El Tren Maya de carga se expande beneficiando a élites inmobiliarias y acaparadores de tierras
Publicado 21 octubre, 2025
Ya en fase de construcción, el ramal de carga del megaproyecto divide ejidos a su paso y provoca una nueva destrucción de la selva en Yucatán. En una primera etapa, la intención de los gobiernos federal y estatal es utilizar al ferrocarril para mover mercancías y productos hacia el puerto de Progreso. Grandes acaparadores de tierra serán los principales beneficiados con las indemnizaciones que se pagarán por la expropiación de terrenos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acaba de publicar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el nuevo ramal de carga del Tren Maya en Yucatán, el mismo que conectará Poxilá con el puerto de Progreso. El trazo de la vía férrea confirma las sospechas de comunidades mayas campesinas como Ucú, donde hace escasas semanas se denunció que el megaproyecto pasará por terrenos que se encuentran en disputa desde hace más de 10 años.
Las sospechas de las y los vecinos se originaron un año atrás, momento en que un grupo de topógrafos llegó a hacer mediciones y estudios de la vegetación. Pero también cuando un grupo de empresarios mostró el futuro trazo del Tren Maya a Felipe Quintal Dzul, actual presidente del comisariado ejidal de Ucú. Un recorrido que hasta ese momento no era público y mucho menos contaba con una MIA.
¿Quién filtró la información? Las identidades se desconocen pero sí se sabe que, además de afectar tierras en Ucú, el ramal de carga del Tren Maya partirá al ejido de Sierra Papacal en dos y también atravesará una parte de los ejidos Chelem, Hunucmá y Umán.
Los campesinos de esas zonas afirman que la ruta trazada para el ferrocarril está hecha para favorecer a aquellos empresarios que se han dedicado a acaparar tierras en el estado. Los hechos parecen darles la razón.
El negocio del acaparamiento
Para adquirir los terrenos donde se hará la construcción de las vías férreas, el gobierno federal está emitiendo decretos de expropiación por causa de utilidad pública que obligan a los posesionarios del territorio a ceder sus tierras a cambio de una indemnización o compensación económica. En los hechos: se trata de una venta obligada de la tierra.
El problema con esta medida estriba en que, si bien en teoría el dinero debería pasar a los ejidos, la realidad es que el gobierno está comprando tierras a un puñado de empresarios que, durante años, se han dedicado a apropiarse y concentrar terrenos ejidales a través de asambleas irregulares e invasiones a la propiedad. Así lo demuestra una rigurosa investigación interna del Registro Agrario Nacional (RAN) a la que Jaltun tuvo acceso.
Por ejemplo, para los trabajos de construcción en el ejido de San Antonio Poxilá, en Umán, donde el Tren Maya tendrá una estación de carga, el gobierno federal ordenó la expropiación de más de 40 hectáreas del empresario Juan Carlos Briceño González, el mismo que en 2019 fue acusado de incorporarse irregularmente como ejidatario en Chocholá, Kinchil, Samahil y otras siete comunidades en Yucatán.
En Poxilá, y justamente ese mismo año, Briceño González adquirió el dominio pleno de varios predios entre los meses de julio y agosto. Los cambios, como consta en los registros del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, los ordenó la delegada del RAN en el estado, Maricela González Castillo, y por mandanto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
La historia se repitió en al menos otros dos terrenos en Umán. Uno, perteneciente al exdirector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Yucatán, José Renán Canto Jairala, quien obtuvo el dominio pleno de una de esas tierra en 2022. Y el otro a favor del exsubprocurador de justicia de Yucatán, Rafael Acosta Solís, quien en 2019 recibió el lote bajo la figura de “adjudicación gratuita” por instrucciones de González Castillo y a partir de una decisión concertada desde el Gobierno federal.
El caso de Acosta Solís es particularmente problemático: según consta en las investigaciones internas del RAN, es el mayor acaparador de solares de todo México. En Yucatán controla más de 896 hectáreas divididas entre los ejidos de Bolón, Umán y Chelem. Se trata de las mismas tierras que, según consta en la Dirección de Catastro, resultarán expropiadas para el ramal de carga del Tren Maya.
Especulación y despojo: los casos de Chelem y Sierra Papacal
En 2007, la Asamblea ejidal de Sierra Papacal autorizó un cambio de destino de 27 hectáreas de tierras de uso común. Los beneficiarios fueron Jorge Carlos Luján Gamboa y René Iván Viana Centurión, ambos empresarios de origen yucateco. Viana Centurión aparece en actos jurídicos relacionados con la industria refresquera, y además, ligado a la empresa Almacenes Maxcanú.
Por su parte, Jorge Carlos Luján Gamboa es hermano del empresario Roberto Luján Gamboa, administrador de tres empresas con objetos sociales que lo vinculan al sector inmobiliario: Servicios Operativos Main, Distribuidora y Comercializadora Peninsular, y Administradora y Gestión Integral.
Los dos –Viana Centurión y Luján Gamboa– adquirieron derechos ejidales en Sierra Papacal de forma irregular, pues en la misma asamblea que se autorizó el cambio de destino de las tierras a ambos se les otorgó un certificado agrario que los convirtió en ejidatarios de forma automática.
Estos actos fueron autorizados por Miguel Jiménez Pérez, visitador de la Procuraduría Agraria en Yucatán de ese entonces. Y fueron avalados por Brígido Aguilar Sánchez, escribano 29 de Mérida.
