Despojo en Baca: tierras arrasadas por empresarios y acecho de inmobiliarias

Campesinos del ejido Baca, en Yucatán, denuncian la ocupación ilegal de más de 160 hectáreas de tierras de uso común por parte del empresario Pedro Solís Millet, pese al rechazo de la asamblea ejidal. Afirman que él y otros magnates operan con contratos leoninos, deforestando impunemente con complicidad gubernamental. La lucha por la tierra revela un patrón de acaparamiento en la península: élites agrarias concentran miles de hectáreas.

Baltazar Matu escuchó las máquinas a lo lejos y temió lo peor: “Están deforestando”. Era finales de mayo, y lo que parecía ser un día común y corriente en su parcela se transformó de manera radical.

“Estaba la maquinaria metiéndose a nuestro terreno, en el plantel de Cayetano. Ya habían tumbado algunos árboles y vinimos a pararlos. Pero a un lado devastaron todo”, recuerda el campesino del ejido Baca, en Yucatán.

Jaltun acompañó a Matu y a otros 20 pobladores y ejidatarios a una recorrida reciente por la zona arrasada. A las espaldas de los habitantes de Baca más de 160 hectáreas ya habían sido deforestadas. Los pobladores y este reportero dieron con los árboles derribados y la maquinaria operando impunemente.

“Las tierras son de uso común del ejido y nadie autorizó su tala. Detrás de esto, que es un ecocidio, está el empresario Pedro Solís Millet”, afirma uno de los campesinos.

Cronología de un despojo

En octubre de 2024, Pedro Solís Millet solicitó a la Asamblea Ejidal de Baca el usufructo de 167 hectáreas de tierras de uso común del ejido para, supuestamente, realizar actividades ganaderas.

En asamblea, los ejidatarios rechazaron la oferta de Millet, pues el contrato de usufructo que envió con uno de sus representantes tenía cláusulas ventajosas únicamente para el empresario. Isidro Pech, ejidatario de Baca, rememora ese momento:

“La convocatoria en la cual se negó la autorización fue el 22 de octubre. Ese día nos reunimos, como debe ser, y nos dijeron que el señor Millet quería más de 160 hectáreas. Nosotros les dijimos que nos mostraran los contratos y el representante del empresario nos dijo que no los tenía a la mano. Ahí le dijimos que cómo era posible que viniera a una asamblea sin contrato, que no podíamos tomar una decisión sin leerlo. Ahí, el señor nos comentó algunas de las cláusulas, y fue cuando dijimos que no, pues no establecía ninguna contraprestación. Querían tener derecho por la tierra de aquí a 30 años. Y lo más importante, nos decían que si hubiera un cambio de uso de suelo, ellos tendrían preferencia”.

La situación que relata Isidro Pech es, en realidad, una de las prácticas más comunes en los procesos de acaparamiento de tierras por parte de los empresarios del despojo. Consultado por Jaltun, Flavio Ayuso, abogado agrario, explica:

“En la mayoría de los contratos de usufructo encontramos cláusulas completamente desventajosas, leoninas y, sobre todo, contratos muy ambiguos en el sentido de que no establecen, en la mayoría de los casos, el proyecto que se va a llevar a cabo. Lo que les interesa es la tenencia de la tierra. Por eso, a veces, cuando alguien de casualidad se entera y ve que es una cantera o que es agroindustria, ahí ya empiezan a saltar las alarmas, cuando en teoría toda esta información tendría que estar en el contrato de usufructo”.

Y añade: “Muchos de estos contratos de usufructo también son especulativos. Hay intermediarios que lo que hacen es conseguir la tierra y en el contrato de usufructo ponen una cláusula que permite la cesión de derechos del propio usufructo. O sea, como un subusufructo. Claro, ya sin la autorización de la asamblea. En la realidad, lo que sucede es que si a mí me aprueban un usufructo, tengo asegurados 60 años la tierra, entonces voy con alguien que quiera invertir o hacer algo y le digo: ‘Pues ya tengo un contrato, hagamos otro trato’. Ahí, el que tiene la tierra se beneficia con el triple de lo que pagó al ejido”.

Una historia marcada por las irregularidades

En el caso de Baca, Pedro Solís Millet ni siquiera logró el contrato. La asamblea lo rechazó con 67 votos en contra frente a 32 a favor. Sin embargo, en mayo de este año entró con maquinaria pesada desmontando y devastando esta área. Afectó gravemente el medio ambiente y las tierras de uso común.

Ante esto, los ejidatarios interpusieron diversas quejas ante las autoridades. Lo hicieron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quienes dijeron que irían a suspender el desmonte pero nunca llegaron.

También pidieron la intervención de la Procuraduría Agraria, y esta última instó a que se convoque una asamblea ejidal para que la comisaria actual, Araceli Herrera, informe sobre lo sucedido y los ejidatarios tomen una decisión al respecto.

Aunque la asamblea representa un avance, los ejidatarios y pobladores de Baca reiteran que éste no es el único caso que las autoridades deberían revisar. Por ejemplo, el año pasado las y los vecinos denunciaron a empresarios como Chikri Abimerhi, Alberto y Rafael Yáñez Castro, y Jorge Alberto Cantú Damián, por invadir ilegalmente tierras de uso común sin que nadie haga nada al respecto.

El primero, Abimerhi, se apropió de una serie de extensiones de tierra en el ejido de Baca —de 7 a 8 hectáreas en distintos momentos— sin permiso expreso de la asamblea.

Por su parte, Alberto y Rafael Yáñez Castro ocuparon tierras para una gasolinera en el ejido —entre 21 y 30 hectáreas— sin documentación ni usufructo legal.

