Entre la dinamita y el desmonte: familias afectadas por los bancos de materiales en Umán

Las viviendas de los habitantes de Xcucul Sur, en el municipio yucateco de Umán, han sufrido daños estructurales causados por las detonaciones en un banco de materiales cercano. A pesar de que el área está clausurada las empresas infringen la ley priorizando sus ganancias sobre el riesgo al que tienen sujeta a la población.

Rubén Ortíz vive en Xcucul Sur, en el municipio de Umán, y frente a un banco de materiales donde, desde 2021, se realizan explosiones con toneladas de dinamita. Lo único que separa al terreno donde levantó su casa de la cantera son poco menos de dos metros. Desde ahí, asegura, hasta hace muy poco las detonaciones se sentían “como un rayo que cae sobre la casa y lo sacude todo”.

“Eran extremadamente fuertes. No tanto por el sonido sino por lo imprevisto, lo hacían sábados en la tarde, domingos en la mañana, diría hasta de forma artera. Nos dejaba completamente destanteados, yo quedaba como un zombie. Era horroroso escucharlo y después sentir las piedras cayendo, el polvo que se levanta”, dice Rubén, en entrevista con Jaltun. 

El 16 de julio pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el banco de materiales tras una denuncia interpuesta por Ortíz. El 24 de julio, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del estado de Yucatán también clausuró la entrada a ese predio. 

En 2021, Proser SA de CV, la empresa posicionada sobre el área, emitió una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) solicitando la ampliación de su permiso de explotación. Pidió que se pudiera extraer material pétreo hasta 4 metros por debajo del manto freático.

Sin embargo, en la misma MIA dijo que “no se requeriría la remoción de ningún tipo de vegetación” y que no efectuaría detonaciones con dinamita. Nada de eso se cumplió.

“En la MIA se comprometieron a reforestar, pero la formación de esta tierra y el bosque tardó miles de años, no hay reforestación que pueda recuperarlo”, explica Charles Gaillard, antropólogo que estudia los impactos de los bancos de materiales en Yucatán. 

La cantera en cuestión ha pasado de mano en mano: originalmente, el terreno de 5 hectáreas era de la empresa Proser, propiedad de David Bolio Cervera.

En 2023, Bolio Cervera vendió el área a Banco Zamudio quien, a su vez, decidió rentarle el terreno a la empresa Adobe Constructora y Consultoría SA de CV. Esta última, afirman en la zona, habría vendido el material extraído a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la expansión del Tren Maya.

Precisamente, Julio Pool, representante de Adobe, dijo a los vecinos de Xcucul Sur que contaba con un contrato para abastecer con producto minero la construcción de los durmientes del mega proyecto en la zona que se extiende desde Poxilá hasta el puerto de Progreso.

En Yucatán, sólo en el lapso comprendido entre 2018 y 2024 se han autorizado 53 bancos de materiales. Seis de ellos, ligados directamente a las obras del Tren Maya. De la cifra total de sascaberas avaladas, 12 se ubican en el municipio de Umán, de acuerdo con un listado de la Secretaría de Desarrollo Sustentable entregado al antropólogo Gaillard vía Transparencia.

El conflicto más reciente con Banco Zamudio inició hace un par de meses porque el empresario ocupó más tierra y deforestó un área verde destinada a respetarse como zona de amortiguamiento. Roberto Zamudio, dueño actual del banco, aseguró a las y los vecinos que había comprado las 5 hectáreas de las tierras ejidales y quería deforestar todavía más terreno, pero el pueblo protestó.

Sin embargo, en una asamblea con el empresario concretada el 20 de septiembre del año pasado los ejidatarios accedieron a darle 2.5 hectáreas más. En dos días, Banco Zamudio acabó con un bosque que había tardado más de dos décadas en crecer.

Ahora, con sus casas dañadas por efecto de las explosiones, esos mismos ejidatarios sienten que no tienen derecho a protestar porque cedieron las tierras. Por su parte, los pobladores que no fueron consultados cuando se cerró el trato con la empresa exigen justicia.  

En entrevista con Jaltun, distintos habitantes de la comunidad maya compartieron que Zamudio nunca se ha hecho responsable del daño ambiental que viene generando. El propietario de la minera prometió que no habría detonaciones y, además de destruir el monte, no ha hecho más que acercar las explosiones a las casas. La empresa incluso desalojó con violencia a una persona que vivía en el terreno luego deforestado.

