Habitantes de Bacalar consiguieron que un juez federal suspendiera provisionalmente el proyecto inmobiliario que la Sedena lleva adelante, de manera irregular, sobre un terreno que da a la laguna de los siete colores. La iniciativa incumple leyes y reglamentos ambientales. Semarnat sigue sin intervenir pese a la gravedad de estas violaciones.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) avanza desde marzo con la construcción irregular de una edificación en un terreno a la orilla de la laguna de Bacalar, en el sur de Quintana Roo. El terreno está ubicado entre el Fuerte de San Felipe -declarado monumento histórico nacional- y el llamado Canal de los Piratas. Se trata de un escenario simbólico donde confluyen historias colectivas de resistencia y saqueo.
El proyecto a cargo de las fuerzas armadas, que se anticipa será un edificio de descanso para militares que sufren de estrés postraumático, ha suscitado el descontento de la población local. No sólo por el tipo de edificación que se levantará en ese lugar, sino también por la opacidad, imposición y autoritarismo con los que se construye. Inquieta a partir de la iniciativa que promueven los uniformados, una vecina de Bacalar compartió su malestar: “Cómo se atreven a entrar a la casa ajena sin tocar la puerta y todavía echar patadas. Así se considera esto”.
Ya en meses pasados, Jaltun expuso el rasgo de securitización de los megaproyectos de infraestructura desarrollados en el sur sureste de México. Esta estrategia incluyó, además de la evidente militarización de la región, la decisión de imponer el estatus de “seguridad nacional” al Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la refinería Dos Bocas.
A partir de un decreto, el gobierno federal se blindó de no ser garante de derechos como el acceso a la información y la justicia. Por ejemplo, al ser decretadas las obras como “seguridad nacional”, la institución ambiental responsable de los permisos –esto es, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)– otorgó de manera exprés las autorizaciones en materia de impacto ambiental sin que los proyectos cumplieran con los requisitos obligatorios.
En rueda de prensa celebrada el 19 de marzo por pobladores organizados en el Grupo Ciudadano de Bacalar, un vecino expresó:
“Después de una semana, se excavó profundamente por debajo de la falda freática, sacando lodo con un camión tras otro, y la semana siguiente se trajo camiones y camiones de los grandes militares, de los verdes. Todo el mundo los vio, de piedra, rellenando y compactando con maquinaria pesada. Se creó una plancha compactada en la orilla de la laguna de casi tres mil metros cuadrados. […] en un área extremadamente frágil, como lo es la orilla de un cuerpo de agua, creando un daño irreparable y permanente”.
Al igual que el Tren Maya, la construcción de la edificación para militares estresados comenzó sin contar con la debida Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). A la fecha se desconoce el estatus de ese requisito.
Según mencionó una vecina de Bacalar en entrevista con Jaltun “la Semarnat argumentó –nota aclaratoria de la autora: en reunión a puerta cerrada entre funcionarios de la Semarnat, la Sedena, los gobiernos municipal y estatal, y no más de 10 pobladores locales– que la Sedena está exenta de presentar la MIA porque en el terreno ya existe una edificación y lo que la Sedena está haciendo son remodelaciones”. Para cualquier persona que se asome al terreno resultará evidente que no hay construcción previa.
La defensa de lo común
El grupo de pobladores ha mantenido un movimiento ciudadano que señala lo improcedente de la obra y demanda públicamente el cese de la construcción. Siempre en el contexto de la rueda de prensa, uno de los integrantes enfatizó: “¿Qué queremos nosotros, [las y los] ciudadanos de Bacalar? Queremos que, antes que nada, se detenga la obra de inmediato y se lleven a cabo labores para mitigar el daño ambiental creado”.
Los vecinos proponen que en el terreno en cuestión se abra un espacio público para gozar del agua ya exclusiva de la laguna de los siete colores. Y es que, en Bacalar, lamentablemente, se siguió el modelo privatizador y enajenante de la turistificación devenida del norte del estado: casi todos los predios a la orilla de la laguna han sido privatizados, limitando el derecho de locales y visitantes de gozar libremente del hermoso cuerpo de agua.
