Cuarto muelle en Cozumel: una historia de monopolio, irregularidades y resistencia comunitaria

Van dos meses ininterrumpidos de protesta ciudadana contra el cuarto muelle en Cozumel, un proyecto que ha sido polémico porque sólo beneficiará a una familia que acumula riqueza desde el siglo pasado. Además, aportará pocos beneficios para la gente local y provocará impactos negativos en los arrecifes y los bienes públicos de esa isla del Caribe mexicano.

Del proyecto de un cuarto muelle en Cozumel, en el Caribe mexicano, se dicen muchas cosas: que es innecesario, que el arribo de más cruceristas no se traducirá en derrama económica para los locales, que sólo beneficiará a una familia que acumula riqueza desde el siglo pasado, que provocará una saturación en los servicios públicos básicos, que aportará a la contaminación por hidrocarburos, que es una amenaza para las Áreas Naturales Protegidas colindantes, pero de entre todo eso hay tres cosas que a Noemí Guadalupe Martín Cab, activista y buceadora, le calan hondo: de construirse, desaparecerá la única playa pública que tienen los cozumeleños para bañarse, de frente a las nubes rosas y naranjas del atardecer; que dañará un arrecife de coral al que ella misma le ha dedicado tantos cuidados, y la última es que atenta contra la memoria de una población isleña que basa su identidad en la íntima relación que tiene con el mar.

De la hora que duró la entrevista con Jaltun el pasado 29 de mayo, Guadalupe pasó 40 minutos frenéticos lanzando dato tras dato, hilando nombres de los involucrados, dando contexto e información relevante de por qué se oponen a un cuarto muelle de cruceros en la isla de Cozumel, cuando habla del duelo que implicaría ceder una vez más un pedazo de su isla a manos privadas, de ese sentimiento que solo entiende la gente de mar, cambia el tono y el ritmo. Nos habló de cómo la turistificación cambió la isla. Si antes su papá disfrutó de toda una costa para gastar las tardes, lo que le tocó a Guadalupe fue ver cómo se han ido acabando las playas públicas para dar paso a beach clubs y muelles de cruceros; cómo la gente local se ha ido desplazando para vivir en la periferia para darle lugar a los restaurantes y joyerías que ahora se ven.

“Yo crecí escuchando a mi papá de cómo era Cozumel antiguamente, cómo vivían ellos; cómo decía mi papá que se enrollaba el pantalón, entraba al agua, sacaba su caracol y se iba a comer. Y todos lo hacían. Así era. No tomaban más que lo que comían ese día. Yo crecí con esas memorias de mi papá, de cómo era el bello Cozumel, de sus playas, sus blancas arenas, de sus manglares, de los peces, del caracol, de esa cultura comunitaria que disfrutaba de las puestas del sol, de los atardeceres; de estar en la playa porque para entonces ni malecón había”, dice Guadalupe, a unos metros de la costa ahora ocupada por inmensos cruceros y ferrys cargados de turistas de alto poder adquisitivo, y sin ninguna playa pública a la redonda.

Fue el amor al mar y el temor a perderlo lo que llevó a Guadalupe a certificarse como buza, a estudiar la licenciatura en Manejo de Recursos Naturales y luego la maestría en Ciencias en Ecosistemas Tropicales, y a fundar en 2006 la asociación civil llamada Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC). Mediante esa organización ha desarrollado un proyecto de conservación de Villa Blanca, el arrecife de coral sobre el que se planea construir el cuarto muelle de cruceros, ubicado a su vez en la única playa pública de esa zona de la isla, la cual también está en riesgo de desaparecer con el proyecto de más de 58 millones de pesos que incluye una terminal de pasajeros, un muelle para recibir cruceros y un puente que los interconecta.

Desarrollo del turismo y de una familia 

En septiembre de 1957 llegó el primer grupo de turistas a Cozumel, de acuerdo con las crónicas locales, y a partir de entonces el desarrollo turístico no frenó. Por esa época empezaron los primeros centros de hospedaje, el desarrollo de muelles de cruceros y de la ruta marítima que conectó a Playa del Carmen con la isla de Cozumel. Hubo un personaje, Trinidad Molina Caseres, que introdujo hacia los años 60 un par de buques, “Itzam” y “Sac-Nicté”, con los cuales se redujo este traslado a sólo una hora. Este empresario de origen yucateco también se involucró en el desarrollo de un muelle de cruceros, “Punta Langosta”, el segundo que se construyó en la isla. Desde entonces y hasta ahora la familia Molina Caseres cuenta con las concesiones para mover pasajeros en ferry desde Playa del Carmen y para operar dicho muelle. 

Hoy son propietarios de más de 100 empresas con operaciones en la región, con giros que van desde el transporte turístico, las excursiones acuáticas o la compraventa de terrenos, de acuerdo con una revisión al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Una de estas empresas, Muelles del Caribe, es la promovente del embarcadero que ha causado polémica y una resistencia ciudadana que promete no renunciar hasta frenar el proyecto.

Cuarto muelle

En octubre de 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recibió la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto del cuarto muelle de Cozumel. Ese mes, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en una de sus mañaneras que este formaría parte del paquete de obras prioritarias en el país para reactivar la economía ante el embiste del coronavirus.

En abril de 2021, el buzo Germán Méndez solicitó una consulta ciudadana, la cual estuvo vigente casi un mes y en la que se registraron más de 240 comentarios, todos en contra del proyecto; todos ignorados por la Semarnat, que finalmente aprobó la MIA a finales de ese año.

En los comentarios de la consulta y entre los ciudadanos que se empezaron a organizar fueron difundiendo las irregularidades que notaban en la MIA.

Mientras que los promoventes contaron solo siete especies de coral donde se planea construir el muelle, Guadalupe, de CIMAC, registró en el sitio mediante un muestreo un total de 40 especies, algunas enlistadas en la Norma Oficial Mexicana 059 y catalogadas en peligro de extinción. Este arrecife, llamado Villa Blanca, es al que Guadalupe ha dedicado años en cuidar y en el que se realizan con frecuencia actividades de buceo, educación ambiental y restauración.

“Para mí este arrecife significa la vida misma. No lo puedo ver de otra manera. Es esa paz, esa tranquilidad, ese escuchar a los corales, hablar cuando estoy ahí; escuchar a los peces, al agua sonar. A la corriente cuando te acaricia cada vez que cruza, ver a los corales blandos que se mueven al son de la corriente tan suavemente”, dice Guadalupe.

En la MIA, han señalado los inconformes, tampoco se incluyó una manifestación de impacto urbano ni social. Adrián Villegas, consultor, investigador y uno de los más activos oponentes al proyecto, ha explicado que esto es importante para conocer los impactos en la urbe de un cuarto muelle en su eventual fase operativa. 

Villegas enfatiza en que el agua potable para la operación de la terminal y del muelle se extraerá de la red municipal. Aunque en la MIA los promoventes aseguran que el uso será de entre 40 y 60 metros cúbicos diarios, Villegas considera este dato conservador, puesto que podrían arribar cruceros de 362 metros de eslora –como el Symphony of the Seas, de la empresa naviera Royal Caribbean International–, con capacidad de 9 mil visitantes por embarcación. Esto se traduciría en un flujo de hasta 18 mil visitantes diarios en la isla, con una demanda de 2 mil 340 metros cúbicos de agua potable. Ese volumen preocupa a quienes rechazan el proyecto a la luz de lo que establece el propio Atlas de Riesgo de Cozumel, el cual reconoce que el municipio se encuentra en situación de estrés hídrico.

Otro argumento de Villegas ha sido que un cuarto muelle es innecesario, en tanto los tres ya existentes cuentan con siete posiciones de atraque que pueden operar de manera simultánea, lo que se traduce en 2 mil 555 posiciones disponibles por año. Innecesario porque, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, la ocupación de estas posiciones de atraque apenas supera el 50 por ciento. El resto quedan desocupadas.

Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) advirtió en las opiniones técnicas que se integraron en el proceso de evaluación de la MIA sobre los riesgos de un proyecto así para el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, que se encuentra a pocos kilómetros de la zona de cruceros.

La preocupación es fundada a la luz de un estudio publicado recientemente por Laura Calva Benítez, adscrita a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). La científica evidenció que en las áreas cercanas a los muelles hay una alta concentración de sustancias y compuestos que deterioran el agua del mar. Estos elementos provienen de descargas residuales urbanas, tanto de las casas como de hoteles y también de embarcaciones, por la intensa actividad turística en la zona. El hallazgo más revelador es haber encontrado en los sedimentos restos de hidrocarburos provenientes de embarcaciones como lanchas y cruceros.

La concesión

Al momento de ingresar la MIA a evaluación, Muelles del Caribe no contaba con el título de concesión para aprovechar la Zona Federal Marítimo Terrestre sobre la que se proyectaban las obras del cuarto muelle. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) fue quien detectó la irregularidad en la opinión técnica que emitió como parte de la evaluación de la MIA. 

Este organismo evidenció que estaba a nombre de un particular, Daniel Fidelio Peraza Marfil, a quien se le había emitido el título el 30 de noviembre de 2018, con vigencia de 15 años. Además, ese título sólo le da derecho de usar, ocupar y aprovechar para ornato la superficie de mil 144.3 metros cuadrados de la zona federal marítimo terrestre, ubicada en la Avenida Rafael E. Melgar. Esto quiere decir que a lo mucho pueden colocarse sombrillas y camastros para recreación y sin ningún fin de lucro. 

Un mes después de que la Semarnat aprobara la MIA y que lo hiciera sin importarle esta observación, en el Diario Oficial de la Federación se informó que el 5 de enero de 2020 se aprobaba la cesión de derechos, de Daniel Fidelio a Muelles del Caribe, que rechazó que fuera una falsificación de documentos. Lo que explicó la empresa fue que Fidelio, en realidad, era su apoderado legal y que el trámite de cesión de derechos fue realizado desde el 2018, pero que no habían tenido éxito sino hasta aquel enero de 2020.

De cualquier forma, Villegas ha dicho que es una irregularidad el hecho de que en la MIA la empresa haya afirmado que poseía el título aunque en ese momento no lo tenía.

Para poder iniciar con la construcción del proyecto, Muelles del Caribe necesita algunos permisos con los que no cuenta por ahora. Uno de ellos es la autorización para ejecutar obras marítimas y dragado, que otorga la Secretaría de Marina (Semar), el segundo es la licencia de construcción expedida por el Ayuntamiento de Cozumel. Otra más es la modificación a las bases y condiciones del título de concesión, puesto que ahora solo permite obras de ornato y no obras civiles con fines de lucro.

Lo que sí tiene Muelles del Caribe es la aprobación de la MIA y el cambio de uso de suelo donde se construirá la terminal, un predio frente al mar y del que saldrá un puente que conectará con el muelle donde atracarán los cruceros.

El amparo perdido

En 2022, los inconformes ingresaron un amparo que alegaba la violación al derecho a la ciudad y el medio ambiente sano. “Algo importante a tomar en cuenta en por qué se incluyó esto en el amparo es que, para nosotros, el mar también es parte de la ciudad: es un punto de encuentro para deportistas, para familias, para amigos en el que se puede gozar del atardecer, estar platicando, etcétera”, dice Rodrigo Huesca Alcántara, consultor, maestro y activista en Cozumel, quien se ha involucrado en la resistencia ciudadana al proyecto.

En un inicio, una jueza federal concedió la suspensión provisional a los quejosos y el 12 de abril de ese año otorgó la suspensión definitiva, cuyo efecto era no permitir la ejecución de las obras del cuarto muelle hasta que se resolviera el asunto de fondo. 

“El amparo estuvo vigente durante 3 años, desde 2022 al 26 de febrero de este año, pero ya lo desecharon”, dice Huesca, quien añade que los juzgadores no revisaron el asunto a fondo y que, por el contrario, decidieron terminarlo manifestando que los quejosos no tenían interés legítimo en el asunto.

Presión ciudadana

Luego de que se diera a conocer que el amparo fue desechado empezó un ciclo de manifestaciones ciudadanas en Cozumel. La primera fue en marzo de este año: un plantón breve frente al muelle donde arriban los turistas en ferrys. En abril, un grupo salió a la calle con lonas llenas de consignas contra el proyecto.

A inicios de mayo, unas 40 lanchas protestaron en el mar, a la altura del arrecife de Villa Blanca. A mediados del mismo mes, un grupo de buzos hizo lo propio bajo el agua y, ya hacia finales también de mayo, una veintena de personas se reunió alrededor de un copal para departir y mostrar su inconformidad en la playa pública que este proyecto amenaza.

Frente a ésta se construirá el muelle inútil, que consistirá en una larga plataforma de concreto apoyada sobre pilotes con acabados en madera, y contará con elevador, una escalera peatonal, y tres escaleras eléctricas que conducirán hacia el puente peatonal que conectará con la terminal de pasajeros.

“Este es un mensaje para los de Muelles del Caribe: No vamos a parar. Cozumel no los quiere. Cozumel va a defender su arrecife, y va a defender su playa y sus mangles. Y no los vamos a dejar”, dice Guadalupe, que ha participado en todas las manifestaciones y quien, además, ha recolectado en los últimos meses casi 10 mil firmas de vecinos que se oponen al proyecto.