Los vecinos dicen que sus techos se están cayendo, las paredes están cuarteadas y la lluvia se filtra en las viviendas. Las detonaciones del banco cercano provocan daños estructurales que demandan reparaciones con costos por encima de los 20 mil pesos. Algunos habitantes han comenzado a arreglar sus casas con sus propios medios debido a la peligrosidad de los daños. 

“Ya ganaron su buena lana de acá, pero insisten en ‘recuperar su inversión’. ¿Y a nuestras casas quién las repara? Lo que queremos es que se vayan”, expresaron.

Los acuerdos incumplidos

Don Rubén comenzó a denunciar al banco de materiales en 2021 porque, dice, “en ese tiempo nos sacudían muy fuerte“. Al principio no sabía a qué instancia tenía que ir. Fue a Protección Civil, la Fiscalía, llamó a Atención a Víctimas, hasta que consiguió el correo electrónico de una instancia militar de Valladolid. Envió un correo que sólo decía: “Uso incorrecto de explosivos”. A los tres días, la Sedena tocó a su puerta.

La Sedena realizó inspecciones a la empresa Proser, dueña en ese entonces del banco de materiales, y constató que usaba 5 mil kilos de dinamita y tenía prohibido realizar explosiones debido a la cercanía a la comunidad. A lo largo del tiempo, las empresas han respetado de forma intermitente esta prohibición, pausando por meses las detonaciones pero volviendo a realizarlas sin permiso ni previo aviso al pueblo. 

Banco Zamudio empezó a efectuar explosiones en junio de este año. Su dueño insiste en que necesita hacer las detonaciones para que su negocio sea redituable mientras que la población enfatiza que está prohibido.  

Recientemente, Zamudio trasladó la responsabilidad a la empresa Adobe, que renta el banco de materiales. El 15 de julio, Adobe Constructora y Consultoría envió una carta a Rubén Ortíz en la que dijo que la empresa se retiraría del área a más tardar el 26 de este mes. Pero que antes necesitaba “salir en un ámbito decoroso de lo que se podría considerar una inversión con pérdida“. La compañía anticipó que ejecutaría de tres a cinco voladuras antes de irse. 

Rubén les volvió a decir que no. Tras esa negativa, un representante de Adobe visitó la comunidad para intentar convencer a Ortíz de que retire la demanda ante la Sedena y firme un permiso para las detonaciones. El vecino respondió que no lo haría sin el visto bueno del pueblo. El reciente domingo 20, el empleado de la minera se presentó en Xcucul Sur por última vez: la población mostró su hartazgo anticipando que tomaría medidas fuertes si Adobe no respetaba la ley y la voluntad popular.

La explosión de la comunidad

El 22 de julio al mediodía, una máquina entró a la cantera. Alertados luego de ver a varias camionetas de Banco Zamudio, los vecinos se reunieron sobre la carretera lindera a la sascabera. Hombres, mujeres e infancias llegaron hasta donde estaba la máquina para preguntar por qué se encontraba ahí si el predio está clausurado. El trabajador respondió que solo seguía órdenes y los pobladores cerraron las entradas a la cantera con piedras y palos.

En ese contexto, otro trabajador de Banco Zamudio llegó al lugar en su automóvil y los pobladores le explicaron que estaban cansados de que la firma no cumpla su palabra, que tenían prohibido seguir trabajando y ya no iban a soportar más detonaciones. Las y los vecinos avisaron que cerrarían el paso, pero aún así el trabajador decidió entrar. 

Un par de horas más tarde, Claudio Zamudio, hijo del dueño de la cantera, llegó en una Jeep con más hombres. Para entonces las cosas ya se habían calentado. Fueron los mismos pobladores quienes llamaron a la policía municipal de Umán para que las cosas no se terminaran de salir de control. Sólo pedían que las personas ligadas a la minera se fueran del terreno porque estaba prohibida cualquier operación.

A pesar de que una decena de personas quiso hablar con el mismo Claudio Zamudio para expresar su hartazgo debido a la falta de acuerdos y el daño que las detonaciones han hecho a sus casas, el también empresario ignoró a los pobladores y únicamente dialogó con la policía.

Otro trabajador de Zamudio identificado como Alberto Sandoval buscó deslindar responsabilidades afirmando que no había sido personal de esa compañía el que acudió el domingo 20 a hablar con los pobladores, sino los representantes de Adobe.

“Ese es el problema: cuando se trata de reparación de las casas nadie es responsable, pero cuando se trata de sacar material todos dicen que tienen permiso. Son nuestras casas, el patrimonio de nuestros hijos. ¿A ti te gustaría que vayan a detonar bombas a la puerta de tu casa? Ya aguantamos demasiado, que den la cara”, concluyó uno de los vecinos afectados.