Mientras que Jorge Alberto Cantú Damián, administrador único de la inmobiliaria Industrial Bestweld, ha utilizado papeles sin validez legal para apropiarse de terrenos. Él no es originario de Baca, pero adquirió de forma irregular un derecho agrario de un ejidatario fallecido.

“¿Cómo es posible que para estos empresarios sí haya tierras y para la gente de Baca no?”, se pregunta Baltazar Matu. Su cuestionamiento encierra una problemática estructural: el proceso acelerado de despojo y acaparamiento de tierras ejidales que, sin que las autoridades intervengan, se extiende por toda la península de Yucatán.

Los señores del acaparamiento

Rosa María es viuda de un ejidatario de Baca, y por derecho le corresponde acceder a tierras. Su nombre aparece en el padrón de ejidatarios desde 2017. Sin embargo, cuando comenzó a exigir sus derechos, el excomisariado ejidal le dijo que no había tierras para ella. El mismo caso ocurre con Irma, quien también aparece en el padrón ejidal y tras la muerte de su padre exigió lo que por derecho le corresponde.

“Yo lo que quiero es un pedazo de tierra para poder trabajarlo. No lo quiero vender. No hay nada como la vida de un campesino, tener algo propio para conservar la naturaleza y tener un sustento”, dijo a Jaltun durante la recorrida, mientras a su lado la maquinaria continuaba devastando el monte en tierras de uso común del ejido, mismas que el excomisariado afirmó que no existían.

De acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN), y después de que el ejido de Baca se inscribiera al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) en 2001, sus tierras están compuestas por 4 mil 990 hectáreas parceladas y 868 destinadas a uso común, que deberían corresponderle al resto de los pobladores del ejido como Irma y Rosa María.

Sin embargo, ellas, como muchas otras personas de Baca, tienen papeles pero no tierras. El avance de la privatización y la venta de tierras que son de propiedad social en la península de Yucatán viola la Ley Agraria y en muchos casos la legislación ambiental —dado que un buen número de esas tierras son terrenos forestales—, y también los derechos humanos y de los pueblos indígenas que habitan estos territorios.

El parteaguas legal que permitió la mercantilización de la tierra fue la reforma agraria de 1992 con el Procede, programa que, como explica Flavio Ayuso, delimitó las tierras en distintos tipos —común, parceladas y asentamiento humano—. Esta reforma incorporó mecanismos legales que vienen siendo aprovechados por actores empresariales y políticos con mayor capital jurídico y económico.

“Históricamente, las transacciones de tierras ejidales existen desde antes del Procede de 1992, pero la reforma institucionalizó la posibilidad de privatizar las tierras con el cambio a dominio pleno. A pesar de esto, más del 50% del territorio nacional sigue siendo propiedad social, gran parte manejado por comunidades originarias con una cosmovisión diferente sobre la tierra. Sin embargo, el acaparamiento de tierras está aumentando, impulsado por la visión desarrollista del gobierno y proyectos como el Tren Maya, que han incrementado la especulación y presión sobre la propiedad social en Yucatán para desarrollos inmobiliarios y energéticos. Esto ha creado una narrativa de que la península es un buen lugar para invertir, pero este ‘desarrollo’ es cuestionado en cuanto a quién beneficia, ya que los pueblos se quedan sin tierra”, comenta el abogado.

Ayuso identifica a grupos de élites y familias de la talla de los Solís Millet, Abimerhi, Mafud, Loret de Mola, Abraham y Antonino Mazán como los principales actores que acaparan y despojan tierras. Ellos, asegura, operan con “dispositivos de despojo agrario” en tanto combinan relaciones jurídicas, políticas y económicas para arrebatarles territorios a los pueblos.

Precisamente, a finales de 2024 el Registro Agrario Nacional filtró una investigación interna donde menciona a estas y otras familias entre los actores que han acaparado miles de hectáreas de tierras en el país. En total, la investigación señala que en Yucatán apenas 36 personas concentran casi 40 mil hectáreas.

Este proceso, afirma el abogado, ha sido posible gracias a la complicidad de las instituciones. Por ejemplo, de la Procuraduría Agraria, la cual ha tenido un papel clave en la legitimación y legalización de actas de asamblea amañadas y contratos irregulares.

Otro caso es el del RAN, considerado el último actor en la cadena de legalización del despojo pues ha sido clave en la validación de actas de asamblea, en muchos casos irregulares, y en la formalización de la privatización al expedir títulos de propiedad. Ayuso señala que el RAN no ha actualizado su función con un enfoque de derechos ambientales y humanos, y que no existe una coordinación íntegra con la Procuraduría Agraria.

Las responsabilidades se extienden a otras autoridades ambientales como Semarnat y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), las cuales también deberían intervenir ya que la problemática agraria genera importantes afectaciones ambientales y territoriales.

“En resumen, la lucha por la tierra se agrava por la corrupción e impunidad sistémica que los ejidatarios perciben en estas instituciones”, concluye Ayuso.

Los pobladores de Baca añaden: “Le tenemos que dar prioridad al pueblo. No le podemos dar prioridad a alguien que desconocemos y que va a cometer ecocidios como éste. Si las tierras se las dan a una persona del pueblo, obviamente, todo el sustento que él vaya a tener de esa tierra, ¿dónde lo va a gastar? En la tiendita, se va a ir a la tortillería, se va a ir a la panadería, se va a ir al mercado. El empresario, cuando tiene las tierras, va a gastar su dinero en Francia, en Alemania, en Dubái. Queremos que entiendan que la tierra es nuestra y no nos vamos a ir”.