Organizaciones presentan informe que documenta militarización, ecocidio y despojo en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya

Graves e irreparables violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos, a los derechos
indígenas y a los derechos de la naturaleza: estos los hallazgos de la “Misión Civil de Observación
sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya en los estados de Quintana Roo y Campeche
(Tramos 5, 6 y 7)”, cuyo informe fue presentado el martes 25 de noviembre en el Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro de la CDMX.

Dicho informe es resultado de un recorrido realizado en abril pasado por organizaciones sociales,
ambientales y de derechos humanos, y personas investigadoras académicas para documentar de
manera directa las transformaciones en los territorios de comunidades indígenas y locales por la
construcción y operación del megaproyecto ferroviario. Con indignación y tristeza, habitantes de los
territorios visitados señalaron la opacidad e impunidad en el actuar de empresas constructoras y de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) frente a las afectaciones socioambientales
provocadas por la obra que sigue en expansión.

Académicos de la UNAM, la UAM y el INAH, así como el Tribunal Internacional de Derechos de la
Naturaleza y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos acompañaron como observadores el recorrido. La Misión dio seguimiento al Tribunal
Internacional de Derechos de la Naturaleza, caso Tren Maya, celebrado en mayo de 2023, en
Valladolid, Yucatán.

El informe, elaborado por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Centro Comunitario
U kúuchil k Ch’i’ibalo’on (organizaciones de base participantes del Congreso Nacional Indígena),
Cenotes Urbanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el Tribunal Internacional
por los Derechos de la Naturaleza, los centros de derechos humanos Frayba y Kanan, Greenpeace,
Jaltun, OLAG, OMAL y Terravida, ofrece un diagnóstico actualizado, agudo y alarmante que ratifica
la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza de 2023, mediante la cual se
advirtió el carácter etnocida y ecocida del megaproyecto Tren Maya.

La presencia de las Fuerzas Armadas en la región —en estaciones, hoteles, caminos, bancos de
materiales, parques, zonas arqueológicas, e incluso escuelas— ha instaurado un clima de miedo e
indefensión. Testimonios recabados por la Misión de Observación refieren abusos de poder, daños
a parcelas y tierras comunales, explotación de fuentes de agua y cercamiento de espacios públicos.
Habitantes denunciaron que no existen canales efectivos para exigir reparación o atención a los
daños causados por personal militar, lo que, según las organizaciones, ha consolidado una
autoridad paralela que desplaza a las instancias civiles.

Otro de los puntos críticos que presenta el informe es el incremento de violencias criminales e
institucionales. En los tramos del sur, donde antes predominaban territorios rurales con bajo índice
delictivo, arrecian las violencias vinculadas a la expansión de economías ilegales. Las disputas
criminales, antes concentradas en polos turísticos como Cancún y Playa del Carmen, hoy alcanzan
los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco. La ocupación militar ha
incrementado la percepción de inseguridad e impunidad, explican las organizaciones.

En el aspecto ecológico denuncian que la construcción del megaproyecto, así como las obras
paralelas impulsadas, han generado una extendida e irreversible degradación ambiental:
deforestación de más de 11.000 has de selva, fragmentación de ecosistemas, perforación y
destrucción de cenotes y cavernas, alteración de humedales, contaminación del acuífero y pérdida
de hábitat de especies emblemáticas ya son visibles en los tres tramos evaluados sin que se haya
realizado ninguna acción de mitigación. Ha sido evidente la actuación irresponsable de la Sedena y
la omisión de Profepa y Semarant.

A ello se suma la expansión inmobiliaria y turística que el propio tren ha detonado. Esa expansión
está acelerando los procesos de privatización de las tierras ejidales, mediante dinámicas
especulativas que han disparado el valor de la tierra en zonas aledañas a la vía, generado presión
y dificultades en los ejidos. Asimismo, se ha registrado un aumento de asentamientos irregulares y
desarrollos turísticos sin permisos ambientales ni urbanos.

La Misión Civil de Observación también constató que los mecanismos empleados para exigir justicia,
principalmente el juicio de amparo, han sido insuficientes. Más de 50 demandas de amparo
interpuestas desde 2020 no lograron detener daños ni modificar el curso del megaproyecto, mientras
medidas cautelares ordenadas por juzgados federales fueron desacatadas por el gobierno. La obra
en su totalidad se construyó violando la normatividad ambiental vigente en México y acuerdos
internacionales, blindándose con decretos presidenciales que declararon el Tren Maya como un
proyecto de “seguridad nacional”. La reciente reforma judicial, apuntan, ha debilitado aún más la
imparcialidad del sistema jurídico frente a megaproyectos de carácter estatal y militar.

Pese al escenario adverso, el informe subraya que persiste un tejido social activo. Colectivos
comunitarios, asambleas ejidales, redes de científicos y organizaciones locales continúan
articulando acciones sociales y legales para defender los territorios, y derechos humanos y de la
naturaleza. Según el documento, estas expresiones de organización representan uno de los
principales contrapesos ciudadanos frente a los efectos agravados del megaproyecto.

Las organizaciones convocantes demandan a las autoridades federales asumir con urgencia las
responsabilidades ambientales, sociales y jurídicas derivadas de la construcción y operación del
Tren Maya, incluyendo el nuevo tren de carga; y exhortaron a garantizar la protección de la Selva
Maya, del acuífero peninsular y de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y locales.
El informe completo se encuentra disponible para consulta pública en la página web de las
organizaciones participantes en la Misión Civil de Observación.