En este contexto de tremenda desigualdad, el estado policial global garantiza el control social y la posible represión ante la violenta expansión del capital. Esta racionalidad se manifiesta como una función dual del estado policial global, combinando acumulación y control social. Se intersecta en la aplicación tanto militar como civil de armas, sistemas de seguimiento, seguridad, vigilancia, infraestructura logística y otros mecanismos de control, asegurando estratégicamente la funcionalidad del sistema capitalista. A la vez, genera grandes beneficios para los sectores industriales de guerra involucrados. El resultado es una guerra permanente de baja intensidad, junto con “guerras calientes” y contrainsurgencia, contra comunidades en rebelión o resistencia ante proyectos estratégicos en sus territorios o que se enfrentan a laextracción de bienes naturales. Incluso, situaciones de guerra llevadas a cabo por actores paralelos o ilegales, como el crimen organizado transnacional, que actúa como agente estratégico de la expansión capitalista sobre territorios a los que buscan acceder de forma violenta, ya que no sería posible hacerlo mediante formas legales.  

Como señala Robinson “el sistema capitalista es expansionista por naturaleza” (2020), a lo que el estado policiaco global participa de la apertura, expansión, intensificación y aseguramiento territorial del sistema capitalista transnacional. En este sentido, el ejercicio securitario del estado policiaco global “(…) facilita la expansión de oportunidades para que el capital privado acumule riqueza a través de la militarización” (Robinson, 2018), pues como señala Lefebvre (1974) “el espacio no es neutral, sino que está impregnado de relaciones de poder, economía, ideologías y conflictos sociales que influyen en su configuración y uso” (Lefebvre, 1974). Por lo cual, los territorios son acondicionados a las necesidades estratégicas en una forma que podría ser denominada como “reordenamiento forzoso del territorio”​ (Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, 2021)​.

Megaproyectos bajo la racionalidad del estado policiaco global 

En la entrega anterior de la serie “Geopolítica para todes” denominada ¿qué son los megaproyectos? Dialogamos sobre la forma en que los megaproyectos generan la territorialización del capitalProceso de asignar o definir territorios, áreas o límites geográficos específicos para una variedad de propósitos, donde los megaproyectos son aplicados para generar la infraestructura necesaria para el capital. a través de complejos procesos de producción del territorio con implicaciones en términos físicos, ecológicos, políticos, económicos, sociales y culturales. En el análisis detallamos cómo estas modificaciones aceleradas pueden desencadenar conflictos entre diversos actores sociales, políticos y económicos, como la población local, los trabajadores, los inversionistas, los gobiernos locales, nacionales e incluso extranjeros, así como las organizaciones no gubernamentales y los grupos de la sociedad civil, por lo que Sandoval Palacios y Orozco Contreras denominan a estos espacios como Zonas Específicas de Intensa Conflictividad Social (ZEICS) ​(2023)​. Específicamente, los megaproyectos o proyectos de gran escala generan tensiones por las mismas dimensiones de la obra que llevan a conflictos escalables en la disputa jurídica, física y simbólica del territorio. Ante lo cual, señala Lins Ribeiro que “la logística de los proyectos de gran escala tiene parentesco próximo con las actividades necesarias para ganar o perder guerras y batallas” ​(Gustavo Lins Ribeiro, 1987)​, por lo que la presencia militar en los megaproyectos para facilitar el disciplinamiento social en el territorio es un fenómeno visto a través de la historia. 

La militarización de espacios para el desarrollo de megaproyectos no es un fenómeno nuevo, pues como señalan Dunlap y Jakobsen, “las sociedades industriales se construyen en gran parte a través del uso y la amenaza de la violencia armada” ​(Dunlap & Jakobsen, 2020)​. Megaproyectos de gran importancia geopolítica como el Canal de Panamá fueron construidos por las fuerzas armadas; en este proyecto “el trabajo fue iniciado por ingenieros civiles y terminado por militares” (Lins Ribeiro, 1987). Esto pues “la concentración de poder era una estrategia para evitar la interrupción del trabajo. El paso fundamental fue delegar la tarea a los militares, ‘hombres que no podían dimitir’, a no ser que el presidente lo quisiera” (Ibid, 1987) 

Bajo esa lógica disciplinaria, la presencia de las fuerzas puede interpretarse como una labor de amedrentamiento, aseguramiento y control socioterritorial frente a la conflictividad derivada por diversas causas, como la existencia de grupos armados insurgentes o la narrativa del crimen organizado, pero, primordialmente por la oposición local a estosmegaproyectos, especialmente si la población percibe que estos amenazan sus formas y medios de vida sobre el territorio que habitan. Además, se busca disciplinar a grandes fuerzas de trabajo concentradas en situaciones de alta exigencia y terrenos complicados (como selvas, desiertos o mares), y gestionar la importante logística de abastecimiento que una obra de tales magnitudes conlleva. Ante lo cual, podemos comprender un vínculo estrecho entre producción de un espacio capitalista y amedrentamiento social. Vínculo que asegura y protege las inversiones bajo una situación favorable a los grandes capitales, mediante la presencia de grupos legales o irregulares de dominio territorial. Ante esto, la“securitización“Proceso a través del cual un objeto o fenómeno se constituye como un asunto de seguridad, a través del efecto combinado del discurso, las prácticas y el contexto, requiriendo el uso inmediato de mecanismos de defensa o de control" (Del Monte Madrigal, 2022) ” de los proyectos se convierte en un elemento clave de la expansión e intensificación del capitalismo sobre espacios relativamente adheridos a su cadena productiva. 

