Tren Maya en Ucú: el inminente servicio de carga que alienta el despojo

Ejidatarios de Ucú, en Yucatán, denuncian que los gobiernos federal y estatal impulsan obras del ferrocarril y proyectos inmobiliarios en tierras adquiridas de forma fraudulenta y que se encuentran en litigio. Dan cuenta de maniobras para apropiarse de miles de hectáreas pasando por encima de los derechos de los pueblos indígenas. Actores de la burbuja inmobiliaria son beneficiados por la expansión del Tren Maya.

El 27 de julio de este año los ejidatarios del municipio de Ucú, en Yucatán, denunciaron de forma pública que topógrafos y consultoras ambientales irrumpieron de manera ilegal para iniciar trabajos en tierras que, desde hace tiempo, se encuentran bajo un proceso judicial.

En entrevista con Jaltun, Felipe Quintal Dzul, actual presidente del comisario ejidal, recordó cómo la inquietud comenzó a gestarse un año atrás. Explicó que se empezó “a ver movimiento de personas que no son del ejido” y una presencia foránea que se manifestó a través de “marcas, topógrafos, personas de empresas andando de aquí para allá, y eso encendió nuestras alarmas”. 

Para Felipe esa no fue una situación nueva. Su trayectoria como líder campesino le ha enseñado los intrincados caminos del despojo de tierras ejidales. Su experiencia le otorga una sensibilidad aguda para reconocer las señales de alerta y, más importante aún, le hizo comprender los riesgos que conlleva no actuar de forma inmediata frente a tales amenazas.

Ante lo que comenzó a ocurrir en las tierras del ejido, la comunidad de Ucú no se quedó de brazos cruzados. Felipe y sus compañeros iniciaron un proceso de interpelación directa: “Empezamos a sacar a esa gente, a pedirles que se retiren educadamente porque en esa tierra hay un conflicto“.

Para sorpresa de las y los vecinos, los intrusos accedieron a salir de los terrenos. “Se retiraron sin ser groseros”, pero no sin antes recopilar información: “Tomaron nuestros nombres, datos, cargos, y nos dijeron que los mandarían al gobierno”. Sin embargo, la promesa de comunicación oficial nunca se materializó: “De allá no nos dijeron nada“. 

La calma fue efímera. Semanas después, la escena se repitió e intensificó: “Empezamos a ver que había gente limpiando el monte. Primero pasaron ambientalistas, luego el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), y de nuevo los topógrafos”. Con el correr de los días, la situación se agravó. “Luego ya empezaron a desmontar con maquinaria”, comentó el comisario ejidal.

Fue después de estas protestas que la verdad comenzó a tomar forma. Felipe Quintal Dzul tuvo acceso a un mapa, filtrado por empresarios de Mérida, que muestra la razón de tanto movimiento: una vía ferroviaria del servicio de carga del Tren Maya está trazada directamente sobre las tierras en disputa.

Según la información a la que accedió el comisario ejidal, la vía conectará la terminal intermodal de Umán con el puerto de Progreso. La implicación es clara, aunque preocupante: a pesar de esta avanzada, hasta la fecha no existe ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada para el proyecto, por lo que el trazo aún no es oficial. Y, quizás lo más indignante para la comunidad, es que “tampoco ha existido un proceso de consulta a los ejidatarios“.

La voz de Felipe Quintal resuena con la frustración de la comunidad: “Si nos hubieran preguntado sabrían que estas tierras no pueden tocarse, porque están en disputa”. 

Una consulta o hasta un diálogo habría revelado la compleja situación legal que envuelve a estos terrenos, evitando así la confrontación actual.

Construir en tierras robadas

Para entender el conflicto actual es fundamental mirar hacia atrás. En mayo de 2008, el entonces comisario ejidal de Ucú, Miguel de los Santos Pech, convocó a una asamblea crucial. Allí se acordó parcelar y asignar 3 mil 12 hectáreas de tierras de uso común, ubicadas en el sur del municipio, a solo 11 personas. Funcionarios del gobierno estatal como Fernando Pérez, y el entonces delegado de la Procuraduría Agraria en Yucatán, Pablo Alcocer —quien hoy ocupa el cargo de secretario de gobierno estatal—, dieron por válida y legal esa asamblea.

La formalización de la venta se llevó a cabo con una compensación que, a la luz de los años, resultaría irrisoria: 10 pesos por metro cuadrado para 180 ejidatarios de Ucú y una cifra aún menor, 8 pesos por metro cuadrado, para aquellos que solo tenían calidad de posesionarios y que no pudieron participar en la decisión del parcelamiento.  

