La agroindustria que arrasa la selva al sur del Caribe mexicano

La deforestación ocurrida al sur del Caribe mexicano, sobre todo en las décadas recientes, es casi tan grande como la superficie de toda la Ciudad de México: 140 mil hectáreas afectadas. La siembra extensiva de caña de azúcar, cereales y frutales, basada en la aplicación irrestricta de plaguicidas y fertilizantes químicos, y de pastizales para la ganadería están entre las actividades responsables.

Al sur de Quintana Roo la deforestación no cesa. Tan solo entre los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco suman cerca de 140 mil hectáreas arrasadas en las últimas cuatro décadas. Y uno de los principales causantes es la agroindustria, que no solo deforesta, sino que contamina, despoja y agota las tierras, según cifras oficiales, especialistas y afectados consultados.

En el caso de Othón P. Blanco, el factor principal de la deforestación es la siembra de caña de azúcar. Actualmente, abarca más de 35 mil hectáreas, según datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE) de Quintana Roo. Se extiende en paralelo al río Hondo, frontera natural con Belice, sobre lo que antes era selva mediana y baja, y en lo que se considera el macizo forestal tropical más importante de América Latina solo después de la Amazonía. 

Esta actividad comenzó en los 70 y nunca frenó. Se trata de un monocultivo sobre el cual se vierten toneladas de agroquímicos al año, incluso algunos productos que están prohibidos o restringidos en México por ser contaminantes y cancerígenos como el diclorodifeniltricloretano, mejor conocido como DDT, el aldrín o el endosulfán, según han revelado estudios de la calidad del agua en esa zona realizados por Teresa Álvarez Legorreta, investigadora de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

En estos muestreos también se han encontrado metales pesados, los cuales se filtran hasta los cenotes y ríos subterráneos característicos de la península de Yucatán.

Al ser monocultivo y no existir rotación de especies, las tierras donde prolifera la caña de azúcar dejarán de ser fértiles en dos o tres décadas, aseguró, en entrevista con Jaltun, Pedro Macario Mendoza, especialista en dinámicas forestales e investigador en Ecosur. “Lo grave es que para recuperar esas tierras, para regenerarlas, se necesitarían al menos 100 o 200 años”, advierte.

Esto se explica, dice, porque las tierras dejaron de recibir de forma natural elementos y minerales como el nitrógeno, el fósforo o el potasio, provenientes de la descomposición de la hojarasca y de la propia dinámica de la selva. El suelo no descansa y tampoco existe la rotación de cultivos.

Al mismo tiempo, subraya el especialista, en esa zona urge una tecnificación que sustituya los agroquímicos por productos orgánicos. Afirma que también se necesita introducir herramientas para, de esa forma, evitar las quemas agropecuarias que se realizan previo a que los trabajadores intervengan para cortar la caña de azúcar.

Aunque el propósito de las quemas es facilitar el trabajo, en tanto que así se eliminan las hojas y el tallo queda desnudo, limpio y listo para cortarse, dice Macario, es un factor que incide directamente en la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto en el calentamiento global.

La agroindustria extermina los ecosistemas

En lo que va del siglo, el avance de la caña de azúcar, pero también de los cultivos intensivos de piña, sandía, limón, papaya y soya, los pastizales y hasta la ganadería, han propiciado una deforestación que extermina los ecosistemas en el sur de Quintana Roo.

Según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de 2011 a 2018 Othón P. Blanco registró una pérdida de vegetación bruta superior a las 24 mil 400 hectáreas. Del total, 37 por ciento correspondió a la agricultura comercial y el resto a pastizales para la ganadería.

Los ejidos más afectados por la agroindustria en ese municipio son Ramonal, Río Hondo y Sacxán. Por su parte, los ejidos más afectados por la ganadería y también por la ocupación de pastizales corresponden a Caoba, Laguna Om y Guadalajara.

Bacalar ha perdido desde 1993 hasta la fecha más de 90 mil hectáreas forestales, principalmente a causa de la agricultura extensiva y, en menor medida, por la ganadería y el desarrollo urbano, según estudios del Ecosur y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). 

La deforestación se agudizó a partir de 2001, tanto por la agroindustria menonita que se expandió en esa área como por la falta de acciones efectivas para contrarrestar el problema por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno.

