Deforestación, opacidad e ilegalidad caracterizan al proyecto Tren Maya

Publicado 12 septiembre, 2023

Además de la pérdida de cobertura forestal, la obra ha impactado la dinámica de muchas comunidades y de especies que han visto alterados sus ecosistemas. Por las obras del proyecto se han rellenado cenotes, se han secado cuerpos de agua y se han abierto cientos de bancos de materiales en el territorio que también han implicado la remoción de la cobertura vegetal y la alteración del paisaje.

La mega obra de la actual administración, el “Tren Maya”, se ha caracterizado por presentar enumerables problemas e impactos ambientales y sociales, resultado de su falta de planeación y de apertura para escuchar y tomar en cuenta a las comunidades locales, a los académicos, a los investigadores y a las organizaciones de la sociedad civil.

Desde que se iniciaron las licitaciones para la construcción de la obra, las autoridades se negaron a presentar públicamente un plan maestro que transparentara el alcance e impactos del proyecto y ofreciera evidencia sobre la sostenibilidad de un proyecto de transporte que recorrerá la Península de Yucatán y los estados de Chiapas y Tabasco.

La construcción de la obra se inició aun sin contar con un trazado definitivo de la ruta del tren y sin la realización de los estudios técnicos ni las manifestaciones de impacto ambiental en tiempo y forma, siendo que la región es considera como de alto valor biológico y ambiental, y sus selvas conforman el segundo macizo de bosque tropical más importante del continente, solo detrás de la Amazonía.

De acuerdo con un estudio cartográfico desarrollado por la organización CartoCrítica,[1] en las 10,831 hectáreas ocupadas por el proyecto Tren Maya se identifican 6,659 hectáreas deforestadas por efecto de las obras constructivas, lo cual supondría que las autoridades responsables del desarrollo de la obra debieran contar con las Autorizaciones de Cambio de Uso de Suelo expedida por la SEMARNAT.

No obstante la obligación que tiene toda institución gubernamental o empresa privada, el estudio demuestra que solo el 13 por ciento de la superficie deforestada para la construcción de la obra cuenta con dichas autorizaciones. Es decir de las 6,659 hectáreas deforestadas por el proyecto, 5,769.1 hectáreas no cuentan con autorización de cambio de uso de suelo. Las instituciones responsables del proyecto cuentan con 18 autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales que amparan tan solo una superficie de 889.9 hectáreas.

Tabla 1. Superficie deforestada para la construcción del proyecto Tren maya.

Fuente: Elaboración y datos de CartoCrítica.

Cabe señalar que de las 18 autorizaciones de cambio de uso de suelo con las que cuentan los desarrolladores del Tren Maya, 16 fueron otorgadas apenas en 2023, es decir, posteriores a los trabajos de desmonte.

Lo anterior constituye un delito grave, y más aun con el incrementó en las sanciones actualizadas en el Código Penal Federal en abril de 2023 para quienes realicen conductas en contra de áreas naturales protegidas, zonas vegetales o cambien el uso de suelo forestal.[2]

La destrucción de 6,658 hectáreas de selvas en la Península de Yucatán por las obras del tren maya abona y suma al irresponsable proceso de deforestación que se ha venido desarrollando en la Península de Yucatán estimado por la Conafor en más de 40,000 hectáreas por año.

La deforestación de 6,658 hectáreas impactará sin duda en muy diversos ámbitos con la destrucción del hábitat para cientos de especies de flora y fauna. Tan solo en términos de arbolado se ha podido estimar que se derribaron más de 6 millones de árboles tomando como base los datos del Inventario Nacional Forestal que ha calculado un promedio de 900 arboles por hectárea en las diferentes tipos de selvas de la península.

México se comprometió a nivel internacional a lograr la tasa cero de deforestación para el año 2030, sin embargo, no ha podido detener este fenómeno y son las obras de mismo gobierno las que favorecen los proceso de cambio de uso de suelo.  

Con respecto al tipo de cobertura forestal deforestada para la construcción del proyecto tren Maya, el análisis de CartoCrítica refiere que el 96 por ciento corresponde a ecosistemas con vegetación de selva baja y mediana; selvas que albergan una enorme biodiversidad ampliamente documentada por la CONABIO y muchas otras instituciones de investigación.

Estudios recientes han demostrado que lo que va del siglo los megaproyectos, energéticos, mineros, agroindustriales, turísticos e inmobiliarios son los causantes de la deforestación en la Península de Yucatán y es el Tren Maya el proyecto que va a interconectar y potenciar precisamente estos proyectos y actividades extractivas.

La ley ambiental exige que los responsables de las obras deben preparar y poner a disposición de las autoridades ambientales estudios previos de impacto ambiental y solicitudes de cambio de usos de suelo, que permitan valorar los daños directos y acumulativos que causaría una obra, determinar su pertinencia y definir las acciones necesarias para mitigar los daños. Sin embargo la actual administración ha incumplido con el mandato de ley poniendo el riesgo a los ecosistemas naturales, los servicios ambientales y los territorios comunitarios y dejando un pésimo precedente de impunidad y desdeño de la ley ambiental.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en la Sección Séptima establece que para poder hacer un cambio de uso de suelo se tiene que contar con una autorización de cambio de uso de suelo por parte de la Semarnat y no antes; y que la autoridad podrá autorizar el cambio solo de manera excepcional.

Los cambios de uso de suelo, de acuerdo con la ley forestal, sólo se podrán autorizar cuando no alteren las dinámicas de los ecosistemas ni generen impactos severos sobre los ecosistemas.

Además, en el caso de “terrenos ubicados en territorios indígenas, la autorización de cambio de uso de suelo deberá acompañarse de medidas de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, en los términos de la legislación aplicable. Para ello, la Secretaría se coordinará con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”.[3]

La ley señala que en caso de desmonte sin autorización, la autoridad no podrá autorizar cambios de uso de suelo en los próximos 20 años posteriores.

Frente a lo anterior, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha mantenido una actitud pasiva en torno a las denuncias ciudadanas sobre la deforestación ilegal con el proyecto del Tren Maya, pues constituyen un incumplimiento y son actos tipificables como delitos ambientales.

El Código Penal Federal establece sanciones por 9 años de cárcel para quien realice desmonte y cambios de uso de suelo sin contar con autorizaciones de la autoridad competente.

El proyecto del tren tiene una repercusión directa en los servicios ambientales que utilizan las comunidades y pobladores de la Península de Yucatán. Se están cometiendo irregularidades que generan severos impactos ambientales, ante las cuales el Poder Judicial ha emitido sentencias para la suspensión de las actividades de construcción del proyecto, sin embargo estas no han sido acatadas por los responsables.

El severo daño ambiental ni las violaciones de derechos de las comunidades de la Península de Yucatán han sido suficientes razones para detener esta obra, que se ha caracterizado por la opacidad, la negligencia y la ilegalidad.