La reserva Cuxtal y sus comisarías mayas, una supervivencia en riesgo

A pesar de su creación para proteger el acuífero que abastece de agua a la ciudad de Mérida, la reserva de Cuxtal se ve amenazada por la acción de las inmobiliarias, la actividad minera y el tendido del Tren Maya. A eso se suma la exclusión de sus habitantes en las decisiones que tienen que ver con ese territorio.

“Nosotros somos el sustento de Mérida. Los políticos no se cansan de adornarse y decir que la zona de Cuxtal es la que provee de agua a la ciudad pero, ¿de qué nos sirve si no nos dan esa prioridad?”, dice Brianda Moo, habitante de San Pedro Chimay, una de las ocho comisarías y subcomisarías meridanas que forman parte de la Reserva Cuxtal.

Dzununcán, Molas, Tahdzibichén, Xmatkuil, San Pedro Chimay, San Ignacio Tesip, Hunxectamán y Dzoyaxché están dentro de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal decretada por el municipio de Mérida en 1993.

La primera planta potabilizadora de agua se construyó en esa zona y con la delimitación de la reserva se buscaba cuidar la calidad del agua extraída, que en ese momento representaba el 50% del abastecimiento para los habitantes de Mérida. En la actualidad, hay cuatro plantas potabilizadoras pero la de Cuxtal sigue siendo la más importante.  

Además de proveer el 40% del agua potable, las comisarías en Cuxtal también dotan de mano de obra, en especial albañiles y obreros, a Mérida. Brianda trabaja en un banco en el centro de la ciudad y todos los días debe trasladarse 20 kilómetros al norte: “Toda la vida hemos tenido un problema con el transporte público. Antes teníamos que salir tempranísimo para alcanzar un camión que no tenía horarios estables. Después tuvimos un pequeño apoyo pero fue temporal. Ahora llegamos a un acuerdo con una empresa de transporte”.  

La tensión entre algunas comunidades y la reserva es histórica. Muchas de ellas tienen un índice de alta marginalidad según el mapeo del Consejo Nacional de Población. Las más cercanas a la ciudad enfrentan presiones significativas debido al crecimiento urbano de Mérida, Kanasín y Umán. La venta de terrenos a precios muy bajos, la llegada de personas ajenas a la comunidad con fines de inversión inmobiliaria, la explotación de materiales para la construcción y la falta de claridad sobre el uso del suelo dentro de la reserva son problemas recurrentes.

La administración actual de la reserva, una institución paramunicipal, trabaja en la concientización, la diversificación productiva, el apoyo a prácticas agroecológicas y la colaboración interinstitucional para abordar estos retos, aunque la presión urbana y la falta de aplicación del reglamento persisten.

Un pulmón atravesado por el Tren Maya

Cuxtal es una reserva peculiar pues no tiene un terreno cercado y es relativamente pequeña comparada con otras áreas peninsulares con el mismo status. Tiene 11,894 hectáreas de selva con casi 400 especies de plantas y 800 de fauna vertebrada e invertebrada. Allí habitan animales endémicos, algunos con protección especial, como el venado cola blanca, el murciélago lanza, el pavo ocelado, el geco yucateco y los osos hormigueros, entre otros. 

Toda esa diversidad converge con 9,630 personas de las cuales solo el 12% se dedica a actividades agrícolas y pecuarias, de acuerdo con el estudio Ambientalismo y no gobernanza en la Reserva Ecológica Cuxtal. Algunas de ellas no saben que viven en una reserva y piensan que ésta solo se ubica en la Hacienda Dzoyaxché, un espacio administrado por el ayuntamiento de Mérida que ofrece servicios ecoturísticos y de educación ambiental.

Las personas entrevistadas coinciden en que los habitantes a menudo se sienten desinformados respecto de lo que pueden o no pueden hacer en el territorio. También predomina la falta de acceso a la participación ciudadana, tal como ocurrió con la consulta para el Tren Maya que atraviesa parte de la reserva desde 2022. 