Tal es la importancia de la situación policiaca y de actores irregulares de la violencia en estos espacios que Dunlap y Jakobsen señalan que este proceso de producción espacial bien puede comprenderse como una política de contrainsurgencia, es decir, una forma de guerra de baja intensidad o asimétrica “que enfatiza canales de inteligencia, operaciones psicológicas, manipulación de la mass media, aseguramiento y desarrollo social para mantener la gubernamentalidad y legitimidad del extractivismo” ​(Dunlap & Jakobsen, 2020).​  

Estas prácticas tienen consecuencias negativas importantes sobre los derechos humanos, incluyendo violencia física, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, intimidación, homicidios y represión de la libertad de expresión y protesta, así como generar alteración de las relaciones comunitarias, ya que la presencia militar o de fuerzas irregulares puede alterar los tejidos sociales y culturales dentro de las comunidades, creando un clima de miedo y desconfianza (ver ​Sandoval Palacios & Orozco Contreras, 2023)​. Además, las tensiones y rompimiento de tejidos sociales dentro de las comunidades aumentan por disenso entre quienes apoyan al proyecto y quienes se oponen a él. Así mismo, la militarización puede funcionar como un proceso de quiebre de la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios sobre sus territorios, violentando derechos internacionales de gran peso como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que trata sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.  teniendo como uno de sus puntos clave reconocer el derecho territoriales, étnicos, económicos y sociales de los pueblos indígenas a las tierras que históricamente habitan.

Otro punto esencial para considerar la participación de las fuerzas armadas en la construcción de megaproyectos es la posibilidad de darle un uso dual a la infraestructura: entre la economía de orden civil y el uso netamente militar. Bajo esta lógica, los megaproyectos no solo cumplen un propósito civil, como el transporte de bienes y personas o la provisión de servicios básicos, sino que también pueden ser utilizadas con propósitos militares, como el caso del Canal de Panamá, el cual “fue una estrategia geopolítica para hacer de los Estados Unidos la nación más poderosa de la Tierra” ​(van Wagtendonk, 2014)​ que le brindó “una nueva ruta para el comercio internacional y el transporte militar” (Ibid) posibilitando la movilidad marítima entre ambos océanos. Esta situación dual se observa en los megaproyectos del sur sureste de México, con los casos más visibles en el nuevo aeropuerto civil militar “Felipe Carrillo Puerto” o aeropuerto internacional de Tulum y Base Aérea Militar (BAM) N° 20 Gral. Brig. P.A. Samuel Carlos Rojas Rasso, los aeropuertos de Chetumal, Palenque y Campeche, que han sido asignados a las fuerzas armadas, junto con la gestión militar del Tren Maya y del Corredor Interoceánico, así como del “hotel o base para operaciones mixtas del ejército” ​(Gasparello & Fernández, 2023)​, en la biosfera de Calakmul. En este sentido cabe preguntarse por el uso dual que podrán tener los ferrocarriles y la serie de aeropuertos, sobre todo en una región estratégica para el tráfico ilegal de drogas rumbo a los Estados Unidos.

Este uso dual de la infraestructura logística adquiere una importancia crítica en el contexto actual de graves tensiones geopolíticas entre las potencias mundiales en regiones clave como Ucrania, el Levante (Palestina, Líbano, Siria, etc.) y el océano Pacífico. Este escenario puede interpretarse desde diversas perspectivas: como una nueva guerra fría, una guerra de de naturaleza geoeconómica, una lucha por la hegemonía global, la resistencia hegemónica de un nuevo orden multipolar o una reconfiguración en la competencia por recursos y rutas estratégicas. Todo ello ha conllevado un significativo aumento en el gasto mundial en armamento y una carrera por asegurar posiciones militares en puntos estratégicos. Cabe recordar que en mayo de 2022 las costas del Caribe mexicano, por donde pasará el Tren Maya, fueron sede de los ejercicios militares de orden transnacional Tradewinds y NAMSI auspiciados por los comandos Sur y Norte de Estados Unidos, donde participaron fuerzas armadas alineadas con este actor hegemónico. 

En este sentido, con la participación de las fuerzas armadas en la construcción y administración de los megaproyectos en el sur – sureste mexicano constatamos a nivel local el fenómeno transnacional de profundización de la “relación entre la militarización estatal y la acumulación de capital a nivel global” (Robinson, 2020), pues administrados por las fuerzas armadas bajo el interés público y de seguridad nacional, prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional ​(Diario Oficial de la Federación, 2021),​ se presentan como infraestructuras que atraigan la llegada de grandes capitales (“legales” e “ilegales”) que se beneficien de la ubicación, los recursos y la población del territorio.  

