La fiebre inmobiliaria y la amenaza de las playas privadas en Yucatán

En seis años, se presentaron siete denuncias ante la Profepa contra personas y empresas que impidieron el libre acceso a playas de Progreso, Sisal y San Crisanto. Sin embargo, los casos suman muchos más y se teme que aumente la depredación y el despojo de espacios públicos.

Entre las charcas verdes ubicadas en la entrada de Santa Clara, comunidad costera perteneciente al municipio de Dzidzantún, resaltan tres sacbés (caminos blancos): son las frágiles y únicas vías que conectan a la carretera con la playa. Pero más destacan los carteles y palos colocados para impedir el paso público. Solo hay un camino abierto que lleva a unas palapas, rodeadas por múltiples letreros que insisten en que la zona es privada. Entre las enormes casas veraniegas no hay accesos, solo muros y cercas. Por allí no hay manera de pasar al mar. 

Así ha sido durante los últimos 10 años, recuerda Lorena*, una pescadora de la comunidad. “Los extranjeros compraron terreno. Entonces cerraron y no te permiten entrar. A nadie. Ellos hicieron sus casas, sus condominios. Es más: ellos se sienten con el derecho de hasta cerrar la playa. Entonces, ¿en qué momento la gente que somos de acá, de Santa Clara y Dzidzantun, se van a bañar, van a entrar y todo, a disfrutar el paraíso que tenemos?”, expresó. 

No es un hecho aislado: en momentos en que Jaltun realizaba entrevistas para este reportaje, las y los habitantes de Santa Clara comentaron con una mezcla de asombro y enojo, acerca de una mujer que agredió a un grupo que llegó a acampar a las lagunas. Antes, en noviembre de 2024, se hizo viral el video de un escándalo provocado por un residente, al tratar de impedir que pescadores de la zona colocaran trampas en el mar frente a su domicilio. 

^{Habitantes de Santa Clara no pueden acceder al mar por el lado de las charcas pues los propietarios no lo permiten. Fotos: Lilia Balam}

Situaciones parecidas se han presentado en otras zonas de la costa yucateca. El pasado 18 de febrero, vecinas y vecinos de Telchac Puerto prendieron fuego a una malla ciclónica que bloqueaba la calle 110 con 23, donada por el ejido como un acceso a la playa desde 2006. La comunidad manifestó su hartazgo y molestia pues no era la primera vez que intentaban cerrar esa vía: en 2022 se presentó una denuncia ciudadana ante el Ayuntamiento por un hecho similar.

De acuerdo con datos proporcionados por la Oficina de Representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de 2018 a 2024 en Yucatán, se presentaron siete denuncias populares contra empresas o personas que impidieron el libre acceso a playas de Hunucmá, Progreso y Sinanché. Esto, pese a que la Constitución Mexicana y la Ley General de Bienes Nacionales establecen que las playas son bienes nacionales de uso común y no pueden ser privatizadas. El acceso a ellas no puede ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado.

La opción habilitada para los dueños de propiedades con frente de playas es solicitar una concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que es la franja de 20 metros de ancho de tierra firme contigua a la zona donde rompen las olas –en pleamar máxima–. Por estos días, y de acuerdo con datos proporcionados por la subsecretaría de Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en Yucatán hay 261 concesiones de la Zofemat vigentes.

Esta cifra se explica a partir del “boom” inmobiliario derivado de los esfuerzos por posicionar al turismo en Yucatán ya desde los años 70, y la apuesta por convertir al estado en una entidad que concentre inversiones.

“Escuchamos cada vez más discursos de Yucatán como el único estado seguro del país; un lugar que tiene riqueza cultural y natural por descubrir, por explotar, los últimos paraísos. Hay todo un marketing ligado al territorio que ha posicionado al estado como un lugar interesante para la inversión. Y hemos observado en los últimos años que sí hay una explosión de desarrollos inmobiliarios en la costa”, explica Eliana González, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav).

Tan solo en lo que va de este año, 5 proyectos de desarrollos inmobiliarios en Telchac Puerto, Progreso, El Cuyo y San Crisanto ingresaron al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la Semarnat. Y uno en Progreso fue presentado al proceso de evaluación de cambio de uso de suelo, de acuerdo con las Gacetas Ecológicas. 

Las concesiones permiten que la persona o empresa solicitante pueda hacer uso de la Zofemat mediante el pago de un impuesto. Pero de ninguna manera otorgan el derecho a privatizar las playas. “Cualquier concesionario tiene que garantizar el libre acceso y tránsito en las playas”, recalcó Mariana Boy, titular de la Profepa.