Tras la rueda de prensa, la ciudadanía organizada protestó de manera pacífica en las calles del pueblo. Recolectó 6,300 firmas en papeles físicos solicitando que se detenga la obra –con la intención de entregar la resma a la presidenta Claudia Sheinbaum–. Realizó la campaña #NoDelanteDelFuerte, vía change.org, que al presente registra más de 10 mil adhesiones de respaldo. Y ha facilitado una difusión constante del hecho en medios locales, nacionales e internacionales. En todo este lapso, los gobiernos municipal y estatal brillan por su mutismo.
Siempre en el marco de la rueda de prensa, María de Jesús Rodríguez, habitante de Bacalar, comentó: “Yo tengo viviendo aquí 53 años. Somos un pueblo desde hace muchos años, antes que turístico, un pueblo de cultura y de educación, y un pueblo de historia. Y no van a venir a ponernos unas horribles bardas y construcción para que nos manchen y para que nos dividan. Bacalar no se divide; nuestra historia no se divide por nadie ni por nada. En este tenor y con todos estos argumentos vamos a seguir en esta exigencia”.
Para luego añadir: “Tenemos cuántos días pidiendo no una razón, ni una explicación, sino que se sienten para que nos escuchen que eso no va a seguir, no va a proceder y no hay oídos ni boca que nos contesten […] que nos escuchen y que nos respeten, eso es lo que pedimos”.
Hay una crítica tácita que flota en los espacios de encuentro para la reflexión y la protesta, el argumento trillado de la falta de presupuesto para atender necesidades urgentes del pueblo de Bacalar. Así lo comparte Rodríguez: “No hay presupuesto, no hay presupuesto, eso es en lo que lo personal y creo que varios de ustedes nos podemos cuestionar cuánto hemos luchado y exigido […] presupuesto para el drenaje, para seguir cuidando y salvando nuestra laguna”.
La vecina prosiguió: “La federación de ahora en adelante y en este momento nos tiene que dar una explicación porque ahí –en referencia a la construcción que impulsa Sedena– se están yendo millones. Millones que nos están haciendo daño, no nos están ayudando. Entonces, ahora tiene que haber presupuesto para ese drenaje que puede ayudar a salvar a nuestra laguna de la contaminación”.
En la arena de la defensa legal, vecinos de Bacalar presentaron denuncias ciudadanas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y quejas por violación a los derechos humanos ante la comisión pertinente de Quintana Roo. Respecto de esos procedimientos, las y los denunciantes aún no han recibido resoluciones por lo que el hartazgo de la ciudadanía ante el accionar de las autoridades y los organismos de control sigue en aumento.
En la actualidad, se contabilizan tres demandas de amparo presentadas ante juzgados federales. Dos de las cuales obtuvieron a mediados de abril, por parte del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Quintana Roo, suspensiones provisionales que obligaron a la Sedena a frenar las obras de forma inmediata y temporal. Cada día que pasa desde el 22 de abril, las y los vecinos aplauden el cese de los trabajos militares.
Las personas quejosas demandaron a la Sedena y a la Semarnat por acciones y omisiones, respectivamente. Argumentaron que la construcción militar representa una amenaza grave al equilibrio ecológico de la laguna de Bacalar. Y que el proyecto vulnera los derechos a un medio ambiente sano, a la salud, y al derecho a participar en asuntos ambientales.
El abogado a cargo de una de las demandas de amparo teme que las autoridades arguyan la intervención en el terreno como una remodelación y no como una construcción de infraestructura nueva, lo cual libraría a la Sedena de obtener los permisos ambientales correspondientes.
