Deforestación ilegal y excrementos: Bachoco, otra avícola que arrasa con la selva de Kinchil

La avícola ha hecho de los montes de Yucatán el sitio predilecto para arrojar cientos de toneladas de las excretas que se generan en sus mega granjas de pollos y gallinas. Al igual que su similar Crío, la compañía destruye la vegetación y traslada los residuos en convoyes de volquetes. Colectivos de apicultores y vecinos mayas de la comunidad de Kinchil denuncian la inacción de los organismos de control.

La industria avícola en Yucatán se ha vuelto una imitadora perfecta de las peores prácticas que ya distinguen a las porcícolas que operan en la Península. Además de ejercer la explotación laboral y animal, depredar los recursos hídricos del territorio, y avanzar con la instalación y operación de mega granjas, incluso con clausuras realizadas por parte de los organismos de control, las empresas que lideran el negocio han hecho de la selva del estado su espacio predilecto para el descarte de toneladas y toneladas de excrementos de pollos y gallinas. Se trata de una práctica que, partiendo del desmonte ilegal, propicia los peores efectos: aniquila por completo el ecosistema circundante, contamina las reservas de agua y, además de volver el aire irrespirable por kilómetros, atenta contra las actividades económicas de las que dependen las comunidades mayas de alrededor.

Por supuesto, nada de esto ocurre sin una complicidad evidente de los sectores gubernamentales y judicial, que en los últimos años apenas si se han pronunciado respecto de esta problemática, siendo que los colectivos y organizaciones indígenas que padecen los efectos de estos tiraderos han presentado denuncias y exponiendo este desastre de forma pública en reiteradas oportunidades.

Una muestra de cómo los organismos hacen gala de una intervención que no pasa de lo testimonial, tiene lugar en el caso de la mega granja que Crío está montando en un terreno a 7 kilómetros de Kinchil –oeste de Yucatán, distante a poco más de media hora de Mérida, la capital del estado– pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) estableció la clausura definitiva de esas instalaciones en junio de 2024.

La medida en cuestión no movió un centímetro el plan comercial de la avícola: por estos días, la factoría suma seis mega galpones construidos y la empresa ya deforestó dos predios cercanos para instalar futuras naves. Empleados y personal ejecutivo de la empresa asisten a diario a la planta, aunque la clausura vigente establece que la mega granja debería estar desocupada.

Crío y Bachoco, hermanadas para contaminar

A menos de un kilómetro de esas instalaciones, Crío descarta las excretas en un terreno privado que acumula denuncias respaldadas por la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on, un colectivo regional conformado por organizaciones comunitarias de apicultores(as). Claro que Crío no es la única compañía que ejecuta semejante ecocidio: su similar Bachoco también ha hecho de la destrucción de la selva para acumular excrementos a cielo abierto una práctica más dentro de su modelo de funcionamiento.

Siempre en cercanías a Kinchil, Bachoco comenzó a utilizar terrenos para tirar excretas a partir de 2018. Hasta enero de 2025, las y los vecinos daban cuenta de la presencia de tres terrenos cubiertos con residuos de pollos y gallinas. Ligado a eso, afirmaron que, si bien las denuncias alertando sobre esos vertederos se multiplicaron sobre todo en los últimos tres años, Profepa solo clausuró uno de los predios.

Así se desplegó este escenario de desastre ambiental hasta febrero de este año, momento en que, tras percibir una nueva oleada de olores fétidos y el incremento de la presencia de moscas, apicultores de la comunidad maya dieron con otro tiradero encubierto de la misma Bachoco.

El tamaño del vertedero de heces y la envergadura de la deforestación efectuada por la avícola para hacerse con ese espacio, fue documentado tras una visita de campo de la que Jaltun tomó parte a fines del mismo mes.

De esa excursión, en la que este reportero participó acompañando a un grupo de campesinos de la zona, quedó el registro en fotografías y videos que se comparte en este artículo. Y que da cuenta de un desastre ambiental que, nuevamente, transcurre en la misma área donde ya se ha constatado el funcionamiento de otros tiraderos y sin intervención concreta de las dependencias de gobierno que deberían velar por la protección de los ecosistemas y el medio ambiente.

“Comprobamos que son al menos 4 hectáreas de selva que ya han tumbado para tirar esos excrementos. El tiradero se ubica en terrenos del ejido de Kinchil y el posesionario acordó un pago con Bachoco para que la empresa ponga ahí sus desperdicios. Pero la ley es clara: uno no puede hacer lo quiera en un terreno, incluso si es privado. La contaminación que está generando ese lugar nos afecta a todos los campesinos vecinos”, comentó a Jaltun un apicultor de esta comunidad maya.

“Bachoco ha metido máquinas para deforestar y luego empezó a ingresar sus volquetes con excrementos. A diario descarga hasta 8 volquetes en ese lugar. La empresa ya recibió denuncias. Sin embargo, las autoridades no han hecho nada al respecto. Profepa en particular sólo clausuró un predio pero no intervino en los demás terrenos donde se tiran excretas. Las autoridades dejan que Bachoco haga lo que quiera”, agregó.