Sin embargo, en la práctica no ocurre así: usualmente y tras recibir la concesión, el sector privado (hoteles, restaurantes, complejos inmobiliarios, entre otros), restringe el acceso a la playa cerrando caminos, poniendo vallas, cobrando tarifas altas y hasta contratando seguridad privada.

“Habrá un conflicto, pues cada parte intentará movilizar lo que tenga a su favor para poder quedarse con eso. Todo el mundo tiene una concesión o dice tener una. Nunca se entiende de quién es, quién la otorgó o por qué. Entonces, juega la desinformación y un abuso de poder en cuanto a conocimientos. Y siempre se busca subordinar a las poblaciones locales hacia los intereses de los actores externos que llegan a estos lugares”, señala la investigadora del Cinvestav. 

^{Proyectos inmobiliarios que no se ubican en la costa ofrecen clubes de playa exclusivos como amenidades. Foto: Lilia Balam}

Las personas que adquieren una concesión o que compran casas en la primera línea de la playa suelen pensar que tienen el poder y la posesión de toda la zona, afirmó Anne Treinen, voluntaria del Club de la Tortuga Telchac Puerto.

“La gente no sabe que un terreno frente al mar no es igual que un terreno en la ciudad. El terreno nunca va a medir exactamente lo que dice el documento y cada año perderá superficie [por la erosión o los ciclos de las mareas]. No lo entienden y ponen un muro. Con eso no solo impiden la acumulación de arena, sino que impiden el paso a la playa”, detalló.

De 2018 a 2024, la Profepa registró 188 denuncias en Yucatán por actividades relativas a la invasión, ocupación, uso, goce, aprovechamiento, construcción, afectación a vegetación costera, instalación de espigones y tránsito en terrenos de Zofemat ganados al mar.

Otros casos similares han ocurrido en Chicxulub Puerto, donde en julio de 2020, la propietaria de una casa cortó las sogas que sujetaban varias lanchas de pescadores, bajo el argumento de que la playa era parte de su propiedad. En septiembre de 2022, el Ayuntamiento de Yobaín clausuró cinco predios veraniegos de residentes extranjeros en Chabihau, por ocupar de manera irregular parte de las calles y playas.  Y en julio de 2024 ocurrieron conflictos en Chelem debido a extranjeros que construyeron en la Zofemat.

¿Quién paga las consecuencias?

Los impactos de la privatización de playas recaen sobre la población local, la misma que es excluida del proceso de planeación urbana y a la que le imponen megaproyectos inmobiliarios y turísticos.

“No es simplemente ese pedazo [bloqueado], porque nosotros igual podemos acceder al mar. Pero en esa parte [bloqueada], si quisiéramos, ya no podríamos acceder”, fue uno de los testimonios que recabó González de pescadores de Sisal durante sus trabajos de investigación. La especialista recuerda que la playa no solamente tiene uso turístico, sino que es parte fundamental de la vida de la comunidad local. 

En el caso de las poblaciones costeras yucatecas, la mayoría tienen vocación pesquera. Al privatizar porciones de playa se impide a las y los pescadores que no cuentan con un refugio pesquero resguardar sus lanchas o recalar y también se restringe la realización de actividades cotidianas típicas de los pueblos costeros.  

Al mismo tiempo, los intentos por privatizar las playas se suceden en un contexto de “boom” inmobiliario que impacta en la población local, a partir del aumento de las rentas y el costo de vida en general. “Ahí encontramos el conflicto, porque los proyectos llegan. Y la población local que está y vive ahí, no está considerada en ninguna de las planeaciones”, sostiene la especialista.

^{La privatización de playas también afecta a quienes no pueden pagar un pasadía u hospedaje en un hotel. Foto: Lilia Balam}

Asimismo, el turismo y la economía local también resultan afectados, ya que no todas las personas que visitan las playas de Yucatán cuentan con altos ingresos. Es decir, no todas pueden pagar un pasadía en un “club de playa” o el servicio de hospedaje en un hotel de lujo. A eso responde, en buena medida, la decisión de distintos habitantes de los municipios costeros de crear alternativas como la renta de palapas frente al mar, donde además se suelen ofrecer alimentos y bebidas. Sin embargo, estos servicios suelen ser mal vistos y estigmatizados por personas con mayor poder adquisitivo. 

“Esto genera incomodidad porque en el imaginario se quieren vender a estos pueblos como lugares tranquilos, paradisíacos, tradicionales, con cierto patrimonio por descubrir. De repente te encuentras con que el paisaje es transformado por los habitantes locales y eso no coincide con la narrativa de lo que se quiere vender. Entonces, la presencia de estas personas empieza a ser molesta”, afirma la investigadora. 

