Kekén, mafia agraria y complicidad judicial: el caso Cantukun

Desde hace algo más de una década, la porcícola ocupa de forma ilegítima parte de un predio que, ubicado muy cerca de Kinchil, en Yucatán, ha albergado a una familia maya por al menos 60 años. Kekén se hizo con las tierras a través de tratos con los Ruiz Ayuso, un clan ligado a los gobiernos del estado y con incidencia directa en los tribunales. La política yucateca, cómplice de la compañía del Grupo Kuo, desplegó fuerzas especiales para garantizar la construcción de una megagranja contaminante.

Más de medio siglo de permanencia y cuidado del territorio, y cuatro generaciones floreciendo a la sombra de los montes de Cantukun, no parecen suficientes para que las autoridades políticas y judiciales terminen por reconocer que los Yamá son los dueños legítimos del predio, ubicado a menos de 20 kilómetros de Kinchil y a un lado de la carretera que une a Mérida con Celestún, siempre en Yucatán. La familia maya transita una pesadilla que suma más de una década de persecución judicial, amenazas a sus integrantes, violencia policial y daño económico. 

Del lado del perjuicio se alinean desde los integrantes del clan Ruiz Ayuso, originarios de Halachó y con peso en ámbitos gubernamentales, educativos e inmobiliarios, hasta Kekén, la porcícola responsable de buena parte del desastre ambiental que padece la península de Yucatán. Ambos actores, unidos en un intento de despojo que no ha podido consumarse sólo por la defensa irrenunciable del territorio que siguen llevando a cabo las y los integrantes de la familia Yamá.

La apropiación que se intenta sobre todo el predio de Cantukun tiene su génesis en los años 60 aunque terminó de cobrar forma en el 2011. Según consta en publicaciones del Diario Oficial de la Federación de aquel momento, entre los 60 y la primera parte de los 70, Luis Yamá inició los trámites para la titulación de las tierras que su familia habitaba desde hacía ya varios años.

El trámite en cuestión, que parecía pronto a concluirse en tanto los planos del predio ya aparecían a nombre de Yamá, comenzó a sufrir demora tras demora en las dependencias agrarias. Lo contrario ocurrió con Chenchik, un terreno de 800 hectáreas lindero a Cantukun que ya en la década de los 80 pasó a manos de los Ruiz Ayuso.

Con llegada directa a exmandatarios estatales como Víctor Cervera Pacheco, dos veces gobernador de Yucatán (1984/1988 y 1995/2001), e Ivonne Ortega Pacheco, gobernadora del mismo estado entre 2007 y 2012, los Ruiz Ayuso lograron hacerse con el control de ese y otros lotes, incluso sin poseer el título de propiedad de las tierras. Una muestra de eso está en que el clan en cuestión esperó hasta 2011 para dar de alta al terreno de Chenchik en el registro público de la propiedad.

Un año después, esas 800 hectáreas pasaron a manos de Kekén con un detalle por demás grave: en el plano de tierras presentado por los Ruiz Ayuso también se incluyó una porción de otras 30 hectáreas pertenecientes a Cantukun.

“Si bien mi papá supuso que la titulación estaba hecha, en tanto inició los trámites en 1972 y el nombre de la familia aparece en los planos, esa acción nunca terminó de llevarse a cabo por maniobras de las autoridades agrarias. La cercanía de los Ruiz Ayuso con Cervera Pacheco les dio la posibilidad de, primero, quedarse con Chenchik, y luego creerse dueños de Cantukun”, comentó Carlos, uno de los integrantes de la familia Yamá, en diálogo reciente con Jaltun.

Agregó que Miguel, Raúl y Alfredo Ruiz Ayuso obtuvieron el dominio de Chenchik con la gracia de la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), heredera de la anterior Secretaría de la Reforma Agraria. 

“Sobre todo Miguel Ruiz Ayuso, durante muchos años director del CRODE (Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipos en Mérida, creado en los 80 por la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica y hoy dependiente del Tecnológico Nacional de México), es quien más ha incidido para quedarse con tierras a partir de su cercanía con los sectores políticos”, señaló.

Kekén y la violencia policial, otro capítulo de la apropiación ilegal

Tras la compra de Chenchik y la inclusión ilegal de una parte de Cantukun, Kekén avanzó con la construcción de una megagranja porcícola que hoy confina a más de 60 mil cerdos y contamina el agua y el ambiente de toda la zona, tal como lo han demostrado desde la misma familia Yamá hasta la federal Semarnat en el marco de un dictamen ambiental relacionado con la porcicultura industrial en Yucatán divulgado durante la primera parte de 2023.