Según se indicó, el área descubierta en febrero sirve de depósito para los excrementos de los pollos y gallinas que la avícola reúne en sus granjas Amaris I y II, ambas ubicadas a poco más de 15 kilómetros de Kinchil y a un costado de la carretera que une a esa población con la costera Celestún. El tiradero se ubica a la altura del kilómetro 59 de esa ruta.

“Es usual cruzarse en la carretera con esos volquetes cargados con los excrementos. Los camiones van chorreando y manchando el camino con lo que brota de esos residuos. Pero lo más grave ocurre con el agua y el aire de la zona, que se han contaminado de un modo grave y con afectaciones para quienes hacen la milpa o tienen sus apiarios en cercanías”, dijo el apicultor consultado.

Bachoco y los tiraderos de excrementos: el impacto

A tono con esto, uno de los integrantes de la alianza Kaabnalo’on también con colmenas en la zona aseguró que “el agua tiene un olor imposible, huele a las excretas de los pollos”, y que las toneladas de residuos descargadas por Bachoco en el predio en cuestión “afectó los cauces a todo su alrededor” por lo que “el agua contaminada nos llega directo a quienes tenemos abejas o criamos ganado”.

“En cuanto al aire, el hedor es insoportable sobre todo cuando hay viento. Y después está el tema de las moscas, que lo invaden todo. Las moscas buscan meterse en nuestras colmenas y eso termina siendo fatal para las abejas, además de que transmiten enfermedades”, afirmó.

Para luego añadir: “La deforestación que han hecho también afecta gravemente la producción de miel. Sacaron árboles de especies como el dzizilché, el jabín, el palo de tinte, que son muy importantes para las abejas. Además, para mantener toda esa superficie sin vegetación Bachoco ha tirado plaguicidas que matan a las mismas abejas”.

Dada la gravedad del escenario, Jaltun consultó a asesores legales del colectivo Kaabnalo’on quienes, entre otros aspectos, remarcaron que más allá del acuerdo establecido con el posesionario del predio “la empresa no puede arrojar contaminantes y debe cumplirse con la ley ambiental vigente”.

“En este sentido, y tratándose de predios ubicados dentro de un ejido, la norma agraria es clara: los ejidatarios deben respetar y cumplir con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes ambientales aplicables, tal como lo establece el artículo 2. Adicionalmente, el terreno debería ser evaluado por la Semarnat ya que las actividades contaminantes se están desarrollando dentro de un sitio RAMSAR, es decir, un humedal de importancia internacional como lo es el Anillo de Cenotes. Además, ese vertido es una actividad que tiene que considerarse peligrosa porque los desechos, dado que el suelo es kárstico, van directo al acuífero debido a la alta permeabilidad del suelo”, explicaron las fuentes.

Los asesores destacaron la falta de control por parte de los organismos oficiales y remarcaron que, aunque Bachoco resultó denunciada en reiteradas oportunidades, las irregularidades cometidas por la avícola sólo han dado pie a clausuras momentáneas que no se respetan. Y que “conllevan la comisión del delito federal de incumplimiento a medidas de seguridad ordenadas por una autoridad ambiental”.

Además del ecocidio que viene llevando a cabo en torno a Kinchil, la compañía también fue noticia durante el segundo semestre de 2024 tras conocerse que descartaba cientos de toneladas de excrementos en cercanías de San Antonio Sihó, una comisaría maya de Halachó.

En esa zona, Bachoco opera tres mega granjas y también fue denunciada ante la Profepa por esa acción contaminante. El organismo actuó únicamente clausurando los predios donde ocurrieron los vertidos pero, según informaron a Jaltun distintos pobladores de la comunidad afectada, la avícola no recibió ningún tipo de sanción.

Perfil económico de Bachoco y cercanía con la política

Originaria de Sonora, Bachoco desembarcó en Yucatán a principios de los 2000. Un detalle no menor está en que su arribo a la Península ocurrió previa compra de la división avícola de Kekén, compañía del grupo KUO que monopoliza la producción de carne de cerdo en el sureste mexicano y es fuente constante de depredación ambiental. El diálogo entre ambas compañías es tan fluido como histórico.

Junto con Crío, Bachoco controla el 60 por ciento del mercado mexicano de comercialización de pollos. Sólo en el estado de Yucatán la empresa reconoce más de 90 granjas operativas –entre medianas y grandes– distribuidas en 28 municipios.

Su capacidad para incidir en las decisiones políticas y jurídicas que se toman en la Península sin dudas es inseparable del poder económico que ostenta la empresa: Bachoco –bajo control accionario de la familia Robinson Bours– afirma que cerró 2024 con un resultado financiero neto de 2,291.7 millones de pesos mexicanos, esto es, alrededor de 115 millones de dólares.

En el tenor de esos números, que a lo largo de los años le ha garantizado una cercanía por demás de visible con los distintos gobiernos que se suceden en el estado, reside la respuesta a por qué tanta impunidad en este momento crítico que atraviesa la realidad socioambiental de las comunidades mayas de Yucatán.