Crece la tensión social en Progreso por megaobras desarrollistas

La construcción del viaducto congestionó a niveles récord las calles de Progreso, Yucatán, que transita un período de expansión capitalista a partir de la decisión política de transformar a su muelle en el nodo exportador del sureste de México. A diario, 12 mil camiones atraviesan la ciudad resquebrajando las paredes de las casas y sembrando el estrés entre las y los habitantes. Esa saturación aceleró la protesta de vecinos, quienes acumulan meses sin recibir respuestas de las autoridades.

La casa de Arnoldo* está resquebrajada por el incesante paso de los traileres frente a su calle. Un tránsito que no ha dejado de acentuarse en los últimos años, y que ahora está a punto de incrementarse a niveles por demás graves con la transformación del puerto de Progreso en un muelle de altura y, en simultáneo, la puesta en marcha de un viaducto elevado que conecta a la terminal portuaria con una estación del Tren Maya y la carretera que viene desde Mérida.

“El estrés es insoportable. Tengo malas noches. He empezado a tomar pastillas para dormir, pero ni así logro descansar. Realmente, en las juntas vecinales ha habido llantos y gente que sufre ataques de nervios. Esto nos está quebrando. Y la vida diaria se ha vuelto un conflicto. Los tráileres se paran a comprar y me cierran la cochera; tengo que esperar a que se quiten para poder salir. Ha habido enfrentamientos entre los vecinos y los propios choferes, con groserías y discusiones. Es una serie de situaciones interminable que ha convertido nuestro hogar en una pesadilla”.

Arnoldo vive en la zona Oriente de Progreso, un lugar que antes era “una zona tranquila”, como él dice, pero que ahora está invadida por “el ruido constante, un smog que lo impregna todo, y una vibración que sientes en el cuerpo. Mi pared, por ejemplo, ya se está cuarteando. Esta contaminación auditiva y del aire no cesa. La tenemos de noche, de día, y a todas horas”. 

Las afectaciones a su hogar son un daño colateral de la promesa de desarrollo asociada a la extensión del Tren Maya hasta Progreso, la cual ha dejado de ser una abstracción para convertirse en una realidad que impacta negativamente sobre el territorio y la vida de las personas. 

Esta realidad ha forzado a los vecinos a movilizarse. Sus protestas se han centrado en la inconformidad por el persistente paso de tráileres, un problema que promete intensificarse a partir de la construcción de un viaducto elevado que antes fue presentado como solución.

La protesta más reciente, la tercera concretada durante octubre, tuvo lugar el viernes 31 y consistió en el cierre de calles y un bloqueo de 12 horas que obstruyó por completo el paso de tráileres.

Como resultado directo, el gobernador Joaquín Díaz Mena envió a un subsecretario para mediar, quien acordó una reunión para el lunes siguiente donde volvió a hablarse de abrir el viaducto. Mientras tanto, un grupo de vecinos contrató a un abogado para emprender acciones legales siempre con la perspectiva de librarse del tránsito pesado.

El contexto de esta problemática se remonta a más de un año, cuando una medida provisional autorizó el tránsito pesado por las calles 46 y 25.

La primera protesta documentada ocurrió el 22 de agosto, cuando un bloqueo en la Calle 46 llevó al alcalde Erik Rihani a establecer un acuerdo de 45 días para gestionar una solución.

Sin embargo, el plazo venció el 30 de septiembre sin resultados y para el 12 de octubre los vecinos, ante la falta de respuestas y los daños provocados por el movimiento de los tráileres, organizaron protestas y bloqueos que culminaron en las acciones de octubre.

En la misma ciudad, el viaducto elevado se erige como una cicatriz urbana que divide a la comunidad y amenaza su existencia. Lo que las autoridades promocionan como un hito de la conectividad logística, la enorme mayoría de las y los vecinos lo asume como una “aberración” y una “bomba de tiempo” de consecuencias imprevisibles.

Una imposición con sellos de irregularidad

La situación en Progreso respecto del viaducto elevado es compleja y la posición de los vecinos existe según la urgencia y el enfoque de sus demandas. Por ejemplo, el grupo de vecinos que ha protestado en los últimos días desea la apertura inmediata del viaducto para liberar sus calles del aglomeramiento de los tráileres. Exigen que la vía, que ya está casi concluida, sea utilizada para desahogar el tráfico que fue desviado temporalmente a sus calles durante la ampliación del muelle.

En contraste, y como reportó Jaltun hace pocos días, otro núcleo de vecinos y vecinas mantiene una oposición de fondo al viaducto en sí mismo, independientemente de si está abierto o no, basando su rechazo en la forma en que el proyecto fue concebido e implementado.

El descontento no nació con el tráfico sino con el proceso mismo. Ambos grupos reconocen que el proyecto fue una imposición; un “proyecto de escritorio” ejecutado sin el más mínimo consenso popular. La primera señal de alarma surgió al descubrirse los graves defectos en el diseño: el plan original contemplaba un ancho de 13.1 metros para el viaducto, pero algunas calles de Progreso miden apenas 12.6 metros, lo que resultó en que la vía se extienda directamente sobre los techos de las viviendas.

La resistencia ciudadana se organizó rápidamente. Se reunieron casi 4 mil firmas en oposición y se interpusieron cuatro amparos para detener la obra. Sin embargo, la maquinaria institucional y corporativa avanzó imparable. Para custodiar la construcción se desplegaron hasta 500 policías antimotines, en un operativo de fuerza que los habitantes de Progreso interpretaron como un acto de represión.