La violencia fue el aspecto predominante en la ocupación de las 30 hectáreas de Cantukun que llevó a cabo la porcícola: en junio de 2013, y ante la decisión de la familia maya de defender su tierra, la empresa acordó con las autoridades del estado la intervención del Grupo de Reacción Organizada Contra Asaltos (ROCA), un cuerpo de élite de la policía de Yucatán entrenado por el SWAT estadounidense, los comandos de la unidad israelí Sayeret Matkal y las unidades especiales GIPN y RAID de la policía francesa, que barrió con alambradas y vegetación, y amenazó con armas de fuego a los Yamá.

“En junio de 2013, Kekén trajo a la Fiscalía General del Estado, al grupo ROCA, que es la unidad táctica más especializada de, precisamente, la fiscalía. Entraron cortando los alambres para la empresa, no les importó que estaba la familia dueña de la tierra, sus mujeres y sus hijos. La porcícola nunca se posicionó de manera pacífica sobre el terreno en el que instaló la granja. Todo lo hizo de manera turbia”, relató una de las mujeres de la familia Yamá que sufrió el atropello policial.

“Ese accionar de la fiscalía y el grupo ROCA fue denunciado ante las comisiones estatal y nacional de derechos humanos (de México). La policía entró con los trabajadores. Estábamos con mis hijos, mi suegra. Vimos cómo abrieron los alambres con las tijeras, cómo tiraron los árboles que nosotros cuidábamos para la apicultura. Fue muy triste verlo. La policía con sus armas amenazantes jamás pensó en que estábamos con menores de edad. Querían hacernos sentir todo su poder, que sintiéramos miedo. Alguien de ellos dijo ‘A quienes no aparezcan o no estén presentes aquí los vamos a cazar como venados’”, añadió.

Un testimonio más: “Nuestros hijos luego fueron perseguidos en Kinchil por personal de la empresa. Nosotros les dijimos a nuestros vecinos que había que unirnos, que la megagranja nos iba a afectar a todos. Dijeron que no, que a nosotros la empresa nos había pagado por el terreno. Luego llegó la contaminación, los cítricos dañados, las flores llenas de moscas, el color del agua se hizo amarillo, empezó el olor raro y los animales se alejaban, no querían beber. Ahí nuestros vecinos se dieron cuenta que teníamos razón”.

Cantukun, entre el despojo y el daño que provoca Kekén

Las maniobras de despojo que activó Kekén tras su acuerdo con los Ruiz Ayuso dieron lugar a una batalla legal entablada por la familia maya afectada que, a más de una década de iniciada, no muestra mayores avances y expone la existencia de un blindaje que favorece a la compañía y los empresarios relacionados con la mafia agraria.

“Es un litigio que se lleva ante el tribunal agrario y donde se demanda la nulidad de los títulos apócrifos que tiene Kekén con base a la venta de la tierra que hicieron los Ruiz Ayuso. Les comercializaron un terreno donde está posicionada la familia Yamá desde hace décadas, y que tiene pedidos hechos ante la Sedatu desde mucho antes de la venta cometida por los empresarios”, explicó Flavio Ayuso, asesor legal de la familia damnificada.

“A la demanda de 2013 luego se le hizo una ampliación incluyendo los derechos indígenas y territoriales. Desde ahí hasta ahora han ocurrido situaciones y cuestiones técnicas que no han hecho más que dilatar el juicio. El tribunal agrario ha intentado jurídicamente desligarse del proceso. Incluso buscó declararse incompetente argumentando que no se trata de un litigio agrario sino de la jurisdicción civil porque hay títulos de propiedad. Todas esas maniobras se han logrado detener mediante amparos y se logró reconfirmar que es el tribunal agrario quien debe seguir adelante con el juicio”, dijo a Jaltun.

El abogado señaló que, por estos días, la demanda “volvió a ampliarse” incluyendo el factor de daño ambiental que viene generando la megagranja de Kekén en la tierra de los Yamá y sus alrededores. 

“Al pleito legal de la posesión de la tierra se le suma la parte ambiental, tal como está establecido en artículos de la Ley Agraria. Hay una obligación de hacer cumplir lo que establecen tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que el tribunal no está aceptando esta ampliación, lo cual es violatorio tanto de los derechos agrarios como humanos en general”, precisó.

Desde esa perspectiva, la postura del aparato judicial es asumida como regresiva y miope en tanto no toma en cuenta que la megagranja de Kekén, además estar construida sobre un terreno en conflicto agrario, genera un problema ambiental por demás agravado. 