El acto fue registrado oficialmente ante el Registro Agrario Nacional (RAN) el 7 de octubre de ese año. Sin embargo, la celeridad de los eventos posteriores a la asamblea fue notable y, para muchos, sospechosa. Según testimonios de ejidatarios entrevistados por Jaltun, previo a la formalización ante el RAN, específicamente en agosto de 2008, las 11 personas que se hicieron con las tierras vendieron las 3 mil 12 hectáreas directamente al gobierno del estado.

Pero el gobierno del Estado de Yucatán, en ese entonces a cargo de Ivonne Ortega Pacheco, decidió no usar las tierras que las 11 personas adquirieron a muy bajo precio. En su lugar, tomó posesión de otros terrenos, situados estratégicamente al norte del municipio, esto es, una zona de vital importancia por su colindancia con Hunucmá, uno de los polos industriales de mayor crecimiento en el estado.

En esos nuevos terrenos, el gobierno creó la Reserva Territorial de Ucú, y con gran optimismo anunció un proyecto ambicioso: la construcción de más de 58 mil viviendas que darían forma a un vasto corredor industrial-habitacional, uniendo Hunucmá con Mérida, la capital yucateca.

A este megaproyecto se le dio el pomposo nombre de “Plan Maestro Ucú”. Sin embargo, el destino de este “plan maestro” se vio rápidamente truncado. Ese mismo año, 2008, un grupo de ejidatarios ajenos a la magnitud del proyecto gubernamental, pero firmes en la defensa de sus derechos, interpusieron una demanda ante la Procuraduría Agraria y el Tribunal Unitario Agrario debido a las flagrantes irregularidades de la asamblea inicial. La acción legal frustró, desde sus cimientos, los ambiciosos planes del “Plan Maestro Ucú”.

Años más tarde, en 2014, bajo la administración de Rolando Zapata Bello, el gobierno de Yucatán recurrió a una nueva estrategia para gestionar las polémicas 3 mil 12 hectáreas. Se decidió donarlas para la creación del Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.

Administrado por Banorte, el fideicomiso incorporó como participante al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY). La inclusión respondió a aspectos económicos: la administración anterior de Ortega Pacheco acumuló una deuda millonaria con el ISSTEY de alrededor de 2 mil millones de pesos, correspondiente a cuotas de los trabajadores que nunca fueron entregadas al instituto.

El objetivo era claro: liquidar el millonario adeudo gubernamental con el ISSTEY mediante una coinversión inmobiliaria, destinando un porcentaje de las futuras ganancias al Instituto de Seguridad Social. Sin embargo, más allá de la ingeniosa maniobra financiera el problema de fondo persistía y era ineludible. A pesar de los esfuerzos de sucesivas administraciones gubernamentales por impulsar el desarrollo inmobiliario en la zona, lo cierto es que el proyecto se llevaría a cabo sobre tierras obtenidas de manera fraudulenta.

La ilegalidad de la adquisición no pasó desapercibida para el sector judicial. De hecho, el Tribunal Agrario actuó emitiendo una medida cautelar que congeló los tablajes catastrales de las tierras. La decisión estableció un freno a cualquier desarrollo hasta tanto “se resuelva la demanda de la asamblea fraudulenta”. Legalmente, explicó Felipe Quintal Dzul, se estableció que el proyecto inmobiliario no se podría realizar en la zona. No obstante, una nueva variable emergió en el horizonte con la capacidad de alterar la parálisis establecida de forma judicial: el Tren Maya.

El tren que revive fantasmas

El impulso al ramal de carga del Tren Maya se enmarca en una estrategia que, según académicos consultados para este artículo, combina expropiaciones, reorganización institucional y declaraciones de interés nacional para transformar el sureste en un centro logístico de movimiento de carga y pasajeros.

Para inyectar velocidad a la ya de por sí vertiginosa construcción del proyecto, el gobierno ha utilizado un arma legal poderosa: los decretos de expropiación por causa de utilidad pública. Un ejemplo de esta estrategia es el decreto publicado el 4 de agosto de este año, el cual clasifica la ampliación del Tren Maya como “obras asociadas a programas prioritarios o proyectos estratégicos”. Esta categorización agiliza los trámites ya que “facilita así la contratación, asignación y ejecución de recursos sin requerir modificaciones presupuestales posteriores”.