En paralelo, surgieron denuncias de una estrategia de cooptación: los gobiernos estatal y municipal vienen siendo acusados de presuntamente haber comprado firmas de apoyo, pagando rentas de entre 2,500 y 4,500 pesos por 20 meses, a distintas personas de la ciudad. Esto, para hacerse con el aval a la iniciativa y con alcance a individuos que ni siquiera residen en las zonas afectadas.

Amenaza a la vida vecinal: ruido, grietas y riesgo constante

Según cifras confirmadas por la empresa constructora ICA, el viaducto moverá un promedio diario de 12 mil vehículos y 1,400 contenedores de carga pesada. Este torrente incesante de tráileres, graneleros y pipas es el que, sobre todo en los últimos meses, se desvió hacia las calles de los vecinos que piden que ya se abra la senda elevada.

La ruta que sigue el viaducto es en sí misma un catálogo de riesgos. Atraviesa puntos neurálgicos de la comunidad: pasa junto a escuelas como la Ismael García y la Carlos Marx y un templo. Y requiere de lentas y peligrosas maniobras frente al mercado municipal, el principal centro de abastos del puerto.

El temor a una catástrofe está siempre presente. Los residentes, con el recuerdo fresco de la tragedia de Iztapalapa, ocurrida a principios de septiembre en la Ciudad de México y donde la explosión de una pipa dejó 30 muertos en una zona menos urbanizada, expresan con angustia que “un flamazo nos borraría a mucha gente en un minuto, en un segundo“.

El tránsito pesado ha menguado de lleno la calidad de vida en Progreso. El movimiento constante de los tráileres originó un smog que se ha adueñado del aire, mientras la contaminación auditiva crónica ocurre “de noche, de día y a todas horas“. Las vibraciones de los vehículos cuartean las paredes de varias viviendas. Y el estrés de vivir en esas condiciones incluso dio lugar a un aumento en los conflictos vecinales, además de enfrentamientos verbales constantes con los choferes de los camiones.

Otro proyecto basado en promesas incumplidas

La frustración de los vecinos también se fue agravando ante el incumplimiento sistemático de las promesas oficiales. Durante las administraciones municipales de Eric Rejani y Roger Gómez Ortegón se aseguró de manera oficial, incluso publicándose en la Gaceta Municipal, que el uso de las calles urbanas para la carga pesada sería “única y expresamente durante el tiempo que durara la construcción del muelle“.

Esa temporalidad, clave para la aceptación inicial del proyecto, fue desechada. Tampoco se cumplió con el refuerzo prometido de la carpeta asfáltica ni con la instalación de semáforos que mitiguen el caos vial.

La búsqueda de diálogo ha topado con un muro de indiferencia. Después de una primera reunión comunitaria, celebrada en el parque de la escuela Ismael García, los vecinos solo lograron una audiencia de 20 minutos con el alcalde en turno. El mandatario comunal, recuerdan los habitantes, “hizo caso omiso” a las demandas de la población.

El impacto del viaducto trasciende lo urbano y se adentra en la esfera ambiental con consecuencias potencialmente irreversibles. Como reportó previamente Jaltun, su construcción implicó la deforestación total del manglar en el área del proyecto, un ecosistema que fue “quitado todo y llenado de grava y cemento”. 

Esta es una pérdida crítica para Progreso, una de las zonas con mayor cobertura de manglar en el país, una “ingeniería natural” vital para el tratamiento de aguas residuales y la mitigación de daños por huracanes y otros fenómenos meteorológicos.

Progreso, víctima de la turistificación y el extractivismo neoliberal

Este megaproyecto se enmarca en un proceso más amplio de turistificación que, según denuncian diversos actores sociales, invisibiliza y margina a la población local. En la ciudad se evidencia un racismo estructural donde el desarrollo prioriza las “zonas blanqueadas que sirvan para el turismo” mientras se ignora a las familias indígenas o con historia de migración caribeña.

El paisaje tradicional de Progreso está siendo reemplazado por cadenas de restaurantes inaccesibles para la mayoría de la población local. En la misma línea, actividades ancestrales, como la pesca ribereña, han sido prohibidas en el muelle fiscal, ahora concesionado a empresas extranjeras.

Incluso se han reportado casos en los que guardias de seguridad de complejos departamentales expulsan a los locales de las escolleras, a pesar de que el acceso a las playas es libre por ley.

A todo esto se suma el conflicto desatado a partir de la decisión política de hacer de Progreso el nodo exportador clave de Yucatán con su efecto directo en la expansión del tránsito pesado y el desarrollo de proyectos controvertidos como el viaducto.

Ligado directamente a lo anterior, la demanda de los vecinos que hoy padecen el paso de los tráileres frente a sus casas es clara y contundente: exigen que se haga uso pleno de la obra elevada para “liberar nuestras calles“, eliminando así el riesgo inminente y el deterioro constante de la calidad de vida.

Esos mismos habitantes insisten en que su lucha no está politizada y que se trata de un reclamo puramente social. Una batalla por la supervivencia, la dignidad y el derecho a habitar un territorio que, paradójicamente, el “progreso” les está arrebatando. Del otro lado se ubica otra parte de la comunidad, afectada por una construcción que se hizo sin tomar en cuenta la opinión de las y los vecinos, y que una vez operativa abarrotará de tráileres hasta los techos de las casas.

Entre ambos bloques, un estamento político —municipal y estatal— que sigue dividiendo al mapa y el territorio, a partir de una agenda capitalista que tiene en la ruptura del tejido social y comunitario a una de sus condiciones más características.