Los primeros menonitas llegaron a Bacalar hacia el 2000 y, en paralelo a fundar una comunidad, rápidamente impusieron el agronegocio en el ejido Salamanca.

Ese modelo de “agricultura menonita”, que implica deforestar sin permiso alguno, con máquinas que arrancan la vegetación desde la raíz, para luego sembrar soya, sorgo y maíz, se ha ido extendiendo sobre otros ejidos colindantes como Blanca Flor, San Fernando, El Paraíso y El Bajío.

El origen de Salamanca se remonta a 2002, cuando se solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de suelo de 960 hectáreas. El plan original contemplaba la radicación de 50 familias y el desarrollo de caminos y campos agropecuarios sobre 496 hectáreas, pero esto fue superado con creces.

Ahora hay cerca de 200 familias y cerca de 5 mil hectáreas deforestadas para siembra. Esto último, a partir del incumplimiento de los trámites requeridos por la ley, como es el caso de los permisos de desmonte, según reconoció Johan Elías Wall, gobernador de la comunidad en dos ocasiones, en entrevista con Jaltun.

“Sí solicitamos el permiso de desmonte, pero nunca lo aprobaron. Nos pidieron millones de pesos para aprobarlo, pero nunca pagamos ni un peso”, dice Wall, argumentando un presunto intento de soborno por parte de las autoridades.

La agricultura ha sido la actividad principal de los menonitas desde sus orígenes como grupo étnico religioso. En Salamanca y durante la última temporada de cosecha, la comunidad obtuvo 2 mil 500 toneladas de maíz y otras mil 500 de soya. De hecho, la  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) considera a los menonitas como uno de los mayores generadores de estos productos a nivel nacional. 

Además de la deforestación, la agricultura extensiva por ellos practicada tiene impactos causados por los venenos que se vierten. Por cada hectárea sembrada, dice Wall, se llegan a utilizar 300 kilos de fertilizante químico DAP 18-46-0, otros 100 kilos de productos similares, y también insecticidas o herbicidas cancerígenos como el glifosato.

Los agroquímicos resultan una fuente de contaminación para el acuífero de la península, que capta la mitad del agua pluvial del país y corre a escasos metros de profundidad del suelo poroso y de fácil infiltración de Yucatán, remarca Teresa Álvarez, del Ecosur.

Respecto de la responsabilidad de los menonitas en el impacto ambiental que genera su esquema de producción agroindustrial, la antropóloga Valeria Contreras Hernández —quien vivió por ocho meses en Salamanca como parte de su trabajo de investigación académica sobre la comunidad— opinó: “Los menonitas sí son responsables de los impactos de la agroindustria, pero si no lo hicieran los menonitas, lo harían otros, porque la industria necesita de estos productos”.

El análisis quedaría incompleto, prosigue, si la crítica no se dirige también hacia el modelo agrícola, ganadero y alimentario tan dependiente de estos insumos. Y es que, cuando se aborda el tema, suele omitirse que estos productos luego son vendidos a Enlace Comercial, Grupo Crío, Hidrogeneradora Yucateca, empresas relacionadas a otra industria igual o peor de contaminante: la ganadera.

Tampoco hay que perder de vista la responsabilidad del estado, señala Contreras Hernández. Porque la agroindustria es una actividad que debiera estar vigilada, supervisada, fiscalizada y sancionada por las instituciones competencias cuando ocurren incumplimientos de las leyes vigentes.

El hambre de tierras

En la última década han llegado más menonitas a Bacalar para asentarse en ejidos alrededor de Salamanca. Provienen de Chihuahua, Zacatecas y Campeche. Se han ido radicando en Blanca Flor, San Fernando, El Paraíso, y El Bajío, también realizan la agricultura extensiva.

Al Paraíso llegaron en 2012 y, en la actualidad, sus campos ya ocupan gran parte del ejido, recuerda un integrante del Consejo Regional Indígena Maya, quien solicitó el anonimato por causas de seguridad. Este ejido, afirma, tiene 5 mil 500 hectáreas distribuidas en 52 derechos ejidales, de los cual 24, casi la mitad, ya están en poder de los menonitas gracias a procesos irregulares perpetrados en colusión con los representantes ejidales y exfuncionarios de la Procuraduria Agraria, y legalizados por funcionarios del Registro Agrario Nacional.