La magnitud de estas expropiaciones es amplia. Solo entre julio y agosto de 2025, según datos oficiales publicados en el Diario Oficial de la Federación, se han emitido 16 decretos que abarcaron más de 110 hectáreas. Un caso particular resalta: la expropiación de 582 mil 936 metros cuadrados (equivalentes a 58.29 hectáreas) en el ejido Maxcanú, Yucatán, destinados específicamente a infraestructura ferroviaria.

Si bien estos decretos prevén indemnizaciones basadas en avalúos, la situación para los afectados es precaria: los propietarios solo disponen de un plazo de diez días para impugnar el monto ofrecido sin ninguna garantía de que la objeción “suspenda la ocupación del predio”.

En Ucú, la amenaza del Tren Maya se cierne con un temor muy específico para los ejidatarios: la expropiación de una parte de sus tierras en disputa para el paso del tren, podría inclinar la balanza del juicio que libran a favor del gobierno. 

Aunque no hay confirmación oficial de que esas tierras se usarán para el paso de la vía ferroviaria de carga, el mapa que se filtró expone que los gobiernos estatal y federal tienen la mira puesta en las tierras en disputa de Ucú. 

Las sospechas aumentaron luego de que el actual gobierno de Yucatán, bajo la conducción de Joaquín Díaz Mena, anticipara que llevará a cabo una inversión de 5 mil 500 millones de pesos destinados a la construcción de 3 mil 500 viviendas en ese municipio. Esto es, la reactivación del “Plan Maestro Ucú” que la demanda de los ejidatarios frustró años atrás.

De concretarse, habrá otro caso de construcción sobre terrenos con historiales turbios y pretensiones de despojo. Existe un precedente preocupante y cercano en el tiempo: la estación Teya del Tren Maya en el municipio de Kanasín fue erigida sobre tierras que también implicaron despojo, con la participación del empresario Antonino Cascio González.

El tren que favorece a los empresarios 

La figura de Antonino Cascio González, un empresario bajo investigación de la Procuraduría Agraria por ser señalado como uno de los principales concentradores de tierras en México, emerge con fuerza en este contexto. En 2024, Cascio González ostentaba una posición dominante como accionista mayoritario de la inmobiliaria Gaessko, con 35 millones de acciones de capital variable, un hecho verificado por Jaltun en actas del Registro Público de Comercio.

La relevancia de este dato se acrecienta con una operación clave: el 18 de agosto de 2023, Cascio González “vendió o enajenó” a Gaessko, bajo la figura de “aportación social”, varios tablajes catastrales en el municipio de Kanasín. Entre esos terrenos se encontraban propiedades de un valor catastral que oscilaba entre los 33.6 y los 50.7 millones de pesos.

La “aportación social” es una figura legal que permite a un propietario ceder un lote de terreno a una desarrolladora inmobiliaria para que edifique sobre esa superficie. Esto, a cambio de recibir una participación en las utilidades generadas por el proyecto.

Dicho mecanismo, sumado a la considerable participación accionaria de Cascio González en Gaessko, revela una estrategia calculada para capitalizar la plusvalía de los terrenos. Lo más llamativo de estas operaciones de “aportación social” es su momento: se llevaron a cabo justo antes de que se publicaran los decretos de expropiación para el Tren Maya, lo que podría sugerir un conocimiento anticipado de lo que luego decretó el gobierno.

La integración de Cascio González como socio principal en Gaessko, después de haberle transferido estratégicamente estas tierras mediante el esquema de “aportación social”, refuerza la tesis de que la inmobiliaria se beneficia de forma directa de las operaciones en las zonas de influencia del Tren Maya.

Frente a este panorama de despojo y beneficios cuestionables, Felipe Quintal Dzul expresa con amargura una reflexión: “¿A nosotros en qué nos beneficia el famoso tren de carga?”. 

Para el comisario ejidal, la respuesta es clara: “El beneficio es para los empresarios que ven ahí un campo para invertir, para ganar millones. Todavía uno dijera que el pueblo va a poder ir a vender su calabaza, su pepino, chicharrones, dulces… Así, tal vez, podríamos decir que el tren tendría un beneficio en el pueblo, pero la verdad no es así”. 

Muy al contrario, su percepción es que este megaproyecto “nos está perjudicando el patrimonio”. Con una determinación inquebrantable, Felipe concluye con un mensaje que resuena con la resistencia de su gente: “Hemos intentado que todo esto se resuelva jurídicamente, y en eso seguimos. Pero las leyes las manejan ellos. Y sí quiero dejar algo muy claro: si se meten a nuestras tierras, acá lo vamos a esperar: en los montes, donde lo nuestro. Ahí vamos a estar luchando”.