En un principio el tren iba a pasar muy cerca de la zona núcleo de Cuxtal, pero la presión de organizaciones como Alianza por Cuxtal, y de la propia junta de gobierno del OPMD (Organismo Público Municipal Descentralizado) que opera la reserva, hizo que se trasladara a otro lado: la zona norte de Dznuncán, Xmatkuil y San Pedro Chimay.

Una de las principales críticas a ese megaproyecto federal en la zona de Cuxtal está en que la consulta previa se realizó en la Plaza Grande de Mérida, y los habitantes de las comisarías afirman que fueron personas del centro de la capital de Yucatán quienes eligieron por ellos.

Para entrar al pueblo de San Pedro Chimay desde la vía Mérida-Timucuy hay que subir una carretera empinada y con curvas, fue construida para que el Tren Maya pase por debajo. La infraestructura es vista por la población como peligrosa para las motos y bicicletas, y el transporte común en la zona. El puente es enorme y el túnel ha sido reportado como lugar de asaltos. 

Brianda Moo dice que en 2020 llegaron autoridades federales a querer comprar los terrenos de San Pedro Chimay para el tren, pero los vecinos no quisieron vender. “La gente se asustó porque en ese momento lo que se decía es que el tren estaba quitando las casas de las personas de la Península. Afortunadamente, no pasó pero el tren sí está muy cerca. Lo positivo es que, bueno, hay un tren. Pero ninguno de nosotros lo ha usado. Nadie de aquí del pueblo lo ha usado, te lo aseguro”, dice.

El Tren Maya se ha convertido ahora en un atractivo publicitario para la venta de terrenos aunque su utilidad real para los habitantes es cuestionable: “Ves publicidad de ‘hometowns’ donde ya no ponen que está cerca de Mérida o de la playa, ponen ‘cerca del Tren Maya’. ¿Y eso qué?, ni lo van a usar. El norte de Mérida ya quedó invadido y no pudieron hacer nada. Al menos aquí todavía tenemos el título de reserva y se supone que no debería realizarse nada de esto”, concluye Brianda. 

Un pulmón detonado por la minería

Para el doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, Wilian de Jesús Aguilar Cordero, Cuxtal más que un pulmón es un alvéolo: las ramitas de los tubos de aire dentro de un pulmón. “Nos permite respirar, pero está lleno de amenazas y realidades”, explica. 

Tiene experiencia en la reserva porque ha coordinado investigaciones etnoambientales en el área, además de haber formado parte de la junta de gobierno del OPMD y co-escribir artículos académicos al respecto. En entrevista con Jaltun explica que, aunque la reserva se decretó en los años 90, no tuvo un plan de manejo sino hasta 2004. Aguilar Cordero participó en la última actualización del mismo, ocurrida en 2017. 

Dice que un elemento importante de este plan de manejo fue que se estableció qué se puede hacer y qué no, con su correspondiente por qué, de manera concreta y precisa. En 2024 se realizó una nueva actualización del plan de manejo pero, en tanto nunca fue publicada en el Diario Oficial, el instrumento vigente sigue siendo el de 2017.

Las megagranjas, la industria extractiva en general, los fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios, así como también los bancos de materiales, entre otras cosas, no están permitidos. Todo eso, excepto las megagranjas, existe en Cuxtal. 

Empresas como Materiales Anillo Periférico (Mapsa) realizan detonaciones en el suelo de la reserva para la extracción de material pétreo. Hoy hay más de 100 hectáreas que son utilizadas como bancos mineros. Y el mismo Tren Maya modificó las reglas para facilitar su paso.