Tres años más tarde, el 14 de noviembre de 2010, la historia volvió a repetirse, pero en esa ocasión ya no fueron solo 27 hectáreas: casi 3 mil pasaron de tierras de uso común a parcelas. La asamblea fue avalada por Hernán Cetina Lizárraga, titular de la Notaría Pública de Mérida número 58.
Los beneficiados fueron otros ocho individuos que, según el acta de Asamblea ejidal, se repartieron casi 380 hectáreas en el mismo polígono del ejido de Sierra Papacal. Sus nombres: Antonio Pavia Ruz, Pedro José Sierra Molina, Luis Manuel Rosario García, Eduardo Francisco Acosta Paz, Lenin Lorenzo León Cen, José Alejandro Ávila Salazar y Ricardo Santos Padrón.
El polígono en cuestión ha sido epicentro en los últimos años del desarrollo inmobiliario en esa zona de Yucatán. Concentra al Parque Científico y Tecnológico del estado, el Polígono del Bienestar Mérida I, y desarrollos inmobiliarios como Ciudad Maderas, que si bien se construye en el ejido vecino de Chuburná Puerto –y sobre el que también pesan denuncias por despojo– colinda con las tierras de Sierra Papacal por donde pasará el tren de carga.
Sus vías, según consta en la MIA del nuevo ramal, se extenderán hacia el norte y hasta el ejido de Chelem. Terminarán en el Campestre Flamboyanes. En su paso por Chelem, el Tren Maya deberá expropiar terrenos que en 2008 fueron asignados como solares en asambleas irregulares a empresarios como Hilario Paredes Quej, Ricardo Javier Gamboa García, María de los Ángeles Solís Cámara Jiménez Canet, María de Lourdes Zentella González; Abel Muñiz Lagunes, Ruy Pastor Cárdenas Díaz, Rubisel Zurita Cabrales y Fernando Sahagún Pérez.
Esta asignación ocurrió el 13 de octubre de 2008 y fue avalada por Carlos Alberto Gamboa y Gamboa, titular de la Notaría Pública de Mérida número 28.
Acaparar tierras, un negocio cada vez más consolidado en Yucatán
Estos nombres y apellidos importan, pues se relacionan con grandes acaparadores reconocidos por el Registro Agrario Nacional. Por ejemplo, el notario Gamboa y Gamboa tiene relación familiar con Carlos Alberto Génova Gamboa, quien según los documentos en 2021 fue el segundo mayor acaparador de parcelas del país con 3.416 parcelas. En el ejido de Progreso, este mismo empresario tiene presencia en vínculo con Antonino Almazán Arteaga.
Por otro lado, María de Lourdes Zentella González, siempre según información del RAN, está relacionada con operaciones irregulares de acaparamiento de tierras junto a otros empresarios de la península como Carlos Enrique Abraham Mafud, Juan Pastor Almanza Arteaga (hermano de Antonino Almanza Arteaga), Vicente de Jesús Matus Castañeda, Carlos Alberto Génova Gamboa y Fernando Sahagún Pérez.
Sahagún Pérez recibió solares en Chelem, donde figura como ejidatario. Hacia fines de 2024 este empresario acumulaba 724 parcelas en la península de Yucatán que sumaban 223.2 hectáreas.
Aunado a esto, el 8 de mayo de 2018 la Asamblea ejidal de Chelem autorizó el cambio de destino de algo más de 1.295 hectáreas a asentamiento humano para la posterior creación de 8.146 solares. Esa asamblea también fue avalada por Hernán Cetina Lizárraga.
De ese total de solares, 6.169 se repartieron entre los empresarios —reconocidos como ejidatarios— Rafael Acosta Solís, Miryan Santiago Martínez, Miguel Adrián Marcos Nader y Adriana Cecilia Burgos Chacón. Esos lotes se ubican en el polígono ejidal por donde pasará el ramal de carga del Tren Maya.
El antecedente de Kanasín y Antonino Cascio
Si las expropiaciones para la construcción del Tren Maya favorecen a estos empresarios, el caso de la estación Teya en Kanasín se repetiría. Recientemente, Jaltun expuso que esa estación se construyó sobre terrenos ligados a Antonino Cascio González. El Registro Agrario Nacional investiga a este empresario por considerarlo, también, uno de los mayores acaparadores de tierra del país.
Hacia 2024, Cascio González era el principal accionista de la inmobiliaria Gaessko, con 35 millones de unidades, según consta en actas del Registro Público de Comercio.
Pero el punto clave se ubica mucho antes en el tiempo: el 18 de agosto de 2023, Cascio González transfirió a Gaessko, mediante una “aportación social”, varios terrenos en Kanasín con un valor catastral de entre 33.6 y 50.7 millones de pesos. Esa figura legal permite ceder un terreno a una desarrolladora a cambio de participar en las ganancias del proyecto construido.
Dicho movimiento, unido al posterior incremento de su participación accionarial en Gaessko, le permitió capitalizar con celeridad el valor de los terrenos. Lo más significativo es el momento en que se llevó a cabo la “aportación social”: justo antes de que se hicieran públicos los decretos de expropiación para el Tren Maya, lo que indicaría un conocimiento previo de los planes gubernamentales.