La fuente explica que, a pesar de no ser avecindados ni mucho menos ejidatarios, requisitos que marca la Ley Agraria, los menonitas han conseguido comprar derechos ejidales sobre ese y otros ejidos, con lo cual se les permite el uso de las parcelas. Tienen poder político y decisión sobre las tierras colectivas del ejido, y eso generó que la mitad de las hectáreas totales ahora estén deforestadas y ocupadas por maíz, soya y demás productos agroindustriales.

Además, no cuentan con la autorización de Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales que debe otorgar la Semarnat previa al desmonte.

De 2016 y hasta 2023 se han deforestado, en los cuatro ejidos antes mencionados, casi 5 mil hectáreas, de acuerdo con el Sistema de Información de Cambios de la Cobertura Forestal en la península de Yucatán (SICAMFOR), una aplicación desarrollada por el CCMSS.

El avance de la agricultura menonita también se explica, dice la antropóloga Valeria Contreras Hernández, por cambios en las dinámicas sociales en los ejidos. “Conocí casos donde ejidatarios ya muy grandes, de 80 años, les vendían sus derechos a los menonitas, porque pues sus hijos ya no estaban en el campo, ya estaban en Cancún o Playa del Carmen”.

Despojo de tierras y vicios agrarios

En tres décadas se han despojado y privatizado más de medio millón de hectáreas ejidales en la Península de Yucatán, para, entre otras cosas, desarrollar proyectos agroindustriales, según documentó la investigadora Gabriela Torres Mazuera, en un estudio hecho para el CCMSS.

Es un proceso que empezó con la reforma a la Ley Agraria en 1992 y que hasta la fecha no ha hecho más que acelerarse. Desde aquel año y hasta 2019, según la autora, casi 200 mil hectáreas dejaron de ser de propiedad social para convertirse en privadas. Y otras 350 mil han sido parceladas, apropiadas por diversos actores mediante contubernios entre sectores ejidal, gubernamental y empresarial, y en detrimento de los campesinos de la región.

Hay diversos mecanismos usados para el despojo, entre ellos, la captura de las asambleas ejidales, a fin de que, con procesos irregulares o plenamente ilegales, se aprueben contratos de usufructo y/o cambios de destino. Por ejemplo, enlista Torres Mazuera, se validan asambleas donde no había quórum requerido, se cambian destinos de tierras sin dictamen de la Semarnat, y se asienta información imprecisa en las actas, entre otras maniobras.

Eso mismo es lo que han sufrido algunos ejidatarios en Bacalar consultados para este trabajo, que han sido despojados de sus tierras a partir de asambleas viciadas.

Cuestionados al respecto, y ante la consulta de Jaltun, fuentes de la Procuraduría Agraria reconocieron que persisten los conflictos agrarios relacionados con el abuso de funciones por parte de integrantes de los Comisariados Ejidales y de los Consejos de Vigilancia. Estos actores, se indicó “manipulan a determinados grupos de personas que participan en las asambleas para aprobar proyectos que conducen a la privatización del territorio“.

Tan solo en Bacalar y Othón P. Blanco, entre 2024 y 2025, la dependencia registró 46 procesos derivados de estas malas prácticas. “El 50 por ciento de los casos atendidos en estos dos municipios mediante audiencias campesinas y asesoría jurídica están relacionados con ventas ilegales de tierras ejidales“, se informó.

Por último, resta decir que en los ejidos de esas zonas se mantienen altas estadísticas en cambios de destino de tierras de uso común a parcelas, así como un incremento en la superficie destinada a Unidades de Producción Agropecuaria.

En una consulta hecha por Jaltun a las Gacetas Ecológicas de la Semarnat, se identificaron 16 solicitudes de cambio de uso de suelo forestal sobre terrenos ejidales tramitadas y pendientes desde 2019 hasta estos días. De aprobarse, afectarán otras 32 mil hectáreas.

La deforestación no cesa en el sur de Quintana Roo. Y, para ponerlo en perspectiva, las 140 mil hectáreas arrasadas al sur del estado en las últimas cuatro décadas implican una superficie casi tan grande como la que ocupa la Ciudad de México (CDMX).