yucatán para comparecer. Los citatorios, emitidos por la Unidad de Investigación y Litigación de Umán, nunca especificaron el delito del que se les acusa ni quién los denunció, lo que aún impide un derecho de defensa adecuado.
Entre las y los denunciados se encuentra la familia que ahora se enfrenta a José Edgardo Conrado Rodríguez. La tierra que Pedro y sus familiares han trabajado por tres décadas se ubica justo frente al banco de materiales antes suspendido.
En Xcucul Sur el patrón es claro: la criminalización no distingue frentes de lucha. Cualquier persona que se oponga al modelo extractivo —sea por la tierra o la dinamita— se convierte en objetivo del aparato judicial.
“Como suele suceder en comunidades que defienden su territorio, hay una respuesta de criminalización que genera miedo e incertidumbre. Es una lógica de desgaste para que las energías se centren en lo penal y bajen los procesos de lucha”, explicó a Jaltun, en diálogo reciente, Jorge Fernández Mendiburu, abogado del centro de derechos humanos Utsil Kuxtal y uno de los expertos que ha asistido legalmente a la comunidad en meses recientes.
Al ser mayahablantes, las comparecencias tuvieron que posponerse para contar con intérpretes. El sistema de justicia, que debería protegerlos, ni siquiera procura hacerse entender en el idioma que domina la población.
Lo que ocurre en Xcucul Sur revela una estrategia de doble filo: por un lado, el despojo físico de la tierra mediante títulos de propiedad muy cuestionables. Por el otro, el acoso judicial contra quienes se oponen, bien sea por el acaparador de tierras o las mineras que operan en la zona.
Mientras tanto, la dinamita sigue sonando. Los citatorios a los hogares de las y los vecinos no dejan de llegar. Y el tren, que tanto progreso prometía, se despliega trayendo despojo y miedo a la comunidad indígena.