Las construcciones en la primera línea de la playa, o que invaden la Zofemat, suelen provocar impactos ambientales negativos, pues en ocasiones también construyen estructuras que rompen con los ciclos de los sedimentos y eso genera erosión costera. Todo esto, sin contar los casos en que se ha devastado la duna o el mangle.

^{El boom inmobiliario ha incidido en la privatización de las playas. Fotos: Lilia Balam}

La solución comienza con no ignorar a la población local

En la opinión tanto de González, como de las y los habitantes de Santa Clara y Telchac Puerto entrevistados, la solución a la problemática comienza con incluir a la población local, a la hora de decidir quiénes y cómo se pueden aprovechar las playas. 

“Sentarse con la gente nata, con la que pesca, la que vive y pasa huracanes, la que se chuta los nortes, no la gente que solo vamos de vacaciones, vemos lo bonito y terminando la vacación nos regresamos a nuestro lugar de origen. La gente de esos pueblos tiene derecho a manifestarse, poner las reglas del juego, decir que ha vivido ahí siempre, paga sus impuestos y no se va a ir. Lo que no quieren es que se llegue a las instancias de Tulum, donde no hay playa pública. Las autoridades deben defender la postura de esa gente”, expresó Vanessa Can, propietaria de una vivienda en Telchac Puerto. 

La transformación del territorio tiene implicaciones directas en las formas de vida de la gente. Por ello, González insiste en que la población local debe ser reconocida como un actor fundamental, con quien negociar las decisiones en torno a los espacios.

Otra medida es cumplir con el marco legal existente que ya protege a las playas, revisar concienzudamente las manifestaciones de impacto ambiental de los proyectos que se pretenden desarrollar y tener mayor control respecto a los programas de ordenamiento territorial. Como indicó la investigadora, es necesario comprender que los proyectos también implican mayor demanda energética y generación de residuos, entre otros impactos.

^{Especialistas y habitantes de los municipios costeros coinciden en que la población local debe participar de la planeación territorial. Foto: Lilia Balam}

¿Las autoridades responsables tomarán acción? Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, admitió que ha recibido denuncias sobre privatización de playas en Yucatán. Aseguró que revisará todas las concesiones de Zofemat otorgadas en la entidad y realizará un operativo para liberar aquellas que se encuentran bloqueadas. 

“Lo que tenemos que hacer es sentarnos con todas estas personas que ya tienen su propiedad privada para llegar a un acuerdo y que se habiliten estos accesos públicos, y para los desarrollos que se instalen en el futuro, establecérselos como una condicionante en sus concesiones”, dijo Mariana Boy, de la Profepa, quien recalcó que la privatización de playas es un problema generalizado en todo el país.

Para Bárcena, Progreso es un “ejemplo para el país”, por el malecón que habilita el acceso a la gente y permite las edificaciones del otro lado. “Eso es lo que tenemos que lograr en todo el país. Que haya malecones, que haya paseos, que la gente pueda entrar a la playa”, sostuvo. Sin embargo, ninguna de las funcionarias precisó algún plan concreto de revisión de permisos o estableció fechas para realizar los controles.

^{Alicia Bárcena y Mariana Boy, titulares de la Semarnat y la Profepa, prometen acciones. Mientras tanto, la población se organiza para evitar perder sus playas. Fotos: Lilia Balam}

¿La población va a esperar? La tensión en algunas comunidades es palpable. “Estoy bien enojada por esas cosas porque no es justo que otras personas vengan a apropiarse de algo que no les corresponde”, reconoció Lorena*, de Santa Clara. 

Anne Treinen también lo observó después de que sus vecinas y vecinos quemaran la cerca en Telchac Puerto. “Son tantas cosas que hacen incorrectas, tanto los ayuntamientos, gobierno federal y estatal, que al no haber respuesta, en la pasividad o en la corrupción, entonces ya la gente está levantándose en armas”, dijo.

Al menos ahí, la presidencia municipal escuchó: después del incidente, acudió a la zona a limpiar los accesos a la playa y se colocaron letreros para marcar las vías. Según el comisario ejidal, Teodosio Cetina, la gente ya comenzó a organizarse para frenar este tipo de atropellos. Anne Treinen también comentó que hace un par de años una vecina recabó firmas por ese mismo tema.

“Claro que la gente se tiene que poner reticente. La playa no se puede vender ni privatizar. No estamos en Quintana Roo. Estamos en Yucatán”, concluyó Cetina.

_{*El nombre fue cambiado para proteger su identidad.}