Aunque también, como ocurrió sistemáticamente a lo largo de la construcción del Tren Maya, existe siempre la posibilidad de que la Semarnat agilice los procedimientos y que la Sedena se haga de los permisos ambientales correspondientes. Esto habilitaría a los militares para que prosigan “legalmente” con la construcción de su club de playa en la laguna de Bacalar.
Con relación a este riesgo, una vecina de la comunidad expresó: “La Sedena, los militares, pueden en un momento dado hacer la construcción, hacer algo en un lugar a la de ya. Pero eso debe establecerse siempre y cuando sea para salvaguardar el territorio nacional, la paz, la estabilidad social, o sea, la defensa, la seguridad. Aquí están haciendo todo lo contrario: están desestabilizando la paz social de Bacalar con esa construcción, están desestabilizando nuestra armonía cultural, nuestra armonía histórica”.
El arribo de los neocorsarios
Entre los múltiples valores que se le atribuyen a este poblado pequeño de 12 mil habitantes, además de la laguna de los siete colores, ecosistema único en el mundo, se cuenta su patrimonio histórico y cultural. Desde la vida del pueblo maya peninsular y su posterior resistencia durante la revolución maya en el siglo XIX –la mal llamada “guerra de castas”– hasta la fortaleza erigida por los colonizadores españoles para proteger de la piratería los recursos saqueados al Mayab.
De esta forma, el Canal de los Piratas y el Fuerte de San Felipe –una fortaleza en aguas dulces construida en mil setecientos, y reconocido como monumento nacional en la década de los 60– son elementos materiales y simbólicos que integran el imaginario social de Bacalar. En los últimos 15 años, la comunidad ha visto incrementarse el asedio de la industria turística y la indiferencia de las instituciones gubernamentales encargadas de garantizar el bienestar para las personas locales y el entorno. Un ejemplo de esto es la falta de un sistema de drenaje funcional que evite la contaminación de la laguna por las descargas crecientes de aguas residuales.
El fenómeno de la turistificación y la gentrificación de este poblado recrudeció con el Tren Maya, el controversial y a la vez emblemático megaproyecto construido por el gobierno federal durante el sexenio pasado. Su desarrollo se caracterizó por la opacidad en el manejo de la información, la violación al debido proceso y a la normatividad, y la proliferación de daños ambientales durante la labor de obras.
Además, el proyecto del Tren Maya vulneró derechos humanos y de los pueblos, y acumula desacatos a sentencias que ordenaron detener las obras.
No menor, ha sido la militarización en escalada de la región, inseparable de ese megaproyecto y justificada de forma inicial a partir de la construcción de 621 kilómetros de vías férreas (tramos 5, 6 y 7). Se trata de una militarización visible no sólo por la presencia creciente de efectivos de la Sedena y la Guardia Nacional en las obras, carreteras, pueblos y espacios públicos, sino también por el incremento apabullante del presupuesto asignado a las fuerzas armadas en el sexenio anterior.
Además de la participación de los cuerpos castrenses en empresas paraestatales –los casos del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. (GAFSACOMM)–, como también en la creación de nuevas instalaciones militares como destacamentos, cuarteles, batallones y hasta hoteles de lujo.
El imaginario colectivo de Bacalar guarda historias centenarias de resistencia y rebeldías: mayas y piratas, unos propios otros ajenos, pero ambos desafiantes a lo impuesto por el statu quo. Por el contrario, los corsarios aparecen mezquinos en el siglo XVIII al servicio de la corona: roban en tierra y en alta mar. Roban para los reyes a quienes garantizaron obediencia, mientras los reyes garantizaban impunidad. Es una historia de hace tres siglos que hoy se repite ante los ojos de una ciudadanía bacalarense indignada.
En Bacalar, los militares enuncian un nuevo enclave, una barda de alrededor de cien metros de longitud que separa hostilmente a los habitantes de la laguna y sus referentes simbólicos. Llegaron los neocorsarios a cercar la laguna y el espacio público. Mientras tanto, el gobierno mexicano les garantiza impunidad.