La noción de “seguridad nacional” ha sido utilizada para “blindar los megaproyectos asociados a infraestructura (…) que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional” (​Diario Oficial de la Federación, 2021)​. En este sentido se “otorga la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras” (Ibid), es decir, sin necesidad de estudios, ni permisos en el tiempo legalmente necesario, así como garantizar que ningún recurso legal ni crítica política frene la construcciónLa Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3 señala que “por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano (…)” (LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, 2021) mencionando en el apartado VI el desarrollo económico como punto esencial de la democracia. . Señala el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica que la fuerte militarización de las obras es parte de un “(…) reordenamiento forzoso del territorio o en labores de contrainsurgencia” ​(Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, 2021)​ que reduce y amedrenta las denuncias por daños y resistencia a las obras. Ejemplo de ello, es que en la región donde se construye el Tren Maya, activistas locales han denunciado mayor presencia de militares en sus comunidades que “intimida a los vecinos a denunciar la destrucción de cenotes y selva” ​(Fuentes, 2023).​ Cabe destacar que la militarización del megaproyecto se ha justificado bajo la narrativa dominante de la lucha ‘contra la corrupción y el neoliberalismo’ para evitar su futura privatización. Sin embargo, es importante señalar que estas obras crean el espacio necesario para las rutas y cadenas transnacionales del orden neoliberal, demostrando que hoy el Estado tiene un claro papel en la expansión del modelo transnacional.

Estos puntos de seguridad nacional implican que las obras serán realizadas a cualquier costo, tal como ocurrió con los tramos 5, 6 y 7 del megaproyecto Tren Maya, cuya construcción es realizada por la Sedena, debido a los retos que suponen, por un lado las condiciones complejas del terreno (sistemas de cavernas y cenotes, suelo kárstico y cobertura forestal de selva) y por el otro, la concentración de una masa crítica respecto a los daños provocados por el megaproyecto. Respecto al primer punto, las filtraciones de Guacamaya Leaks revelaron que 

En el proceso de reordenamiento territorial, las fuerzas armadas se posicionan como el principal agente operativo. La SEDENA se encargará de construir casi el 40% de los 1,500 km de la obra del Tren Maya (tramos 5 norte y sur, 6 y 7), mientras que el Ferrocarril Interoceánico será operado por la SEMAR. Además, se ha creado la empresa militar “Olmeca, Maya Mexica”, que administrará el Tren MayaLa paraestatal, denominada oficialmente Tren Maya, SA de C.V, estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que estará encabezada por el general Óscar David Lozano Águila. (Seguridad y Defensa, 2023) , los nuevos aeropuertos de Santa Lucía, Tulum, Chetumal y Palenque, así como los seis nuevos hoteles construidos por la SEDENA en la región y la nueva línea aérea que llevará el nombre de la extinta Mexicana de Aviación (Octavio Ortega, 2022). Esto genera lo que Robinson denomina “acumulación militarizada”, evidenciando la presencia del estado policiaco global para el aseguramiento y expansión del sistema capitalista. Cabe destacar que, según información presentada por el presupuesto de egresos de la federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre 2018 y 2024 los gastos en la secretaría de Defensa Nacional han crecido en un 320%, mientras que el de la Marina en un 229%.  

Según información presentada por Presidencia de la República en sus conferencias mañaneras de 2023m en la península de Yucatán se dio un despliegue activo de efectivos militares, en el que Quintana Roo lidera con 5,948 fuerzas operativas, Campeche 4,353 y Yucatán 4,251. Destaca que la Guardia Nacional cuenta con 20 nuevos cuarteles en los 3 estados, 11 en Quintana Roo, 4 en Campeche y 5 en Yucatán. Cabe resaltar que el Tren Maya será custodiado por el batallón de seguridad ferroviaria, que contará con 3,200 elementos de la Guardia Nacional y bases en cada una de las estaciones del tren. Adicionalmente, “se colocarán tres nuevas bases aéreas de la Fuerza Aérea Mexicana, que tendrán a disposición cinco aeronaves exclusivamente para el proyecto, además de drones para realizar el monitoreo de las vías” ​(Regeneración, 2023)​. Así mismo, se puede observar el interés transnacional por la securitización con la presencia de los comandos militares norte y sur de los Estados Unidos, con quienes las fuerzas armadas mexicanas coordinaron en 2022 el ejercicio militar Tradewinds en las costas de Belice y Quintana Roo, en el que participaron otras 23 fuerzas armadas. ​(López, 2022).​ 

En este escenario de acumulación militarizada en el sur sureste de México, cabe la pregunta del buzo y activista Michael Duhart “¿Por qué le dan el proyecto al Ejército? porque al Ejército no lo puede auditar nadie, blindan la obra nominándola como proyecto de seguridad nacional cuando el tema de seguridad nacional real es el agua” ​(Paz Avendaño, 2023)​. Así mismo, resaltamos el Artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: