Criminalización, racismo y saqueo inmobiliario detrás del conflicto de tierras en Sisal

Los habitantes de Sisal, Yucatán, denuncian la invasión paulatina de terrenos costeros por parte de grandes desarrollos inmobiliarios. Ante el temor de perder más tierras, un grupo de residentes decidió recuperar la calle 4. Sin embargo, han enfrentado represión, incluyendo detenciones e imputación de cargos que consideran fabricados.

*Todos los nombres de las personas entrevistadas fueron modificados por razones de seguridad.

“No nos ven como una amenaza a la naturaleza, nos ven como una amenaza a su plusvalía”, dice Rosa*, madre soltera y una de las habitantes de Sisal que busca tener una casa propia en la calle 4 poniente del puerto. Desde marzo pasado, medios de comunicación y autoridades estatales y federales los han acusado de “ecocidio” por la supuesta tala ilegal de dos hectáreas de manglar. Ven mentiras sobre ellos en la prensa, en redes sociales y en carpetas de investigación. En entrevista con Jaltun, tres mujeres y dos hombres comparten cómo han sido criminalizados desde que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llegó a clausurar la construcción de sus viviendas.

Estamos en una casa familiar donde un par de niñas miran la televisión mientras los adultos cuentan cómo no pudieron dormir la noche previa, ni la del día anterior. No parecen personas intimidantes ni peligrosas sino familias que tienen miedo. No quieren decir sus nombres porque tres de ellos tienen órdenes de aprehensión por el conflicto de los terrenos y otros delitos que les han fabricado. A la fecha, cinco personas corren el riesgo de ser detenidas, dos están encarceladas sin derecho a fianza, y la Fiscalía de Yucatán adelantó que será un total de 17 personas las que resultarán detenidas por la situación en Sisal.

Rosa Palmar, el edificio de lujo detrás de la criminalización de pobladores

El sábado 17 de mayo a las 11 de la mañana, policías detuvieron un autobús de Oriente donde viajaba Óscar* de Sisal a Hunucmá para hacer unas diligencias. Ahí mismo lo esposaron, una joven pasajera quiso grabar y los policías le dijeron que si grababa se iba con él. Los vecinos de Sisal se enteraron porque hubo muchos testigos del pueblo, empezaron a localizarlo pero no tuvieron noticias de su paradero hasta las cinco de la tarde cuando supieron que estaba en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida. Pensaron que lo habían detenido por el conflicto con las tierras pero en realidad lo detuvieron por el presunto delito de robo en pandilla y amenaza, interpuesto por María del Carmen Vargas Méndez, una pintora de Mérida dueña de terrenos colindantes con la construcción de los sisaleños.  

De acuerdo con entrevistas a personas del pueblo y un video al que tuvo acceso Jaltun, un par de mujeres había tenido un altercado de palabras con María del Carmen Vargas. Ella les gritó desde su casa insultos racistas y clasistas porque removieron plantas para el trazado de la calle. Vargas les llamó pescadores “inconscientes” y “negros” que “no respetaban la naturaleza”.

Irónicamente, su familia es propietaria (y ella una de las socias) de la Inmobiliaria Espinosa Vargas SA de CV, una de las industrias responsables de la deforestación y devastación de selva en la península de Yucatán. Jaltun encontró que sus hijos, Juan Carlos Espinosa Vargas y Maricarmen Espinosa Vargas, promueven lotes de inversión en la playa, condominios de lujo y macroproyectos en la costa de Yucatán y el norte de Mérida. La empresa que dirige Juan Carlos, Smart Desarrollos, está detrás del proyecto de hotel de lujo Wyndham Sisal Xibalbá que se vende como el All Inclusive Resort “más importante de Yucatán y el primer hotel de categoría internacional”.

Los Espinosa Vargas también venden departamentos del edificio Rosa Palmar, una construcción de ocho pisos en la playa de Sisal. Cuando en 2022 ese proyecto se presentó en Mérida, los desarrolladores de Arkham Projects y Smart Desarrollos dijeron que no querían una torre que “alienara a los vecinos, sino que invitara a que todos formaran una comunidad” pues querían “seguir aportando al crecimiento económico de la comunidad de Sisal”.

Tres años después, las personas de la comunidad de Sisal no pueden costear una casa en su propio puerto y la familia de Smart Desarrollos los criminaliza. Y es que el costo de un mes de renta por un departamento en Sisal, ubicado a unos cuantos metros de donde construyen los pobladores, puede ascender a entre 50 y 100 mil pesos.

María del Carmen Vargas los denunció a las y los vecinos por los presuntos delitos de robo y amenaza. Por ella, seis pobladores de Sisal tienen órdenes de aprehensión y hay dos detenidos sin derecho a fianza.  

En el transcurso de esa semana, Óscar volvió a recibir otra orden de aprehensión ya estando en la cárcel, esta vez por el conflicto de las tierras. 

No es una defensa ambiental, es interés inmobiliario 

La supuesta remoción de manglar ha sido usada para denunciar y criminalizar a los pobladores, aunque las playas de la costa de Yucatán estén siendo destruidas por inmobiliarias y hoteles con permisos federales y estatales. 

La familia Vargas es parte de un grupo de empresarios con concesiones de áreas cercanas a la playa, pero no son los únicos. Al oriente de Sisal, y sobre el área de influencia de la Reserva Estatal El Palmar, se encuentra el desarrollo Paraíso Sisal que vende lotes de inversión a la orilla del mar con permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). De acuerdo con el plano general de lotificación del desarrollo inmobiliario, prácticamente todos los lotes están vendidos. 

Al poniente, donde se ubicaba una antigua camaronera se han concesionado lotes de inversión desincorporados de la zona federal. Esa es la parte conocida por los pobladores como “zona canadiense” por las casas de verano y aldeas de lujo que se han construido con permisos federales donde antes había manglar. 

“Son concesiones antiguas que ya venían preparadas para desincorporarlas de la zona federal con ayuda de la Profepa y Semarnat, para poder venderse a particulares extranjeros. Estamos cansados de ver eso y cuando viene el nombramiento de Pueblo Mágico de Sisal grabamos cómo deforestaron el mangle protegido, cómo se llevaban camiones de volquetes; metimos denuncias y videos a la Profepa, a la Semarnat, al gobierno estatal, y jamás, jamás hubo una persecución”, declara Francisco. 

Recuerda que hace años Sisal era un puerto turístico donde se realizaba la cacería de patos. Su papá trabajaba como guía y había zonas por donde no podían pasar porque estaban protegidas, las cuidaban y las limpiaban continuamente. Les pedían registro, pagos y documentos con la supervisión de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán. “Entonces salen las inmobiliarias y empiezan a destruir donde habíamos protegido. ¿Por qué?”, se pregunta. 

Una amplia porción del pueblo se organizó desde febrero de este año para construir casas para los matrimonios jóvenes, las madres solteras, esto es, familias que ya no pueden pagar las rentas después del encarecimiento del puerto, personas que han tenido que meterse en predios abandonados para tener un techo. Se han puesto de acuerdo para caber en un terreno de la calle 4 poniente. “Sin pelearnos, a lo que nos toque”, aclara una de ellas.

La calle 4 poniente existe

La calle que limpiaron para construir sus terrenos está a 90 metros del mar, es decir, está más allá de los 20 metros que por ley se deben dejar libres en una playa. Esa misma senda colinda con otras casas de extranjeros, que incluso están más cerca del mar, y con un edificio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, las 300 familias locales que buscan construir viviendas con sus propios recursos en un terreno de casi siete cuadras, son las únicas perseguidas por “degradación del ecosistema del humedal costero”.

Desde hace 30 años, las casas de la última fila con vista a la playa se han ido recorriendo para acercarse más a la orilla. Son casas veraniegas que antes pertenecían a gente de Mérida y que posteriormente fueron vendidas a italianos, argentinos y estadounidenses.  

Francisco* notó desde niño la desviación de la calle y cómo las casas veraniegas iban ocupando más espacio. Fue hasta que Sisal se vendió como Pueblo Mágico que comenzó a verlo con gravedad: “Empezamos a averiguar que cuando existe una calle y queda un espacio es fondo legal. Entonces, nosotros por eso entramos ahí, porque sabemos que existe una calle y los de las casas veraniegas lo saben. Ese fue el temor. Si lo dejamos, los de las casas veraniegas lo van a agarrar y ellos lo van a invadir y el gobierno se los va a facilitar”. 

No quieren ser “el cancuncito de Yucatán”

Los pobladores buscaron vías legales para construir sus viviendas, pero no tuvieron respuesta de las autoridades locales. Durante seis meses solicitaron a la alcaldesa Cristina Pérez Bojórquez el trazado de la calle 4 poniente. Solicitaron diálogos con Profepa y Semarnat pero en vez de una reunión, las autoridades federales respondieron con 300 elementos armados y la clausura de los terrenos. 

“Golpearon a las mujeres. Hay videos donde se ve cómo las agreden. Al día siguiente buscaron diálogo y fuimos con temor. Nos dijeron que esas tierras le pertenecen a la Federación. El representante de la Profepa nos dijo que quien construyera en esa área sería castigado con multas grandísimas y cárcel. Le dije que de ese mismo lado estaba la casa de un argentino. Se quedó con cara de que ya la había cajeteado”, cuenta Francisco.

El representante de la Profepa, 15 días después fue a explorar el área, a ver los departamentos y el edificio de Rosa Palmar. Lo llevaron a Paraíso Sisal y a las casas veraniegas. Le preguntaron: “¿A esas personas las vas a meter al bote?”. Las autoridades dijeron que “lo iban a revisar” y no tuvieron más respuesta. 

El gobernador Huacho Díaz Mena declaró que a las familias se les darían terrenos cerca de la ciénaga o en Hunucmá. A las familias les queda claro que las autoridades y los empresarios no quieren que las casas de los pobladores devalúen los terrenos de lujo o les impidan concesionar esas tierras frente al mar.

Rosa es mamá de un niño con discapacidad y vive de la venta de artesanías en la playa, también tiene otra hija pequeña: “¿Cómo me manda este señor a mí a vivir a 30 kilómetros del lugar donde yo trabajo? ¿O es que Huacho me va a poner casa, terreno y negocio?”.

Como no llegaron a ningún acuerdo, ellos van a seguir construyendo. Temen que esos terrenos ya estén apalabrados o concesionados. De hecho, el edificio Rosa Palmar proyecta poner en la playa una alberca con chapoteadero y jacuzzi, camas y camastros, áreas de grill y fogata, barra, baños y estacionamiento. 

“Hay grandes complejos que faltan por construirse, que están en las primeras y segundas etapas, donde van a deforestar el mangle como el gobierno no se imagina, que si sabe no quiere meter las manos”, añaden las y los vecinos consultados por Jaltun.

Desde que arrestaron a Óscar las 300 familias viven con miedo. Familiares suyos o ellos mismos son intimidados diariamente. “No duermes tranquila. Ayer llegó un momento en el que ya no soporté más. Me fui al patio a vomitar. Imagínate el tamaño de nuestra necesidad que a pesar de ello no queremos dejar las tierras”.