Respecto de esto último, y ante la pasividad de las autoridades políticas frente a la catástrofe ecosistémica provocada por la factoría de cerdos, las y los integrantes del Consejo Maya Chik’in-já con base en Kinchil efectuaron por su cuenta un monitoreo de agua a partir de muestras tomadas durante 2022, tanto en zonas cercanas a la instalación porcina como en el mismo pueblo. 

Los resultados del monitoreo, que se realizó con asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fueron dados a conocer durante la primera mitad de marzo de 2023 y confirmaron el desastre: el 100 por ciento de las muestras dio positivo en presencia de coliformes fecales y contaminación con bacterias como la Escherichia coli.

Un tribunal a pedir de la porcícola

El asesor legal de los Yamá señaló la laxitud del tribunal agrario al momento de tomar en cuenta el reclamo de la familia y los aspectos que, además del intento de despojo, agravan el estado de ocupación que transita Cantukun.

“Es importante resaltar que el tribunal agrario tiene la responsabilidad máxima de observar los conflictos ligados a la tenencia de la tierra y hacer cumplir los derechos humanos y el derecho al ambiente sano. Sin embargo, está haciendo caso omiso a eso y evitando referirse a las consecuencias socioambientales negativas que genera la megagranja”, expuso.

“Nuestros esfuerzos se concentran en evitar la tendencia a caducar el suceso que están mostrando los últimos dos magistrados del tribunal agrario. Quieren archivar el caso con el pretexto de que el tema no es de su competencia y que es del ámbito de lo civil cuando sí se comprobó lo contrario. Relacionado con esto, Kekén también ha tratado de usar el discurso de la incompetencia para tratar de instalar que tiene títulos que no pueden cuestionarse”, dijo.

Para luego enfatizar: “El reclamo de la familia Yamá tiene validez legal porque cuenta con una solicitud previa de la titularidad de esas tierras, además de que las han habitado por décadas. A eso se añade la cuestión ambiental, que también tiene que tomarse en cuenta a raíz del daño que genera la porcícola. Confiamos en que se obtendrá la nulidad de la compraventa que realizó Kekén a partir de títulos que tampoco tienen validez legal por los terrenos que se incluyen”.

Por su parte, Carlos Yamá no dudó en repasar las irregularidades, injusticias y atropellos sufridos desde que la porcícola puso la mira en el terreno de su familia. “El tribunal agrario, alineado con Kekén, busca la caducidad a partir de proponer la incompetencia. Le ha buscado las mil formas para hacer parecer legal que la porcícola intenta adjudicarse un terreno que no le pertenece ni siquiera desde el momento en que cerró trato con los Ruiz Ayuso”, afirmó.

“Lo que está a la vista, además de la injusticia, es la vinculación de estos invasores con la política y cómo esa alianza se junta con los tribunales. Hemos observado al abogado de Kekén llegar junto con el representante de Sedatu, ellos de amigos, mientras que a nosotros apenas si nos reciben porque somos indígenas. La discriminación siempre constante. La misma empresa nos tiene demandados. Y así nos han querido desgastar desde lo físico y mental a lo productivo. Nos dañan los apiarios, nos desaparecen los ganados…”, detalló.

“Pero no nos rendimos”, enfatizó. “No nos rendimos”. El perjuicio económico es otro capítulo clave del abanico de daños que la porcícola viene provocando a la familia Yamá. “A veces me preguntan por qué no tengo más de 100 colonias de abejas, con lo diverso y amplio que es Cantukun. Pero ¿cómo le haríamos? Todo lo que ganamos lo estamos invirtiendo en esta batalla por nuestra tierra”, aseguró.

En la conversación con Jaltun, Carlos Yamá subrayó que los intentos de despojo como el caso Cantukun “no sólo se sostienen sobre una disputa agraria, la contaminación ambiental y el daño económico, ya de por sí graves, sino que representan una amenaza directa y sistemática a la cultura, la identidad y el modo de vida ancestral de las comunidades mayas”. 

Dijo, además, que Cantukun “sienta un precedente revelador que, por un lado, evidencia la firmeza de la resistencia del pueblo maya”. Y, por el otro, expone “los alcances del poder económico y político de Kekén”. Una empresa que, resaltó, “es capaz de influir en el rumbo del llamado desarrollo, que en Yucatán avanza entre injusticias, desequilibrios y abuso de poder”.

El futuro de Cantukun, remarcó Yamá, es inseparable del destino de la misma familia. “Nos hemos enfermado; hemos perdido a hermanos y otros parientes, pero seguimos adelante. No hay forma de que dejemos de luchar por un territorio que es una parte importante de nuestra historia, de lo que somos, y de lo que viene para quienes nos sucedan en la familia”, concluyó.