¿De qué sirve la reglamentación si ni la iniciativa privada ni el gobierno federal la respetan? Sobre esto, Wilian opina: “La falta de aplicación efectiva de la regulación sobre el uso del suelo dentro de la reserva es un problema. Hay que trabajar en el diálogo interinstitucional para que los permisos se otorguen respetando la normativa. Desafortunadamente, los valores políticos y económicos a menudo invisibilizan a los otros valores como los ecológicos o culturales”.

El 26 de marzo de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio de poco más de dos hectáreas perteneciente a la empresa Mapsa a partir de denuncias ciudadanas respaldadas por la titular de la Reserva Cuxtal, Sandra García Peregrina, quien confirmó que se otorgaron medidas precautorias en lo que el tema sigue en investigación.

Las denuncias ciudadanas, afirma, son clave para la protección de la reserva. Hasta ahora se han interpuesto más de 40 denuncias ante la Profepa, la mayoría por basureros clandestinos y deforestación. En reiteradas ocasiones, vecinas y vecinos han dicho ante diversos medios de comunicación y en sus propios grupos de Facebook que las detonaciones también causan afectaciones en sus casas, además del impacto negativo que generan en el ambiente.

Mapsa se constituyó en febrero de 1977 y desde 2010 está representada por Héctor Enrique Buenfil Esteves. En una acta de asamblea fechada en 2019 consta que dentro de su estatuto social la empresa se compromete a “llevar a cabo toda clase de acciones, en materia de ecología y del medio ambiente, incluyendo sin limitar, la reforestación y renovación de los recursos naturales que se vean afectados con motivo de la realización de su objeto social”.

En las primeras décadas, según consta en un folleto de la empresa, Mapsa realizó proyectos agroforestales en los mismos terrenos donde hizo detonaciones. Sin embargo, esos proyectos, distribuidos en una superficie de 70 hectáreas, fueron modificados para hacerse monocultivo y después se perdieron. 

Personas entrevistadas coinciden en que es difícil detener las acciones de Mapsa pues la empresa adquirió los terrenos —unas 250 hectáreas en la zona de Dznuncán e Xmatkuil— antes de que se estableciera el decreto que consolidó la reserva y los planes de manejo. Hasta 2017, se comprobó la existencia de 15 bancos de materiales —o sascaberas, como se les conoce localmente—, de los cuales 14 se mantenían abandonados.

Un pulmón que se malvende 

Recientemente, en internet se ofrecían lotes de inversión de 10 metros de frente y 30 o 40 de fondo ubicados en San Pedro Chimay. Un agente inmobiliario contacado por Jaltun informó que esos terrenos ya no están disponibles: se vendieron rápido por lo económico de sus precios: costaban entre 55 y 75 mil pesos.

Añadió que se trataba de lotes ejidales y que “hubo un detalle con los papeles pero se está resolviendo para hacer una segunda etapa”. Los terrenos empezaron a ofrecerse hace un año a través Marketplace, la plataforma de compra y venta de Facebook, anunciándose como “townhouses” con servicios de agua potable y energía eléctrica. 

“Se han vendido hectáreas completas. Al principio no era tan grave la situación, desde mi punto de vista, porque los compraban personas para vivir y ponían ranchos con animales y plantas. Ahora lo lotifican como si fueran fraccionamientos y arrasan con todo. Vienen personas completamente ajenas con camionetas y casas de lujo”, dice Brianda Moo. 

Otra habitante que prefirió omitir su nombre declaró que pobladores vendieron sus terrenos, años atrás y por necesidad económica, en apenas 5 mil pesos. Según estimaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de continuar al ritmo actual, la invasión progresiva por la expansión urbana abarcará casi el 50% de la reserva hacia 2085 y alcanzará al 100% en el año 2115.

Las y los entrevistados coinciden en que resulta urgente fomentar la diversificación económica y productiva de las comunidades para que, en principio, no tengan que vender sus tierras o desplazarse. Y que debe asegurarse que los beneficios de la conservación se traduzcan, también, en mejoras reales de la calidad de vida de los pueblos mayas con presencia en la reserva.